Nota de la Secretaría de Transición Justa de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Los incendios forestales que cada verano asolan nuestro país no son solo una consecuencia del cambio climático, sino también el reflejo de una gestión política que, en muchos territorios, ha fallado en su deber de proteger el medio ambiente y a la ciudadanía.
La lucha contra los incendios forestales no empieza cuando se enciende la primera llama. Empieza mucho antes, con una política forestal seria, sostenida y comprometida. Y eso implica actuar en cuatro frentes fundamentales: prevención, vigilancia, extinción y gestión de los montes. Cuatro pilares que, cuando se abandonan, nos conducen exactamente a donde estamos hoy: miles de hectáreas calcinadas, pueblos evacuados, ecosistemas destruidos y una ciudadanía que paga las consecuencias de la inacción política.
La legislación española es clara: la competencia en prevención, gestión forestal y extinción de incendios recae en las comunidades autónomas. Así lo establece la Ley de Montes, el Real Decreto-ley 15/2022 y el artículo 148 de la Constitución Española. Son las comunidades quienes deben elaborar planes de prevención, mantener los montes en condiciones adecuadas y coordinar sus dispositivos de extinción.
La legislación española es clara: la competencia en prevención, gestión forestal y extinción de incendios recae en las comunidades autónomas. Así lo establece la Ley de Montes, el Real Decreto-ley 15/2022 y el artículo 148 de la Constitución Española. Son las comunidades quienes deben elaborar planes de prevención, mantener los montes en condiciones adecuadas y coordinar sus dispositivos de extinción.
Sin embargo, en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, esta responsabilidad se ha visto marcada por la desidia, la falta de planificación y la ausencia de inversión. En territorios como Castilla y León y Andalucía se ha demostrado una alarmante descoordinación en la gestión forestal. La ausencia de planes actualizados y la escasa inversión en medios humanos y materiales han dejado los montes desprotegidos. No se han desarrollado adecuadamente los planes de gestión forestal, ni se ha avanzado en el estatuto de las BRIF, dejando a los profesionales sin el respaldo que merecen. Esta dejación de funciones no solo pone en riesgo nuestros ecosistemas, sino también la seguridad de miles de personas que viven en zonas rurales y forestales.
La gestión de los montes no es solo una cuestión ambiental, es una política de país. Implica ordenar el territorio, dinamizar el medio rural, prevenir el abandono y garantizar la resiliencia de nuestros ecosistemas.
Frente a esta inacción, el Gobierno de España ha actuado con firmeza y compromiso. A través del Ministerio para la Transición Ecológica y la UME, se han desplegado medios aéreos, brigadas BRIF, personal técnico y recursos logísticos que han sido clave en la contención. El Estado no solo ha reforzado sus capacidades, sino que ha impulsado medidas legislativas para obligar a las comunidades a actuar durante todo el año, no solo en verano. Esta labor demuestra que cuando hay voluntad política, hay resultados.
Además, esta legislatura ha sido clave en la consolidación de un marco normativo que dignifica y fortalece a los profesionales del sector. La aprobación de la Ley básica de bomberos forestales y agentes forestales establece por primera vez un marco común para más de 25.000 profesionales, reconociendo sus funciones, derechos y condiciones laborales. Esta ley exige ahora a las comunidades autónomas adaptar y desarrollar sus propios modelos conforme a este nuevo estándar, algo que muchas aún no han hecho.
Igualmente, el Gobierno ha aprobado la Estrategia Forestal Española 2050 y el Plan Forestal Español 2022–2032, que definen una política forestal moderna, resiliente y sostenible. Documentos que establecen líneas de acción claras para la conservación, prevención, restauración y gobernanza forestal, y deben ser desarrollados por las comunidades autónomas mediante sus propios planes. No hacerlo es incumplir con una hoja de ruta nacional que busca proteger nuestros montes y garantizar su función ecológica, social y económica. Herramientas que marcan el camino y que las comunidades autónomas deben desarrollar. Pero el PP, una vez más, ha preferido mirar hacia otro lado desprotegiendo a la ciudadanía y el territorio.
Desde el Partido Socialista queremos expresar nuestro más profundo reconocimiento y gratitud a todos los profesionales que, con entrega y valentía, están trabajando sin descanso para proteger vidas, hogares y el patrimonio natural de nuestro país. Bomberos forestales, brigadas BRIF, efectivos del MITECO, de la UME y voluntarios están demostrando, una vez más, que el compromiso con el bien común no entiende de horarios ni de condiciones adversas. Su labor es ejemplar y merece no solo nuestro aplauso, sino también el respaldo institucional que garantice medios suficientes, condiciones laborales dignas y una planificación seria que evite que esta tragedia se repita.
Los incendios forestales de este verano están dejando un rastro devastador. Lamentamos un fallecido víctima de graves quemaduras en el incendio de Tres Cantos (Madrid), heridos y miles de evacuados, así como más de 43.000 hectáreas quemadas y paisajes calcinados. Mención especial merece Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, cuya gestión y conservación son responsabilidad directa de la Junta de Castilla y León. El incendio que ha afectado a este paraje no solo supone una pérdida ambiental irreparable, sino también un golpe a la identidad, el turismo y la economía de toda la comarca.
En conclusión, los incendios no se apagan solo con agua. Se apagan con planificación, con inversión, con respeto a los profesionales y con voluntad política. Y eso, hoy por hoy, solo lo está demostrando el Gobierno. Las comunidades del PP deben asumir su responsabilidad y dejar de esconderse detrás de excusas. Porque cuando se abandona el monte, el fuego siempre vuelve.
