El 29N se decide quién manda en la vivienda: la gente o los buitres. Artículo de Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres.
Hay una imagen que este país no debería permitirse olvidar. Una mujer de 87 años, con una discapacidad reconocida del 50 %, sale en camilla del piso en el que entró con sus padres en 1956. Setenta años en la misma casa. Pagaba unos 500 euros de renta antigua; la empresa que compró el edificio quería 1.650. Ni siquiera le concedieron unas horas para recoger sus cosas. Maricarmen no era una anécdota madrileña. Es el retrato exacto de un modelo.
Nueve días después, el Congreso votó. El Gobierno de España llevó al pleno dos decretos que se entendían sin necesidad de ser jurista: prorrogar dos años los alquileres que vencen; limitar al 2 % las subidas; blindar hasta 2030 el escudo que impide desahuciar a una familia vulnerable sin alternativa; prohibir hasta 2028 la compra especulativa de viviendas por parte de los fondos; préstamos al 0 % de hasta 50.000 euros para la primera vivienda; IVA del 10 % a los pisos turísticos, para que tributen como lo que son, un negocio; IVA del 4 % para la vivienda protegida; deducciones para los inquilinos que ganan menos de 33.000 euros. Y el Partido Popular votó no. Los 137 diputados, uno a uno, por llamamiento, con nombre y apellidos. Vox votó no. Junts y UPN votaron no. 178 frente a 172. Ocho veces en esta legislatura han coincidido PP, Vox y Junts en tumbar medidas de vivienda. Ocho. Nadie podrá decir que no sabía.
El artículo 47 no habla de rentabilidad, habla de un derecho: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», y añade algo que las derechas prefieren no leer en voz alta: los poderes públicos deben impedir la especulación. No es ideología. Es la ley de leyes.
Dos maneras de mirar una puerta
Hay dos formas de mirar la puerta de una casa. Una la ve como el umbral de una vida: el lugar donde se cría a las y los hijos, donde se cuida a las personas mayores, donde somos, por fin, dueñas y dueños de nuestros silencios. Gaston Bachelard escribió que la casa es «nuestro rincón del mundo», nuestro primer universo. La otra manera la ve como la tapa de un activo financiero: algo que se compra con inquilinos dentro, se vacía, se reforma y se revaloriza.
La Constitución eligió la primera mirada. El artículo 47 no habla de rentabilidad, habla de un derecho: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», y añade algo que las derechas prefieren no leer en voz alta: los poderes públicos deben impedir la especulación. No es ideología. Es la ley de leyes.
El PSOE y Vox-PP no discuten sobre matices técnicos. Discutimos sobre qué mirada manda. Nosotros con una carga ética y humanista clara en la que creemos que cuando una pensionista y un fondo de inversión se sientan frente al mismo juez, el Estado no puede ser neutral. Ellos creen que la neutralidad es dejar hacer. Pero dejar hacer, cuando una parte tiene abogados y la otra tiene 87 años, no es neutralidad: es tomar partido por el fuerte. Es ser fuerte con el débil y sumiso con el fuerte. Una jodida inmoralidad.
Lo que dicen y lo que votan
La derecha repite tres palabras: «tarde», «mercado» y «construir». Dicen que las medidas llegan tarde. Pero quien llega tarde no vota en contra de que una familia tenga dos años más de contrato; se abstiene, enmienda, negocia. Ellos votaron no. Dicen que la solución es el mercado. Es el mismo mercado que le pidió a Maricarmen 1.650 euros. Dicen que hay que construir. Nosotros también. Por eso el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 triplica la inversión hasta 7.000 millones, destina el 40 % a ampliar el parque público y blinda para siempre la calificación de la vivienda protegida, para que lo que se levanta con dinero de todos no acabe en manos de unos pocos a los veinte años.
¿Qué hizo el Gobierno de María Guardiola con ese plan, que trae a Extremadura 210 millones de euros? Lo recurrió ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Dinero para vivienda pública en Cáceres, en Plasencia, en Navalmoral, en Coria, en los pueblos del Valle del Jerte y de la Sierra de Gata, convertido en un expediente judicial.
Y aquí viene la pregunta que ningún votante extremeño debería dejar de hacerse: ¿qué hizo el Gobierno de María Guardiola con ese plan, que trae a Extremadura 210 millones de euros? Lo recurrió ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Dinero para vivienda pública en Cáceres, en Plasencia, en Navalmoral, en Coria, en los pueblos del Valle del Jerte y de la Sierra de Gata, convertido en un expediente judicial.
Extremadura, laboratorio de lo que viene
Lo que Vox y PP pactan en Mérida es el ensayo general de lo que harían en Madrid. El acuerdo de gobierno de abril introduce en la vivienda protegida y en el alquiler social el «principio de prioridad nacional»: diez años de empadronamiento para comprar una VPO, cinco para alquilarla. Piénsese un momento en lo que significa en una tierra que lleva décadas despidiendo a sus jóvenes en la estación de autobuses. El hijo de Cáceres que se fue a trabajar fuera y quiere volver, la médica que llega al hospital de Coria, el temporero que recoge nuestra cereza y nuestra aceituna: todos ellos, a la cola. La vivienda protegida deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio con pasaporte y padrón.
Y cuando el Grupo Socialista propuso en la Asamblea que la Junta colaborase en desarrollar la Ley por el Derecho a la Vivienda en lo que afecta a la juventud, PP y Vox votaron que no. Otra vez no. Prometen 3.500 viviendas en cuatro años mediante colaboración público-privada, y ojalá las levanten. Pero mientras los planos están en el cajón, las familias de nuestra provincia viven hoy, pagan hoy, firman contratos hoy. A ellas, el decreto que cayó en el Congreso les daba dos años de tranquilidad. Vox y PP se los quitaron.
Lo que nos jugamos el 29 de noviembre
Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre porque un Parlamento que vota contra el techo de la gente ha dejado de representarla. No es una elección más. Es un plebiscito sobre una idea tan vieja como la democracia: si la casa es un derecho o una mercancía.
La dicotomía es nítida, y conviene no disfrazarla de complejidad. Vivienda pública o suelo para quien más pague. Emancipación de las y los jóvenes o maletas hacia un piso compartido en Madrid. Frenar a los fondos buitre o alfombra roja para ellos. Proteger a las Maricármenes de este país o mirar hacia otro lado mientras las sacan en camilla. Un Pacto de Estado por la vivienda o un recurso en el Constitucional contra el dinero que llega a Extremadura. Eso es lo que votaron las derechas española y catalana. Eso es lo que propone el Gobierno de España.
El 29 de noviembre toca pensar. Pensar en la abuela que lleva setenta años en su casa, en la pareja de Cáceres que no se atreve a tener un hijo porque el alquiler se come la mitad de dos sueldos, en el pueblo que se vacía porque no hay casa donde quedarse.
Quien pueda votar, que vote. Porque esta vez, de verdad, se vota una casa.
