INTERNET. Dícese de la Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras.
Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran hoy si el acceso a internet es un servicio que prestan compañías de telecomunicación al alcance de quienes puedan pagárselo, o por el contrario es un derecho, seguro que responderán que lo primero. Hoy tanto en las legislaciones internacionales como en nuestro propio ordenamiento jurídico es ya reconocido como un derecho, se ha trabajado para ser reconocido como derecho fundamental por leyes de varios países incluso como derecho humano por parte de Naciones Unidas.
Pero como ocurre en la regulación de tantos otros derechos, una cosa es su declaración y reconocimiento jurídico y otra su garantía y su efectividad real en la práctica. Son demasiadas las personas en el mundo, en nuestro país, incluso en nuestra región y provincia que aún no disponen de acceso a internet. Hoy esta posibilidad por sí sola, puede marcar la diferencia entre la prosperidad o la pobreza, el conocimiento o la ignorancia, la libertad, la igualdad o la discriminación. Y, sin embargo, casi la mitad de la población mundial no dispone de medios para conectarse a la red de redes, una circunstancia que menoscaba sus opciones de progresar y ejercer sus derechos en un mundo globalizado y cada vez más interconectado. Los datos del 2019 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones al respecto son reveladores: el 46,4% de los habitantes del planeta, 3.600 millones de personas, no están conectados a internet.
El 6 de diciembre de 2018, el BOE publicaba la ley 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en cuyo título X, regula las garantías frente a los derechos digitales, es decir los ciudadanos tenemos ya reconocidos derechos digitales, que debemos conocer y poder ejercitar. Pero ¿cuántas personas realmente conocen nuestros derechos digitales? Creo que es obligación de todas las administraciones publicas el profundizar en el conocimiento de nuestros derechos, primer paro para poder reivindicarlos, primer paso para poder ejercitarlos en la práctica. El artículo 81 de la ley 3/2018 estable el Derecho de acceso universal a internet, regulando que…1.- Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica. 2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. 3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral. 4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores. 5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales. 6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales.
Las conexiones rápidas y ultrarrápidas a internet están en un mercado de libre competencia, donde a muchas compañías les interesa disponer de los mejores productos en grandes núcleos de población, pero para muchas de ellas, no son tan interesantes, tan rentables comercialmente hablando, las conexiones en nuestro mundo rural, en nuestros pequeños pueblos. Incluso en algunas ocasiones disponen de precios diferentes, cobrando más donde menos rentable le es el servicio, en clara discriminación con el mundo rural. ES ahí donde resulta fundamental el papel del sector público, el de gobiernos que queriendo remover los obstáculos de la discriminación, realicen políticas públicas para garantizar esos derechos en la práctica. El gobierno de España lleva aplicando un programa de subvenciones públicas para que la fibra óptica llegue a cada uno de los pueblos de nuestra región de nuestra provincia, hoy el 50% de la población de la provincia cacereña tiene acceso a través de fibra óptica , y se prevé que casi la totalidad tengan ese acceso entre finales del 2021 y principios del 2022, la Diputación Provincial de Cáceres ha llevado la fibra óptica al interior de los 230 ayuntamientos y entidades locales menores, y la Junta de Extremadura está facilitando que las instalaciones públicas locales dispongan de la fibra, Todo un esfuerzo de administraciones socialistas provincial, regional , nacional, en el camino de facilitar a nuestras administraciones locales el que puedan garantizar que ningún ciudadano/a que habite en un pueblo por pequeño que sea, ninguna empresa por poco que facture, o ningún centro educativo por pocas que sean las aulas en las que eduquen a niños y jóvenes, tengan menos derechos y por lo tanto menos oportunidades que los que habitan en grandes urbes. Queda un largo camino por recorrer, pero el mundo local, deberá luchar para que ni una sola nueva discriminación campe a sus anchas por las casas, las calles y los campos de nuestros pueblos.
