Miguel A. Morales recuerda como en la Diputación provincial el PP intentó apostar por la ilegalidad para imponer una modificación de los puestos de trabajo. 
No suma demasiado describir la acción de un gobierno que bate récords en la tragedia humana como es el número de desempleados en la provincia, hoy 50 mil personas, con rostro, nombres y apellidos aunque el PP crea que son anónimos personajes de una ficción circense preparada por el maestro de ceremonias de Monago, Iván Redondo, al que todos los extremeños pagamos el sueldo para que, lisa y llanamente, gaste nuestro dinero en promocionar a un personaje que falsea su compromiso con la gente.
No podía escaparse de esta forma de entender la gestión pública el gobierno del PP en la Diputación provincial de Cáceres que, cual justicia interesada, decide arbitrariamente a que ayuntamientos potenciar, los suyos, mientras ningunea a quienes no lo son.
Todo ello viene siendo denunciado por el PSOE desde hace tres años, pero cada día encontramos ejemplos en los que el presidente por partida doble, del PP y también de la Diputación, y sus diputados provinciales intentan defender los intereses particulares en demérito del interés común. Y ello no tiene otro calificativo que el de sectarismo. Son sectarios y actúan con la prepotencia del que piensa y sostiene que no son servidores públicos, sino responsables ejecutores de las medidas que su clan de influencia pide y ordena.
¿Cómo explicar de otra manera que intentaran saltarse la ley para aprobar una modificación parcial de los puestos de trabajo, con una subida salarial que incluía 500 mil euros y que era más beneficiosa para los que más ganan, entre ellos algún militante del PP?.¿ Cómo explicar que el PP provincial, mientras se quería favorecer a sí mismo, olvidaba bomberos y conductores a quienes se les reduce el complemento de peligrosidad y por tanto su sueldo se ve reducido?.
Despropósito político que se une al rechazo técnico, el informe de intervención era demoledor y tajante, asegurando que no procedía su aprobación porque la ley (aprobada por el PP) prohíbe incrementos retributivos generalizados para el personal por encima del límite establecido en la Ley estatal de presupuestos, hecho que lógicamente prevalece sobre los acuerdos que hayan podido ser suscritos, acuerdos que por cierto, sólo fueron refrendado por el 30% de la representación sindical de la Diputación.
Entre el personal elegido a dedo para aumentar su sueldo en 8000 euros anuales estaba, cómo no, el Coordinador Técnico de Presidencia, mientras, repetimos, olvidaba selectivamente a bomberos y conductores; si vamos a estar fuera de la ley, repartamos entre nosotros el dinero de los cacereños, pareció pensar el Presidente de la Diputación y del PP, Laureano León
Gracias a nuestro compromiso con la ciudadanía desde la oposición, hemos conseguido evitar que Laureano León y los diputados provinciales del PP prevariquen para favorecer económicamente a su clan.
