Pablo Iglesias es Alcalde de Hernán Pérez y miembro de la CEP.
Cada vez que se abre el debate sobre la financiación autonómica en España se genera un ruido que nos retrotrae una y otra vez a lo mismo. En un contexto además de fuerte polarización tanto política como de los propios medios de comunicación, se llevan a cabo titulares apresurados, tertulias encendidas y una discusión reducida a una pregunta que no deja de ser tan simple como engañosa: ¿quién gana y quién pierde?
Esa pregunta, repetida hasta la saciedad, acaba por distorsionar el debate desde su mismo origen, porque desplaza la atención de lo verdaderamente relevante. No se trata tanto de establecer un ranking de comunidades ganadoras o perdedoras como de entender qué estamos financiando, con qué criterios y con qué objetivo colectivo. Cuando el foco se coloca únicamente en la cifra bruta que recibe cada territorio, se pierde de vista que la financiación autonómica no es un juego de suma cero, sino una herramienta para garantizar derechos y sostener un modelo de país. De hecho, ese enfoque simplista suele encallar el debate entre dos posiciones aparentemente enfrentadas: una que prioriza la solidaridad interterritorial como principio irrenunciable y otra que advierte de que esa solidaridad solo puede mantenerse si se evita el colapso de los servicios públicos en las comunidades que hoy actúan como motor económico del país. El reto, por tanto, no debería ser tanto elegir entre una u otra, sino construir un sistema capaz de hacer compatibles ambas dimensiones sin caer en apriorismos.
Y sin embargo, mientras discutimos eso, considero que dejamos fuera una cuestión verdaderamente importante: cómo financiamos la igualdad de derechos en un país profundamente diverso y qué modelo territorial queremos para las próximas décadas.
Entender algo tan complejo como la financiación autonómica bajo el marco de las banderas o los pulsos identitarios es algo profundamente erróneo. En realidad va de cuestiones mucho más concretas y cotidianas: el acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a la posibilidad de los pueblos de resistir los embites de la despoblación y el abandono, a la capacidad de las ciudades de ofrecer respuestas a la saturación y, por supuesto, a una idea que a menudo se desecha y que no es otra que la potencialidad del territorio como motor económico, pero también de desarrollo social y obtención de altas cotas de calidad de vida. Esta podría ser además una de las grandes oportunidades de España.
Salir del maniqueísmo: ni a favor ni en contra
Uno de los errores más frecuentes en este debate es caer en un marco maniqueo: o estás con el Gobierno, o estás contra el Gobierno. O defiendes el modelo propuesto, o te alineas automáticamente con el discurso de la derecha. O defiendes que Cataluña debe pagar más de lo que recibe, o estás en contra de Extremadura. O estás con los territorios ricos o estás con los territorios pobres. Ese marco es profundamente empobrecedor además de polarizador y lejano a lo que deberían ser los planteamientos políticos de partidos que buscan solucionar problemas en sociedades cada vez más complejas. Además es inútil.
La política útil no consiste por lo tanto en aplaudir sin matices, tampoco en oponerse por sistema. Consiste en analizar, mejorar, consensuar y proponer. Consiste en hablar desde el territorio, con conocimiento de causa y no en convertir cada discusión técnica en una guerra cultural y territorial. Así difícilmente podremos avanzar ante los retos que se nos ponen por delante.
Desde esa perspectiva, es perfectamente compatible reconocer que el Gobierno de España ha hecho bien en poner por fin sobre la mesa una propuesta de reforma del sistema de financiación (algo que llevaba años bloqueado) y, al mismo tiempo, afirmar con claridad que el debate y los planteamientos de mejora no pueden darse por cerrados porque hay comunidades autónomas como Extremadura que cuentan con características estructurales muy concretas.
El verdadero núcleo del debate: las ponderaciones
Cuando se habla de financiación autonómica, se suele mencionar la “población ajustada” como si fuera un concepto técnico distante. Pero en realidad es ahí donde se decide todo. Pero este concepto no es más que una forma de responder a una pregunta clave: ¿qué factores hacen que prestar servicios públicos sea más caro en unos territorios que en otros?
Y aquí es donde conviene ser claros. No cuesta lo mismo garantizar la atención médica de un centro de salud, una escuela o un servicio de emergencia en una gran ciudad que hacerlo en una región extensa, envejecida y profundamente dispersa como Extremadura. No cuesta lo mismo atender a una población joven y concentrada que a una población envejecida repartida en centenares de pequeños municipios.
Por eso, más importante que centrar el foco del debate en cuestiones gruesas como si parece mucho o poco el volumen total de recursos que se destinan a Cataluña o a Madrid es cómo se ponderan las variables. ¿Qué peso se da a la población pura? ¿Qué peso a la sanidad, al envejecimiento, a los servicios sociales, al territorio, a la dispersión o a los costes fijos que no se pueden reducir aunque la población disminuya? Ahí está la clave. Y ahí es donde regiones como Extremadura tienen razones más que legítimas para pedir un ajuste más fino en esos porcentajes de ponderación.
Población no es lo mismo que coste
Uno de los grandes equívocos del debate público es confundir población con coste. Son cosas distintas. La población padrón mide cuántas personas viven en un territorio. Pero no mide cuánto cuesta garantizarles derechos. En territorios densos, la concentración permite economías de escala. En territorios dispersos, sucede lo contrario. Cada servicio cuesta más, porque hay que mantener estructuras mínimas para pocos habitantes y recorrer muchos kilómetros.
Cuando el peso de la población padrón es excesivo, el sistema tiende inevitablemente a favorecer a los territorios más concentrados y a penalizar a aquellos que sostienen los servicios públicos en condiciones objetivamente más difíciles. Y conviene decirlo con claridad: esto no es un efecto colateral ni una anomalía accidental, sino el resultado de un diseño concreto. El Estado de las Autonomías nace cuando los grandes procesos de migración interna del siglo XX ya habían vaciado amplias zonas del país y concentrado población, actividad económica y poder político en unos pocos polos urbanos. El sistema de financiación autonómica heredó en buena medida ese mapa previo y lo ha tendido a reproducir en el tiempo. De forma paralela, el modelo de financiación de las grandes ciudades (concebido durante el franquismo para sostener municipios que debían absorber flujos masivos de población) garantizó recursos a los centros urbanos, mientras los pequeños municipios, además de perder habitantes, veían erosionada su capacidad financiera. El resultado es una doble inercia histórica. Por un lado territorios que perdieron población y recursos, y por otro, un sistema que, lejos de corregir plenamente ese desequilibrio, ha contribuido a perpetuarlo.
Por eso es razonable defender que el peso de las variables que reflejan el coste real del Estado del Bienestar: sanidad, envejecimiento, servicios sociales, dispersión, territorio, debe ser revisado al alza y hay que hacerlo además desde la idea de que es una cuestión de justicia social y territorial.
Sanidad, envejecimiento y servicios sociales: el corazón del sistema
España es un país que envejece, como la mayoría de las sociedades avanzadas, por el puro avance de la medicina, la calidad de vida y la tecnología. Y hay territorios como Extremadura donde ese envejecimiento es mucho más acusado precisamente por cuestiones como los amplios procesos migratorios que ha vivido esta tierra. Eso no es una sólo una debilidad, es una realidad que exige políticas públicas adecuadas. La razón es sencilla: el envejecimiento implica más atención sanitaria, más dependencia, más cuidados, más transporte sanitario, más atención domiciliaria. Y todo eso tiene un coste. Si el sistema no lo reconoce suficientemente, está trasladando la carga a los territorios que menos capacidad tienen para asumirla.
Algo similar ocurre con los servicios sociales. En muchas regiones rurales, los ayuntamientos y las comunidades autónomas sostienen la cohesión social con recursos muy limitados, evitando que el abandono y la exclusión se conviertan en norma. Dar más peso a estas variables no rompe el sistema, al contrario, lo hace más coherente con su objetivo declarado, que es garantizar igualdad de derechos.
El territorio también cuesta dinero
Hay una idea que debería incorporarse con naturalidad al debate: la gestión del territorio no es algo gratuito. Mantener infraestructuras, servicios públicos, redes de emergencia o transporte en regiones extensas y poco pobladas es objetivamente más caro que hacerlo en entornos urbanos compactos. Sin embargo, durante años este factor ha sido tratado con escaso interés. Es muy posible que tenga mucho que ver la escasez de población y la consecuente escasez de escaños en el parlamento, cosa que hace el resto.
No obstante, asumir esa realidad nos permite afinar que reforzar el peso de la superficie y la dispersión a la hora de ajustar el modelo de financiación autonómica no es tanto una reivindicación provinciana o localista, como reconocer una realidad evidente basada en la idea de que si queremos que la gente pueda vivir en el medio rural con dignidad, hay que financiar a las autonomías que cuentan con mayor peso del rural de manera justa.
Financiación autonómica y financiación local: dos debates inseparables
Hay además una dimensión que suele olvidarse: la financiación local. Y sin embargo, en comunidades como Extremadura, los ayuntamientos son la primera línea del Estado del Bienestar porque son los municipios quienes atienden a las personas mayores, quienes mantienen infraestructuras básicas, quienes sostienen la vida comunitaria, muchas veces asumiendo competencias que van más allá de lo que formalmente les corresponde.
Hablar por lo tanto de cohesión territorial sin hablar de ayuntamientos es un error manifiesto. Sin municipios fuertes no hay servicios cercanos; sin servicios cercanos no hay arraigo; y sin arraigo no hay igualdad territorial. Por eso, cualquier reforma seria de la financiación autonómica debería abrir, de forma paralela, el debate sobre la financiación local.
La cohesión territorial como oportunidad y no como un lastre
Durante demasiado tiempo, la llamada “España vaciada” ha sido tratada como un problema a gestionar, casi como una anomalía del desarrollo, cuando en realidad es una oportunidad estratégica de primer orden para el conjunto del país. En un contexto marcado por la crisis de vivienda en las grandes ciudades, el encarecimiento imparable del alquiler, la escasez de suelo disponible, el colapso de servicios urbanos y un deterioro creciente de la calidad de vida en los grandes núcleos metropolitanos, el territorio rural ofrece algo que empieza a ser extraordinariamente valioso: espacio, recursos, capacidad de acogida y posibilidades reales de arraigo. No se trata solo de vivir en un entorno más amable, sino de abrir la puerta a un modelo territorial más equilibrado, resiliente y sostenible.
Además, las regiones con un fuerte peso de lo rural concentran activos absolutamente centrales para el futuro económico y social de España. Son el soporte de la soberanía alimentaria, el espacio donde se produce una parte esencial de la energía que consume el país, el pulmón ambiental que garantiza equilibrio ecológico y, cada vez más, el laboratorio de nuevas formas de vida y de trabajo más compatibles con la transición ecológica y con la digitalización. Sin embargo, nada de ese potencial podrá desplegarse si seguimos financiando estos territorios como si fueran residuales, secundarios o condenados al declive. La cohesión territorial no es por lo tanto un gesto simbólico, tampoco un ejercicio de nostalgia sino que debería ser una condición estructural del desarrollo económico, una inversión en estabilidad social y una apuesta estratégica para un país que necesita redistribuir población, actividad y oportunidades si quiere afrontar con éxito los desafíos del siglo XXI.
