La Junta de Extremadura ha iniciado la tramitación de un decreto que obliga a las residencias de mayores a contar con una farmacia propia o con un depósito de medicamentos, una medida que, lejos de fortalecer la atención farmacéutica, amenaza directamente la supervivencia de las farmacias rurales.
En la práctica, el modelo que propone María Guardiola rompe con el sistema de colaboración que ha funcionado durante años entre las farmacias comunitarias y los centros sociosanitarios, especialmente en los pueblos. Las nuevas exigencias de personal, especialización y recursos hacen inviable la participación de muchas farmacias rurales, que hoy garantizan el suministro diario de medicamentos a mayores y dependientes. El decreto abre la puerta a que la gestión quede concentrada en los servicios hospitalarios, alejando aún más la atención sanitaria de nuestros pueblos.
Mientras el PSOE impulsó medidas para mantener abiertas las farmacias rurales, mejorar la dispensación en residencias y proteger los servicios básicos en el medio rural, el Gobierno de la derecha y la ultraderecha vuelve a golpear a quienes sostienen el día a día de la Extremadura vaciada.
️No hay mejor política rural que garantizar servicios cercanos, estables y humanos, pero María Guardiola prefiere centralizar, complicar y poner en riesgo lo que funcionaba gracias al compromiso de los profesionales de los pueblos.
Primero fueron las escuelas infantiles y los servicios sociales.
Ahora, las farmacias rurales.
Guardiola sigue desmantelando la Extremadura rural.
