Concejales socialistas del municipio denunciaron al primer edil en 2020, quien ha admitido los hechos tras llegar a un acuerdo.
“El actual alcalde de Conquista de la Sierra y su concejala de obras deben abandonar sus respectivos cargos, han admitido delante de los tribunales que incurrieron en prevaricación urbanística y que engañaron a Diputación de cara a recibir unas subvenciones para obras”, solicitan desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Conquista de la Sierra.
La sentencia emitida por Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres declara culpables de un delito de prevaricación urbanística descrito en el artículo 320 del Código Penal al actual alcalde de la localidad -PP-, Fernando Sánchez, y a la concejala de Urbanismo y Obras, Gema Repollés, por unos hechos cometidos en 2014.
Tras llegar a un acuerdo entre las partes, en el que las personas acusadas han reconocido y confesado su participación en los hechos, la pena inicial ha quedado reducida a 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para cargo público, la prisión ha sido suspendida durante un periodo de dos años con la condición de que volver a delinquir, y los acusados deberán pagar una multa de dos euros diarios durante 6 meses. La condena original eran de 8 años y 6 meses de inhabilitación, 2 años y 9 meses de prisión y 17 meses de multa.
La sentencia deja claro, explican desde el Grupo Municipal, que “la inhabilitación especial para cargo público conllevará la pérdida de cualquier cargo electivo o de confianza, en el seno de cualquier administración pública local, autonómica o nacional y la imposibilidad de obtener los mismos u otros análogos durante el tiempo de la condena, por lo que lo que solicitad el PSOE es que se cumpla lo establecido por los tribunales”
Descripción de los hechos
La sentencia se refiere a la aprobación en el pleno de abril de 2014 del proyecto de obras y la viabilidad urbanística de la urbanización “Las Erillas”. La zona en la que se realizaron estas actuaciones estaba clasificado como “Suelo no urbanizable” según el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en vigor.
En ese Pleno se acordó por unanimidad aprobar el proyecto de obras y la viabilidad urbanística de la urbanización. Tras la aprobación de dicho acuerdo desde el Ayuntamiento se procedió a la parcelación de terrenos afectados y se acometieron obras de urbanización: término de acerados, viales y alumbrado con subvenciones de la Diputación Provincial. Según recoge la sentencia, tanto las obras como los actos de parcelación eran contrarios a la normativa urbanística vigente, regional y municipal, y los acusados siendo conocedores de ello votaron a favor el proyecto.
Desde el Grupo Municipal Socialista han incidido además en que “el alcalde mintió también a la Diputación porque les aseguró que ese proyecto era viable según el PGM, el cual no estaba ni aprobado en el momento en el que se produjeron los hechos, para que le financiera unas obras que desde el momento que se iniciaron sabía que eran ilegales”.
