Fernando Ayala es Doctor en Historia y autor de numerosos libros.
Desde el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres hemos publicado el libro: “Presos políticos cacereños en centros penitenciarios situados fuera de la Alta Extremadura durante el primer franquismo, 1936-1954”, obra del catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura, Juan García Pérez.
A lo largo de sus páginas podemos descubrir la singladura vital de un elevado número de personas, muchas de ellas utilizadas como mano de obra esclava para obras públicas consideradas de “utilidad nacional” (como carreteras, canales o pantanos).
Era predominantemente una población muy joven, lo que contribuyó al estancamiento económico de la provincia, que perdía una enorme fuerza productiva y laboral.
En una zona como Cáceres, donde apenas hubo operaciones militares, las detenciones fueron fundamentalmente por cuestiones ideológicas o bajo el argumento de resistencia al golpe de Estado.
A ello se unieron las tensiones sociales y políticas ocurridas durante la Segunda República, el arraigo y los resultados electorales de los partidos de izquierdas —en especial del PSOE—, así como de sindicatos como UGT y CNT, junto a manifestaciones, huelgas, la cuestión agraria y el aumento del paro obrero.
Se produjeron numerosos encarcelamientos, Consejos de Guerra y mucha actividad en los juzgados militares, que darían pie al cumplimiento de penas de prisión para los desafectos al denominado Movimiento Nacional, bajo lo que muchos expertos han considerado “la justicia al revés”, ya que se les acusaba de “rebeldes en armas”.
En torno a 1.500 presos fueron condenados entre 1937 y 1953 a cumplir penas fuera de Extremadura, en Colonias Penitenciarias Militarizadas, Batallones Disciplinarios de Trabajadores y Prisiones Centrales como Puerto de Santa María, Astorga, Cuéllar, Celanova, Orduña, Burgos o Madrid.
También en cárceles de mujeres como Ventas, Málaga, las Oblatas de Santander y Tarragona, Barcelona, Gerona o Saturrarán.
El autor describe una situación generalizada de hacinamiento, mala alimentación y trabajos forzados en condiciones de semiesclavitud, hasta llegar a las primeras excarcelaciones en situación de “libertad vigilada”, consideradas un nuevo método de represión y control, motivadas también por el deseo de evitar la superpoblación de las cárceles.
En definitiva, se documenta la existencia de presos procedentes de 175 poblaciones de la provincia de Cáceres, aunque la mayoría provenían de partidos judiciales muy concretos, como Logrosán y Navalmoral de la Mata.
Por consiguiente, contamos con un trabajo minucioso de investigación que nos permite acercarnos a una realidad hasta ahora poco explorada.
