La institución provincial mantendrá la contratación de personal técnico para que los municipios no pierdan esta asistencia, aunque advierte de que no podrá asumir su coste indefinidamente.
La Diputación de Cáceres asumirá de forma excepcional un gasto de 300.000 euros para mantener la contratación de personal técnico que presta servicio a los municipios de la provincia, después de que, según ha denunciado la portavoz del equipo de gobierno provincial, Esther Gutiérrez, la Junta de Extremadura haya decidido retirar la financiación destinada a sostener esta asistencia. La medida busca evitar que el coste recaiga sobre los ayuntamientos y las mancomunidades, aunque la institución provincial advierte de que «no puede garantizar esta aportación en 2027».
Gutiérrez ha lanzado estas críticas este jueves, durante la comparecencia previa al pleno ordinario de octubre, al explicar una de las partidas económicas incluidas en la sesión. Según ha señalado, hasta ahora «existía un convenio en el que participaban ambas administraciones», con la Diputación encargada de coordinar el servicio y la Junta de aportar los recursos para contratar al personal.
Sin embargo, la portavoz ha asegurado que «la Junta ha decidido abandonar el convenio», una decisión que, según ha explicado, ha llevado a la institución provincial a intervenir para evitar que los municipios se queden sin esta asistencia técnica o tengan que asumir directamente su coste.
Aportación excepcional
La responsable provincial ha defendido la necesidad de mantener la colaboración entre administraciones, especialmente en un ámbito como el de la vivienda, pero ha recordado que las competencias corresponden a la comunidad autónoma. Por ello, ha insistido en que la aportación de 300.000 euros constituye una «solución extraordinaria» y no puede convertirse en una obligación permanente para la Diputación.
En este sentido, Gutiérrez ha expresado su malestar por la decisión que atribuye al Ejecutivo regional, al considerar que traslada un problema económico a los ayuntamientos y pone en riesgo la continuidad de una asistencia especializada de la que se benefician los municipios de la provincia.
Incertidumbre para 2027
La principal preocupación de la portavoz se sitúa en el próximo ejercicio. Aunque la Diputación ha decidido asumir ahora el gasto para mantener el servicio, su continuidad en 2027 queda en el aire si no se encuentra una nueva fórmula de financiación.
«El año que viene no sabemos qué va a pasar», ha advertido su portavoz, quien ha insistido en que la institución provincial no puede asumir de manera indefinida responsabilidades que, a su juicio, corresponden a la administración autonómica.
