Emilia Almodóvar es Diputada del PSOE en el Congreso por la provincia de Cáceres.
Empieza a parecer más una cruzada personal que una política de gobierno. Las decisiones recientes de la Junta de Extremadura, bajo la presidencia de María Guardiola, están dejando una huella dolorosa en la infancia más vulnerable de nuestra región. Las medidas adoptadas, lejos de proteger, parecen contribuir a la decadencia de los derechos de niños y niñas que más apoyo necesitan.
La negativa a acoger a un centenar de menores no acompañados es una línea roja que retrata las alianzas con la ultraderecha y una forma de gobernar que recuerda al “modo Ayuso”: bloquear por ideología lo que exige humanidad. Se excusan en la saturación de los recursos de protección, cuando la realidad es que esos recursos están desatendidos, infradotados y abandonados por falta de compromiso político y presupuestario. Las víctimas de este bloqueo son menores que huyen de guerras, violencias y desamparo, y que encuentran en la burocracia extremeña un muro más.
Las decisiones recientes de la Junta de Extremadura, bajo la presidencia de María Guardiola, están dejando una huella dolorosa en la infancia más vulnerable de nuestra región.
Pero no solo se lastima a la infancia que llega, también a la que ya está aquí. Los programas de atención a la familia, esenciales para prevenir el riesgo infantil, han sufrido recortes que impiden ofrecer una atención integral. Sin esos programas, muchas familias pierden el acompañamiento necesario para superar situaciones de vulnerabilidad. La Junta parece olvidar que la puerta de entrada al sistema de protección a la infancia empieza precisamente en esos servicios.
El contraste entre el discurso y la realidad es doloroso. En el Día de Extremadura, la presidenta ensalza la vida rural por encima de todo, pero apenas unos días después, la infancia rural no puede asistir a sus clases porque el Gobierno no quiere pagar adecuadamente a las empresas de transporte escolar. Solo la presión de las familias y las AMPA logró que la Junta se sentara a negociar, a regañadientes, un derecho básico: la educación.
Las familias del mundo rural son hoy las que más evidencian la distancia entre las palabras y los hechos. En comarcas como Sierra de Gata, los padres y madres denuncian listas de espera interminables en el SEPAD: niños y niñas que esperan terapias, rehabilitación o sistemas de comunicación que nunca llegan. No recibir esas intervenciones a tiempo tiene consecuencias graves en su desarrollo, pero la administración responde con silencio y parálisis.
Mientras tanto, los profesionales de la enseñanza se manifiestan ante la falta de docentes en los centros públicos. Las vacantes no se cubren y la calidad educativa se resiente, dejando al profesorado agotado y al alumnado sin la atención que merece. Es el reflejo de una gestión que no prioriza la educación ni la infancia.
La infancia en Extremadura —la local y la que busca refugio— está siendo la gran olvidada de un gobierno que dice defender el futuro, pero que descuida el presente.
Y cuando un gobierno falla a su infancia, está fallando a toda una sociedad.
