Lara Garlito, portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, ha denunciado hoy en la sesión plenaria que “el gobierno de Guardiola ha suprimido en los últimos tres años el 68% de la oferta de enseñanzas de formación profesional en el medio rural y eso es una forma evidente de vaciar de jóvenes los pueblos de nuestra región”.
Así lo ha dicho en una pregunta oral el Gobierno en el pleno en la que ha abordado la política de la Junta en cuanto a las enseñanzas de formación profesional. Garlito ha denunciado que el Ejecutivo regional está castigando especialmente al mundo rural, concentrando las nuevas implantaciones en las ciudades mientras elimina enseñanzas en las comarcas con menor población.
Según ha explicado en su intervención, en los tres últimos cursos se han implantado 56 nuevas enseñanzas de FP en Extremadura. De ellas, 42 se han creado en municipios de más de 10.000 habitantes, lo que representa el 75% del total, mientras que solo 14 (25%) han llegado a municipios de menos de 10.000 habitantes. En cambio, de las 25 enseñanzas de Formación Profesional suprimidas durante ese mismo periodo, 17 corresponden a municipios de menos de 10.000 habitantes, es decir, el 68% del total, frente a únicamente ocho eliminadas en localidades de mayor tamaño.
«Los datos hablan por sí solos. El 75% de las nuevas enseñanzas se crean en municipios grandes y el 68% de las supresiones se producen en los pueblos. No es un caso aislado, es una estrategia que asfixia al mundo rural», ha afirmado la diputada socialista. Garlito ha recordado que esta política contradice el artículo 82 de la LOMLOE, que obliga a las administraciones educativas a impulsar una oferta diversificada de enseñanzas no obligatorias y de Formación Profesional en las zonas rurales para garantizar la igualdad de oportunidades.
Además, ha criticado que la Junta aplique los mismos criterios mínimos de alumnado para mantener un ciclo en grandes ciudades que en pequeñas comarcas rurales, lo que, en su opinión, condena a desaparecer la oferta educativa en muchos municipios. La portavoz socialista también ha advertido de las consecuencias para los estudiantes, especialmente los de Grado Básico que se quedan sin continuidad formativa y obligados a realizar largos desplazamientos, así como de la incertidumbre que viven los docentes afectados por estas supresiones.
Como ejemplo, ha citado el caso de Valencia de Alcántara, donde la Junta ha eliminado un ciclo que contaba con alumnado suficiente y con empresas de la comarca interesadas en contratar a futuros titulados. «No han esperado ni dos años para evaluar su funcionamiento, no han hablado con los centros y ni siquiera han contemplado alternativas. Han preferido suprimir», ha concluido.
