Es el prestado por la administración para garantizar bienes o servicios esenciales.
Si la educación debiera disponer de una asignatura de educación para la ciudadanía, que explicara el significado de lo público y su relación con lo privado, sin duda en ella, al igual que en las escuelas de ciudadanía, que deberían crear cada uno de los 230 municipios de nuestra provincia cacereña, tendría que analizarse el papel que juega el sector público en nuestras vidas, como garantes de que a todos/as nos llega la satisfacción de unos bienes o servicios esenciales para disponer de una vida lo más digna posible en nuestros pueblos y ciudades.
La pandemia de la Covid 19 ha vuelto a poner encima de la mesa, el debate sobre qué papel debe jugar el sector público y el sector privado a la hora de satisfacer necesidades tanto individuales como colectivas. Parce que hasta que no tenemos una crisis importante, hasta que no echamos de menos algo que parecía que no nos hacía tanta falta, no sabemos valorar en su justa medida el papel de un servicio público; la Sanidad Pública ha sido un buen ejemplo de ello. Durante muchos años se ha instalado en el subconsciente colectivo que lo privado venía siendo más eficiente que lo público, promovido por concepciones liberales de la sociedad, y por prácticas administrativas ,donde los partidos de derechas cuando han llegado al poder en algunas comunidades autónomas, ayuntamientos o en el propio gobierno de España, no ha desperdiciado ni un minuto en tratar de privatizar todo lo que les ha sido posible, en consonancia con una malentendida libertad de mercado. Una libertad de mercado recogida en nuestra constitución, pero que está condicionada por el cumplimiento de unos derechos y unas libertades fundamentales, que deben garantizar en todo momento y lugar las administraciones públicas a toda persona que habite en nuestro país, solo por el hecho de ser eso, persona.
La Constitución Española en su artículo 128, apartado 2, establece que “Se reconocerá la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio”.
Como ha dicho el Tribunal Constitucional “En la Constitución Española de 1978, a diferencia de lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX y de forma semejante a lo que sucede en más recientes Constituciones europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la Constitución Económica (…)».
Los dos apartados del artículo 128 contienen importantes declaraciones; el primero en cuanto subordina al interés general toda la riqueza del país y el segundo, en cuanto contempla tres aspectos relevantes para la política económica, reconoce por una parte la iniciativa pública en la actividad económica, posibilita, por otra parte, la reserva al sector público de servicios y recursos esenciales y finalmente alude a la intervención de empresas.
En cuanto a la subordinación de toda la riqueza de país al interés general hay que mencionar al artículo 33 apartados 2 y 3 de la Constitución, por los que se regula la función social del derecho de propiedad privada y la expropiación forzosa, de forma que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.
Y por lo que respecta al reconocimiento de la iniciativa pública en la actividad económica, para las opciones políticas de derecha, sería solo posible en aquellos casos en los que no interviniera la iniciativa privada, y como subsidiaria de ella. Sin embargo, nuestra Constitución acertadamente en el art. 128.2 reconoce la legitimidad de la acción pública, sin que precise de concretos títulos habilitantes en cada caso y, por supuesto, sin que necesite tampoco de la inexistencia de iniciativa privada.
De modo que en nuestro sistema constitucional se da la coexistencia de los dos sectores económicos, privado y público, que constituyen el que se ha dado en llamar sistema de economía mixta, con apartamiento del sistema que prima el principio de subsidiariedad de la empresa pública respecto de la privada, alcanzando ambas idéntico rango constitucional.
Garantizada constitucionalmente la prestación de servicios públicos por parte de las administraciones públicas en nuestro país, creo que sería fundamental que nos centráramos desde posiciones progresistas, de izquierda, como la que representa el Partido Socialista Obrero Español, en tratar de explicar de manera clara y permanente que es un servicio público, para que sirve, que finalidad cumple, cuánto cuesta, y todo ello con la máxima transparencia posible.
La pandemia ha vuelto en este año 2021 a poner de manifiesto la incapacidad de muchos gobiernos por dotar de manera rápida y justa a la ciudadanía de algo imprescindible para garantizar la vida, la salud e incluso la marcha de nuestras economías, como es la fabricación y distribución de vacunas, Una economía de libre mercado, donde cuando es necesario disponer de bienes que se convierten en esenciales, para permitir el cumplimiento de derechos básicos, tiene en sus entrañas algunos conceptos instalados, como el de patente, propiedad intelectual, que impiden o dificultan que un gobierno pueda satisfacer con criterios de equidad, justicia, rapidez, solidaridad, un bien o servicio básico, esencial a sus ciudadanos. Las vacunas y el papel de las farmacéuticas en nuestras economías desarrolladas, son buen ejemplo de que todavía quedan cosas por hacer para fortalecer el Sector Publico, los servicios públicos, para cumplir con la obligación de nuestros estados, por mandato constitucional, de dotar de derechos humanos a su ciudadanía.
Es necesario fortalecer nuestro Sector Público, y para ello se convierte en imprescindible el que todas las personas conozcan cuales son los servicios públicos y como se gestionan. En lo local, lo comarcal, lo regional, lo nacional, lo europeo. Y en ese conocimiento resulta igualmente necesario el aprendizaje general y transparente del coste que tienen dichos servicios para garantizar derechos. A la creencia de que lo privado es más eficaz que lo público, se le une en demasiadas ocasiones, y de manera interesada que lo público al ser o parecer ser gratuito, es menos valioso que lo privado que es mucho más caro, y supuestamente por esos elevados precios, mejores.
Deberemos hacer un especial esfuerzo en explicar cuánto cuesta realmente un servicio público en nuestros pueblos y ciudades, pero no solo en términos generales, en los presupuestos locales, regionales o nacionales, si no cada vez que lo usamos, cada vez que voy a un Hospital, un juzgado, un colegio, o llamo a la policía o a los bomberos.
Sería muy ilustrativo y clarificador el conocer que nos supone individualmente a cada uno de nosotros de beneficio el disponer de un sistema público de servicios esenciales, sufragado con los impuestos de todos, especialmente los que más tienen, para evitar que los más desfavorecidos de la sociedad, no queden excluidos del ejercicio de los mismos. ¿Qué hubiese realmente ocurrido si el sector privado no solo hubiera fabricado las vacunas frente al coronavirus, sino que también se hubiera encargado de su distribución y venta?, ¿cuál hubiera sido su precio final, quien se podría realmente haber visto beneficiado o perjudicado en la cadena de pinchazos? En estos momentos excepcionales es cuando vemos de manera más nítida el papel de lo público, pero debemos hacer el esfuerzo los que apostamos por un sector público potente con servicios públicos fortalecidos, para que todo el mundo, en todo momento, y en cada lugar sepa lo que cuesta y lo que vale un determinado servicio público.
A veces los ejemplos prácticos y concretos son la mejor arma para poder demostrar la diferencia entre el valor y el coste de un determinado servicio, es posible que no acertemos en nuestra comunicación cuando alguien pueda pensar que el tener garantizado que nuestros niños y jóvenes vayan al colegio, al instituto o a la universidad, no tiene tanto valor porque el coste en el ámbito público es poco o nada, o que alguien pudiera acostumbrarse a que el pagar poco por medicamentos o nada por acudir al centro de salud, o al ser ingresado en un hospital, no tiene un especial interés precisamente por no conocer su coste. Existe un riesgo claro en no saber valorar en sus justos términos lo trascendental de contar con residencias públicas de atención a personas mayores o dependientes, por no poder apreciarlas dado el coste tan inferior del pago de esos servicios en comparación con otras privadas.
Por todo ello deberíamos disponer de un catálogo público en cada uno de nuestros pueblos y ciudades de lo que realmente cuesta un servicio público y lo que realmente pagamos por disponer de él, gracias a un sistema público que nos permite disfrutar del mismo, por la solidaridad y la contribución justa y equitativa de todos los ciudadanos/as en el mantenimiento de un sistema de protección social, garantizada por los poderes públicos.
El que un joven vaya a la universidad, puede costar en el mejor de los casos cerca de 10.000 euros, aunque realmente dicho joven o su familia no pague nada o muy poco por dichos estudios. Primaria, secundaria, bachillerato, tiene un coste anual por alumno superior a 5.000 euros, pagados por la Administración a través de los presupuestos de educación. Pasar un día en un hospital podría costar unos 1000 euros, cada vez que vamos al centro de salud el precio real podría rondar los 200 euros, curar una fractura de fémur podría llevar a costar unos 8000 euros, el acudir a urgencias puede costar unos 175 euros, una meningitis abarca un abanico de precios que va desde los 2.500 a los casi 17.000 euros de coste médico y una apendicitis ronda los 4.000 euros. Sucede lo mismo con la implantación de un marcapasos, que supone un coste de entre los 11.000 euros del caso más leve hasta los 24.000 en los pacientes más complejos. En el caso de los partos, en el supuesto más ordinario la tarifa por asistencia al parto se establece en los 2.700 euros, pero pude ascender hasta los 21.000 a medida que se complique. Y por terminar estos ejemplos ilustrativos, lo quiero hacer con las plazas en residencias de mayores, Por mis años de alcalde, como ahora de concejal en el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, puedo ofrecer datos que son muy contundentes en cuanto al valor de un servicio, el coste del mismo y el pago que realmente hace una persona que lo usa cada día. La residencia pública de gestión municipal de Arroyo de la luz, sumados todos los costes de la misma, tiene un coste total por plaza mensual superior a los 2000 euros,( ello sin contar la amortización de la construcción del edificio) sin embargo lo que los residentes de la misma pagan va desde la más cara que es la de la prestación económica vinculada al servicio que aporta 1261 euros, las plazas públicas de dependientes que varía en función de varios criterios pero que la más habitual es la de pagar 598 euros, o la plaza pública de gestión municipal, donde la aportación más habitual es la de pagar 569 euros. Es decir, cuatro veces menos de lo que realmente cuesta mantener dicha plaza. El resto del dinero lo aporta la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. Algo similar sucede con el centro de día, donde la aportación más habitual de un usuario es de 102 euros al mes, o la de la comida a domicilio con precios de 4 y 5 euros por cenas y comidas.
Si queremos que nuestros servicios públicos sean valorados, además de saber cómo funcionan y para qué sirven, debemos saber lo que realmente nos cuesta cada vez que los usamos o nos beneficiamos de su prestación, lo que nos cuesta como sociedad dispuesta a garantizar que todos tengamos una atención de calidad, accesible y equitativa.
