La extremeña Leire Iglesias dirige la transformación de Sepes, una empresa pública de suelo, en Casa 47, la nueva entidad estatal cuyo objetivo es desarrollar y gestionar un parque de vivienda asequible, destinado fundamentalmente al alquiler.
Leire Iglesias, consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de Extremadura entre 2019 y 2023, es ahora la encargada de comandar la transformación de Sepes, una empresa pública de suelo, en Casa 47, la nueva entidad estatal cuyo objetivo es desarrollar y gestionar un parque de vivienda asequible, destinado fundamentalmente al alquiler. «Estamos construyendo el modelo español de vivienda como servicio público», resume Iglesias, que en el horizonte de una década espera que una de cada diez viviendas en España forme parte de esta cartera residencial propiedad del Estado.
El paso de Sepes a Casa 47 se oficializó a finales de 2025, ¿qué ha dado tiempo a hacer en este medio año?
Ya estamos aplicando todo un cambio de paradigma. Sepes básicamente era una entidad pública que se dedicaba a transformar suelo bruto en finalista, lo que lo revalorizaba. Luego lo vendía, buscando un beneficio económico que permitiera nutrir su actividad, y un beneficio social, en el sentido de que se podían hacer viviendas o desarrollar proyectos industriales, que eran la mayoría. La parte residencial se cedía a un tercero, con lo que la pista de lo que se seguía haciendo en materia de vivienda desaparecía. Se convertía en vivienda protegida que después se enajenaba, se descalificaba, o se le vendía a alguien que la aprovechaba para un fin que no tuviera que ver al 100% con lo público.
Lo que hacemos ahora es actuar en el ciclo completo: si hemos revalorizado el suelo, ¿para qué lo vamos a enajenar?, vamos a quedárnoslo y lo promovemos, edificamos y gestionamos la vivienda directamente. De esa manera podemos garantizar que la inversión pública en la transformación de suelo tiene continuidad en un servicio público para la ciudadanía. Y no es solo hacer vivienda por hacer vivienda, sino hacerla con dos apellidos: uno que lo recoge la Constitución, que es el de digna, y otro que debería estar asociado al concepto de dignidad, que es el de asequible, porque por muy digna que sea la vivienda, si no la podemos pagar, esa idea de alguna manera desaparece. Antes teníamos un cliente, que era el suelo, y ahora tenemos un derecho, que es el ciudadano. Esa es la gran transformación de pasar de Sepes a Casa 47.
¿Y en qué se está traduciendo esa transformación en términos de primeros proyectos?
En transformar suelo y en construir vivienda se tarda mucho tiempo y queremos arrancar ya, porque la gente nos pide que actuemos de inmediato, no dentro de unos cuantos años. Y por eso estamos aprovechando también toda la vivienda construida que hay en manos del Estado o de propietarios privados que nos las quieran facilitar para comprarlas. Mientras que hacemos esta transformación del modelo de entidad pública empresarial, y yo creo que esta va a ser una de las grandes entidades públicas del Estado en el futuro, sin duda, estamos aprovechando también todo lo que el Estado tiene para ponerlo a disposición de la ciudadanía.
¿A qué criterios están recurriendo para elegir en qué territorios actuar primero?
No renunciamos a nada, porque en todas partes es necesario actuar en materia de vivienda. De momento, estamos aprovechando el patrimonio que tenemos ya construido, y dentro de esto, priorizamos aquellos lugares en los que hay mayor demanda de vivienda o mayor presión residencial, porque ahí hay que intervenir especialmente con la oferta. Pero no solo con la oferta. Sería bueno que entendiéramos que únicamente con la regulación no se soluciona el problema de acceso a la vivienda y solo con la oferta tampoco. Hay que conjugar todos los esfuerzos, todas las políticas.
«Estamos ya preparados para construir y aportar vivienda en Extremadura»
Hablar de asequible puede ser algo ambiguo en un contexto en el que el problema de la vivienda afecta ya no solo a rentas bajas, sino también a clases medias. ¿A quién debe dirigirse prioritariamente Casa 47?
Queremos que el término deje de ser ambiguo y para eso lo hemos definido a la hora de fijar precios. Y entendemos por vivienda asequible aquella en la que los ciudadanos no tienen que destinar más de un 30% de los ingresos, de su salario, a pagarla. Que la vivienda no se coma la vida de la gente. De tal manera que cuando fijamos los precios, no tenemos en cuenta, como se hacía hasta ahora con la vivienda protegida, o como se hace con la libre, cuánto cuesta construir, más el beneficio que se pueda sacar, sino cuánto se puede pagar. ¿Cuál es el esfuerzo que los ciudadanos del municipio en el que se ubica esa vivienda pueden hacer? Y fijamos los precios de la vivienda atendiendo al 30% de la renta mediana de la unidad de convivencia del municipio en el que se ubique la vivienda. Con lo que las casas que se ofrezcan en Cáceres no van a costar lo mismo que las que se ofrezcan en Madrid o en Casas del Castañar. Además, estamos yendo al modelo de alojamientos de larga duración. De hecho, nuestros contratos de arrendamiento se van a poder extender hasta 75 años. Estamos buscando que la gente se olvide del problema de la vivienda, o al menos de ‘su’ problema de la vivienda, y que no esté pensando que se le acaba el contrato, que le van a echar o que de repente le va a subir un 10% o un 12% porque ha terminado el periodo de vigencia.
«Antes teníamos un cliente, que era el suelo, y ahora tenemos un derecho, que es el ciudadano»
¿Cuál sería para usted un indicador de éxito para Casa 47 dentro de cinco o diez años?
En un horizonte de 10 años, para nosotros es capital que la entidad pueda desenchufarse de los presupuestos generales del Estado, que no necesite subvenciones para su actividad, que con lo que es el funcionamiento de las viviendas que tenga disponibles pueda cubrir costes y hacer inversiones. Y también es importante que cumplamos el objetivo de tener un 10% del parque de vivienda de titularidad pública, para que pueda tener impacto y controlar los efectos negativos del mercado. Ahora mismo estamos en un 3,4% y tenemos que aspirar a ponernos en la media de los países de Europa, que con un 20% están consiguiendo actuar en el mercado.
¿Y no llega tarde España a la construcción de un parque público de esas dimensiones?
Esa sería la excusa del mal gestor: «Como voy tarde, ya no lo hago». No, si voy tarde, lo que tengo que hacer es correr. Para lo que nos puede servir esto es para definir un modelo propio en el que acompasar políticas públicas de regulación con las de oferta y evitar que cada diez años en este país haya una generación que sufra su propia crisis de vivienda. Una fue las de las hipotecas; otras, la de la burbuja inmobiliaria, la falta de oferta, o los desahucios.
«Esta va a ser una de las grandes entidades públicas del Estado en el futuro, sin duda»
¿Se fijan en algún modelo?
Tenemos que hacernos a la idea de diseñar nuestro propio modelo porque, si pretendemos equipararnos a países que nos llevan 100 años de ventaja, pues vamos a tardar 100 años en llegar a ser ellos, aunque esos modelos nos puedan haber servido de referencia muchas veces. Lo que estamos construyendo es el modelo español de vivienda como servicio público y vivienda como derecho de la ciudadanía.
Aunque su prioridad sea el alquiler, ¿están abiertos también a la venta?
Vamos a priorizar fundamentalmente el alquiler porque tenemos un mercado de vivienda con una oferta muy desequilibrada. El régimen de tenencia condiciona los modelos de vida. Y como la mayor parte de la gente vive en una vivienda en propiedad, tenemos que incrementar la oferta no tanto en venta como en alquiler, que es donde hay más carencia ahora mismo en el país. Pero somos muy conscientes de que hay que ir a modelos mixtos. Igual que cuando estamos hablando de crear un servicio público tenemos que crearlo para unos espectros sociales muy amplios, cuando hablamos de hacer grandes barrios residenciales, no podemos pensar que la única oferta sea solo de alquiler. Entre el alquiler y la compra hay muchos modelos. No hay solo blanco y negro, hay una gama de grises enorme: hay cooperativas de cesión de uso, residencias colaborativas…
«Hay que evitar que cada diez años en este país haya una generación que sufra su propia crisis de de vivienda»
¿Cómo se blindará el parque público para que las viviendas construidas o adquiridas no terminen vendiéndose en el futuro, como ocurrió en otras etapas?
Eso ha sido dramático. En España se han construido más de seis millones de viviendas protegidas. Solo en el periodo democrático cerca de tres millones. Las hemos construido con el esfuerzo de todos y con las ayudas e inversiones públicas, y han acabado pasando a ser de interés especulativo para un solo propietario. Hemos desaprovechado estos seis millones de viviendas, que hoy nos servirían para controlar los precios del mercado residencial. Y ese es un error que no podemos volver a cometer. Si hacemos inversión pública, tiene que servir para la generación presente, pero también para las futuras. No se puede descapitalizar. Eso no quiere decir que dejemos de hacer vivienda protegida para vender. No, pero lo que una vez costó siete millones de pesetas no puede costar después 600.000 euros, como ha pasado con la vivienda protegida. La calificación y el precio máximo de venta que impidan la especulación sobre lo que ha tenido una inversión pública en suelo, en desarrollo o en bonificaciones fiscales, tenemos que ser capaces de garantizarlos. Así que nosotros no venderemos absolutamente nada que no podamos proteger con carácter permanente.
«Lo que estamos construyendo es el modelo español de vivienda como servicio público»
Extremadura no tiene la misma presión inmobiliaria que otras zonas de España, pero sí problemas de acceso en determinadas ciudades y de falta de vivienda disponible. ¿Cómo debe adaptarse la política de Casa 47 a esa realidad?
Pues estamos ya preparados para construir y aportar vivienda en Extremadura. Aunque aquí no se dé una circunstancia de mercado tensionado globalmente, empieza a haber algunas situaciones en las que se producen tendencias, picos y modelos de mercado tensionado. Lo vemos en ciudades como Cáceres. Dice la Ley por el derecho a la vivienda en su artículo 18 que una zona de mercado tensionado puede ser una en la que haya que destinar más del 30% de sus rentas al pago de la vivienda, o en la que su precio sube muy por encima de los salarios y de los precios de consumo. Y cuando en una provincia o en una ciudad empiezan a subir un 13%, un 20% o un 30% los precios de la vivienda, hay una tendencia de mercado tensionado que habría, como mínimo, que tomarse en serio, estudiar, analizar y, si fuera necesario, intervenir. Y yo no entiendo la negativa de los poderes públicos a hacer esto, porque entre otras cosas, es su obligación. Y más si es un derecho. Aquí se están dando situaciones de aviso de mercado tensionado que están tensionando más a los ciudadanos que a los poderes públicos.
«Si hacemos inversión pública, tiene que servir para la generación presente, pero también para las futuras»
La Junta de Extremadura, sin embargo, ha rechazado declarar zonas tensionadas en la región, ¿dónde considera que existen?
Los datos dicen lo que dicen y ahora mismo en ciudades como Cáceres, y Badajoz también, pero en Cáceres muchísimo, se está produciendo un incremento de precios de la vivienda muy por encima de los precios de consumo o de los salarios. Si la Junta cree que no, que haga los estudios de estas zonas y que diga que no las declara porque no hay mercado tensionado. Es tan sencillo como tomarse en serio la Ley por el derecho a la vivienda, insisto, por el derecho a la vivienda, que lo tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Yo creo que lo que pasa aquí es que no les gusta el modelo de tener que intervenir en los beneficios de quienes tienen propiedad de vivienda. Las zonas de mercado residencial tensionado no consisten solo en congelar o en controlar las subidas de precios del arrendamiento. También consisten en desarrollar planes de actuación que comprometen a todas las administraciones y que significan inversiones para mejorar la oferta. No te puedes limitar a decir: «Bueno, he hecho una bonificación fiscal, y con eso lo soluciono”.
«Lo que una vez costó 7 millones de pesetas no puede costar después 600.000 euros, como ha pasado con la vivienda protegida»
¿Qué proyectos concretos tienen en Extremadura Casa 47?
Ahora mismo estamos desarrollando un pequeño proyecto de urbanización en Plasencia en el Prado de las Mulas, en un terreno que hemos recuperado del Ministerio de Defensa. Además, estamos haciendo proyectos de edificación en Cáceres, en la parcela La Mocha que hemos recuperado de la Sareb, y en Mérida, en El Prado, con 240 viviendas que está ya casi terminándose el concurso de arquitectura para poder empezar a edificar, en un terreno que hemos recuperado también de Defensa. En Badajoz tenemos otra actuación por la que vamos a empezar a edificar. Y luego, estamos recuperando mucha vivienda procedente de la Sareb. Son cerca de 300 las que vamos a poder incorporar recuperadas de lo que era el ‘banco malo’, y de las que ya casi 200 posiblemente las vamos a integrar en Casa 47 en el año 2027 y ofertar a la ciudadanía. Así que tanto en la transformación de suelo, como en la edificación directa y en la recuperación de vivienda, va a haber impacto de Casa 47 en Extremadura.
«Tanto en la transformación de suelo, como en la edificación directa y en la recuperación de vivienda, va a haber impacto de Casa 47 en Extremadura»
¿Puede la vivienda pública ser una herramienta contra la despoblación o no tiene sentido promover vivienda asequible en pueblos donde hay casas vacías?
Bueno, nosotros no estamos interviniendo solo a través de Casa 47 en política de vivienda. Es verdad que donde no hace falta construir vivienda, porque las hay vacías, lo que se debe hacer es recuperarlas, y para eso el plan estatal de vivienda contempla no pocas actuaciones.
Un plan del que la Junta de Extremadura asegura que llega tarde, viene impuesto, y es ajeno a la realidad extremeña…
Llega cuando termina el anterior, y además hay un plan autonómico de vivienda en Extremadura por cumplir por parte de la Junta que estaba aprobado y vigente hasta 2027 y que no se está desarrollando en plenitud. También hay ayudas del plan estatal de vivienda, que la Junta todavía está convocando, aunque no diga que son fondos del plan estatal de vivienda o del Gobierno de España, como ha sido esta misma semana con el bono joven de alquiler, que se convoca porque se han transferido los fondos desde el Estado. No habría que engañar a los ciudadanos con este tipo de cosas. El plan ha sido muy debatido, muy trabajado, muy consensuado. Se ha aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda. A mí lo que me preocupa es lo que hay de fondo. Extremadura pasa de tener un plan de 50 y pocos millones de euros a un plan de 210 millones de euros para poder hacer inversiones en materia de vivienda. Y a la Junta le parece mal porque dice que tiene que hacer un sobreesfuerzo financiero, aunque acaba de aprobar el presupuesto récord en su historia con 8.300 millones de euros y solo tiene que poner 14 millones de euros más al año para poder hacer inversiones en vivienda de 210 millones de euros. No sé qué es lo que le puede parecer mal a la Junta de Extremadura, pero la rabieta creo que tiene más que ver con ser una franquicia de un discurso político que con ser una comunidad pensando en los intereses de la ciudadanía.
¿Desde Casa 47 se está teniendo algún diálogo con la Junta para desarrollar proyectos?
Con la Junta firmamos un protocolo hace tres años para incorporar unos suelos de titularidad autonómica, entonces a Sepes, para poder promover en Navalmoral de la Mata, en Los Viñazos, más de 120 viviendas. Y todavía no nos han cedido el suelo, seguimos esperándolo. Y estamos a la espera de que nos puedan ofertar cualquier otra posibilidad de colaboración. Mientras tanto, vamos a aprovechar todo el patrimonio del Estado, que sí que está disponible.
«En 2027, posiblemente cerca de 200 viviendas en Extremadura las vamos a poder incorporar a Casa 47 y ofertarlas a la ciudadanía»
Casa 47 adjudicó recientemente la gestión integral del arrendamiento de viviendas del parque estatal, ¿supone eso externalizar la gestión de los alquileres?
No, no se externaliza. Todo lo que tiene que ver con los derechos, lo hace Casa 47: oferta las viviendas, la adjudicación mediante sistemas de transparencia de sorteo ante notario, fijar los precios, controlar los contratos y firmarlos o comprobar la situación de cada familia. Lo que externalizamos es la asistencia en la vivienda: comprobar que mantenga las condiciones de habitabilidad, hacer los arreglos que sea necesario…
«Hay que poner la función social de la vivienda por encima de la función de mercado o de una función especulativa que hasta ahora se ha permitido»
Ha asegurado que el mercado por sí solo no va a resolver el problema de la vivienda y que el Estado debe intervenir, ¿dónde cree que debe hacerlo y dónde debe dejar espacio solo a la iniciativa privada?
