GINI.
Hay conceptos como el de GINI que no hemos incorporado de manera habitual a nuestra agenda política, y que seguramente si preguntáramos sobre él, pocas serían las personas, incluidos responsables políticos, sociales o económicos que sabrían responder afirmativamente al conocimiento de su significado.
Sin embargo, GINI es el método más común para medir la concentración de la propiedad de la tierra, aceptando internacionalmente tanto por la FAO (el programa de naciones Unidas para la agricultura y la alimentación) como por Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, en sus informes sobre la situación de la tierra y el desarrollo humano. Este coeficiente indica la igualdad o la desigualdad en la estructura de la propiedad de la tierra.
Mide un margen entre 0 y 1, de tal manera que el 1 es el valor de mayor desigualdad, la propiedad recae en pocos titulares , mientras que el valor 0 es el de mayor igualdad, que indica que la propiedad está distribuida en una mayor cantidad de explotaciones.
En España se obtiene un índice de 0,731, mientras que Extremadura se sitúa en la primera posición en cuanto a desigual reparto de la propiedad de la tierra con un coeficiente de 0,812 mientras que Galicia se sitúa en la última posición, es decir donde la tierra tiene un reparto más equilibrado, o igualitario con un índice de 0,390.
Por ello la conclusión es clara, en Extremadura nos encontramos con el territorio con mayor presencia de latifundios y con una distribución más injusta de las tierras. Las razones sin lugar a dudas hay que buscarlas en la historia socio-económica y política de nuestra región muchos años atrás, en todas esos desequilibrios injustos y discriminatorios que marcaron ese abismo entre lo que lo poseían casi todo y los que no poseían casi nada, entre los que tenían los títulos y los que lo único que poseían eran sus horas de trabajo. Hoy nuestro presente y nuestro futuro viene muy marcado por esta injusta situación de partida. El desarrollo de nuestro pueblo sigue condicionado por la propiedad de unos importantes recursos en manos de unos pocos, en muchas ocasiones mas preocupados por su desarrollo personal o familiar que por el colectivo.
Algunos datos son totalmente ilustrativos de nuestra realidad, Extremadura cuenta con unas 63.000 explotaciones con una superficie cultivada de 2,6 millones de hectáreas. Eso supone media de casi 41 hectárea por explotación. Pues bien, el tramo de explotaciones de 70 a 500 hectáreas concentra la mayor parte de la superficie cultivada (47,49%), pero lo más significativo es que el 54% de la superficie se organiza en fincas de más de 200 hectáreas. Solo 163 grandes fincas (de más de 1000 hectáreas) representan el 10,24 % de la superficie, y esas grandes fincas, entre todas ellas concentran casi cinco veces más tierra que los 28.752 titulares más pequeños.
En Extremadura el 0,25% de las explotaciones concentran mas del 28% de las tierras extremeñas.
Los agricultores y agricultoras, como personas físicas, son las que concentran la mayor parte de a tierra agraria disponible, con un 67%, y en segunda posición las sociedades mercantiles, con un 16,44%, pero el tamaño medio de las explotaciones de unos y de otros es muy revelador del reparto existente.La de las personas físicas 29,18 hectáreas mientras que la de las sociedades mercantiles 276,6 hectáreas, siendo esta la más alta de entre todas las comunidades autónomas de nuestro país.
Este injusto reparto de la tierra se ha mantenido totalmente inmóvil durante gran parte de nuestra historia reciente, pero ahora vuelve a tener una importante relevancia, por el papel que queremos que juegue nuestra agricultura y ganadería en el desarrollo de nuestra región, porque las ayudas procedentes de instituciones publicas empiecen por fin a beneficiar de manera decidida al pequeño y mediado agricultor frente a los terratenientes no agricultores activos, pero eso sí perceptores de ayudas públicas económicas solo por poseer, o porque nuevos actores económicos están entrando en el mercado de la posesión de tierras buscando nuevas oportunidades de negocio, y sobre todo también porque las administraciones públicas comienzan una esperanzadora actuación regulatoria, que puede volver a repartir posibilidades diferentes de desarrollo para nuestros pueblos y ciudades.
Y es aquí precisamente donde el ámbito local, el ámbito rural tiene, debe jugar otro importante papel , debemos conocer como es el reparto de tierras en nuestros respectivos términos municipales, que está haciendo cada propietario con el uso de esas tierras, como podemos facilitar la puesta en producción de dichos terrenos para beneficio de la mayoría, frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola; garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por parte de los sectores sociales y económicos en activo que promueven una dinamización económica del medio rural; favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes al recurso; evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determinados sectores económicos; proteger el suelo agrario y la calidad del suelo agrario, es decir, su fertilidad y capacidad de conservar biodiversidad; asegurar su uso de manera que sea un recursos que garantice el equilibrio territorial.
Nuestras 230 entidades locales de la provincia cacereña deben marcar ese nuevo camino, impulsados por gobiernos socialistas donde se gobierne, o con nuestras propuestas desde la oposición, pero la propiedad y uso de la tierra tiene que formar parte de nuestro discurso político progresista de transformación de la realidad existente. La puesta en marcha de iniciativas como los bancos de tierras, la apuesta por el asociacionismo, el cooperativismo o la economía social deben ser ejes inspirados de nuestra actuación local. Desde la Consejería de Agricultura, desarrollo rural , población y territorio, se han puesto en marcha iniciativas muy interesantes y esperanzadoras en ese sentido, con importantes inversiones, pero debemos arrimar el hombro desde todas las instancias tanto públicas como privadas.
Ahora que hablamos tanto del reto demográfico, debemos tener muy presente que muchos extremeños abandonaron nuestra tierra, porque no había una tierra que fuera de su propiedad para poder trabajarla y usarla, y en torno a ella diseñar su futuro de vida, mientras que los que si las poseían también abandonaron esas tierras para gestionarlas desde Madrid o Barcelona, donde reciben sus dividendos puntualmente. Es hora de revertir esa situación ayudando a desarrollar proyectos que beneficien un mejor y mas equitativo reparto de la tierra en nuestros pueblos y ciudades.
