Ha comenzado en España un proceso que habla de la dignidad de un país y de la solidez de sus valores: la reubicación de niños, niñas y adolescentes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de las Comunidades Autónomas del pais.
No es un gesto menor. Se trata de un paso fundamental para aliviar la enorme presión que soportan estos territorios, que desde hace años asumen en solitario la llegada masiva de menores no acompañados.Hoy, Canarias acoge a más de 4.000 niños y niñas, muy por encima de su capacidad ordinaria. En Ceuta, la realidad es similar: la llegada constante de menores exige un esfuerzo humano y material extraordinario, que el gobierno ha decidido paliar con firmeza.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, ha diseñado un plan coordinado con todas las CCAA. En el caso de Extremadura, la propuesta es acoger a 158 menores, de forma escalonada, con una financiación de 2.061.900 euros destinada a su cuidado y atención integral. Es importante recordar que la capacidad ordinaria del sistema de protección en Extremadura es de 344 plazas y que la contingencia migratoria se activaría con 1.032 menores, según el R Decreto, contingencia que cualquier comunidad autónoma que tenga dicha situación puede solicitar si lo considera necesario.
Pero más allá de las cifras, lo que está en juego son principios. La protección de la infancia no acompañada no es una cuestión opcional, ni un favor: es un derecho reconocido por nuestra Constitución, por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y por convenios internacionales que España ha suscrito. Protegerles significa garantizar un techo, atención sanitaria, ,acompañamiento emocional y un entorno seguro donde puedan reconstruir su vida.
Por eso resulta preocupante que, frente a este ejercicio de solidaridad interterritorial, haya formaciones políticas que rechazan frontalmente el traslado de menores, alimentando discursos xenófobos y señalando falsamente a otros territorios como responsables de un “colapso” inexistente. Más preocupante aún es que el Gobierno de Extremadura no haya mostrado ni un solo gesto público de rechazo a estas palabras, dejando pasar la oportunidad de situarse claramente del lado de la humanidad y la convivencia. Callar ante la xenofobia es, en la práctica, tolerarla.
Canarias y Ceuta son España. La infancia no acompañada forma parte de nuestra realidad como nación. Y como tal, debemos abordarla con la misma seriedad con la que garantizamos cualquier otro derecho fundamental. La solidaridad entre territorios no debilita, fortalece. La protección de la infancia no es un gasto: es la mejor inversión que puede hacer un país que quiera llamarse justo.
En definitiva, proteger a estos menores no es solo cumplir la ley, es cumplir con nosotros mismos como sociedad. Porque el trato que damos a la infancia —toda la infancia, sin distinción— define quiénes somos y el país que queremos dejar a las próximas generaciones.
