El miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres, Fernando Solís*, comparte su reflexión acerca del momento actual que vive nuestra democracia.
El artículo 1º de nuestra Constitución de 1978 establece:1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 
De la misma manera, el artículo 117 que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Está claro que estos nobles principios constitucionales requieren ser salvaguardados por representantes democráticos dotados de una profunda e insobornable voluntad de servicio público y comportamientos honestos y éticos en el ejercicio de la representatividad de la colectividad.
Más allá de plazos y periodos legislativos, por higiene social y democrática, la representación de la comunidad debería finalizar cuando se conociese o manifestase públicamente la incapacidad física, mental, jurídica, penal, funcional, moral o ética de los designados como representantes.
¿Somos todos los españoles unos pícaros y unos corruptos carentes de escrúpulos?, creo que no, sinceramente; el problema es que todos seremos adjudicatarios de este calificativo por extensión de que lo sean nuestros representantes y por nuestro silencio consentidor.
En la prensa internacional podemos leer que “en España la verdadera crisis es el vacío de liderazgo”, “el sentimiento de escándalo que rodea a Mariano Rajoy ha vuelto a crecer hoy, después de una semana de acusaciones y desmentidos por los destellos con los que el extesorero de su Partido Popular alimenta a los medios y que muestran que el líder de España se enriqueció durante años de un fondo sucio”, “el ‘escándalo Bárcenas’ y la implicación de Rajoy en él, daña la imagen del Presidente al tiempo que perjudica la moral nacional y la credibilidad de las instituciones: “el escándalo distrae al gobierno a la hora de hacer frente a las dificultades económicas que golpean al país” , New York Times.
Ya no es posible seguir mirando para otro lado, la Justicia tiene que actuar urgentemente, contra todos los delincuentes implicados en tantos y tantos casos de corrupción, cualesquiera que sean sus ideas, sus apellidos, su condición, sus familiares, sus títulos…todos iguales ante la justicia soberana.
Independientemente, aquellos que hayan perdido las aptitudes y capacidades para ejercer con eficacia y dignidad la representación democrática del pueblo español, deberían intentar recuperar su dignidad presentando la dimisión y reintegrando lo que no les corresponda con transparencia legal.
Finalmente, el pueblo soberano no podemos permitirnos perder la credibilidad en instituciones y órganos de representación, quizás ese sea el efecto deseado por unos pocos, defensores de intereses de élites y lobbies: el derrocamiento del poder popular por falta de ejercicio de la participación; alimentemos la democracia, exijamos representantes honestos en todos los ámbitos (políticos, sociales, laborales), modificando y mejorando cuanto sea necesario modificar y mejorar.
*Fernando Solís es Adjunto a la Secretaría de Economía, Innovación y Empleo
