Fernando Ayala defiende la Propuesta de Pronunciamiento del Grupo Parlamentario Socialista sobre los bebés robados.
«El Grupo Parlamentario Socialista se compromete con las miles de familias que todavía buscan a sus padres biológicos, a sus hermanas y hermanos. Muchas de ellas extremeñas y extremeños que, todavía hoy, acuden a nosotros en búsqueda de ayuda. 
Hagamos una breve introducción histórica al contexto en el que se produjeron estos hechos:
El origen de estos crímenes fue el tráfico de niños que se inició en la década de los 40 del siglo XX como medida de represión política, cuando a las mujeres republicanas les arrebataron sus hijos. Una vez más a las mujeres le robaban su vida. Estos son los 30.000 niñas y niños a los que se refiere el Juez Baltasar Garzón en su investigación, los robados de forma infame a las mujeres republicanas y cuya investigación llega hasta 1954. Lo cual creó el perfecto caldo de cultivo para una demanda de niños por parte de familias pudientes y adeptas al régimen franquista. Durante los años 50 y 60, en plena época del Nacional Catolicismo, las familias humildes también comenzaron a ser el objetivo. Esta trama o serie de tramas continuaron, no sólo hasta la muerte del dictador sino hasta los años 90, aunque ya como un mero negocio entre sus principales fundamentos. Se estima que más de 300.000 niñas y niños fueron robados nada más nacer entre los años 1940 y 1990, a madres que dieron a luz en las maternidades y hospitales de todo el territorio español. Aunque no existía solamente el móvil económico, sino que también el de juez y parte que decidía que madres eran las adecuadas para tener hijos, siendo sus víctimas las madres solteras o las que creían inadecuadas para la maternidad, para pasar en un acto salomónico a arrebatar uno de los niños si estos eran gemelos o mellizos para cubrir una demanda que iba en alza, viéndose afectadas, al final familias que no entraban en ninguno de los cánones anteriores. No nos cabe duda que el franquismo robó bebés a las republicanas como represión y también como negocio. ¡Esa era moral cristiana de la dictadura nacional-católica!
La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España en diciembre de 1990 contempla el derecho a la correcta identidad como el primer derecho humano que posibilita el correcto ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, tanto para el menor como para sus padres. Además, la expresión citada de “toda persona» del artículo 8 del Convenio se aplica tanto al niño como a la madre. La violación de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño conlleva inexorablemente la violación del derecho a conocer la propia filiación y el derecho a la exacta identidad como derecho fundamental (artículos 10 y 18 de la Constitución española)¡ ello por la vinculación con la dignidad personal y con el libre desarrollo de la personalidad.
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU del año 2006 y que España ratifico el 14 de julio del 2009, dictaminó en diferentes apartados que: “Nadie será sometido a una desaparición forzada, que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada y que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.”
Que: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por -víctima- la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”. Para hacer especial hincapié en el artículo 25 de que: “Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada; b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso a) supra.”
Posteriormente, en el año 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha recordado al Estado español que es su deber buscar a las personas que desaparecieron durante la Guerra Civil y el franquismo y esclarecer su suerte, que la falta de castigo a quienes perpetraron estos crímenes ha estado amparado por una norma legal que puede ser asimilada a la ley de punto final argentina -derogada en 2006- a la Ley de Amnistía de 1977, una norma que para los expertos de la ONU no debe ni puede ser de aplicación a las desapariciones forzosas, puesto que esos delitos son «crímenes de lesa humanidad».
En julio del año 2014, el relator de la ONU, Pablo de Greiff, volvió a decirle España que está obligada por el derecho internacional y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU, que ratifico en el 2009 a «fortalecer los esfuerzos con mira a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de la apropiación» y garantizar un Banco Nacional de ADN que integre «muestras genéticas de todos los casos denunciados.»
Por lo que, desde este ineludible compromiso que no se puede demorar más, una sociedad democrática debe conocer el problema de más de 300.000 personas que buscan su identidad biológica y que a día de hoy no han recibido una atención adecuada y que cada una de estas historias personales tienen como doloroso trasfondo el desarraigo, el desconocimiento, la sensación de abandono, la desinformación y la necesidad de la búsqueda de la verdad.
Si en Extremadura el problema es doloroso, se magnifica a nivel nacional, hasta el punto que se ha producido una respuesta de la sociedad civil a través de la organización por medio de Asociaciones o del impulso de la cuestión de partidos políticos, como el PSOE. De esta forma, tras numerosos contactos y reuniones de las Asociaciones con el Ministerio de Justicia, desde 2011 hasta la actualidad, así como el transcurso de distintas iniciativas del Grupo Socialista, en el Senado las Asociaciones de víctimas de adopciones irregulares y sustracción de recién nacidos en España, continúan enfrentándose a una problemática que se repite y dificulta en extremo los procesos de búsqueda de familiares y aclaración de las responsabilidades a que haya habido lugar.
Al mismo tiempo se ha venido denunciando la desaparición de historiales médicos, libros de registro y control de ingresos, partos y defunciones de distintos hospitales y maternidades, tanto públicas como privadas. Por no hablar de las enormes dificultades para acceder a los historiales médicos de los hospitales, que aun con sentencias judiciales se convierten en un auténtico laberinto el acceso a los mismos.
Por lo que es vital la localización de dichos historiales médicos y libros de registro, para hallar el paradero de algunas personas que fueron inscritas como hijos de otras, o que fueron dadas en adopción sin consentimiento de, al menos, la madre biológica.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX) propone la siguiente Propuesta de Pronunciamiento:
La Asamblea de Extremadura insta al Gobierno de España a:
- Impulsar medidas que garanticen la tutela judicial efectiva de las víctimas por la sustracción de bebés, Y, entre ellas, a:
1.1.- Proteger a las madres, padres y hermanos que sufrieron la desaparición de su bebé y a personas que buscan su identidad biológica mediante los servicios de atención por violencia de delitos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1.2.- Establecer mecanismos de colaboración con el Ministerio Fiscal y con los órganos jurisdiccionales, para impulsar la investigación de estos hechos.
1.3.- Establecer los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta trama accedan a la Justicia Gratuita para llevar a cabo sus denuncias, dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento Judicial.
2.- Insta al Gobierno de la Junta de Extremadura a dirigirse al Gobierno de la Nación solicitándole que:
2.1.- Impulse todas las medidas necesarias para la investigación de la desaparición de bebés entre los años 1940 y 1990.
2.2.- Sea reconocida la sustracción de niños como un problema y un asunto de Estado y se reconozca la condición de víctimas a las personas que sufrieron la desaparición de su bebé y a personas que buscan su Identidad biológica. con cobertura jurídica. psicológica y asistencial gratuita.
2.3.- Cree una Mesa permanentemente de trabajo con representación de las diferentes Administraciones públicas implicadas y de las asociaciones de víctimas por la sustracción de bebés.
2.4.- Reordene la actual oficina de atención a los afectados por sustracción de bebés, creada en el seno del Ministerio de Justicia, a fin de dotarla de medios y mecanismos que sean más operativos y funciones reales, creando protocolos que permitan facilitar Información a las asociaciones de víctimas por la sustracción de bebés y su colaboración.
2.5.- Impulse los medios legales y reglamentarios necesarios para la creación una sección especializada en la Fiscalía General del Estado que permita Investigar coordinadamente los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos relacionados con la sustracción de bebés.
2.6.- Facilite a las víctimas de sustracción de bebés en busca de su origen biológico o natural, las pruebas de ADN correspondientes; garantizando la gratuidad de las pruebas de ADN a través del Instituto Nacional de Toxicología, dado que se trata de pruebas determinantes para el esclarecimiento de la verdad.
2.7.- Establezca la creación de un banco de ADN que permita cruzar los datos de las víctimas, de manera que se les ayude a encontrar a sus verdaderas familias.
2.8.- Adopte medidas para la apertura de todos los archivos públicos y privados que contengan información sobre los casos de los bebés sustraídos en España, especialmente el acceso a archivos de competencia municipal que se encuentren en los cementerios y centros sanitarios municipales, así como los pertenecientes a la Iglesia Católica, en cuanto a datos de bautismo y defunciones que constan en los archivos eclesiásticos. Y el libre acceso a estos archivos de las víctimas afectadas, tanto los que buscan a sus bebés como a las personas en busca de su identidad.
3.- La Asamblea de Extremadura manifiesta su solidaridad y apoyo a todos los afectados por la sustracción de recién nacidos en nuestro país y mantiene el compromiso con las víctimas de sustracción de menores y de personas que buscan su origen biológico o natural e insta a la Junta de Extremadura a crear una Oficina Autonómica, para que ayude a las personas adoptadas víctimas de esta situación de sustracción a conseguir la documentación referente a su adopción, Incluida la del Registro Civil, y asimismo, solicite, en nombre del Gobierno Regional de Extremadura. a los hospitales, los nombres de las madres biológicas de los adoptados, sin necesidad de que éstos tengan que acudir a los tribunales, en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 39 CE de apoyo a la familia y a la investigación de la paternidad y filiación.
