Fernando Solís nos regala unas reflexiones sobre la devaluación de la representatividad democrática que supondrá la Reforma Local del gobierno. 
El Gobierno sigue adelante con su proyecto de ¿racionalización? de la administración pública, y ahora toca la reforma de la administración local, que cederá las competencias de los municipios a las diputaciones provinciales y a las comunidades autónomas. La gestión de competencias en una sociedad democrática debe avalar la equidad en la creación normativa y la función de proximidad en la prestación de los servicios públicos, favoreciendo las condiciones de vida y la convivencia. Por esta razón, el Estado ha venido vistiendo a los ayuntamientos, por ser las instituciones más cercanas al ciudadano, con el traje de faena para ejecutar múltiples competencias, siempre insuficientemente financiadas, y ahora se quiere impedir que sigan haciéndolo aprovechando que la crisis pasaba por aquí.
En lugar de subsanar la tradicional precariedad de la financiación local, esta reforma provocará los siguientes efectos: desempoderamiento del poder local, derribo de una parte del Estado del bienestar, desigualdad en el acceso a los servicios públicos y, lo mas importante, la eliminación de la proximidad entre los ciudadanos y los poderes públicos, con lo que los recortes afectarán también al propio contenido y alcance de la democracia representativa.
El gobierno esgrime el argumento de que las economías de escala ahorran gasto en los servicios públicos. Esa es la teoría, pero los datos sobre la deuda de las instituciones dicen exactamente lo contrario, salvo excepciones como el Ayuntamiento de Madrid, donde sus alcaldes gastaron cual faraones y dejaron en herencia una deuda desorbitada.
¡¡No es justo hacer normas restrictivas para todos, en lugar de controlar a los que incumplen reiteradamente!!
Los Ayuntamientos urbanos perderán competencias en servicios sociales a favor de las comunidades autónomas, y los rurales prácticamente todas a favor de las diputaciones, con grave riesgo de privatización, recorte y supresión de servicios, deterioro de las economías locales por la contratación centralizada en las diputaciones, lo que debilitará la diversificación de la economía rural, además de multiplicar las oportunidades para las redes clientelares en busca de negocio y/o negociete.
La reforma pretende relegar a los ayuntamientos democráticos, que han sabido mantener las condiciones sociales del espacio público; suponiendo además el retorno de las élites provinciales y locales (por ahí va también el zarpazo caciquero que Cospedal ha dado al Estatuto de Castilla-La Mancha, relegando el parlamento regional al papel de casino para ricos en el que ha suprimido todo control de legalidad y democrático), así como una renuncia a la homologación con el mundo local europeo, que gestiona casi el doble de presupuesto público que el español.
Todos aplaudimos y asumimos el objetivo de eliminar burocracia y duplicidades, administrar mejor los recursos y hacer más eficiente a la Administración, pero eso no significa eliminar instituciones o servicios necesarios y sostenibles, y menos aún cuando se mantienen otros estructuras, procedimientos y gastos mas que opinables, en función de intereses de poder elitistas (“….nos encontramos ante la primacía de lo económico sobre lo político, de tal forma que el poder político que ejecuta las reformas no renuncia a socavar los cimientos democráticos en aras de satisfacer las implacables necesidades de capital”. Alberto Garzón, La democracia como obstáculo, diciembre 2013.
