Miguel Á. Morales: «El campo de los ricos del PP»

Es evidente que las reivindicaciones de los y las agricultoras son absolutamente justas. Han sido muchos años de olvido, pero no deja de ser una hipocresía de libro, que un partido político como el PP, siempre del lado de los poderosos y explotadores del campo desde el sofá de su dúplex en La Castellana, digan ahora que quieren ser los abanderados de los precios justos o de las ayudas a la agricultura, cuando ellos, su organización, y sus íntimos, son los protagonistas de las cadenas alimentarias  más ruines y desiguales de la historia.

Hay veces que, aunque aburran, es mejor ir a los fríos números para dejarnos de estupideces. Veamos: cuando Extremadura era expoliada por las políticas de Monago, las convocatorias de ayudas agroambientales llegaron a 83.800.000 € (2011-2015). Sólo se convocaron ayudas Agroambientales en 2013 (trece líneas de ayudas) y 2014 (cinco líneas de ayudas). La convocatoria del 2015 hubo que anularla por haberse realizado al margen del Programa de Desarrollo Rural.

Con el PSOE de nuevo en el gobierno regional, el importe de las convocatorias, ambas del actual Programa Desarrollo Rural 2014/2020, alcanza la cifra de 309 millones de euros, es decir más del triple de las convocatorias realizadas por el anterior ejecutivo (convocatorias 2013 y 2014).

Sigamos: con el PP las ayudas agroambientales se pagaban a los dos años (n+2) o incluso a los tres (n+3) de haberse convocado. Con el PSOE se han regularizado, de manera que a cada solicitud de una anualidad se paga en la anualidad. El PP pagaba a tres años, el PSOE paga en el año. Hacer o decir, es la cuestión.

En cuanto a incentivos agroindustriales, con el PP se aprobaron inversiones por 172 millones de €. Con el PSOE se han aprobado, hasta la fecha, inversiones por 283 millones de €, un 64 % de inversión más que en el período 2011-2015.

Sin campo, sin agricultura y ganadería, no hay modelo rural y los mismos que se quisieron cargar en su día al PER (hoy AEPSA) son los que destrozaron y cerraron pueblos en Galicia o Castilla y León, son los mismos que en Extremadura suprimieron los seguros agrícolas o no rechistaron cuando Rajoy dejó a Extremadura fuera del Real Decreto Ley con medidas urgentes contra la sequía.

En cualquier caso es tiempo de unidad y de rechazar la instrumentalización política que hace la derecha de la agricultura, sin importarles la solución real a los problemas y buscando la confrontación con el gobierno de España que está tomando decisiones para acabar con tantos años de abandono de la agricultura. La oposición al Gobierno no puede ser a costa de las legítimas reivindicaciones de la agricultura y la ganadería.

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