Artículo de Fernando García Nicolás, Secretario de Organización del PSOE de la provincia de Cáceres y Vicepresidente de la Diputación de Cáceres.
«Los alemanes siempre tendrán preferencias antes que los extranjeros y judíos.”
Joseph Goebbels – Ministro de Propaganda Nazi
La apelación a la “prioridad nacional” en vivienda y ayudas públicas no es una simple fórmula técnica. Es un estigma: se inscribe en una tradición política que convierte la nacionalidad en criterio de jerarquización de derechos. En su versión contemporánea, esta idea pretende presentarse como una medida de “orden” o “justicia” para los de dentro que, paradójicamente, somos hijos e hijas, nietas y nietos, de los que, en otros oscuros tiempos, matamos el hambre fuera.
En su genealogía histórica, sin embargo, remite a doctrinas que subordinaban la ciudadanía social a la pertenencia nacional, y en sus formulaciones más extremas a lógicas de exclusión propias del nacionalsocialismo. Aquí estamos siendo testigos ya del primer paso de una bestia que o paramos o nos devorará.
La traducción práctica de esa lógica fue la segregación jurídica, la desposesión y, finalmente, la expulsión y el exterminio. La cuestión es el ordenamiento: ¿Qué nos «define» como nacional? ¿La raza o el pasaporte?
El antecedente histórico más claro se encuentra en el programa del Partido Nazi de 1920, donde ya aparece la tesis de que el Estado debía atender “primero” a los ciudadanos alemanes y excluir o expulsar a quienes no fueran considerados nacionales. Esa formulación no era un detalle secundario: expresaba una concepción orgánica y excluyente de la comunidad política, en la que el acceso a recursos, vivienda, trabajo y protección social quedaba sometido a una definición étnico-nacional de “pueblo”. La traducción práctica de esa lógica fue la segregación jurídica, la desposesión y, finalmente, la expulsión y el exterminio. La cuestión es el ordenamiento: ¿Qué nos «define» como nacional? ¿La raza o el pasaporte?
Conviene subrayar que el contexto actual no es el del Tercer Reich ni toda política de preferencia nacional desemboca mecánicamente en sus horrores. Pero eso no invalida el análisis histórico-político de fondo: cuando un gobierno o una mayoría parlamentaria normaliza la idea de que los derechos sociales deben distribuirse en función de la nacionalidad, lo que hace es desplazar el principio universalista de ciudadanía hacia una lógica de pertenencia jerarquizada. En vez de derechos sociales como garantía común, se impone una lógica de acceso selectivo que convierte a parte de la población en sujeto de menor prioridad, o directamente de sospecha.
Desde una perspectiva democrática, el problema no es solo moral, sino también institucional. La vivienda pública, las ayudas sociales o las políticas de protección no son instrumentos para premiar identidades nacionales, sino para corregir desigualdades materiales y asegurar condiciones de vida dignas. Cuando se subordinan a un criterio excluyente, dejan de cumplir esa función redistributiva y pasan a operar como mecanismo de cierre social. Ese desplazamiento es especialmente grave porque trivializa categorías históricamente cargadas, banaliza el lenguaje de la exclusión y legitima una visión del Estado como guardián de una comunidad cerrada frente a los demás. Sí, es la antesala de un Estado policial.
Por eso, hablar de “prioridad nacional” no debería hacerse sin memoria histórica. El debate público exige precisión conceptual: no todo favoritismo administrativo es fascismo, pero ciertas fórmulas sí arrastran una genealogía ideológica reconocible. Y esa genealogía importa, porque recuerda que la frontera entre el “nosotros primero” y la exclusión de los otros ha sido, en la historia europea del siglo XX, una pendiente política peligrosamente conocida. No caigamos en la trampa que se nos está tendiendo.
