La mal llamada concordia esconde una propuesta de ley improvisada, imprecisa, injusta, innecesaria, reaccionaria, parcial, revanchista y ambigua.
El Premio Nobel José Saramago defendió la necesidad de recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica «porque se comienza con el olvido y se acaba con la indiferencia». Efectivamente, éste es el objetivo de las derechas en Extremadura que en una infame entente intentan echar tierra sobre los graves atentados contra los derechos humanos producidos durante la guerra civil y la dictadura franquista.
Esta semana, se ha continuado el trámite parlamentario de la propuesta de Ley de Concordia de Extremadura. Una verdadera chapuza ética y jurídica con la que Vox amordazó a un PP necesitado de los votos con los que sacar adelante su decreto de medidas fiscales.
La señora Guardiola desobedece las recomendaciones de los relatores internacionales de Naciones Unidades que han instado a España a preservar la memoria frente a las leyes de concordia que promovidas por las derechas. Una acción que ilustra la verdadera vocación de un gobierno enmascarado bajo una supuesta moderación.
Los miembros de la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura hemos podido asistir a una treintena de comparecencias propuestas por los grupos parlamentarios. Muy pocos han defendido el proyecto de las derechas. La mayoría de los conmovedores testimonios han denunciado la miopía de la mirada al pasado que evoca esta ley. Diversos expertos en derechos humanos, historiadores, activistas y juristas han apuntado su contundente análisis sobre el texto que persigue derogar la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.
Las conclusiones son tajantes conforme a los apelativos utilizados para caracterizar este esperpento contra los derechos humanos. Escuchadas las aportaciones podemos asegurar que la mal llamada concordia esconde una propuesta de ley improvisada, imprecisa, injusta, innecesaria, reaccionaria, parcial, revanchista y ambigua. Un farragoso planteamiento jurídico que silencia la represión hacia las mujeres y colectivo LGTBI al mismo tiempo que castiga a las asociaciones memorialistas. Este colectivo, que aglutina a las familias de los represaliados, consiguió una ley que respaldara su actividad ejercida desde la llegada de la democracia, actuando frente a las 12.000 desapariciones forzosas documentadas en Extremadura.
La señora Guardiola desobedece las recomendaciones de los relatores internacionales de Naciones Unidades que han instado a España a preservar la memoria frente a las leyes de concordia que promovidas por las derechas. Una acción que ilustra la verdadera vocación de un gobierno enmascarado bajo una supuesta moderación.
El PSOE de Extremadura defenderá a las verdaderas víctimas, a las que jamás se podrá equipar con los verdugos como pretenden las leyes de discordia, en un compromiso inquebrantable con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Por ello defenderemos la presente ley de memoria histórica y democrática de Extremadura ante el Tribunal Constitucional. Ni un paso atrás.
Parafraseando al universal Saramago compartimos que «somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir».
