Dícese de las situaciones de justicia que tenemos la posibilidad de exigir como ciudadanía y el Estado la obligación de garantizar mediante la regulación de su cumplimiento en la práctica.
El mes de diciembre de cada año es el momento idóneo para recordar la importancia de los derechos humanos para la felicidad de todos los que habitamos este Planeta llamado Tierra. El 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos, porque un día como ese, pero del año 1948 las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el texto internacional más importe que recoge y reconoce nuestros derechos inalienables. En España tuvimos que esperar hasta el año 1978 para tener una Constitución que recogiera el espíritu y los principales derechos de la primera, segunda y tercera generación de los derechos humanos. En este mismo mes de diciembre, el 18 se celebra el día internacional de las Migraciones uno de los principales desafíos a los derechos humanos en todo el mundo, en el presente y en el futuro y un día antes esto es el 17 pasará a la historia de nuestro país, porque el Congreso de los Diputados aprobó la Ley que permite ejercer el derecho a morir dignamente, reguló la eutanasia.
Ningún derecho individual ha concitado tanto apoyo entre la ciudadanía como la eutanasia, pero ha costado que políticamente la Ley viniera a recoger y regular lo que la sociedad ya exigía y reivindicaba. Se convierte así, de esta manera, nuestro país en el cuarto de Europa en poner fin al sufrimiento insoportable, cuando así lo decide el enfermo de forma “autónoma, consciente e informada”
“Eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitarte o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”, define la ley orgánica en su exposición de motivos.
España se coloca entre los primeros países del mundo, será el sexto, en reconocer y proteger un nuevo derecho social. Todo ello con un amplio acuerdo político, que se pudo ver plasmado en la votación del 17 de diciembre en el Congreso de los Diputados, 198 a favor frente a 138 en contra y dos abstenciones. Un debate y una votación que pasarán a la historia del reconocimiento de los derechos en nuestro país.
Una Historia, la del reconocimiento de los derechos, que ha tenido desde que se aprobó la Constitución Española, nuestro principal instrumento de reconocimiento y protección de nuestros derechos individuales y colectivos, a un solo partido político que ha estado siempre en la defensa y la reivindicación de esos derechos que al final se acabaron convirtiendo en leyes, y ese partido no es otro que el Partido Socialista Obrero Español
La derecha española ha estado siempre y en todo momento durante nuestros 40 años de democracia impidiendo, obstaculizando, negando derechos fundamentales a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros pueblos y ciudades. Paradójicamente se negaban a esos derechos, pero muchos integrantes de la derecha social y política usaban su poder, posición, o sus recursos para ejercer al margen de lo legal, lo que luego la ley promovida por el PSOE regulaba y garantizaba para el conjunto de sus ciudadanos.
Nunca deberemos olvidar que la derecha de este país no votó de manera unánime nuestra Constitución del año 1978 aunque ahora tanto la reclamen, algunos de sus diputados de entonces se abstuvieron y otros se atrevieron incluso a votar en contra de nuestra Carta Magna. Pero no solo, no apoyaron de manera unánime nuestra Constitución Española si no que en el desarrollo de muchos de los derechos que se anunciaban en la misma, cuando tocó regularlos trataron de impedir por todos los medios, con campañas de presión mediáticas, con argumentos políticos ultraconservadores en los debates parlamentarios, con votos en contra en las Cortes, y cuando eso no les servía con recursos judiciales para tratar de parar el ejercicio real de esos nuevos derechos.
Eso sí, cuando fueron definitivos los reconocimientos de esos derechos, no dudaron en usarlos en beneficio propio, de manera absolutamente incoherente. La derecha votó en 1981 no a la ley del divorcio , votó no en 1985 a la ley de la despenalización del aborto, pero se divorciaron y abortaron acogiéndose a las leyes impulsadas por el PSOE, en 1986 votaron no a la universalización de la Sanidad, en el 2005 votaron no a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo y en el 2007 votaron no, a la que ley que pretende la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, su respuesta ha sido siempre no cuando se ha tratado de conquistar espacios de progreso y desarrollo en nuestra sociedad, no a la ley antitabaco, no al carnet por puntos, no a la educación sexual, no a la educación para la ciudadanía, no a restringir el tráfico en el centro de las grandes ciudades, no a la memoria histórica,. Han convertido el NO en su estrategia política cuando de reconocer derechos fundamentales y libertades públicas se trataba.
Son derechos no obligaciones individuales, son derechos ciudadanos, que suponen obligaciones para las administraciones públicas, pero que garantizan que puedan ejercitarse con todas las seguridades que el Estado de Derecho, pone y deben exigirse en la práctica. La eutanasia no te obliga a morir, ni el aborto a abortar, la existencia del derecho al divorcio no obliga a nadie a divorciarse, de la misma forma que el derecho al matrimonio igualitario no te obliga a casarte con una persona del mismo sexo. Es una obviedad, pero el reconocimiento de derechos no te obliga a nada, solo a exigir que si quieres ejercitar ese derecho tengas la posibilidad real de poder hacerlo, con el apoyo del nuestro Estado social, garante de hacerlo en las mejores condiciones posibles, con equidad y justicia.
Ahora en este año 2020 los actuales representantes de la derecha española y ahora también unidos a la ultraderecha vuelven a votar No a la ley de eutanasia. Una ley con un gran respaldo social, más de un 80% de apoyo, una norma garantista que reconoce la objeción de conciencia de los médicos y permite acogerse a ese derecho solo a las personas con dolencias irreversibles que hayan manifestado hasta en cuatro ocasiones su voluntad de acabar con su propia vida y cuenten de antemano con los preceptivos informes médicos. No obliga a nadie y nadie podrá decidir por nadie. Ni los médicos, ni los familiares, ni mucho menos el Gobierno.
Es una nueva combinación del ejercicio de derechos fundamentales, con el humanismo que está detrás de muchos derechos denominados humanos, con la compasión hacia las personas que sufren y padecen de manera permanente, y como no la comprensión de sus familiares. Una nueva ley garantizadora de un derecho que pretende preservar algo igualmente básico para una norma progresista, la equidad, la calidad de la prestación del servicio ligado al ejercicio del derecho y la atención humana a la persona y su entorno.
Desde hoy España es más libre, más igual, más justa, y más solidaria. Nuestros pueblos y ciudades cacereños deben promover y garantizar que toda persona que quiera ejercer este nuevo derecho tenga el respaldo, el apoyo y la ayuda de sus representantes políticos más cercanos. Los Ayuntamiento deben ser lugares para el cumplimento efectivo de nuestros derechos, y para remover todos los obstáculos que pudieran impedirlo.
