José Ramón Bello Rodrigo es Diputado del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura. Licenciado en historia. Arqueólogo.
El dramaturgo Goethe sentenció sobre la ineptitud que «los malentendidos y la negligencia crean más confusión que el engaño o la maldad ya que los dos últimos eran mucho menos frecuentes». Efectivamente, la capacidad de sorpresa de los extremeños se supera cada semana con la llegada de nuevos episodios de la impericia del gobierno del PP.
Esta semana, hemos asistido a un hecho tremendamente preocupante. El Gobierno de España ha expresado importantes discrepancias jurídicas que afectan a la constitucionalidad del decreto de medidas fiscales de Extremadura. Una ley fruto de la improvisación y la urgencia diseñada para enmascarar el fracaso de la estrepitosa retirada de los presupuestos generales de 2025. Este decreto ley, ahora en duda, respondía al afán de la señora Guardiola por ofrecer regalos fiscales a los que más tienen mientras que generaba desigualdad, inseguridad jurídica y desprotección para la mayoría de la ciudadanía extremeña. Una norma sin talante ni talento que no recogía medidas a favor de las clases trabajadoras, rechazando todas las propuestas ofrecidas desde el PSOE.
Una chapuza baldía y costosa, cuyo precio atentó contra la protección de las víctimas de la dictadura franquista al imponerse desde la extrema derecha la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.
Nuestra región necesita estabilidad, rigor y una política fiscal justa. Cuestiones que no entienden de improvisación, medidas poco trabajadas o carentes de rigor jurídico, que podrían verse rechazadas por los tribunales
Nuestra región necesita estabilidad, rigor y una política fiscal justa. Cuestiones que no entienden de improvisación, medidas poco trabajadas o carentes de rigor jurídico, que podrían verse rechazadas por los tribunales.
Este caminar con grandes zancadas conlleva, sin embargo, avanzar muy poco. Una premura que contrasta con la estéril respuesta del gobierno del PP extremeño ante el delirio arancelario del señor Trump. Una vez más queda demostrado quién actúa frente a los verdaderos problemas, destacando la puesta en marcha del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial del Gobierno de España.
Esta acción pondrá a disposición de nuestras empresas y afectados 14.100 millones de euros. La misma celeridad habría sido oportuna para entender por qué el gobierno del PP de Extremadura infrafinancia las plazas de los residentes en centros municipales con un total de 13.000 euros, frente al incremento de un 38% del coste alcanzando los 26.000 para los usuarios de las residencias del sector privado.
Así la paulatina degradación de los servicios públicos presenta funestas consecuencias. Extremadura es hoy la región de España con mayor tiempo de espera para una operación quirúrgica con 178 días frente a los 126 del resto del país. Recuerden que las voluntades débiles se traducen en discursos, mientras que las fuertes en actos.
