Aportación ciudadana para sufragar el coste de un producto o servicio de salud.
Desde la responsabilidad pública tenemos la obligación no solo de transformar la sociedad en la que vivimos con políticas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, si no que igualmente debemos de poner en valor dichas actuaciones cada vez que se ejecuten, con la finalidad de dar a conocer las causas que las provocan, las consecuencias prácticas de su ejecución y la evolución y evaluación de dichas políticas aplicadas.
Se cuenta además con la barrera, a veces difícil de sortear, de que son mucho más interesantes para los medios de comunicación, incluidas el vuelo de las noticias por las redes sociales, las que resaltan aspectos negativos que aquellas que suponen avances o puedan calificarse en términos generales como positivas o buenas. Se comenzó el año 2021, con una subida escandalosa de la factura de electricidad, y fue una noticia de las más comentadas, compartidas y difundidas en ese mes de enero, (y con razón) pero sin embargo cuando esa misma factura bajó también de forma sustancial un mes después, fue un acontecimiento que pasó casi inadvertido para muchos medios y sobre todo para la comunicación en las redes sociales. De la misma manera cuando nuestra región, Extremadura, se situó en ese mes de Enero en el primer puesto en cuanto a la incidencia de la Covid en relación al resto de comunidades autónomas de España, nos autoflagelamos y lanzamos cientos de mensajes sobre lo mal que lo habíamos hecho para estar donde estábamos, sin embargo cuando unos días después en el mes de Febrero nos habíamos convertido, gracias al esfuerzo de la ciudadanía, y a las políticas públicas impulsadas desde los Gobiernos tanto regional como locales, en la primera comunidad de España con el índice de incidencia más bajo de todo el país, con los mejores datos de todas las comunidades autónomas, y Cáceres se había convertido además en la provincia con los mejores índices entre las españolas, esta última noticia también tuvo mucho menos relevancia e interés que cuando la información era la negativa.
Y siguiendo esta argumentación, podríamos considerar que también ha pasado casi inadvertida para la mayoría de la ciudadanía otra importante noticia de primeros de año 2021, que supone un gran avance en la igualdad real de trato en un sector tan importante como es el de la salud, y en particular en el acceso a los medicamentos por parte de la población más vulnerable. En el año 2012 el entonces gobierno del Partido Popular introdujo mediante el Real Decreto Ley 16/2012 el Copago farmacéutico, esto es que los ciudadanos debían contribuir con parte del precio del medicamente que le fuese recetado por sus médicos, algo que ha supuesto en todo este tiempo una seria dificultad para miles de ciudadanos vulnerables de nuestro país, nuestra región, nuestra provincia cacereña a acceder en igualdad de condiciones a los tratamientos médicos que les son necesarios.
En este año 2021, se ha comenzado a desterrar dicha injusta y discriminatoria situación, al haber aprobado el gobierno la eliminación del copago tanto a pensionistas de una determinada renta, como menores con una determinada discapacidad, como a personas con menores a su cargo en acogimiento familiar o guarda.
La medida en España beneficiará en total a 6,047 millones de personas, de las que más de la mitad (3,56 millones) son pensionistas, 2,35 millones son personas con ayuda por hijo a cargo, y 138.102 menores con discapacidad. En Extremadura serán un total de 130.000 extremeños los que tendrá derecho a la exención para no pagar el copago farmacéutico. Extremadura invertirá unos 8 millones de euros para pagar el copago de estos nuevos beneficiarios. La nueva exención beneficiará a tres colectivos: los menores de edad que tengan reconocida una discapacidad del 33%; personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social con hijos o menor a su cargo en acogimiento familiar o guarda con fines de adopción, y los pensionistas de la Seguridad Social cuya renta anual sea inferior a 5.630 euros si hacen declaración de la renta, o, si no tienen que hacer declaración, su renta anual sea inferior a 11.200 euros.
Todo ello manifiesta una clara posición ideológica sobre cómo tratar el acceso a la sanidad pública por parte de la ciudadanía, una Sanidad que, convertida en derecho humano, debe administrarse con la mayor calidad posible y con el mayor grado de accesibilidad justa y equitativa que se pueda ofrecer. Y de esta manera, mientras para algunos, como ya lo ha demostrado el Partido Popular al gobernar, la sanidad es un negocio, y por lo tanto debe de medirse también con parámetros de mercado, para nosotros, desde el Partido Socialista, la salud y el sistema público de Sanidad debe ser un derecho garantizado por ley, que debe amparar y dar cobertura de manera prioritaria a las personas más vulnerables de la sociedad.
No solo garantizamos la equidad cuando aseguramos el acceso al sistema sanitario, si no que debemos igualmente tener muy presentes, las condiciones económicas, sociales y ambientales del entorno de las personas que habitan en nuestros pueblos y ciudades.
Sin lugar a dudas, como nunca la trágica pandemia nos ha demostrado lo importante que son las condiciones económicas y sociales en el desarrollo de enfermedades. La densidad de población, el estado de las viviendas, las condiciones laborales. La situación económica de una familia, sus prioridades vitales marcadas por su renta, serán decisivas para saber qué importancia podrá, estará obligada a dar a la obtención de medicamentos necesarios para sus tratamientos médicos en función de sus condiciones socio-económicas.
El incremento de los copagos establecidos por el Gobierno del PP en el RD 16/2012 supuso la incorporación de los pensionistas al copago de medicamentos, con una aportación en su conjunto superior a 500 millones de euros. El incremento de la pobreza de las familias con hijos agudizó el problema de acceso a los medicamentos de este colectivo. Esta situación llevó a muchas personas a no poder retirar los medicamentos prescritos por razones económicas (un 3%, en torno a 1,4 millones de personas, según el último barómetro sanitario).
Hoy con un gobierno socialista en España, Extremadura y en la mayor parte de nuestros pueblos y ciudades de nuestra provincia cacereña, se devuelve a la ciudadanía ese trocito de dignidad arrebatada por políticas mercantilistas y discriminatorias, que ejercen cuanto están en el poder las derechas , siendo fiel a sus principios de que cada uno debe pagar lo que los productos valen en el mercado , independientemente de su capacidad de pago, y de que el producto sea esencial, vital para garantizar algunas cuestiones tan básicas como la salud de las personas.
Hoy debemos saber que, desde nuestros centros de salud, desde nuestros consultorios médicos, se está devolviendo equidad y justicia a unas 130.000 personas que conocen en nuestra región, lo que es tener que elegir en muchas ocasiones entre el medicamento u otro bien de primera necesidad. Hoy dichos medicamentos volverán a ser gratuitos. Hoy al igual que un gobierno socialista en nuestra tierra devolvió celadores a los centros de salud, abrió los puntos de atención continuada, las urgencias rurales cerradas por el gobierno del PP en Extremadura, hoy, 130.000 ciudadanos extremeños tienen mejor calidad de vida, y ello hay que saber destacarlo y resaltarlo, aunque no sea noticia, precisamente por ser buena.
