Fernando Solís, miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres y una interesante reflexión que comparte con todos nosotros. 
En el marco de unas Jornadas sobre asociacionismo agrario, celebradas el pasado martes en la Facultad de Derecho de Cáceres, el doctor Ayala explicó el origen de este fenómeno como forma de agruparse y colaborar para hacer frente a las enormes desgracias que producían las sucesivas crisis en ausencia de seguridad social y de normalización de las condiciones laborales en la España agraria de antes de ayer.
Haciendo un paralelismo con la actualidad, recordó que recientemente en Baleares una huelga de profesores se había logrado mantener varios meses gracias a la creación de una caja de resistencia para suplir los recursos que los huelguistas perdían en sus días de no asistencia al trabajo; y también cómo las numerosas ONGs activas suplen la insuficiente actuación de las instituciones al posibilitar alimentos y recursos materiales de primera necesidad a millones de familias españolas que lo están pasando mal.
Ciertamente, asociaciones como Banco de Alimentos, Cruz Roja, Caritas, ACISJF, Rotarios, comedor social de las Hermanas de la Caridad, algunas parroquias cacereñas etc. se buscan la vida aprendiendo y haciendo marketing social y campañas de solidaridad para conseguir popularmente los recursos necesarios para atender las necesidades crecientes creadas por la crisis, mientras que, atentas a la voz de los mercados, las instituciones recortan fondos y excedentes a este fin e incluso políticas sociales, lo que genera más precariedad y necesidad a nivel ciudadano.
En youtube, Joaquín Garcia (ver vídeo al final de este artículo), de la Asociación de Víctimas del Paro, se dirige a Rajoy y al Rey, reclamándoles atención y consideración al colectivo de parados y sus familias; no sé si este año volverá o no la Real Casa por navidad, pero creo que los parados, los desahuciados, las personas alejadas de los mercados y de los escaparates, merecen ser objetivo prioritario del gobierno y de sus instituciones, más allá del recuerdo puntual y paternalista de los jerarcas que no padecen recortes ni tienen que guardar cola para disfrutar de sus considerables privilegios.
Mal vamos, pues creo que las intenciones son otras, y como saben que, con tanto abuso de poder, apropiamiento de la democracia y tocarle los kínder a los españoles, la paciencia ciudadana se puede agotar, el ministro Fernández nos quiere imponer una ley cuyo proyecto modifica y endurece la ley de seguridad ciudadana vigente para castigar a quiénes usen el último desahogo que les queda: protestar; está claro que a los privilegiados les molesta oir las quejas y protestas de los ciudadanos incluidos entre los seis millones de parados y afectados por el nivel de pobreza y desigualdad existente en España.
El señor Fernández quiere convertir en infracciones administrativas lo que los jueces no consideran delito, sin duda un golpe de estado contra el Estado Social y de Derecho para así seguir haciendo a su antojo y conveniencia sin que nadie ose rechistar.
Algún día inventará su memoria, como tantos otros que ejercieron la política y hoy en día se convierten en juntaletras para justificarse por lo que tuvieron que hacer contra la igualdad para conseguir acceder a los privilegios y vida regalada de la que disfrutan.
