Artículo de Alejandro Maya, miembro de las Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres.
Hay quienes creen que los derechos LGTBI son una conquista irreversible. Que una vez alcanzados, permanecen para siempre. La experiencia reciente en varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con el apoyo o la participación de Vox demuestra que no es así.
En los últimos años hemos visto cómo los pactos entre PP y Vox han servido para cuestionar leyes de igualdad, sustituir normas de memoria democrática por las llamadas “leyes de concordia”, reducir estructuras institucionales dedicadas a la igualdad o abrir debates que parecían superados. En comunidades como la Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla y León, la entrada de la extrema derecha en la ecuación política ha significado que derechos y consensos sociales se conviertan en moneda de cambio parlamentaria.
Extremadura no es ajena a esa realidad. Aunque María Guardiola ha reiterado públicamente que la Ley LGTBI extremeña no se derogará y que el PP votará en contra de la propuesta presentada por Vox, también es cierto que su Gobierno permitió la tramitación parlamentaria de esa iniciativa y que la estabilidad de su Ejecutivo ha dependido y depende de acuerdos con la extrema derecha.
La cuestión de fondo no es únicamente qué ocurre con una ley concreta. La cuestión es qué cultura política se construye cuando los derechos de una minoría se convierten en objeto permanente de negociación. Porque cuando una comunidad tiene que escuchar una y otra vez que su protección jurídica puede ser revisada, derogada o condicionada a un acuerdo presupuestario, el mensaje que recibe es claro: sus derechos ya no son un consenso, sino una concesión.
Y ahí es donde el PSOE de Extremadura debe estar alerta.
María Guardiola insiste en que los derechos LGTBI están blindados. Sin embargo, la experiencia de otros ámbitos demuestra que sus blindajes políticos son tan fuertes como su palabra. La propia Extremadura ya ha visto cómo otras políticas públicas eran modificadas o desmanteladas a raíz de acuerdos con Vox.
Por eso resulta insuficiente escuchar declaraciones tranquilizadoras mientras se normaliza la presencia de quienes consideran que las leyes LGTBI son un problema que debe desaparecer.
Además, hay un error profundo en el relato que se nos intenta vender. Desde determinados sectores se insiste en que cada persona debe librar su propia batalla, abrirse camino por sí misma y resolver individualmente las discriminaciones que encuentre. Es una visión cómoda para quien gobierna porque desplaza la responsabilidad desde las instituciones hacia los individuos.
Pero la historia del movimiento LGTBI cuenta exactamente lo contrario. Ningún derecho llegó por esfuerzo individual. Llegó porque miles de personas se organizaron, se manifestaron, se expusieron públicamente y construyeron una conciencia colectiva capaz de transformar la sociedad. El matrimonio igualitario, las leyes contra la discriminación o el reconocimiento de las personas trans no fueron regalos de ningún gobierno.
Fueron conquistas colectivas.
La lucha LGTBI es una lucha colectiva. Y el PP de María Guardiola nos está vendiendo individualidad.
Nos dicen que cada cual viva su vida y que no haga política de su identidad. Pero cuando la discriminación es colectiva, la respuesta también debe ser colectiva. Cuando el odio se organiza, la defensa de la igualdad también tiene que organizarse.
Por eso hoy más que nunca conviene recordar algo esencial: los avances democráticos no se mantienen solos. Necesitan vigilancia, compromiso y una ciudadanía dispuesta a defenderlos.
Durante décadas se obligó a las personas LGTBI a guardar silencio para sobrevivir. Se les empujó al armario, a la invisibilidad y al miedo. Hoy algunos pretenden que volvamos a hablar menos, a incomodar menos y a reclamar menos.
No será así.
Porque si algo debe volver al armario no son nuestras vidas, ni nuestras familias, ni nuestras reivindicaciones.
El silencio es quien debe volver al armario.
Y quedarse allí para siempre
