Emilia Almodóvar es Diputada del PSOE en el Congreso por la provincia de Cáceres.
Esta semana ha concluido el periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados con la celebración del último pleno, coincidiendo con los primeros meses de la legislatura XV. Frente a quienes insisten en propagar el discurso de una supuesta parálisis del Gobierno, la realidad es muy distinta. Mientras algunos se dedican a generar ruido, alimentar bulos y bloquear iniciativas por puro interés partidista, el Gobierno sigue legislando, avanzando y transformando la vida de la ciudadanía.
Se trata de leyes útiles, comprometidas y necesarias. Políticas públicas que refuerzan lo colectivo, garantizan derechos y hacen avanzar a nuestro país. Entre ellas destacan la reforma del artículo 49 de la Constitución Española —que elimina el término “disminuido” y reconoce la dignidad de las personas con discapacidad—, la Ley de Paridad, ya reflejada en el BOE, la ley contra el desperdicio alimentario, la Ley de Enseñanzas Artísticas, la ley de eficiencia del servicio público de justicia o la ley de protección a donantes vivos. Todas ellas comparten una misma lógica: gobernar desde la empatía, con sentido de país y con la convicción de que el progreso social solo es posible si se legisla pensando en la mayoría.
En el Pleno se aprobaron la exención del IRPF al Salario Mínimo Interprofesional, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos.
En el pleno que ha cerrado este periodo parlamentario, de los ocho puntos del orden del día, siete resultaron aprobados. Entre ellos, medidas de gran calado y con fuerte respaldo ciudadano, como la exención del IRPF al Salario Mínimo Interprofesional, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que se traduce en más recursos para sanidad, educación y políticas sociales. Es decir, más y mejor Estado del Bienestar.
Sin embargo, no todo fueron avances. España perdió con la derogación del Real Decreto-Ley antiapagones, una norma diseñada para reforzar nuestro sistema eléctrico, impulsar el desarrollo y almacenamiento de energías renovables y avanzar hacia un modelo energético más autónomo, limpio y sostenible.
Este decreto contaba con el respaldo de las principales empresas del sector y de los colectivos ecologistas. Aun así, el Partido Popular votó en contra. No por razones técnicas ni por discrepancias de fondo, sino por puro cálculo político y por una actitud irresponsable que antepone el enfrentamiento al interés general.
Mientras la derecha se revuelca en el fango, sin proyecto político, sin propuestas serias y anclada en la crispación, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista seguimos trabajando con responsabilidad, construyendo un país más justo, más igualitario y más fuerte. Lo hacemos con hechos, con leyes, con soluciones reales. Porque en política, como en la vida, las palabras pueden engañar, pero el BOE no miente.
