El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de ministros la nueva tarifa regulada de la luz, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Dicha medida busca proteger a los consumidores eléctricos de futuros episodios de “volatilidad en los precios”, como los vividos el año pasado por la crisis energética a consecuencia de la guerra de Ucrania.
De esta forma, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se modifica la metodología de cálculo de la tarifa regulada de la luz, con el que se busca aportar más estabilidad a las facturas finales de los consumidores dando un mayor peso progresivo a los mercados de futuros.
Esta fórmula entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2024, cuando será aplicada en las facturas de los consumidores al incorporarse parcialmente las señales de precio a largo plazo, abordando una dexindexación parcial de los mercados al contado. Una medida que ofrecerá “más estabilidad a esos recibos finales de los usuarios”, ha afirmado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de ministros
En otro orden de cosas, la ministra ha dado cuenta de las inversiones milmillonarias en infraestructuras ferroviarias, como la destinada a la Comunidad de Madrid para la construcción de la nueva Estación Pasante de Puerta de Atocha-Almudena Grandes con una inversión cercana a 500 millones de euros. La obra permitirá la conexión con la estación de Chamartín-Clara Campoamor de forma que puedan parar trenes de alta velocidad en las dos estaciones tras los cambios derivados de la liberalización del mercado ferroviario.
Rodríguez también ha avanzado un segundo paquete de medidas, que tienen que ver con el consumo energético, como la modificación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos “para ampliar el número de empresas que se puedan beneficiar de esa denominación, pasando de 612 empresas a 1.180 empresas beneficiarias de la denominación”. De esta manera, el Estatuto busca compensar y proteger a las empresas industriales por el coste del suministro eléctrico.
