Joaquín Cuello Martínez-Pereda es Secretario de Memoria Democrática, Migraciones y Cooperación Internacional del PSOE de la provincia de Cáceres.
“La finalidad del Patronato será la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica”.
Así rezaba el artículo cuarto del Decreto de 6 de noviembre de 1941, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de noviembre de ese mismo año, por el que se constituye el Patronato de Protección a la Mujer, que sirvió realmente, pese a semejantes eufemismos, para aplicar con toda crudeza la represión franquista sobre las mujeres “descarriadas” o de dudosa moralidad, “caídas o en riesgo de caer”.
Los antecedentes de esta institución, cuya presidencia de honor correspondía a la mismísima Carmen Polo de Franco, que continuaría en vigor hasta 1984, se encuentran en el Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas de 1902, reformado en varias ocasiones hasta adoptar esta forma de organización.
Su estructura permitía distinguir una Junta Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, cincuenta Juntas provinciales y diversas Juntas locales en aquellas ciudades en que, sin ser capitales de provincia, se estimara conveniente.
Como puede deducirse de lo anterior, Cáceres no fue una excepción. En la capital cacereña el centro en cuestión, regentado por religiosas, fue la llamada Casa Hogar Purísima Concepción, sita en una finca a las afueras del barrio de San Blas, cercana al matadero municipal. El inmueble, que adoptaría la forma típica de casa de labranza, se empezó a planificar en 1947, si bien no entraría en funcionamiento hasta 1960, con una capacidad para 24 plazas.
Por su parte, el 4 de marzo de 1949 se constituyó la Junta local de Plasencia, encargada fundamentalmente de la derivación e internamiento de las mujeres tutelabas en otros centros del país, entre los que se encontraba la Institución de gestantes Peña Grande de Madrid, tristemente conocida por las atrocidades perpetradas en su interior, entre las que destacó el robo de bebés sufrido por las internas frutos de embarazos no deseados a consecuencia del ejercicio de la prostitución, cuando no de violaciones por parte de sus propios progenitores.
Hoy, los más de 30.000 niños y niñas robados y sus respectivas madres están reconocidos en una norma con rango de ley autonómica, la Ley 1/2019, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura que el Partido Popular pretende derogar, blanqueando así la peor de las crueldades: la de separar a una madre de su hijo recién nacido.
