El portavoz de regadíos del Grupo Parlamentario Socialista, Valerio Rodríguez, ha denunciado en la Asamblea de Extremadura la existencia de un pozo ilegal en una finca de la actual Consejera de Agricultura, reconocido por la propia titular. Pero más allá de la ilegalidad del pozo y su ubicación en un acuífero sobreexplotado, Rodríguez ha centrado su crítica en dos omisiones gravísimas por parte de la Junta de Extremadura: la ausencia de permiso de minas y la falta de autorización ambiental.
“El pozo se ha perforado sin expediente previo en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, algo que ustedes mismos han confirmado por escrito. Es decir, no existe ninguna autorización minera, siendo esta un requisito legal indispensable. Pero es que, además, tampoco hay rastro de una evaluación de impacto ambiental, otro trámite obligatorio antes de cualquier perforación que pueda afectar a los recursos naturales”, ha señalado Rodríguez.
El diputado socialista ha sido especialmente crítico con la Directora General de Industria, Energía y Minas, que no ha acudido a la Comisión de Agricultura a contestar la pregunta del diputado, de quien depende la tramitación de estos permisos: “No ha abierto expediente, no ha iniciado inspección, no ha preguntado nada. Y siendo perfectamente conocedora de la existencia del pozo ilegal, su inacción es aún más grave. ¿Está aplicando usted la ley igual para todos, o está protegiendo a su superior jerárquica, la Consejera de Agricultura?”, ha preguntado.
Rodríguez ha advertido de las múltiples consecuencias que esta actuación irregular ya está generando: el uso indebido del agua sin concesión, el incumplimiento de las normas ambientales y el descrédito de una administración que exige legalidad al sector pero no se la aplica a sí misma. “Lo más grave no es solo el pozo. Lo más grave es que desde la Junta de Extremadura se está permitiendo que se vulneren, simultáneamente, la Ley de Minas y la normativa ambiental, sin que nadie haya hecho absolutamente nada”, ha afirmado.
El Grupo Parlamentario Socialista exige explicaciones inmediatas, la apertura de los expedientes informativos y sancionadores correspondientes tanto en materia minera como ambiental, y el cierre inmediato del pozo ilegal. “No se puede dar ejemplo desde la Consejería de Agricultura incumpliendo la ley que se exige al resto de los agricultores. Y mucho menos desde una Dirección General que conoce los hechos y decide mirar hacia otro lado”, ha concluido Rodríguez.
