Artículo de Clara Jiménez Santos, Secretaria de igualdad del PSOE de la provincia de Cáceres.
El pasado 6 de septiembre, Madrid fue escenario de una manifestación que no dejó indiferente a nadie. Cientos de mujeres recorrieron las calles vestidas como sirvientas de El cuento de la criada, en un acto silencioso y contundente contra los vientres de alquiler. Con sus pancartas recordaron que “las mujeres no somos vasijas” y que el llamado “altruismo” en realidad encubre una práctica que convierte a las mujeres en recipientes y a los y las bebés en mercancías. La protesta coincidió con la celebración del II Congreso Internacional de Gestación Subrogada, y fue la respuesta clara de un movimiento feminista que rechaza el intento de blanquear lo que no es una técnica reproductiva, sino una forma de explotación sexual reproductiva.
El reciente cambio legislativo en España, que refuerza la prohibición de registrar a bebés nacidos mediante vientres de alquiler en el extranjero, representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales. Esta medida, más allá de lo administrativo, tiene un profundo valor simbólico y ético: el Estado no puede legitimar prácticas que mercantilizan el cuerpo de las mujeres ni que convierten a menores en objetos de contrato.
Detrás de eufemismos como “gestación subrogada” o “gestación por sustitución” se esconde una forma de explotación sexual reproductiva. No se trata de una técnica de reproducción asistida, sino de un negocio internacional que transforma la capacidad gestante de las mujeres en un servicio a demanda. Se habla de amor, de deseo de ser madre o padre, pero el mecanismo es contractual, económico y desigual.
Las mujeres que participan en estos procesos, ya sea en países donde la práctica es legal o tolerada, no lo hacen desde la plena libertad. Las condiciones sociales, económicas y culturales que las rodean son determinantes. ¿Puede hablarse de altruismo cuando hay mediadores, agencias, clínicas y dinero de por medio? ¿Cuando la relación se regula con cláusulas que exigen obediencia médica, renuncia a cualquier vínculo afectivo o incluso con el silencio?
El cuerpo de una mujer no puede ser tratado como un recipiente disponible. La gestación no es un servicio que pueda externalizarse sin consecuencias. Durante nueve meses, una mujer transforma su cuerpo y su vida entera para dar lugar a otra. Pretender que ese vínculo puede suprimirse por contrato es desconocer la dimensión física, psicológica y ética de la maternidad.
Tampoco el o la menor puede considerarse un encargo. Un bebé nacido por encargo tiene un origen marcado por la renuncia pactada de su madre y por un sistema que lo trata como resultado de una transacción, no como sujeto de derechos. El interés superior del menor queda relegado frente al deseo, comprensible pero no absoluto, de quienes quieren formar una familia a cualquier precio.
Por todo ello, la nueva legislación y la prohibición registral son un paso imprescindible para frenar la normalización del mercado de bebés, poniendo de relieve que los derechos humanos no pueden subordinarse al poder adquisitivo ni al anhelo personal.
España dice “no” a la legalización de esta forma de explotación. Y lo ha hecho desde una posición de principios, no de prejuicios. Porque construir una familia jamás debe hacerse sobre la base de utilizar el cuerpo de otra persona ni vulnerando los derechos de quien nace.
