El diputado Santos Jorna, junto a los alcaldes de Valdeíñigo, Toril, La Garganta y la alcaldesa de Tejeda de Tiétar, desataca la importancia de una medida de “justicia” para el desarrollo de la provincia.
Ya el pasado mes de noviembre, el Pleno de la Diputación de Cáceres aprobó la concesión de una partida de 46.208 euros para solucionar los problemas de cobertura de telefonía móvil que venían sufriendo los vecinos y vecinas de los municipios de La Garganta y Toril y de la entidad local menor Valdeíñigos, dependiente de Tejeda de Tiétar.
Este lunes, el diputado de Innovación y Provincia Digital de la Diputación, Santos Jorna, se ha reunido con sus alcaldes, Juan González (La Garganta), Eugenio Trebejos (Toril) y Emiliano Martín (Valdeíñigos), además de la alcaldesa de Tejeda de Tiétar, Dolores Paniagua, para formalizar esta subvención nominativa a “unos municipios pequeños en cuanto a número de habitantes -entre los tres suman 746-, pero grandes en lo que representan en la lucha titánica por el reto demográfico y en defensa del medio rural”, ha apuntado Jorna.
Con esta ayuda, se procederá a la instalación de las antenas y las infraestructuras necesarias para “que todos puedan contar con unas comunicaciones del siglo XXI, y no hablamos de fibra óptica o de ADSL, sino que hablamos de telefonía móvil, y la comunicación es un derecho básico”.
En este sentido, los alcaldes han puesto en evidencia las dificultades que han venido viviendo y que se han visto agravadas por la pandemia de la Covid-19, en unos momentos en los que la comunicación tenía más sentido que nunca, y en los que “había estudiantes que no podían estudiar desde sus domicilios porque no había cobertura”.
Todos han coincidido en la importancia de los gobiernos intermedios como son las diputaciones para cubrir estas necesidades, tal como ha hecho la de Cácres. “Vamos a seguir peleando -ha concluido Santos Jorna- para que cualquiera de los 392.000 habitantes que tiene la provincia de Cáceres tenga los mismo derechos en materia de comunicación que otros municipios más grandes u otras ciudades. Cuando no lleguen las empresas tendrán que ser las administraciones públicas las que hagan que estos derechos se cumplan”.
A su juicio, esta situación “tiene mucho que ver con el drama de la España vaciada”, teniendo en cuenta que las operadoras actúan en función de intereses comerciales “y estas son zonas con pocos habitantes, por lo que no despiertan su interés, pero ahí vamos a estar la Diputación de Cáceres, para que se ejecuten los derechos”.
