A continuación ofrecemos todas las Resoluciones aprobadas por la CEP en el Comité Político realizado en Hervás el pasado 26 de enero. 
RESOLUCIONES DEL COMITÉ PROVINCIAL HERVÁS 26 DE ENERO DE 2013
El Comité Provincial de Cáceres del PSOE, ante los numerosos problemas existentes en la provincia agravados día a día por las decisiones tomadas por las distintas administraciones gobernadas por el PP realiza las siguientes Propuestas de Resoluciones:
1) Resolución sobre la Ley Local que plantea el Gobierno
Ante el permanente ataque de los Gobiernos Nacional, Regional y Provincial al Modelo Rural agravado con la reforma de la Ley Local que plantea el PP, hacemos claro nuestro total rechazo a sus propuestas porque el PSOE considera que tienden a la privatización de los servicios municipales y que, por tanto, obedecen a intereses particulares que no compartimos.
El PSOE, es de público conocimiento, se ha manifestado a favor de consensuar una nueva Ley Local pero el borrador del anteproyecto dejó claras las intenciones de unilateralidad del PP.
Nosotros estamos convencidos de la necesidad de reformar la Ley Local por la que se rigen los ayuntamientos y el resto de las entidades locales (Ley de Bases de Régimen Local) que data de 1985.
Y creemos en su reforma porque estamos decididos a evitar duplicidades y sus consiguientes grietas económicas, porque queremos dejar muy claras las competencias, y para garantizar la financiación de dichas competencias. Estas propuestas ya fueron presentadas por el PSOE la legislatura pasada, pero el PP, estrecho de miras y nada partidario a los acuerdos, dio la negativa por respuesta.
En este sentido, a lo que el Comité Provincial del PSOE se opone es, lisa y llanamente, a lo siguiente:
A que los Ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes queden sin capacidad para poder ejercer sus competencias que pasarán a depender de las Diputaciones Provinciales, lo que para nosotros es un claro retroceso democrático ya que nos devuelve a los años 70, porque traslada a las Diputaciones -cuyos miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos- la capacidad de decidir sobre los servicios que éstos reciben, mientras sus alcaldes electos quedan supeditados a la voluntad de la propia Diputación e incluso a la del Secretario/Interventor del Ayuntamiento.
Y además, la Ley del PP es una clara vía para privatizar los servicios públicos porque la Reforma contempla que las Diputaciones se queden con las competencias, pero que los servicios públicos se presten a través de empresas concesionarias, a las que van a dar garantía de negocio. Así las empresas concesionarias que presten estos servicios podrán subir los precios, sin tener ningún competidor en el mercado.
Todos los argumentos esgrimidos por el PP son falsos. La Reforma mantiene la coexistencia de cuatro tipos de entidades locales junto al Municipio: Diputación Provincial, Mancomunidad, Comarca y Consorcio. Por tanto, no hay ninguna simplificación de estructura local que pueda producir ahorro. Y se mantiene igualmente el solapamiento competencial.
La Reforma no contiene ni prevé la elaboración de una lista cerrada y clara que determine, de una vez por todas, las competencias de los ayuntamientos.
Lejos de responder a la reivindicación histórica del municipalismo de que las competencias ejercidas cuenten con la suficiente financiación, lo que incluye la Reforma es que las CCAA pueden decidir que un Ayuntamiento ejerza una competencia sin dotarle de la financiación correspondiente.
Y tampoco provocará ningún tipo de ahorro, más bien todo lo contrario, porque los servicios públicos se van a prestar con un mayor coste para los ciudadanos y con menos eficacia –garantizando las ganancias de la empresa privada por encima del bien común bajo la idea de menos servicios pero más caros para hacerlos rentables- , al dejar de ser prestados por el Ayuntamiento que es la administración más cercana al ciudadano y la que mejor conoce sus necesidades. Por todo esto rechazamos la Ley Local del PP.
Pero como si fuera poco, también persiguen reducir el número de Concejales, a lo que también nos oponemos ya que pensamos que debemos hacer es racionalizar las retribuciones. El PP vuelve a mentir con respecto al ahorro como argumento ya que de los 8116 ayuntamientos que hay en España, 6850 tienen menos de 5000 habitantes. En todos estos pueblos, los Concejales no cobran o cobran muy poco, es decir que componen un auténtico batallón de voluntarios al servicio de la Democracia.
Evidentemente, reducir el número de Concejales auspiciará la desaparición de representaciones minoritarias y, por tanto, favorecerá una democracia menos plural y menos representativa de la auténtica realidad social, evidentemente más plural que lo que el PP quiere hacernos creer. Reducir Concejales es reducir Democracia y el PSOE no está dispuesto a ello.
En este sentido, el Comité Provincial exige:
a) Como medida real de ahorro, la derogación de la parte de la Ley de grandes Ciudades que ha permitido engordar sin control los aparatos municipales de las grandes ciudades, que son las que más deuda contraída tienen. Sólo el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda de 7.000 millones de euros.
b) Racionalización de las retribuciones de los cargos electos de las siguientes maneras: Homologándolos, poniendo topes en los salarios, regulando los que trabajan en exclusividad, y las dietas de los que continúan ejerciendo, su profesión y regulando el régimen de incompatibilidades para garantizar el principio de un político un salario.
c) Apoyo decidido a las Mancomunidades como organismo imprescindible en la gestión y creación de empleo a partir de proyectos y presupuestos externos que aúnen las necesidades de los municipios que la compongan sin escatimar en esfuerzos humanos para llevarlos a cabo. Las Mancomunidades y su correcto funcionamiento son, para el PSOE provincial, imprescindibles en servicios tales como depuración y abastecimiento de aguas, recogida de residuos, lugar de información y asesoramiento en subvenciones y proyectos favorables al emprendimiento, base de consenso político y unidad en la gestión de problemas y soluciones destinadas al desarrollo y organismo que vele por los servicios sociales y asistencias requeridas por la población que las integre.
2) Resolución sobre Paradores y el marcado interés privatizador del PP
Nos queda muy claro que el PP persigue la privatización de todo lo público que implique negocio privado, que sus medidas de ajustes traen sufrimiento a la población y que, además, no son efectivas.
En su afán privatizador, como no podía ser de otra manera, el Gobierno del PP ha venido persiguiendo y acorralando a los Paradores y a sus trabajadores. De forma directa e indirecta, han venido sitiándolos hasta colocarlos en una posición desesperada.
El PSOE en general y este Comité Provincial en particular, deciden continuar apoyando al sector y al modelo de turismo ecológico y patrimonial que los Paradores representan. Y nos oponemos rotundamente a la privatización que viene ya recogida en el Plan Nacional de Turismo, puesto que provocará el aumento del desempleo en nuestra provincia, ya de por sí importante y líder en la lista de vergüenzas, ya que el paro en la Provincia de Cáceres ha subido un 9 por ciento, dos puntos por encima que la Provincia de Badajoz.
Cabe destacar que la Provincia de Cáceres es una de las provincias con mayor número de Paradores al contar con cinco establecimientos, en Cáceres, Guadalupe, Trujillo, Plasencia y Jarandilla de La Vera.
Por tanto, el Comité Provincial propone:
a) Mantener la Red de Paradores sin modificaciones, porque representa un modelo pionero a nivel mundial que comulga cultura con turismo y concibe, por tanto, un turismo de la calidad.
b) Potenciarlos porque los Paradores son un ejemplo de impulso, de desarrollo y fijan la población en las zonas rurales como ya ha ocurrido en la comarca de La Vera con el parador de Jarandilla de la Vera.
c) Sostenerlos porque los Paradores han permitido poner en valor el patrimonio arquitectónico, como ha ocurrido en Plasencia con la reforma, arreglo y apertura del Convento de San Vicente Ferrer, para el funcionamiento del Parador.
d) Fomentar con ellos, la creación de empleo tanto directo como indirecto ya que la red de Paradores está «indisolublemente ligada a la marca España» y que, en nuestra Provincia, con cinco Paradores, constituyen una fuente de riqueza patrimonial, turística y de empleo sin el menor cuestionamiento. Nos oponemos a la estrategia del PP que implica desprestigiarlos con menor calidad de servicio y, por tanto, como argumento para dejarlos caer y privatizarlos.
e) Profundizar una campaña publicitaria destinada a países con economías emergentes para situarlos en la conveniencia de un turismo de calidad y de auténtica representación de lo nuestro ya que, resumidamente, une Cultura, Tradición, Patrimonio Arquitectónico y Calidad Gastronómica, entre muchas de sus riquezas.
f) Apoyar a sus trabajadores en la lucha que han iniciado para defender sus puestos de trabajo y con ellos, la calidad y tradición de un servicio que ha sido orgullo de nuestra Provincia de Cáceres.
3) Resolución para el Apoyo al Turismo y a la Hostelería Privada Urbana y Rural
Como desde este Comité Provincial apoyamos a la Red de Paradores y a sus trabajadores, también queremos dejar muy claro nuestro apoyo a la inversión privada, tanto en el ámbito urbano como en el fértil terreno de la hostelería rural.
Ante la difícil situación económica por la que atravesamos con su consiguiente decrecimiento en el número de turistas, proponemos lo siguiente:
a) Fomentar el desarrollo de una auténtica política turística que genere un tejido de interés basado en acuerdos con asociaciones hosteleras y que incluya separar el ámbito rural del urbano para ordenar y generar un auténtico mapa de interés global en la región.
b) Generar fuentes de información digital para incursionar de forma decisiva en el mundo de la promoción turística y contribuir al conocimiento de nuestra región y riqueza patrimonial, etnográfica, arquitectónica, cultural y gastronómica en economías emergentes –China, India, por ejemplo- y en economías afianzadas.
c) Remover los obstáculos para que de forma urgente las empresas turísticas puedan acceder al crédito en condiciones aceptables e impulsar campañas estratégicas y específicas para hacer de la provincia de Cáceres un destino turístico cultural, de naturaleza y gastronómico, duplicar el número de extranjeros y fidelizar al turismo nacional.
d) Promover el intercambio de conocimiento con otras regiones turísticas de España para aprender y enseñar las singularidades propias y ajenas y, por tanto, contribuir al crecimiento sostenido y cooperación entre regiones para realizar rutas unitarias, completas y variadas que compongan una oferta amplia al visitante.
e) Exigir y promover ayudas al emprendimiento y modernización hostelera dentro de una política unificada de desarrollo turístico.
f) Apoyar las fiestas y gastronomía locales para sumarlas a una hoja de ruta de interés turístico.
g) Fomentar el empleo joven en el sector a través de la creación de actividades económicas alternativas y complementarias que no se superpongan y generen un mapa completo de integración en la política turística.
h) Formación para que nuestros jóvenes puedan recibir al turista con una capacidad idiomática y pluricultural que afiance la conocida hospitalidad extremeña.
i) Promover en todos los puntos hosteleros los productos de la región una vez se consiga un acuerdo con los productores para la realización de un “escaparate” local, provincial y regional, en cada punto de interés turístico.
j) Compaginar y contribuir a una campaña de concienciación e información de las posibilidades comerciales, culturales, patrimoniales, naturales y gastronómicas que cada localidad posee. Este ordenamiento informativo debe afianzar, con argumentos y realidades, el imprescindible “quiere a tu pueblo”, del que debe partir el desarrollo turístico.
4) Resolución para la defensa del modelo de agricultura y el cooperativismo extremeño
No nos cabe la menor duda que el PP persigue acabar con el modelo rural que el PSOE proyectó durante todos sus años de gobierno para conseguir lo que la derecha siempre consideró un objetivo primordial: el aglutinamiento urbano.
En este sentido, la persecución al sector agrícola y cooperativista extremeño, como el cierre y la pauperización de los servicios públicos, además de una Ley Local prejudicial para el municipalismo, apuntan hacia lo mismo: vaciar las zonas rurales.
Nosotros, desde el ámbito de la Ejecutiva Provincial, hemos venido llamando a la política de la derecha regional y provincial, una política de negligencia premeditada. Sin lugar a duda, apoya nuestra tesis la falta de apoyo y pasividad absoluta que el PP demuestra a la hora de exigir las ayudas para el sector agrícola extremeño con su consiguiente pérdida de competitividad ante la imposibilidad de asumir los costes de producción y manufacturación y, por tanto, de competir en un mercado cada vez más globalizado y salvaje.
Desde este Comité Provincial exigimos a la derecha que recupere y apueste por una profunda y real política de desarrollo rural y que, de una vez por todas, se ejecuten las inversiones previstas.
Afianzar los Planes de Zona también nos parece una cuestión impostergable ya que nacieron al amparo de los propios territorios y en ellos quedan reflejados las necesidades y los intereses de asociaciones, colectivos, grupos de trabajo, empresas e instituciones. Por tanto, estas necesidades deben ser amparadas de forma ordenada y con coordinación por las diferentes administraciones.
Educación, sanidad, cultura, formación y empleo estaban entre los objetivos que perseguían los más de 90 millones de euros programados y los socialistas exigimos que esta inversión se haga efectiva desde el Gobierno de Extremadura.
En su momento, recordamos que se realizó un trabajo enorme, con voluntad de todas las partes, para elaborar una verdadera hoja de ruta para las políticas de Desarrollo Rural en Extremadura que fueron un éxito pero deben ser profundizadas.
Por tanto, exigimos recuperar el modelo de Desarrollo Rural extremeño y afianzar el Modelo Cooperativista extremeño porque lo consideramos esencial para el progreso equitativo de nuestra región ya que de lo contrario se producirá una masiva emigración hacia las ciudades que solo generará cordones de pobreza y marginación.
Para el PSOE, el desarrollo rural fue, es y seguirá siendo, prioridad absoluta.
Los recortes, los altos precios de producción y la reforma de la PAC propuesta por la Comisión Europea plantean un panorama desolador para el campo extremeño.
El aumento disparado de los costes de producción, la imposibilidad de repercutir dichas subidas en el precio de venta de los productos agropecuarios y las malas noticias que llegan desde Bruselas con respecto a la nueva PAC para el período 2014-2020, son demasiadas amenazas para un sector que se encuentra en una posición tan débil y que el PSOE ha considerado siempre estratégico para esta región.
La única y primera Política Común necesita, para asegurar la consecución de sus objetivos, un presupuesto suficiente, manteniéndose al menos en el nivel actual. La PAC cuesta a cada ciudadano 30 céntimos de euro al día, parece un coste ajustado si se analizan los beneficios que conlleva.
De manera paralela el sector español ha recibido un severo recorte de los presupuestos establecidos por el Ministerio de Agricultura, dejando a este departamento en una situación de quiebra total y abandonando por completo a los agricultores y ganaderos al estar en fase de desmantelamiento las políticas agrarias que han permitido el sostenimiento de nuestro sistema agroalimentario los últimos 30 años. Agricultura redujo en un 25.4 % el presupuesto para el sector. Una de las partidas más afectadas es la de seguros agrarios. A los recortes en esta materia aplicados por las Comunidades Autónomas se suma ahora este tremendo recorte, de una quinta parte (-46,95 M€, – 19,08%) de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).
En Extremadura la situación no mejora, pese a la reiteración del Gobierno Regional de que la Agricultura y la Ganadería son “sectores estratégicos para nuestra Comunidad Autónoma”, los fondos procedentes de la Consejería de Agricultura descienden en 26 millones de euros, que sumados a los recortes del Ministerio de Agricultura (unos 21 millones de euros), cifran el ajuste en más de 40 millones de euros menos de fondos propios.
Estos presupuestos suponen la paralización del sector en políticas fundamentales: no se da respuestas a los problemas fundamentales de agricultores y ganaderos extremeños, sino que se agrava la situación actual planteando nuevos recortes en áreas como la sanidad animal, las denominaciones de origen, la apicultura o los seguros agrarios; significando un “retroceso general” para el sector.
El Ministerio acaba de hacer público, tras varios meses de retraso, un anteproyecto de Ley que pretende actuar en esta dirección.
Para asegurar un mínimo nivel de renta para agricultores y ganaderos, entendemos que la Ley debe introducir un sistema de arbitraje ante la formalización de los contratos escritos, que las organizaciones interprofesionales puedan utilizar indicadores de precios ligados a los costes de producción en la determinación del precio de los contratos o la prohibición explícita de la venta a pérdidas.
Por tanto, desde el Comité Provincial nos sumamos a las reivindicaciones del sector:
A) REFORMA DE LA PAC Y PRESUPUESTO
1. Presupuesto suficiente.
2. Estabilidad del marco regulatorio.
3. Puesta en valor del modelo de producción europeo.
4. Fortalecimiento de la posición del agricultor en la cadena de valor.
5. Mecanismos de gestión de mercados públicos, ágiles, eficaces y suficientes para hacer frente a las situaciones críticas.
6. Consideración de la diversidad agrícola de toda la UE, apostando por la regionalización del nuevo modelo de ayudas en función del potencial productivo de las diferentes zonas y en particular de la dependencia económica de las mismas del apoyo público en función del tamaño medio de las explotaciones, nivel de gastos, generación de empleo,…
7. Apoyo a los agricultores y ganaderos profesionales productivos.
8. Reciprocidad de las medidas en acuerdos con terceros países.
9. Facilidades en la incorporación de jóvenes.
10. Refuerzo de la posición de los agricultores y ganaderos frente a los propietarios de tierras.
B) LEY MEJORA CADENA AGROALIMENTARIA
1. Sistema de arbitraje ante la formalización de los contratos escritos.
2. Utilización de indicadores de precios ligados a los costes de producción.
3. Refuerzo de las interprofesionales.
4. Prohibición de la venta a pérdidas.
5. Organismo de control claro y eficaz.
C) PRESUPUESTOS Y RECORTES EN EL MEDIO RURAL
1. Mantenimiento de la política de Seguros Agrarios.
2. Apoyo a las medidas de desarrollo rural en los PDR 2007/2013.
3. Desarrollo del Programa de Desarrollo Rural 2010-2014.
4. Aplicación del Real Decreto sobre contratos territoriales de explotaciones agrarias.
5. Prioridad para la inversión en regadíos.
6. Medidas de apoyo a la ganadería.
E) AUMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN
1. Mayor transparencia en la formación de los precios de los insumos agrarios. (Abonos, electricidad, gasóleo, fitosanitarios, plásticos, piensos).
2. Control exhaustivo de las prácticas llevadas a cabo por empresas petroleras, eléctricas o fábricas de pienso.
3. Revisión del marco regulatorio de suministro eléctrico a las explotaciones agrarias.
4. Puesta en marcha de medidas fiscales. Mientras que los agricultores y ganaderos no sean capaces de poder repercutir en el precio de venta de sus productos, la imparable escalada de los costes de producción, es necesario un plan fiscal de apoyo a las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Y a esto añadimos la conveniencia de que los colectivos de representación agraria se consideren interlocutores válidos y tenidos en cuenta a la hora de la toma de decisiones por parte de la Consejería y que no pase como hasta ahora, que han sido olvidados y denostados.
5) Resolución para incentivar la creación de empleo en la provincia
Los dramáticos datos de la Encuesta de Población Activa, EPA, correspondientes al cuarto trimestre de 2012 y dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística el pasado jueves, 24 de enero, obligan al Comité Provincial a instar al Gobierno de Extremadura para que adopte de forma urgente las medias necesarias para fomentar e incentivar el empleo en la provincia de Cáceres.
En la provincia cacereña la tasa de paro se sitúa en un 31,55% lo que supone que, en la actualidad, hay 56.200 personas desempleadas. Una cifra dramática, que está llevando a miles de ciudadanos y ciudadanas, a miles de familias, a una situación insostenible, catastrófica, y que exige medidas urgentes, inmediatas y decididas de los Gobiernos de Monago y de Rajoy.
El Comité Provincial acuerda instar al Gobierno de Monago a cambiar radicalmente sus políticas económicas y que han llevado en tan solo 18 meses a alcanzar, en la provincia de Cáceres, 56.200 desempleados en diciembre de 2012 frente a los 39.321 parados que había en junio de 2011.
Si continuamos en este camino de recortes, de privatizaciones, de reformas laborales que solo abaratan el despido y precarizan las relaciones laborales, si continuamos con políticas basadas en los despidos y en llevar a más personas al paro sin ninguna medida de estímulo para la economía, llegaremos a una situación de colapso,irreversible en la economía cacereña y extremeña.
Así mismo el Comité Provincial ha puesto sobre la mesa la inoperancia del gobierno popular en la Diputación de Cáceres que ha cerrado el año 2012 con casi 15 millones de euros parados, 15 millones presupuestados y sin ejecutar con las nefastas consecuencias que tiene para las pequeñas y medianas empresas y para el empleo en la provincia, tal y como lo demuestran los datos de desempleo.
En definitiva el Comité Provincial del PSOE de Cáceres insta a los gobiernos del Sr. Monago y el Sr. Rajoy a que lleven a cabo un Plan de Estímulo de la Economía y un Plan de Choque de Empleo Juvenil, que genere puestos de trabajo en nuestra provincia.
Los fondos necesarios para dicho Plan deben nacer del compromiso de las administraciones para con Extremadura empezando por un adelanto urgente de parte de la Deuda Histórica y con el destino de un fondo especial obtenido de los ingresos extraordinarios de la Junta a través de las sentencias judiciales del Impuesto a los Bancos.
El empleo en general es un drama acuciante y endémico provocado por la crisis y las políticas de falsa austeridad esgrimidas por el PP. En este sentido, y como fuente decisiva para combatirlo, debemos encarar la problemática del desempleo también prestando atención a las mujeres y mayores de de 45 años, favoreciendo e impulsando su contratación disminuyendo la carga fiscal de la misma y fomentando desde el ámbito provincial planes que incluyan decididamente a estos sectores en el aparato productivo. Igualmente, generar y fomentar la formación real, continua y afín a los tiempos que corren no para justificar partidas presupuestarias sino para dar una solución real a las mujeres y a los mayores de 45 años. La economía los necesita y debemos empujar su reinserción en el mercado laboral actual.
Otro de los sectores esenciales para la creación de empleo son los Autónomos y las PYMES. El PSOE provincial está convencido que, de una vez por todas, las administraciones públicas deben promover las flexibilizaciones necesarias para que puedan crecer y generar empleo a partir del crecimiento en el sector al que pertenezcan, con principal calado en el turismo, la manufacturación de productos locales y la inversión pública para tender un puente con los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Debemos fomentar la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años con incentivos particulares por sector y edad. A su vez, pensamos que es conveniente redactar y cumplir un nuevo compromiso de pago a proveedores que obligue a las instituciones a cumplir sus compromisos en no más de treinta días con Autónomos y PYMES. Para el PSOE provincial, son el motor esencial en la creación de empleo.
