Irene Pozas es Portavoz y Secretaria de Educación y Nuevos Derechos de la Comisión Ejecutiva Provincial.
“La Escuela Rural NO SE TOCA”, le dice la sociedad al gobierno PP-VOX. Y en medio de promesas vacías, supuestas manos llenas de tiza que vienen a mejorar la educación pública y esperpénticos actos, se rompe el límite de lo prometido a la ciudadanía no en una, sino en dos campañas electorales.
¿A alguien le sorprende? Hay que recordar el ataque directo y el desmantelamiento silencioso de la educación pública y sobre todo la rural que llevamos sufriendo desde hace tres años; el modelo “Cheque guardería” de 200 euros para centros privados frente a las plazas en aulas públicas gratuitas en centros públicos, la supresión de aulas en centros públicos mientras se mantienen intactos los conciertos con la educación privada, recortes y falta de inversión en las Escuelas Hogar y los CRA (Centros Rurales Agrupados) junto con el cierre de comedores o la reducción de rutas de transporte escolar, privatización de servicios como comedores escolares o actividades extraescolares y recordar una de las mayores crisis en gestión educativa de las últimas décadas, un conflicto sin precedentes que dejó a unos 7.000 alumnas y alumnos sin transporte escolar.
Mientras todo esto ocurre, la Junta de Extremadura aprobó este martes destinar 2 millones de euros para ayudas en libros de texto y material escolar de centros privados.
La educación rural mantiene su “resistencia gala”, la última de ellas gestada en el norte de Extremadura. El último agravio lo estamos viviendo en el CRA El Jaral, un centro educativo que atiende a cerca de 40 niños y niñas de tres municipios: Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo y Guijo de Galisteo. Cada localidad cuenta con un aula para Infantil y otra para Primaria.
¿Qué supone esto? Supone poder atender a los niños y niñas de la escuela rural según su nivel educativo o su desarrollo en igualdad de condiciones que a los niños y niñas de la escuela urbana. Tener en un aula, por pocos que sean, alumnos y alumnas de tres niveles educativos distintos o incluso seis niveles, es decir: tener en un aula niños y niñas desde 6 a 12 años, enseñándoles a la vez, eso sin contar con que haya una adaptación curricular en caso de que lo necesiten; es cuanto menos una labor casi imposible para una docente, y aun así se saca pa’lante como buenamente se puede, en muchas ocasiones a costa de la vocación de los y las profesionales de la educación.
En la mayoría de estos casos, en pueblos con un serio problema de despoblación, el centro educativo es lugar de encuentro, de vida, de historias y proyectos que crean vínculo y arraigo y favorecen relaciones intergeneracionales entre el pasado, el presente y el futuro.
¿Cómo es posible que se esté planteando la eliminación de plazas de maestros y maestras del mundo rural mientras se destinan partidas presupuestarias desorbitadas de dinero público a centros privados?
¿Cómo pretenden garantizar la escolarización de las niñas y niños en lista de espera si no existen centros privados en estas localidades? ¿200 euros en aulas 0-3 privadas, pero en qué aulas? ¿Existen esas aulas de carácter privado en los municipios del mundo rural?
Ya lo dijo Claudia Sheinbaum: “La educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía para quien se la pueda costear.”
“Devolvamos a los pueblos lo que los pueblos nos han dado.”
