En este 1º de mayo, el segundo que vivimos en este contexto de pandemia mundial, queremos en primer lugar hacer un homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras que llevan más de un año al pie del cañón frente al virus, formando parte de esos servicios esenciales que han estado funcionando sin descanso para que el resto de la ciudadanía pudiéramos seguir con nuestra vida en las mejores condiciones posibles.
Durante el año 2020 se estima que la pandemia del coronavirus provocó la pérdida de unos 255 millones de empleos a nivel mundial, según datos de la OIT, lo que supone un impacto cuatro veces mayor que el de la crisis financiera de 2009. Para este año 2021 se estima que la caída podría estar en torno a 130 millones de empleos, si bien el avance de la vacunación mantiene la esperanza de que a final de año empiece a haber signos visibles de recuperación. Ante este panorama, no podemos más que compartir la petición que la Confederación Sindical Internacional está haciendo a los Gobiernos, para que hagan de la creación de empleo un objetivo central para garantizar la recuperación. Asimismo, coincidimos plenamente con lo manifestado por la OIT, respecto a que hay que facilitar “una sólida recuperación de forma generalizada, que promueva el empleo, los ingresos, los derechos de los trabajadores y el diálogo social, a fin de lograr una recuperación centrada en el ser humano”.
Proteger el empleo y los ingresos fueron las dos primeras prioridades del Gobierno cuando comenzó la pandemia. La figura de los ERTEs ha sido clave para lograr ambos objetivos, junto con la prestación por cese de actividad para el colectivo de las personas trabajadoras por cuenta propia y el resto de ampliaciones de colectivos que se han ido produciendo a medida que se detectaba que había grupos que no quedaban amparados por la normativa: empleadas de hogar, trabajadores fijos discontinuos, y aquellas personas afectadas por una paralización temporal de la actividad, entre otros.
Tampoco podemos olvidar otras medidas que se integran dentro del llamado “escudo social”, como la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, la paralización de los desahucios, la prórroga de los contratos de arrendamiento, o las moratorias para el pago de alquileres cuando los propietarios son grandes tenedores. No hay duda de que durante todos estos meses toda la acción del Gobierno ha ido dirigida a cumplir la máxima de que nadie se quede atrás.
Pero además, una vez pasada la primera ola y los momentos más críticos de la pandemia, no hemos querido desaprovechar el tiempo para poner en marcha otras medidas muy importantes en cuanto a los derechos de los y las trabajadoras. Dos buenos ejemplos de ello son, por un lado, la aprobación del Real Decreto 28/2020 de trabajo a distancia, con el que por fin se regulan formalmente los derechos de las personas que hacen teletrabajo, fórmula que se ha extendido de forma masiva a raíz de la pandemia; por otro, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que criminalizaba el derecho a huelga, tratando de disuadir a la ciudadanía de ejercer este derecho fundamental y, en consecuencia, su libertad sindical.
Hace un año afrontábamos el 1º de mayo con incertidumbre ante el futuro, aun con la perspectiva de la vacuna para el coronavirus como algo lejano y apuntando a que la solución a esta crisis sólo podía venir de una respuesta coordinada a nivel europeo. Hoy afrontamos esta fecha con esperanza, en pleno proceso de vacunación y con la oportunidad que suponen los fondos Next Generation EU para relanzar nuestra economía. El Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia va a suponer para nuestro país recibir un montante de 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos en el periodo 2021- 2026, lo que supone la mayor oportunidad inversora para España desde su entrada en la Unión Europea, con el fin no sólo de impulsar la recuperación por la crisis del covid, sino sobre todo de transformar nuestro modelo productivo.
Uno de los objetivos incluidos dentro del Plan de Recuperación es el de lograr impulsar la capacidad de crear empleos de calidad. En este sentido tanto la componente 21, que supone impulsar la Formación Profesional, como la componente 23, que lleva por título “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” delimitan cómo conseguirlo, con una inversión aparejada de 2.076 y 2.363 millones de euros, respectivamente. Esta reforma va orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva e impulsar las políticas activas de empleo. Objetivos todos ellos que los socialistas llevamos años defendiendo, especialmente desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular.
Todas estas reformas han de ser debatidas en el marco del diálogo social, como lo han sido las diferentes medidas que se han ido implantando en el ámbito laboral desde que comenzó la pandemia. Los y las socialistas siempre hemos demostrado el máximo respeto que tenemos a este instrumento de negociación, que es clave para el éxito de la implantación de medidas, como así lo demuestran los últimos acuerdos conseguidos: desde el Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo, suscrito en el mes de julio de 2020, hasta los diferentes Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo, que han ido extendiendo y prorrogando la fórmula de los ERTEs, entre otras medidas. La reactivación de la Mesa de Diálogo Social para derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral de 2012 supone una nueva oportunidad para demostrar el valor del diálogo social, en un momento en el que hay que poner las bases para que nuestro mercado laboral sea capaz de responder a los retos actuales – desequilibrios del mercado trabajo que en última instancia generan desigualdad, precariedad y pobreza laboral -, y a los de futuro, como la digitalización y la sostenibilidad.
