Fernando Solís y una inexcusable lectura con sus reflexiones acerca de uno de los temas más candentes en Extremadura. 
Por Fernando Solís.-
Todos los años asistimos a la ceremonia fotográfica que inmortaliza al ministro o consejero de Hacienda de turno entregando el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales al presidente del Parlamento o Asamblea correspondiente; antes se llevaban varios kilos de papel satinado encuadernados con esmero, cargados en un carro de hipermercado y actualmente se entregan en un cómodo pendrive o en código QR para descargarlos.
Una vez más, el otoño nos ha traído el consabido debate y el juego de mociones, enmiendas, propuestas, pactos, etc. Para tratar de conseguir la aprobación de la Ley presupuestaria anual.
Conviene recordar que el artículo 134.1 de la Constitución Española establece que “corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación”. A pesar de esta previsión constitucional, en caso de mayoría parlamentaria pura o mezcla, las enmiendas y propuestas de la oposición valen lo que un billete de tres euros, quedando sin contemplarse los deseos presupuestarios de la población representada en minoría.
Desde una perspectiva jurídica, Sainz de Bujanda define el Presupuesto del Estado como la “Ley mediante la que se autoriza el montante máximo de los gastos que el Gobierno puede realizar durante un período de tiempo determinado en las atenciones que detalladamente se especifican, y se prevén los ingresos necesarios para cubrirlos”.
A partir de esta definición, su autor considera que una de las notas características del presupuesto es que constituye una manifestación del control del poder legislativo sobre el ejecutivo como consecuencia del sometimiento de la actividad financiera del Estado al imperio de la ley.
Okey con Sainz de Bujanda, pero lo cierto es que el control parlamentario tiene poco alcance real por la ya citada composición de las cámaras legislativas, y, además, las partidas presupuestarias se modifican a conciencia a lo largo del año por parte del gobierno, de acuerdo a las normas de hacienda y contabilidad públicas, lo que permite en buena medida escaquearse del control legislativo.
Ante este estado de cosas (mayorías electorales), pienso que no habría que dejar de hacer política en la aprobación presupuestaria del presupuesto; conseguir el equilibrio presupuestario mediante recortes en el gasto hace que la definición de las prioridades sea fundamental. Dando por bueno que hay que disminuir el gasto, los recortes pueden aplicarse a gastos no productivos y no a inversiones que estimulen el crecimiento. No debatir y aceptar posibles alternativas sería un error político no imputable a las restricciones de la economía globalizada, pues la austeridad es en parte razonable y en parte ideológicamente interesada.
A la política le corresponde indagar el ámbito de lo posible y ensancharlo al máximo.
