Raúl Vázquez Sánchez. y Francisco Javier García Béjar, Delegados Territoriales del PSOE en la Provincia de Cáceres, analizan la realidad tabaquera de nuestra provincia y de la regulación que plantea Europa. ¿La lucha? Que nadie olvide a la provincia de Cáceres.
Europa tiene derecho a avanzar en políticas de salud pública. Nadie discute la necesidad de combatir la adicción y de proteger a los menores o adaptar la regulación a las nuevas formas de consumo. Pero también es verdad que ninguna transición será justa si se hace dando la espalda a las personas que viven y trabajan en nuestros pueblos.
Y eso es exactamente lo que hoy preocupa en las comarcas tabaqueras de la provincia de Cáceres.
Mientras Bruselas debate sobre impuestos, restricciones o nuevos marcos regulatorios, aquí hablamos de otra cosa: hablamos de empleo, de familias, de cooperativas, de industria agroalimentaria y de miles de personas que sostienen la vida económica de nuestros pueblos.
Detrás del cultivo del tabaco hay trabajadores, transportistas, pequeños agricultores, empleo femenino, industria transformadora y centenares de familias que dependen directa o indirectamente de este sector.
Especialmente en comarcas como Campo Arañuelo, La Vera y el Valle del Alagón, donde el tabaco continúa siendo una actividad esencial para mantener empleo, actividad económica y fijación de población.
Desde el PSOE de la provincia de Cáceres defendemos una posición clara: la salud pública es irrenunciable, pero también lo es la defensa del empleo, de la cohesión territorial y del mundo rural. No son objetivos incompatibles. Europa debe ser capaz de avanzar en ambas direcciones al mismo tiempo.
Porque hablar de transición justa no puede servir solo para algunos sectores. También debe existir para las regiones que viven del cultivo y transformación del tabaco.
Y una transición justa significa algo muy concreto: acompañar, planificar y proteger.
Significa no condenar a miles de familias a la incertidumbre. Significa no destruir tejido productivo sin ofrecer alternativas reales. Significa entender que detrás de cada explotación agrícola y de cada cooperativa hay personas que necesitan certezas y oportunidades.
Porque las consecuencias de una regulación desequilibrada pueden ser muy graves para Extremadura:
- pérdida de empleo agrario e industrial,
- debilitamiento de cooperativas y empresas transformadoras,
- riesgo de cierre de explotaciones familiares,
- aumento de la despoblación rural,
- y menos oportunidades para jóvenes que quieren seguir viviendo en sus pueblos.
Nuestra tierra ya ha demostrado compromiso, modernización y responsabilidad. El sector tabaquero extremeño lleva años adaptándose, innovando y avanzando en sostenibilidad, modernización energética y trazabilidad.
Aquí hay trabajadores y agricultores que han hecho un enorme esfuerzo para mantener vivo un sector estratégico para muchas familias extremeñas.
Por eso, el debate no puede abordarse únicamente desde una lógica prohibicionista o recaudatoria. Las políticas públicas necesitan equilibrio, evidencia científica y sensibilidad territorial.
Y especialmente necesitan algo fundamental: poner a las personas en el centro de las decisiones políticas.
No se puede hablar de cohesión territorial mientras se pone en riesgo el futuro económico de zonas rurales enteras. No se puede reivindicar una Europa social mientras se ignora el impacto laboral que determinadas decisiones pueden provocar en Extremadura.
Por eso la provincia de Cáceres tiene que alzar la voz.
Y debe hacerlo desde la unidad institucional y social. Ayuntamientos, cooperativas, trabajadores, asociaciones y administraciones deben participar activamente en el debate europeo que se abrirá en los próximos meses sobre la regulación del tabaco y la nicotina.
Tenemos el derecho y la obligación de luchar por nuestro futuro. Como siempre defendió Guillermo Fernández Vara: “nosotros no producimos fumadores, cultivamos tabaco”.
Y detrás de ese cultivo hay dignidad, trabajo y una forma de vida que merece respeto.
El PSOE de la provincia de Cáceres lo tiene claro: defender la región también es defender a quienes levantan cada día nuestros pueblos, nuestra agricultura y nuestra industria.
Las transformaciones del futuro serán justas o no serán. Y nadie puede pedirle otra vez a Extremadura que pague sola el precio de decisiones que afectan directamente a su gente.
Porque detrás de cada empleo y de cada cooperativa hay familias. Y la única política que sirve es la que defiende a la gente.
