Orígenes del PSOE en la provincia de Cáceres: los líderes

Fernando Ayala nos ilustra acerca de nuestros líderes a lo largo de la historia.

El estudio de las élites viene enmarcado en una recuperación de la Historia política que tomó fuerza a mediados de la década de los ochenta, tras periodos de dominio de otras tendencias más globalizadoras. Después de una época de especializaciones, parece que ha llegado el momento de reivindicar el acontecimiento, la narración y la cronología, sin exclusiones sino con agregaciones, con lo que se pretende humanizar la historia[1].

Si bien la definición del concepto de élites está sujeta a una continua polémica[2], se las reconoce en general un papel determinante como sujetos activos capaces de influir en el devenir histórico. Una definición más completa la toma Antonio Morales Moya de Rocher[3] en el sentido de que serían personas o grupos que, dado el poder que ejercen, contribuyen a la acción histórica de una colectividad, ya sea por las decisiones que toman, ya por las ideas, los sentimientos o las emociones que expresan o simbolizan.

Algo similar sucede con los diferentes contenidos del término “poder” que contiene referencias muy diferentes según las apunten historiadores, politólogos, sociólogos…, pero entre las que destaca el carácter de dominio o el papel organizativo y la capacidad de imposición de unos sobre otros.

Por otra parte resaltamos el auge y la divulgación de las biografías, enmarcado por lo que José A. Piqueras denomina: “la sugestión por los destinos individuales”[4], donde siguiendo a Le Goff la biografía pretenderá la presentación y explicación de una vida individual en la historia. Al personaje se le sitúa no como tipo sino como ejemplo, dejando de ser único para ser representativo. La prosopografía reuniría y confrontaría biografías individuales, de grupos unidos por una misma vocación o una misma praxis    (en el caso que nos ocupa, eminentemente política).

Por lo que respecta a la provincia de Cáceres, al estar incardinada en una sociedad eminentemente rural, habría que tratar de distanciarse, en muchas ocasiones, del concepto de élite y referirnos más a los poderes locales, donde se aprecia claramente la delegación del Estado a la   comunidad[5].

En este capítulo no vamos a pretender realizar una biografía de cada uno de los personajes relevantes del periodo estudiado. Más bien se tratará de exponer una serie de reseñas de aquellos individuos que se significaron, especialmente en lo político, durante la época analizada. La idea final será confeccionar una caracterización global del protagonismo, no sólo de lo colectivo, abordado cuando tratamos las Agrupaciones, sino también de lo individual, dentro de la esfera del Partido Socialista Obrero Español.

         Por otra parte no se nos escapa la estrecha vinculación entre la actividad política y la sindical. En nuestro caso entre la adscripción al PSOE y la pertenencia a la UGT. Evolucionando las trayectorias en muchos casos de manera paralela[6].

Hemos realizado una selección de algunos personajes que destacaron por la mejora de las condiciones de vida en la provincia de Cáceres desde la órbita socialista. Tendremos presente que nos hemos extendido especialmente en las intervenciones parlamentarias de los diputados socialistas cacereños en Cortes, dada la importancia del cargo y los temas abordados, por lo tanto y al margen de sus intervenciones, comenzaremos precisando los puestos que ocuparon en el Congreso.

Con respecto a las intervenciones, nos detendremos más adelante, pasemos a continuación a referirnos a las Comisiones de las que formaron parte cada uno de los diputados cacereños[7]:

Legislatura 1931-1933 

Diputado Comisión
Ángel Rubio y Muñoz Gobierno interior
Ángel Rubio y Muñoz Guerra
Ángel Rubio y Muñoz Suplicatorios
Antonio Canales González Trabajo
Juan Canales González Obras Públicas
Juan Canales González Presidencia
Juan Canales González Reforma Agraria
Juan Canales González Trabajo
Juan Canales González Suplicatorios

Legislatura de 1936

Diputado Comisión
Luis Romero Solano Comunicaciones y Transportes
Luis Romero Solano Obras Públicas
Luis Romero Solano Paro Obrero
Luis Romero Solano Trabajo y Asistencia Social
Rafael Bermudo Ardura Agricultura
Felipe Granado Valdivia Agricultura        


Ángel Barrios Pérez
: salió elegido concejal del Ayuntamiento de Hervás en las elecciones del 12 de abril de 1931, siendo posteriormente nombrado alcalde. Era miembro destacado de la Federación Provincial Obrera, de la que fue Delegado del Distrito de Hervás en septiembre de 1933.

Según Julián Chaves [8] fue fusilado tras condena a pena  de   muerte en Consejo de Guerra.

         Rafael Bermudo Ardura: nació el 19-01-1881 en Trujillo[9]. Era agricultor e hijo de un pintor[10]. En 1920 creó la Sociedad “La Esperanza”. Su actuación política republicana comenzó al ser elegido concejal socialista en Trujillo, el 12 de abril de 1931. Posteriormente fue nombrado Presidente de la Diputación cacereña el 31 de marzo de 1933, cargo en el que estuvo hasta el 10 de octubre de 1934. Fue también Delegado del Distrito de Trujillo en la Federación Provincial Obrera en septiembre de 1933.

Fue candidato a diputado en las elecciones a Cortes en 1931 y 1933 y diputado en 1936, formando parte de la Comisión de Agricultura, aunque no tuvo ocasión de intervenir ninguna vez.

Siendo diputado cuando estalló la guerra civil fue detenido en la zona de Plasencia y trasladado a Cáceres donde el 13-8-1936 fue asesinado[11], estando enterrado en Cáceres.

 Vicente Berrocal García[12](Alcuéscar, 1909 – 1977): Nacido en el seno de una familia de gente dedicada a actividades agrícolas, fue hijo de Benito Berrocal Javier y de Petra García Caballero. Su padre fue uno de los precursores de los ideales socialistas desde principios del siglo XX cuando se crea en Alcuéscar la denominada Liga Anticaciques que era una asociación cuyos fines principales eran dignificar la vida de los jornaleros en una localidad de profundas diferencias sociales debido a la acumulación de la riqueza en manos de unos cuantos grandes propietarios, siendo estos los que decidían los destinos de la mayor parte de la población que se tenía que doblegar a sus designios para poder llevar un trozo de pan a su casa con el que poder dar de comer a sus hijos. Para mejorar las condiciones de vida de los jornaleros, estos socialistas utópicos, propugnaban la reforma agraria integral a través de la incautación de tierras a los caciques locales para ser trabajadas por los que no tenían nada, solo sus manos.

Vicente Berrocal se cría en una familia donde es el hijo mayor de la prole de Benito y Petra, solo tiene una hermana Francisca y otros cuatro hermanos; Julián, Juan, Fructuoso y Manuel. Por tanto desde su más tierna infancia tiene que iniciarse en el trabajo en el campo junto a su padre; cavar las viñas y olivares, coger aceituna, sacar la corcha, etc. Al mismo tiempo se inicia en el aprendizaje de la lectura y la escritura a nivel muy básico y empieza a tomar conciencia de que existen otras formas de organización social más justas, donde los derechos de los trabajadores sean el eje principal de las relaciones entre las personas. Este ideal socialista había sido heredado de su padre Benito Berrocal, un hombre que siempre pensó que el conocimiento y la formación cultural de los trabajadores eran las armas principales para poder mejorar sus condiciones de vida. Benito, en las tórridas noches de verano en Alcuéscar, se dedicaba a leer libros en la calle a sus convecinos del barrio del Pocito, cuando llegaba una hora determinada suspendía la lectura hasta la noche próxima. También era aficionado al teatro y había formado parte de una compañía que se había creado en el pueblo, siendo de los pocos vecinos del barrio jornalero del Pocito que sabia leer y escribir correctamente. Siempre fue un hombre preocupado por la cultura, siendo esta preocupación una de las principales seña de identidad que hemos heredado sus descendientes. Ideales de los que fueron depositarios sus hijos, sobre todo Vicente que era el mayor.

Vicente Berrocal participa en 1932 en la creación de las Juventudes Socialistas en Alcuéscar en compañía de otros vecinos y amigos de diferentes profesiones desde sastres hasta jornaleros, en el acto de creación de esta organización acaecida el día 19 de julio de 1932 en la sede que las Juventudes Socialistas de Alcuéscar tenían en la calle de la Fragua, Nº14, se nombra presidente a Leandro Moreno Jaén y vicepresidente a Gerardo Rosco Chamorro, también son nombrados para los distintos cargos: Eusebio Gaspar Romo como secretario, Diego Díaz Higuero como vicesecretario, Benito Pavón Cobo como tesorero, Fernando Puerto Chamorro como contador, así mismo son nombrados tres vocales de la Asociación que eran Valentín Molano, Fernando Guerra Encinas y Vicente Berrocal García.. Se dedican a fomentar la cultura entre los jornaleros y desheredados del pueblo en forma de clases nocturnas para aprender a leer y escribir, fomentan la ocupación de fincas improductivas en manos de los grandes latifundistas, divulgan los ideales de justicia e igualdad del socialismo entre sus convecinos y participan en todas las protestas que se organizan contra la situación de los trabajadores en una población donde la posesión de la tierra era sinónimo de dominio social, político y económico. Estas actividades, revolucionarias para Alcuéscar y para su tiempo, serán una constante durante todo el periodo republicano, hasta el trágico desenlace de esta experiencia en el verano de 1936.

Llegada la Guerra Civil, una vez que se produce el alzamiento, Vicente es detenido y llevado a prisión, pasando a engrosar la lista de posibles fusilados por los falangistas del pueblo que cada madrugada hacían una saca de presos para pasearlos por las cunetas y puentes del entorno. Lugares donde terminaron sus días muchos de los antiguos compañeros de Vicente, la represión en Alcuéscar fue brutal como ha puesto de relieve unánimemente la historiografía especializada en este tema. Una tragedia para la familia de Vicente, cuya madre Petra y su única hermana Francisca, acudían cada mañana para interesarse si habían fusilado a su hijo y hermano. Pasado un tiempo en que cesan los fusilamientos indiscriminados, Vicente es ingresado en el Penal de San Pedro de Cardeña en Burgos, donde pasa en torno a dos años de trabajos forzados en condiciones de extrema penosidad. Liberado de este campo de concentración, vuelve al pueblo y se inicia de nuevo en su trabajo de jornalero, se casa con María Meneses con la que compartiría el resto de su vida y viendo que se siente discriminado por los caciques locales debido a su historial político y presidiario, se inicia en el oficio de churrero, actividad que desempeñó, con especial esmero, durante muchos años hasta su jubilación. Tuvo tres hijos: Benito, Agustín y Miguel, siempre fue un hombre de ideales izquierdistas con un fino sentido del humor del que pudimos disfrutar aquellos que le conocimos. Esta forma de concebir el mundo le acompañó hasta su muerte en Alcuéscar en los inicios de la transición democrática. Fue de los españoles que respiraron fuerte y hondo y con felicidad el día que murió Franco en 1975, para él la pesadilla iniciada el fatídico 18 de Julio de 1936 había terminado.

Según señala el historiador y autor de este perfil biográfico, Fernando Jiménez Berrocal, su  tío, Vicente Berrocal García, de la familia de los Pífanios de Alcuéscar, tuvo una importante virtud a lo largo de su vida. Siempre fue un hombre bueno y bondadoso, que trató de vivir fiel a sus ideales de justicia y solidaridad para con los más deprimidos.

 

 

Antonio Canales González[13]: (1885-1937) de profesión tipógrafo y regente de El Noticiero. Diputado socialista en las Cortes Constituyentes de la II República, no fue sin embargo por este cargo por el que adquirió celebridad, sino por haber desempeñado el puesto de alcalde de Cáceres de 1931 a 1934 y en los meses de febrero a julio de 1936. Durante toda su actividad política se ganó multitud de alagos y el respeto hasta de sus oponentes políticos que llegaron a aplaudir su gestión. Fue uno de los pioneros en la lucha política obrera en Cáceres, siendo fundador de la Federación Local Obrera y logrando ser elegido concejal en 1918.

Ingresó en el PSOE en 1920 y fue el Presidente de la Agrupación Socialista local en 1926. Vocal titular por Extremadura del Comité Nacional del PSOE en 1931-1932[14]. Candidato socialista a Diputado a Cortes en las elecciones de 1920, por el Distrito de Cáceres, fue vencido por el conservador Juan Vitorica Casuso, que derrochó grandes sumas para lograr el escaño.

Hombre sencillo y atento, enemigo de la violencia por dogmatismo, su obra se caracterizó por la prudencia y el tratar de equilibrar las tensiones. Entre sus preocupaciones al frente de la alcaldía estuvo la constante búsqueda de remedios que contribuyeran a aliviar el angustioso paro obrero que se vivía, su profunda preocupación por el problema del abastecimiento de aguas, la construcción de grupos escolares (a uno de los cuales se daría su nombre), numerosas obras públicas (obras de ensanche y pavimentación, plazas, prisión provincial, Gobierno Civil…).

Su inquietud por la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora le llevó, entre otras realizaciones, a prestar un apoyo incondicional al proyecto de construcción de la barriada de Casas Baratas para los obreros, a colaborar en la implantación en Cáceres de la Caja Regional para el Retiro Obrero y a gestionar el primer empleo comunitario, ocupando a los obreros en peonadas de jardinería[15].

Como parlamentario formó parte de la Comisión de Trabajo y buena parte de sus intervenciones se circunscribieron a temas relacionados con la capital de la provincia: construcción de grupos escolares, la estación férrea, la prisión provincial, si bien destacó un apasionado discurso sobre los trágicos acontecimientos sucedidos en Miajadas en agosto de 1933.

Fue un personaje muy popular que entregó su vida a la causa obrera y mereció la estimación de todo tipo de tendencias políticas, siendo su obra, tanto para la ciudad como para la provincia de Cáceres, así como su trayectoria política, ejemplar. Tras el levantamiento militar del 18 de julio,  el 10 de agosto de 1936 el Sr. Director de la Prisión Provincial admitió en la misma a Ramón González Cid (Presidente de la Diputación), Antonio Canales González y a Luis Martínez Carvajal (diputado de Izquierda Republicana). El 6 de marzo de 1937 el Comisario Jefe de Cáceres informó al Sr. Jefe Superior de Policía que Antonio Canales (entre otros) debía continuar detenido en prisión “debido a su peligrosidad en los momentos actuales”. El 25 de diciembre de 1937, tras condena a pena de muerte en Consejo de Guerra, falleció Antonio Canales, víctima del irracionalismo al que combatió durante toda su vida a lo que contribuyó enormemente el complot sucedido en ese mes[16] .

Como veremos en la información suministrada, Antonio Canales ocupó cargos de la máxima responsabilidad, ya sea a nivel político (alcalde y diputado socialista), como en el sindical ( en la Federación Local Obrera y Casa del Pueblo).

En uno de los Expedientes de Responsabilidades Políticas que se le hicieron[17], destacan las siguientes declaraciones, que si bien todas las que presentemos, hay que tomarlas con la prudencia de la fecha, la fuente y el contexto en que fueron tomadas, pueden servirnos de ayuda, para conocer algunos detalles más de nuestros personajes. El propio Antonio Canales, reconoció que estaba afiliado al PSOE, que fue candidato a las elecciones de Compromisarios para elegir al Presidente de la República, aunque ni siquiera recibió la credencial y que no realizó actos de oposición al Movimiento.

El Comisario de la Policía nos amplía la información:

“ingresó en el PSOE el 25-2-1920 y desde dicha fecha en la que figura como fundador de la Casa del Pueblo (1912), ha trabajado sin descanso y con todo entusiasmo en la difusión de la doctrina marxista en toda la provincia, en la cual y en la capital es considerado como el principal organizador, propagandista y luchador en pro del socialismo. Ha ocupado cargos de responsabilidad. Fue varias veces Presidente de la Casa del Pueblo, alcalde de Cáceres desde el advenimiento de la República hasta octubre de 1934, ocupando después dicho cargo tras el triunfo del FP. Diputado en las Cortes Constituyentes. Puede considerársele como muy peligroso, pues si bien es cierto que siempre condenó la violencia y los actos agresivos y difundió el socialismo evolutivo preconizado por Besteiro, por  la sugestión que ejercía sobre las masas obreras era, quizás sin darse cuenta,  el alma de la gran máquina criminal y suicida, que en esta provincia al unirse con las demás pretendía el destrozo de España. Durante el mando de las izquierdas, las derechas le preferían para el cargo de Alcalde como mal menor, por ser menos agresivo que otros y hombre activo y trabajador. Con referencia al Movimiento ha dicho que era para salvar a los militares de las responsabilidades que contrajeron al reprimir los sucesos de octubre de 1934”.

Por último el alcalde declaraba a su favor y de nuevo se reconocían sus tendencias moderadas:

“La alcaldía la administró honradamente, al aproximarse la República firmó un llamamiento en que aconsejaba respeto a las personas y creencias, siendo sus características de moderación por lo cual soportó postergaciones y vejámenes de su partido que consideró al Sr. Canales un lastre (los extremistas), del que no les convino deshacerse por su prestigio, su vida de trabajo y sin tendencia al medro personal, siendo por ello caso excepcional. La Alcaldía desconoce actuación política clandestina. Cree honradamente que de todos los socialistas fue el más decente y desinteresado y que en muchas ocasiones la disciplina absurda e inmoral del partido, violentaría sus sentimientos”.

Contamos además con la información suministrada por varios informes al Servicio de Investigación Militar (SIM)[18]. El primero está fechado el 16-12-1936 y hablaba sobre su conducta personal y política:

 “(…) autor de infinidad de manifiestos a los obreros socialistas. Como directivo de la Casa del Pueblo, es de suponer sería uno de los principales dirigentes del movimiento marxista y como jefe de las masas socialistas uno de los ejecutivos a que cumpliese el plan de exterminio en las personas de orden de la capital y provincia”.

En otro amplio informe al SIM dirigido al Excmo Sr. Gobernador General (Valladolid, 14-1-1937) se comentaban sus cargos, lo describía como marxista y nos deja, bajo su punto de vista, un perfil diferente del alcalde Canales. Lo caracterizaba como dilapidador, no tan cordial, se centraba en los presuntos atropellos a los concejales derechistas (por ejemplo con motivo de la discusión en Cortes del Estatuto Catalán) y su actuación contraria en muchas ocasiones en temas religiosos. Describía con detalle sus enfrentamientos internos dentro del partido socialista y como paulatinamente va perdiendo su ascendiente, así como menospreciaba su labor como diputado en el bienio 1931-1933:

(…) “El hombre de mayor instinto político y sentido de la realidad que ha pasado por la organización socialista de Cáceres. Puede afirmarse que ha sido el alma de toda la actuación marxista. Dominaba por inteligente y habilidad al grupo de entusiastas que le acompañaron desde que inició los primeros pasos en la política y todo cuanto se hacía era pensado y madurado por él”.

Continuaba recordando los inicios de su andadura política, remontándola a 20 años antes con muy pocos obreros y como durante muy poco tiempo permaneció casi solo, sin lograr que la masa obrera tomara en consideración sus predicaciones.

Se relataba como tuvo enfrente en los primeros años, al Sindicato de Obreros San José, que agrupaba a casi todos los obreros  de Cáceres, “pero no se estimó   debidamente  la importancia que esto tenía y el Sindicato por falta de atención de las clases pudientes empezó a decaer y las propagandas socialistas dirigidas por Canales consiguieron irse atrayendo por los obreros hasta el punto de conseguir que en unas elecciones municipales, celebradas en tiempos de la monarquía, fueran elegidos concejales varios socialistas, entre ellos él”.

Se señalaba que el Ayuntamiento le sirvió de pedestal para su propaganda  y que la Casa del Pueblo fue aumentando ante “la indiferencia de la gente“, añadiendo que se publicó un periódico socialista que “titulaban “Unión y Trabajo” que hacía casi solo Canales y de este modo sencillo y suave fue infiltrándose el veneno del marxismo en las entrañas del honrado obrero cacereño”.

A la hora de enjuiciar su actuación pública se citaba su modo de hacer las cosas, calladamente y sin estridencias que le hacía ir  probando  la importancia de sus organizaciones, “ensayando primero una huelga sin importancia, que a la gente les hiciera sonreírse, y que consiguiera de la cobardía de los burgueses que se resolviera con éxito para los socialistas; después era una manifestación o un mitin donde concurrían hasta los burgueses y salían haciendo elogios de la ecuanimidad de los socialistas; más tarde era un nuevo triunfo electoral conseguido por la estulticia de la clase conservadora, donde obtenían más puestos de concejales y donde menos se  esperaba, fue una revuelta de mujeres sublevadas por un pretexto sobre subsistencias con asalto de comercios y perturbación del orden público”.

En todo esto aparecía Canales como el “hombre bueno” que amansaba las tempestades con lo que observaba, según lo calificaban socarronamente y medía el poder del enemigo “que bien pronto le dio categoría de “personaje” concedida por los propios viejos caciques, pensando seguramente que de este modo podrían seguir con tranquilidad entreteniéndose con sus manejos políticos”.

Seguía el informe detallando cómo durante la Dictadura fue Canales concejal y en la Casa del Pueblo no interrumpió su labor callada pero constante de captación de obreros por lo que al celebrarse las elecciones municipales de 1931, los socialistas eran el único partido organizado que pudo elaborar un hábil plan de propaganda y consiguieron obtener un mayor número de concejales que los monárquicos, catorce por diez. Esto en Cáceres significaba una tremenda derrota para los burgueses, de la que supo aprovecharse Canales sin quebrantar sus procedimientos “templados en la apariencia pero inflexibles en el fondo”.

Si hasta el momento se le venía tratando con un cierto fondo de respeto y casi  podríamos decir de admiración, al narrar la llegada de la República, variaba sustancialmente su apreciación, describiendo como en esos momentos “llegó a todo su esplendor el personajillo objeto de esta ficha, pues fue elegido Alcalde de Cáceres, era Presidente de la Casa del Pueblo y en las elecciones para Cortes Constituyentes celebradas a pocos meses fue elegido Diputado a Cortes por Cáceres”.

Antonio Canales trabajó en  la empresa “El Noticiero”, sociedad de la que formaban parte burgueses como los Sres. Muñoz Soria, Muñoz Casillas, Borrreguero y otros, y ahora se recordaba  que esta empresa continuó pasando el sueldo de regente a Canales como si siguiera al frente de su imprenta. Todo ello dentro de un contexto en el que se indicaba que “la burguesía acudió propicia a cuantos llamamientos la hizo para resolver la crisis obrera y le entregó inconsciente o cobardemente cuanto dinero pidió para hacer política socialista”.

Sobre los primeros avances en la mejora de la ciudad y en el intento por paliar el paro obrero por medio de obras pública se matizaba que en esta situación la clase obrera se volcó en la Casa del Pueblo y que  Canales desde la Alcaldía “se limitó a dar trabajo por todos los medios, realizando obras sin ningún plan de estudios,  pero como en Cáceres todo estaba por hacer consiguió algunas mejoras positivas como el asfaltado de la Plaza Mayor y de las principales calles y la explanación de la Avenida de la Virgen de la Montaña. Para beneficiar a sus amigos socialistas ideó el destajar los trabajos por trozos los que permitió repartir los beneficios y que los propios obreros fueran rematantes”.

Cuidó mucho de obtener una apariencia de administración ecuánime en el municipio “aunque en el fondo, no se atendía a la necesidad ni a la utilidad de la obra, sino a que los obreros tuvieran trabajo como fuera y le dejaran  vivir en paz, para lo cual manejó a su antojo los movimientos de tierras deshaciendo cerros y rellenando barrancos, tan irreflexivamente que en otra situación  hubiera sido motivo suficiente para sustituir a un alcalde”.

Se criticaba el hecho de que, según su opinión, los derechistas no tuvieron nunca trabajo, “pues se amañó un censo obrero del que fueron excluidos y si alguno lograba entrar en el corte le hacían la vida imposible los socialistas con insultos y atropellos”. Añadía que  la beneficencia municipal fue también solamente para los socialistas “pues fueron suprimidas del padrón de beneficencia todas las familias pobres que no pertenecían a la Casa del Pueblo. Se colocaron como temporeros en las oficinas municipales a todos los socialistas que había que premiar y se llegó hasta poner con cada empleado“cavernícola” uno de los temporeros de confianza de los socialistas”.

Apuntaba así mismo que los asuntos que figuraban en el orden del día de las sesiones municipales eran tratados en la Casa del Pueblo y el acuerdo que adoptaban eran el que ineludiblemente habían de acordar los concejales socialistas y que los días de sesión se llenaba el salón de obreros que coaccionaban con sus gritos a la minoría derechista que penosamente tenía que realizar una labor de oposición y freno a las “alegrías” de los socialistas.

El alcalde Canales,  presidía las sesiones y hacía “como que amparaba los derechos de los concejales derechistas cuando eran insultados y atropellados, unas veces por el público y muchas por los propios concejales socialistas, como una falta de acuerdos con sus “camaradas”, pero eso no es más que el modo de aparentar un tono de sensato y evitar que el contrario reaccione esperanzado en que él pudiera imponer su templanza”.

Volvía el informe a calificar a Antonio Canales señalando que durante la República había aparecido como apaciguador de extremismo, administrador inflexible y protector del obrero, sin embargo “realmente siguió su sistema característico de paliar las estridencias pero quitando los primeros tiempos en que era respetado, después que se despertaron las ambiciones en la Casa del Pueblo, los extremistas eran los más díscolos y envidiosos que no podía ya sujetar porque sus estridencias las cometía para crearle problemas y colocarle en lugar desairado para que se gastara políticamente”.

Seguía comentando su trayectoria insistiendo en dos asuntos que coincidieron en el tiempo: el debate del Estatuto Catalán y el levantamiento de Sanjurjo, de tal modo que  decía lo siguiente :

“a pesar de su aire cordial aparente realizó una maniobra del peor estilo contra los concejales de la minoría de Acción Popular. Con motivo de haberse votado el Estatuto Catalán la minoría derechista presentó un voto de censura para el alcalde por haber dado su voto como diputado a Cortes. Coincidió la discusión con los días de la sublevación del General Sanjurjo en Sevilla y esto lo aprovecharon los socialistas, para en combinación con los grupos obreros que ocupaban el Salón de Sesiones, arremeter contra los concejales derechistas, hasta el punto que tuvieron que retirarse de la sesión, viéndose acosados a la salida por los socialistas que intentaron agredirlos.

Los concejales socialistas con Canales a la cabeza, se trasladaron cómicamente en corporación al Gobierno civil para protestar ante el Gobernador de la actitud de la minoría derechista entorpeciendo la vida municipal con su retirada.

Todos los concejales de la minoría derechista presentaron la dimisión de sus cargos al Gobernador Peña Novo, que les llamó a su despacho y entre amenazas de llevarles a la cárcel y comunicaciones de multa, les ordenó que concurrieran a una sesión que presidiría el Gobernador donde se resolverían todas sus diferencias.

Citada la sesión el Gobernador no se presentó y la minoría derechista fue objeto de nuevos vejámenes”.

La gestión administrativa se pasaba sin incidir mucho en ella, indicándose que se limitó a cumplir el presupuesto “sin que hubiera iniciativas ni arrestos para estudiar otro nuevo, que resolviera los problemas de Cáceres, cosa bien sencilla en aquellos momentos revolucionarios” y precisando que era un tópico

“entre la gente irreflexiva presentar a Canales como un modelo de Administrador, cuando seguramente es el alcalde que ha dilapidado más dinero de las arcas municipales con menos resultado práctico.

Solamente la explanación de la Avenida de la Virgen de la Montaña es un dispendio sin precedente y con el dinero malgastado en el asfaltado de calles se podía haber urbanizado toda la ciudad”.

Se mostraba el devenir  público del alcalde como síntoma de que  al interés político sacrificó Canales todo cuanto fue necesario y,

“como prueba, recuérdese aquel célebre impuesto municipal de prestación personal con el que se proponían los ediles socialistas hacer que todo el pueblo empuñara el pico y el azadón menos ellos, o que abonaran una cantidad en metálico y reaccionó la gente de tal manera que el pueblo sano de Cáceres demostró a los explotadores del obrero que era capaz de empuñar las herramientas de trabajo, pero esto se hizo en plan de chanza y buen humor que adquirió la categoría de escándalo público. El resultado fue que no se hizo nada útil, que la autoridad del Alcalde quedó por los suelos y que no se recaudó cantidad apreciable para este singular impuesto”.

También recordaba otros temas muy delicados, por ejemplo el religioso y señalaba como entre los muchos

 “cerrilismos socialistas que hubo que padecer los atropellos de que fue víctima la Congregación de la Preciosa Sangre al suprimir el paso subterráneo desde la residencia a la Iglesia; la prohibición  del toque de campanas a las Iglesias; la expulsión de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de la Casa Ayuntamiento que se retiró del Salón de Sesiones, donde estaba colocada. La retirada de la Virgen de los portales de la Plaza; la negativa para que la banda municipal de música actuara en la procesión de la Virgen de la Montaña; la supresión de la Cruz del Cementerio Municipal y la secularización del mismo; el cambio de nombres de las calles, la persecución al Capellán del Cementerio Municipal, que quisieron despojarle de sus derechos como empleado del Ayuntamiento y al no conseguirlo le destinaron a servicios vejatorios para su alta dignidad sacerdotal; los expedientes formados a empleados derechistas, la cesantía de todos aquellos que les fue posible, colocando en su lugar a paniaguados socialistas etc”.

Ante sus remuneraciones insistía en su duplicidad de responsabilidades al ostentar los cargos de Diputado a Cortes y Alcalde, insistiendo en que percibió ingresos por estos dos conceptos a la vez y únicamente dejaba cobrar las dietas los días que desempeñaba el cargo de alcalde, el primer Teniente Jacinto Herrero, “que no eran muchos por cierto”.

En este sentido hemos de precisar que cuando ocupó el puesto de diputado tuvo que hacer en las Cortes (sesión del 17 de marzo de 1932), como el resto de sus compañeros, una declaración de cargos y remuneraciones que ocupaba. En su caso eran las siguientes:

  • Alcalde de Cáceres por lo que cobraba 15 pesetas diarias como gastos de representación cuando actuaba como tal.
  • Consejero de la Caja Extremeña de Previsión Social y Vocal del Patronato. Sin sueldo[19]. Posteriormente con la ley de Incompatibilidades, tuvo que renunciar a este cargo.

De su actuación como Diputado a Cortes de las Constituyentes interpretaba que fue completamente nula,

 “pues carecía de preparación para este cargo y tuvo que limitarse a actuar de comparsa de la minoría socialista a la que perteneció. Consiguientemente votó la sectaria Constitución de la República, la expulsión de los jesuitas, las leyes laicas y de persecución a la Iglesia, la secularización de los Cementerios, la retirada del Cristo de las Escuelas, el Estatuto Catalán y toda la legislación demoledora e izquierdista de aquellas funestas Cortes. Por lo que se refiere a la provincia de Cáceres patrocinó y alentó los asaltos a las fincas rústicas, las tropelías de los jurados mixtos y toda la reprobable política del Gobernador Peña Novo. No tuvo ni la más pequeña iniciativa ni obtuvo la más insignificante mejora que beneficiara a la comarca, supeditando todo a la ramplona política del partido socialista y al disfrute de dietas y enchufes.”

Sin embargo, consultado el Diario de Sesiones, nos percatamos que la actividad, preocupación e inquietud de Antonio Canales por aquellas cuestiones que se producían en la provincia de Cáceres, se tradujo en varias vibrantes intervenciones en el Parlamento:

Con respecto al decreto de 11 de marzo de 1932 que suspendió los empréstitos hechos por los ayuntamientos para resolver la crisis de trabajo, tuvo una intervención donde aclaró el caso de la capital de Cáceres, de  la cual era alcalde. Señaló que se creaba un conflicto gravísimo ya que el Ayuntamiento tenía contratado con la Caja de Previsión el 60%. El Ayuntamiento tenía recogidos 400 obreros en obras públicas municipales que habría de pagar con los fondos de ese préstamo, con lo cual se vería carente de medios para cubrir esas obligaciones. Rogaba, por tanto, que se aclarase esa cláusula adicional que afectaba a muchos pueblos de Extremadura[20]. El paro obrero, uno de los pilares fundamentales del malestar social del momento, incrementaba su acción en estas fechas y hacía que los representantes políticos se esmerasen todo lo que podían para paliar sus efectos.

El 4 de septiembre de 1932 realizó una intervención en la que se detuvo en cuestiones de variada índole: la ampliación de la estación ferroviaria de Cáceres, los grupos escolares de Plasencia o la reforma de la prisión de Cáceres. Sobre las escuelas de Plasencia, señaló que el Estado había construido en la ciudad, con la aportación del Ayuntamiento, unos magníficos grupos escolares que costaron 600.000 pesetas. A los pocos meses de inaugurados se tuvieron que desalojar por ruina (hay que recordar que este tema ya lo trató en otra sesión, su compañero, el diputado socialista,  Ángel Rubio). Había 400 niños en la calle desde hace dos meses y 8 ó 10 maestros sin poder ejercer.

Se había llegado hasta el punto que el Ayuntamiento  anunció al Gobernador su intención de dimitir por no poder dar respuesta al problema. Pidió una solución y responsabilidad para el contratista, el arquitecto o quien correspondiera.

Con respecto a la prisión  provincial de Cáceres,  precisó que, siendo Directora General de prisiones, Victoria Kent, se elevaron quejas sobre las condiciones pésimas del centro. Visitó 13 prisiones en Cáceres y se dio cuenta que eran mazmorras en pésimo estado, y la de la capital la peor y con un elevado número de reclusos (sin sol, con mucha humedad…). Hemos de añadir que durante el primer bienio, se inició una campaña, promovida por el Ayuntamiento de Cáceres, destinada a la construcción de una nueva Prisión Provincial.

La respuesta que obtuvo de los distintos ayuntamientos de la provincia, fue mínima y se aludía en las sesiones de Plenos donde se discutió esta propuesta, al estado delicado de las arcas municipales, a la crisis económica, al paro… por lo que en la mayoría de los casos se abstenían de colaborar.

En referencia a la estación de ferrocarril de Cáceres, precisó que después de la de Madrid, era la de más rendimiento de la línea ya que estaba establecida en un centro de gran producción agrícola y ganadera. Matizó que no sólo no se había ampliado, sino que también se estaban destrozando muchas partes, por lo que pedía que se la dotara de servicios de más comodidad[21].

Las relaciones entre los obreros y las fuerzas encargadas de salvaguardar el orden público (en especial la Guardia Civil), fueron tensas en multitud de ocasiones a lo largo de todo el periodo republicano, dando lugar a numerosos incidentes.

El 1 de noviembre de 1932, se produjo una intervención de Antonio Canales donde detallaba el comportamiento del capitán de la Guardia Civil de Jaraíz de la Vera en un conflicto obrero, originado, según relata, por la falta de cumplimiento de las bases de trabajo pactadas ante el presidente del Jurado Mixto:

“La huelga general ha venido a consecuencia de que siendo éste uno de los pocos pueblos donde naturalmente hay trabajo en esta época, carecen de ocupación 300 ó 400 obreros, la mayoría afiliados a la Casa del Pueblo y en cambio hay ocupados más de un millar, sobre todo mujeres, de otros pueblos. Anteayer con motivo de las coacciones que se realizaron con automóviles que se dirigían al pueblo, el presidente de la sociedad obrera, recriminó a uno de los que paraban los coches y en aquel momento, el capitán de la Guardia civil le abofeteó. La denuncia se hizo inmediatamente al Gobernador y ayer tarde por un telefonema se le comunicó que había sido descerrajada la puerta de la Casa del Pueblo por el alcalde y por el capitán de la Guardia civil”[22].

Pidió la atención del ministro de la Gobernación para que impusiera las sanciones debidas a quien correspondiera e insistió en que “no hay tono de dureza ni de venganza, sino sólo el deseo de que S.S. conociera la cuestión de trabajo que un alcalde incomprensivo agrava y procura que se convierta en conflicto, siendo un alcalde que lo es hoy y hace 10 años y con cualquier régimen”. El ministro de la Gobernación en relación, sobre todo, al asunto de Jaraíz, pidió tiempo para informarse, habló también del comportamiento del Gobernador Civil, diciendo que le había presentado su dimisión, debido a la incompatibilidad entre él y diversas asociaciones de la provincia. Se trataron aquí varios aspectos relacionados: el paro, el orden público, las relaciones con la Guardia Civil y la pervivencia de autoridades municipales de las cuales, cuanto menos, se duda de su sinceridad hacia las nuevas instituciones políticas.

El 26 de abril de 1933 renunció condicionalmente al cargo de consejero de la Caja Extremeña de Previsión ya que se vio afectado por incompatibilidad[23]. Hay que tener en cuenta que estos asuntos se utilizaron con posterioridad, a la hora de la elaboración de las candidaturas presentadas en las próximas elecciones generales, tratándose en las antevotaciones de eliminar a aquellos candidatos que pudieran presentar problemas de incompatibilidad e iniciándose agrias discusiones en torno a su interpretación ya que suponía que algunos relevantes  personajes pudieran verse descolgados de la lista a pesar de contar con el apoyo de la militancia.

En algunas ocasiones, el propio Grupo Parlamentario Socialista, daba libertad de voto a sus diputados en determinadas cuestiones. Esto fue lo que sucedió en la sesión del 26 de julio de 1933, cuando Antonio Canales votó en contra de la actitud mayoritaria de los socialistas en una enmienda a la Ley de Vagos y Maleantes[24].

Por último, el 23 de agosto de 1933, sólo unos días después  de los trágicos acontecimientos que se produjeron en Miajadas, tuvo lugar una extensa intervención, emocionada, en un ruego, que va a leer,  dirigido al Gobierno. Se extendió en considerar que a pesar de que no fue testigo presencial, estuvo en el lugar de los hechos tan sólo unas horas después:

“Miajadas es un pueblo agrícola que practica el laboreo mediante la aparcería y arrendatarios de dehesa de labor.

Los aparceros vienen sosteniendo un litigio con propietarios y arrendatarios, con motivo de la partición de la cosecha. Los primeros quieren a medias, los segundos a tercio.

En junio-julio hubo choques, por impedir propietarios y arrendatarios la salida de las mieses segadas, quedando detenidos en los rastrojos los carros segados y custodiados por fuerzas de la Guardia civil.

En agosto se reproduce el malestar, intervienen los juzgados de Trujillo y Don Benito sin llegar a una norma conciliadora.

El juez municipal de Miajadas (enemigo de aparceros y obreros y cuya actuación es la causa del malestar del pueblo hace mucho tiempo, y el principal responsable de lo sucedido y de lo que pueda suceder) procede al reparto de los granos auxiliado por la Guardia civil, sin admitir quejas ni reclamaciones de los aparceros y en muchos casos sin que estos presencien la medida de los granos ni su distribución.

Los obreros se encuentran en lamentable estado, paro forzoso hace mucho tiempo. Sus protestas no son atendidas por el propietario, todos políticos de derecha y muchos viejos caciques monárquicos que ponen cuantos obstáculos pueden, dirigidos en la sombra por un teniente retirado de la Guardia civil que vive en el pueblo consagrado principalmente a combatir la República de la que cobra y a procurar destruir la organización obrera socialista, de gran importancia numérica y la única fuerza verdaderamente republicana del pueblo.

Para pedir solución al paro obrero, los organismos de la Casa del Pueblo hicieron un paro de 48 horas, no obteniendo resultado alguno. El 14 de este mes los aparceros hicieron un paro como protesta a la actuación del juez municipal en el reparto de granos. La Casa del Pueblo de Miajadas acuerda la huelga general indefinida pidiendo la solución del paro obrero y del conflicto de aparceros.

De esta huelga quedan eliminados los servicios de alimentación y alumbrado y así se comunica a las autoridades locales y provinciales.

Sin ninguna intervención llega el momento de la huelga, se produce y se desenvuelve con tranquilidad, reuniéndose los huelguistas en un salón donde se pasa lista, marchándose después cada uno a su domicilio.

La mañana del domingo 19, la población está tranquila aparentemente. En el salón Galán se encontraron numerosos obreros y llegan noticias de que elementos burgueses realizan provocaciones y profieren insultos a los trabajadores desde las puertas de los cafés y casinos, y acuerdan destacar una Comisión que vaya al Ayuntamiento a protestar y a rogar que se ordene el cierre de establecimientos para evitar choques que pudieran provocar desórdenes y colisiones.

En el ayuntamiento está el alférez de la Guardia civil que manda las fuerzas, y este señor con el alcalde salen a ordenar el cierre de los cafés y casinos. En el primero se le obedece, en el casino se niega a obedecer el juez municipal que está sentado con otros sujetos a la puerta y ante los reiterados requerimientos y órdenes del alcalde y del alférez viene el Presidente de la Sociedad y se cierra el casino, marchándose hacia la Iglesia parroquial la mayor parte de los que estaban a las puertas de los cafés y casinos.

Entretanto se rumorea por las calles que algunas mujeres y hombres invitaron a los que estaban en el mercado de cerdos que se celebra a las afueras que se fueran al pueblo, disolviéndose el mercado y retirándose algunos vendedores de leche.

Otro grupo de mujeres oye en la calle que en la Iglesia hay reunida mucha gente de las derechas y que se lanzan insultos y amenazas contra los huelguistas provocándolos con el propósito de hacer intervenir a la Guardia civil que patrulla por el pueblo y las afueras.

Unas cuantas mujeres se dirigen hacia la Iglesia y enterados de ello los obreros huelguistas acuden unos cuantos para evitar incidentes.

En estos momentos empieza la confusión y se pone de relieve la trama preparada por los patronos y caciques para destruir la organización y ahogar en sangre la huelga. Todo lo sucedido se relaciona tan ordenadamente que demuestra que los sucesos habían sido preparados con la cautela y habilidad característica de los profesionales del crimen que conocen los recovecos de los Códigos y las argucias leguleyescas que sirven para lograr la impunidad de criminales y hacer recaer la responsabilidad y los castigos sobre las víctimas de los crímenes colectivos que premeditaron y ejecutaron.

Todo se demuestra por el hecho de aprovechar este momento de llegar a las proximidades de la Iglesia parroquial el grupo de mujeres que se sentían injuriadas y provocado el pueblo trabajador, para iniciar la criminal maniobra preparada por los patronos y caciques.

Las primeras noticias que me llegan de la huelga de Miajadas son a las 11 de la mañana en Arroyo del Puerco (90 kilómetros de Miajadas), llevadas en persona por el alcalde Antonio Tostado que salió a primeras horas, delegando la alcaldía en un teniente de alcalde con el fin de comunicar el estado del pueblo con el gobernador. En Cáceres le dijeron que los diputados estábamos en un Congreso obrero y allí se trasladó para que le acompañáramos en su entrevista con el Gobernador.

Fuimos a Cáceres Pablo Valiente y yo acompañando al alcalde de Miajadas, no logrando hablar por teléfono con el gobernador, aunque sí con el secretario (Sr. Calatañazor) que me dice que ha enviado un inspector a Miajadas. Es la 1 y no hay noticias de la tragedia.

Minutos después me avisan por teléfono que ha habido choques entre huelguistas y patronos, que ha intervenido la Guardia civil y que ha habido un muerto y 5 heridos entre los obreros. Me interno en la ciudad buscando noticias oficiales que no encuentro. Pablo Valiente y yo dirigimos el siguiente telegrama: “Ministro Gobernación, Ministro Justicia. Durante huelga aparceros Miajadas, anunciada previamente, estaban obreros huelguistas plaza pública, situación pacífica. Teniente Guardia Civil, alcalde ordenaron cierre casino, situado plaza, por estar en él propietarios fincas rústicas, contra quienes iba huelga, a fin evitar contacto. Propietarios entraron Iglesia desde donde partieron primeros disparos; Guardia civil acudió, disparando también, acusando descargas dos muertos, cinco heridos mauser y pistolas, todos obreros. Pedimos nombramiento juez especial”.

Me marcho al Hospital Provincial donde han llegado dos automóviles con varios heridos graves y allí compruebo la trágica noticia. Una mujer del pueblo, madre de 6 hijos, ha caído en la calle muerta atravesada por dos balazas. Un hombre joven, recien licenciado del ejército de África ha pagado con la vida el delito de marchar a su casa desde la de su novia. Al caer muerto este joven se acercan para auxiliarlo el alcalde y el alférez, éste toca su cuerpo y no halla arma ninguna, pero más tarde el médico que lo atendió encuentra entre sus ropas o cerca del cadáver “una pistola” ensangrentada.

Rápidamente nos trasladamos a Miajadas Valiente y yo, junto con el alcalde Antonio Tostado, en el pueblo me mezclo con la gente que se encuentra acongojada y llena de terror. No voy a la Casa del Pueblo para evitar que mi presencia enardeciese los ánimos y se produjesen nuevos choques, recojo informes sin preocuparme si son de un bando o de otro.

Me entero de que los sucesos empezaron cerca de la Iglesia parroquial cuando un agente municipal intenta detener a un joven que amenazaba con una pistola a un grupo de mujeres. Este joven pistolero, dependiente del comercio de Pereira, respondió al guardia municipal Marcos Méndez Cortés que lo detuvo que la pistola la tenía para usarla. Un concejal derechista llamado Francisco González, pistola en mano y acompañado de un grupo de amigos suyos, también armados de pistolas, arrebataron al detenido de manos del agente municipal. Se produjo un alboroto y el grupo de pistoleros se agrupó a la puerta de la Iglesia, empezando el fuego de pistolas sobre la gente que había distribuida por las inmediaciones de la llamada Casa de Dios. Inmediatamente son volteadas las campanas de la Iglesia, señal indudablemente convenida para la actuación conjunta y desde la puerta de la Iglesia, desde las ventanas y desde el campanario se hacen muchísimos disparos de pistolas y de escopetas, disparos que produjeron la confusión y el terror de los que estaban en las inmediaciones.

Al Ayuntamiento llegan noticias de lo que ocurría en la Iglesia y acuden allí el alcalde en funciones y el alférez que invitan a los de la Iglesia a que dejen de disparar. Les contestan con vivas a la Guardia civil y el alférez les replica que se dejen de “vivas” y que cesen en su actitud. Con el alcalde y con el alférez va el oficial de la Bolsa de Trabajo, Manuel Ordóñez y los tres procuran calmar los ánimos.

Al volteo de campanas, que ha llenado de alarma al vecindario, acuden hacia la Iglesia numerosas gentes, por todas las calles que confluyen. Por una de ellas entran tres guardias civiles de caballería, dando cargas y haciendo fuego de pistolas, sin haberse ordenado por el jefe y sin toques de atención ni requerimiento ninguno a las gentes.

El alférez ordena a los guardias que cesen de disparar, pero el fuego no cesa. El alférez y el alcalde se acercan a un hombre que ha caído al suelo con un balazo en el vientre, en este momento se separa de ellos Manuel Ordóñez para aconsejar a las gentes que se retiren. Y allí se pone de manifiesto otra vez que todo estaba preconcebido.

Un guardia de caballería, que dicen es natural de Sierra de Fuentes, no obstante haber ordenado el alférez cesar el fuego, sigue disparando hasta agotar el cargador. Muy cerca dispara contra Manuel Ordóñez perforándole la traquea de un tiro, cuando Ordóñez ponía todo su esfuerzo en tranquilizar a la gente; mata de dos balazos a una pobre mujer y hace otros dos heridos ¡Un guardia solo, cuatro víctimas!

Los vecinos Juan Naharro (menor), Bartolomé Sánchez y Sánchez y otro individuo, marido de la pobre mujer que cayó muerta, reciben multitud de disparos y escopetas que desde una ventana de la iglesia hacen contra la gente, Juan Chamorro Masa, José Gutiérrez Muñoz y otros.

Desde la ventana de una casa, en la calle de Lerroux, dispara su escopeta un sujeto llamado Juan Félix Chamorro. A uno de los heridos, llamado Antonio Lobo, le han sido extraídos perdigones. Antonio Torres, que estaba entre los pistoleros, manifestó a Pedro Naharro Agúndez que le habían regalado una pistola de doce tiros, éste último me presentó un buen número de casquillos de pistola, postas y balas deformadas, que recogió a la puerta de la Iglesia, manifestándole que unos chiquillos habían recogido muchas más igual que la Guardia civil.

A Pedro Naharro le oyó decir que había visto disparar pistolas desde la puerta de la iglesia al cura D. Juan Cifuentes, al comerciante Francisco Jarrillo, al chofer Sebastián Morón, al concejal Francisco González Díaz, a Antonio Pallero, a Pedro Pintado, a Juan Caro Chamorro, que huyó a refugiarse en una casa cuando se le acabaron los proyectiles, y a algunos más.

Un vecino apodado “Tito”, cerca de la Iglesia, advirtió al cabo de la Guardia civil, que detrás de él y muy cerca, tenía a varios pistoleros, amenazándole éstos con matarle si no se callaba.

Los vecinos Pedro del Arco Cobos y Diego Tello Loro, testigos presenciales de los sucesos en la iglesia, me confirmaron los informes relatados.

El vecino Matías Soto Gómez recogió en sus brazos a Manuel Ordóñez cuando caía mortalmente herido, procurando impedir la hemorragia con su pañuelo. En esta actitud le sorprendió el tesón del guardia de caballería autor de las heridas, pidiendo más municiones, teniendo que soltar al herido y ponerse a salvo precipitadamente.

En el cuartel de la Guardia civil, el alférez no me desmintió que le dijera que él no había ordenado a la fuerza que hiciera fuego, además que ordenó que este cesara, siendo después cuando se hizo el mayor número de víctimas.

Se está preparando la fórmula salvadora, que surge en estos casos, a fin de que parezcan  los atacantes los atacados. En el cuartel había un tricornio roto y un fusil con señales de haber recibido una pedrada. Me llena la amargura al comprobar que no ha cambiado el fundamento de la justicia en España.

En el ayuntamiento, el alcalde que había estado conmigo desde las 11 de la mañana hasta las 4 ó 5 de la tarde, era conducido por 10 ó 12 Guardias civiles al Juzgado y de allí a la cárcel. Está incoando el sumario el juez municipal del pueblo, que por la mañana se encontraba entre los pistoleros y a quien se le ha visto esgrimir una pistola a la puerta de la iglesia. Este juez decreta la prisión de dos guardias municipales, a quienes quiere achacar el origen del conflicto, imputándoles haber disparado los primeros y dispone del alcalde, que no había estado en el pueblo. El alcalde y los dos serenos fueron trasladados a la prisión de Trujillo, mientras, los propietarios, a quienes el alférez arrebató las pistolas de las manos, siguen en el Juzgado Municipal del pueblo.

Ha sido nombrado un juez especial, aunque mi tranquilidad dura poco, pues acude el juez municipal de Trujillo, en funciones de instrucción, a continuar la tramitación del sumario. En Cáceres me entero que el juez especial nombrado a las 48 horas todavía no ha llegado, que apenas actúa el juez municipal de Trujillo y que sigue todas las incidencias del proceso, señalando nuevas víctimas, el juez municipal responsable de los sucesos.

Todavía no se han olvidado los sucesos de Plasenzuela, Valdemorales o Zorita.

Pido al Gobierno, al que se le quiere dar apariencia de insulto o algo parecido a la fuerza armada, retire la actuación militar que ya ha empezado a funcionar y haga entender a la justicia ordinaria en este asunto, para que no se de el caso que ha pasado en otros sucesos análogos en la provincia (muertos y encima en las cárceles).

Pido que como estimo que ha habido extralimitaciones, se indemnice en la forma que corresponda a las víctimas o a sus familiares y solicito un castigo ejemplar para ese centauro feroz, ese guardia de caballería en le que no se podrá precisar donde se esconde la bestia, si en la cabalgadura o en el jinete, que sin orden de disparar y con furor insano, con saña incalificable se cebó en una multitud inerme y aterrorizada, pidiendo a voces más proyectiles para continuar la matanza de seres humanos” [25].

Estos acontecimientos contribuyeron a encrespar la actividad cotidiana en muchos pueblos de la provincia de Cáceres y en especial, en el caso de Miajadas, animaron a que se encendiera una espiral de enfrentamientos, que se acelerará en gran medida a partir de las elecciones de febrero de 1936. Si bien no en el Parlamento, la derecha tenía otra versión de los hechos, así señalaban, a través de la prensa, que fue una provocación de la población, que se amotinó anárquicamente  culpabilizando a su vez a las autoridades locales por consentir e impulsar todo tipo de desmanes[26].

Las crisis internas de la familia socialista cacereña quedaban reflejadas en un análisis de la posición de Canales al final del primer bienio de la República cuando fue desplazado de la Presidencia de la Casa del Pueblo “por el grupo extremista y en las elecciones para Diputado a Cortes de 1933 fue eliminado de la candidatura socialista. En las elecciones actuó fríamente aunque utilizando su puesto de Alcalde a favor de la candidatura socialista”.

Durante el siguiente bienio, a pesar del triunfo de las derechas el Gobernador radical Sr. Ferrero Pardo, le respetó el cargo de Alcalde, siguiendo “melosa política de complacencias y el Ayuntamiento continuó en poder de los socialistas hasta la Revolución de Asturias, que después de muchas presiones y obedeciendo órdenes superiores Ferrero Pardo le destituyó de la alcaldía dejándole como concejal, en unión del socialista Pablo Valiente. Los demás concejales socialistas fueron destituidos; Canales y Valiente, en un acto de dignidad que contrasta con la cobardía del Gobernador, no concurrieron a las sesiones”.

El prestigio de Canales entre los socialistas fue declinando por “la campaña crítica que le venían haciendo los extremistas, llegando a serle difícil su estancia en la Casa del Pueblo, donde le llamaban irónicamente el Gato Feliz”.

En esta situación llegaron las elecciones a Diputados a Cortes de 1936 en las que intervino

 “fríamente, pero después falsificando el triunfo electoral del Frente Popular fue nombrado nuevamente Alcalde de Cáceres y con él fueron repuestos como Concejales todos los socialistas que habían sido destituidos cuando la revolución de Asturias. Esta segunda actuación en la Alcaldía ha sido muy discutida y mediatizada. El grupo de socialistas que le desplazó de la Casa del Pueblo formaron corrillo aparte enfrente del Alcalde y ostensiblemente actuaban en contra. Los acuerdos de la Casa del Pueblo, sobre las cuestiones a tratar en las sesiones municipales, se tomaban ya sin contar con Canales y se le imponían las decisiones a veces en las propias sesiones municipales.

El transcurrir de los últimos días antes de la guerra fueron complicados, pasando por una continua dinámica de dificultades:

“En la calle, grupos de comunistas le salieron varias veces en solicitud agresiva por lo que tuvo que montarse guardia que le acompañara a todas partes, dándose el caso de ser según se titulaba él, el primer alcalde auténticamente popular y el primero también que en Cáceres ha tenido que llevar guardia que evitara las posibles agresiones del pueblo soberano.

La actuación de esta segunda etapa en la alcaldía pasó dedicada en realidad a las luchas intestinas del partido. El Canales aquel “santón” del socialismo cacereño, había perdido todo su prestigio y ascendiente entre la clase obrera.

Ante los anuncios de unas elecciones municipales se apresuraron los ediles socialistas a ocuparse del manoseado problema de las aguas y presentaron unos proyectos y, rodeando de mucho misterio el asunto, se pasó el tiempo sin hacer nada positivo.

En los días anteriores al movimiento nacional, Canales acudió por el Gobierno Civil como todos los conspicuos del Frente Popular, momentos antes de llegar las fuerzas del Ejército a ocupar el edificio le ordenó al Gobernador que se trasladara al Ayuntamiento donde recibiría órdenes, despidiéndose de él con un abrazo, en el que también estrechaba al capitán de asalto Sr. Cano, titulándoles a ambos “los más leales”.

Después fue destituido del cargo del Alcalde y ordenada su reclusión en su domicilio particular. Más tarde pasó a la cárcel donde está en la actualidad ”.

Por último señalar las acusaciones de favoritismo hacia las colocaciones en trabajos públicos de determinadas personas, fundamentalmente con motivo de su adscripción política, con lo que, a pesar del fondo de honradez con el que sus conciudadanos y contemporáneos le querían dotar, trataba de desmitificar esta línea de pensamiento:

“(…) Para administrar la décima sobre la contribución para atenciones al paro obrero se eligió una Comisión de la que fue presidente Canales y su principal misión se redujo a hacer de aquello un coto cerrado para los socialistas.

Se daba colocación por el censo obrero que manejaban en la oficina de Obras Municipales los empleados socialistas incondicionales de Canales, Pedro Montero Rubio (fallecido) y Juan Manzano que continua empleado en el Ayuntamiento.

Los cargos de Guarda de almacén, Guardas de fuentes, encargados de brigadas obreras, encargados de los evacuatorios, investigadores de los arbitrios municipales etc fueron puestos por Canales por ser socialistas y casi todos permanecen en sus puestos”.

En una nueva ficha de la Dirección General de Seguridad, con fecha 31 de octubre de 1938 (es decir ya fallecido) y con membrete del  Ministerio de la Gobernación, Comisaría de Investigación y Vigilancia, figuraba en una relación de individuos que al parecer pertenecen a la masonería[27].

 

Juan Canales González: (1877-1943) hermano de Antonio Canales, a la muerte de su padre, se vio obligado a abandonar el seminario donde cursaba estudios sacerdotales, para ocupar el puesto de cartero que había desempeñado su padre y poder contribuir al sostenimiento de su familia. Pronto se lanzó al periodismo, dando muestras de su mente ágil y combativa que lo llevó a ser nombrado director de «El Norte de Extremadura», publicación progresista en la que escribió hasta 1904 en que entró en discusiones por discrepancias políticas con la empresa editora. Organizó sociedades obreras, adquiriendo paulatinamente gran popularidad, que le valió ser elegido en 1905 concejal para el ayuntamiento cacereño (fue el primer concejal obrero de Cáceres[28]). En sus inicios en la política se había mostrado como liberal-demócrata, pero a partir de 1904 y desde las páginas de «El Fomento», semanario que había fundado y que dirigía y escribía, se perfila su posición obrerista y republicana.

Consiguió que las Sociedades Obreras que existían se agrupasen en el denominado Centro Obrero, que irá adquiriendo gran vitalidad. Durante la segunda década del siglo XX abandonó la palestra política ocupándose exclusivamente de su cargo de Inspector de la Sociedad Española de Explosivos.

En 1931 salió elegido diputado por Cáceres en las Cortes Constituyentes de la II República, donde destacó sobre todo por su labor durante el debate para la aprobación de la ley de Bases para la Reforma Agraria. Formó parte de las Comisiones de Obras Públicas, Presidencia, Reforma Agraria, Trabajo y Suplicatorios.

Con motivo de discusiones internas fue expulsado en 1932 del PSOE, tras un incidente parlamentario con Indalecio Prieto. La razón inmediata fue por infringir una norma interna del Grupo Parlamentario Socialista que prohibía a sus diputados las interpelaciones al Gobierno sin autorización del propio Grupo. En la sesión del 9 de noviembre de 1932, Juan Canales, interpeló al Ministro de Agricultura, Industria y Comercio, Marcelino Domingo, ausente de la Cámara. El motivo alegado era las imperfecciones o irregularidades en la aplicación del Decreto de creación del Instituto de Reforma Agraria. Prieto, entonces respondió precisando que era intolerable lo que hacía, que el procedimiento era incorrecto…

Desde aquel momento, Juan Canales mostró su rebeldía votando contra las directrices del Grupo Parlamentario Socialista. Así, en febrero de 1933 se acordó por unanimidad “eliminar de la minoría a Juan Canales por su actitud de indisciplina”[29].

En las elecciones de noviembre de 1933  se incluyó en una candidatura disidente socialista denominada “Izquierda Independiente” que no tuvo éxito. A partir de entonces y fruto de una congestión cerebral vivió en Madrid muy enfermo.

Sobre sus intervenciones en el Parlamento hemos de señalar que va a ser el personaje más activo de los parlamentarios cacereños durante el primer bienio, con un total de  55 asuntos en cuya discusión había intervenido, destacando las relacionadas con la Reforma Agraria, así como 9 ruegos por escrito, además de formar parte, a lo largo de todo el periodo,  de 5 Comisiones.

El 12 de agosto de 1931 realizó varios ruegos: el primero sobre los inconvenientes del cambio horario propuesto por la Compañía de Ferrocarriles del Oeste de España. Señaló que desde hacía 20 años interrumpidamente había transporte de Cádiz a La Coruña, que ahora se quiere interrumpir en Cáceres ya que si se adelanta dos horas la llegada de los trenes de Andalucía y de Extremadura baja, la salida del tren que va a Astorga, camino de La Coruña, hace que quede en Cáceres la correspondencia 24 horas e igual suerte espera a las mercancías. Lo mismo sucedería con el horario de retorno. El ministro de Fomento (Albornoz) respondió que había recibido numerosas reclamaciones de entidades de Cáceres pidiendo la revisión del horario de ferrocarriles que aún estaban en estudio.

En la misma línea se refirió a un tema abordado por otros diputados cacereños y que en estos momentos había despertado la movilización de los afectados: el estado de suspensión del ferrocarril proyectado de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena pasando por Logrosán.

El ministro respondió que el Gobierno se inclinó a la no continuación del proyecto debido al estado de la Hacienda Pública y, por otra parte, por la planificación tan irracional que había hecho la Dictadura. Se daba cuenta de que se iban a destruir intereses creados y estaba además el problema del paro obrero, por lo que el Gobierno creía que manteniendo las cifras globales de las economías acordadas de conformidad con el Ministerio de Fomento podrían continuar las obras de los ferrocarriles suspendidas. Ante esto, intervino Juan Canales para matizar que: “si no continuaban las obras se perdería todo el coste de aquello que se realizó y que la crisis afecta a más de 2.000 obreros y que justifica su continuación la riqueza forestal, agraria y minera”.

Por último realizó un ruego al ministro de Fomento, en nombre de los viajantes de comercio (clase, que entendía, propulsora de la riqueza del país), pidiendo autorización para viajar gratis o a precios reducidos, que se considerase a las muestras como instrumentos de oficio y que se rebajase la tarifa ordinaria del 50%.

El ministro respondió que no tenía atribuciones para imponer a la Compañía la rebaja de tarifas[30].

En noviembre hizo un ruego al ministro de Trabajo y Hacienda solicitando la creación del Instituto de  Crédito para la construcción de las Casas Baratas[31].

El 10 de diciembre de 1931 intervino en varios asuntos: acerca de la industria del corcho, que consideraba abandonada y a la que no se prestaba atención, quizás debido a que no se tomaba en consideración el elevado número de operarios que empleaba, realizó un ruego al ministro de Economía y Hacienda, pidiendo la atención del ministro y de la Junta de Aranceles y Valoraciones para salvar del paro a millares de obreros.

Al ministro de Fomento le reiteró un tema de sensibilidad social: le pidió que resolviese los pleitos pendientes de las Compañías Ferroviarias con su personal y especialmente con aquellos empleados despedidos sin tener expediente desfavorable. Resaltó un caso sucedido en la Compañía Ferrocarriles del Oeste, que había despedido a obreros 4 ó 5 años antes de su jubilación con lo cual percibirían del Montepío una cantidad inferior y estaban condenados a la holganza, estando en condiciones de trabajar.

En esta sesión  también intervino en otros temas como: la aplicación de la ley de Defensa de la República a los alcaldes que negaban trabajo a los obreros asociados y un ruego sobre la exención de las disposiciones del decreto sobre arrendamientos de fincas rústicas de los anteriores a él[32].

En enero de 1932 pronunció un discurso en relación con la exclusión del contrato con la Compañía Arrendataria de Tabacos, respecto al monopolio de las plazas de soberanía del norte de África. Comenzó su intervención felicitando al representante de Canarias por la defensa de su región, haciendo a su vez una defensa de cigarrillo canario y del de la Vera. Consideró una paradoja  el hecho de que lo que producimos iba al extranjero “para disfrutar luego los españoles de su consumo al retorno [33].

Unos días después intervino para hablar sobre el decreto de revisión de arrendamientos rústicos. Veía un panorama sombrío para el próximo año agrícola: “no se ha sembrado, si se inicia el plan de barbecho, la cosecha de 1933 será ruinosa ”.

Señalaba que había un plazo de 15 días para la revisión de los arrendamientos, después una prórroga de 30 días, y las oficinas del Catastro no estaban preparadas, además de que existían diferencias entre regiones. La mayor parte de éstas eran de pasto y labor.  Incidía en que era imposible la ejecución de los contratos el 29 de septiembre, “el día trágico de San Miguel”, por lo que  los disturbios sociales agravarían la situación. Además,

 “los grandes propietarios que contratan con aparceros y modestos colonos han aprovechado en la provincia de Cáceres, a pesar de conocer la revisión tácita, para sembrar, con elementos nuevos y criados suyos protegidos por la Guardia civil, las tierras a barbechar por los aparceros; que de año en año vienen pagando en la provincia de 60 pesetas de alquiler por fanega de tierra, cuya fanega no les costó sino 1´50”[34].

La siguiente ocasión en la que intervino, lamentándose porque estaba casi desierto el Congreso de los Diputados,  fue para insistir en la triste situación del campo, en especial del extremeño y andaluz:

“(…) El primer responsable es el propietario de la tierra. Miles de peticiones llegan al Ministro de que es imposible labrar si se exigen pagos anticipados”.

Aludió al origen adquisitivo de enormes fincas: propietarios que compraron bienes nacionales: 100 hectáreas y tenían 5.000, o los que tenían amiralladas 200 y tenían 10.000.

Defendió al ministro de Trabajo, en su gestión de la ley de términos municipales y puso un ejemplo:

“Hay un municipio en la provincia de Cáceres, Alcollarín con 11 habitantes y 60.000 fanegas de término, de esos 11, 5 son el administrador y 4 criados del marqués, poseedor de tan extraordinario territorio por el que nada ha pagado”.

Continuó señalando que,

“a raíz de las elecciones municipales, se negaba a los obreros lo que ha sido su sustento, alegando que pidieran a la República lo que antes creía el gran señor que él les regalaba”.

Concluyó su intervención haciendo mención a la introducción de trigos extranjeros, bajo el argumento de que las fábricas de harinas estaban trabajando a media potencialidad. Para Juan Canales el problema era que existían muchas fábricas por lo que abogaba por una reforma[35].

Evidentemente no tenía razón el diputado socialista cacereño, no sabemos si por un lapsus, o bien por premeditación o demagogia, pero lo cierto es que, si nos atenemos a los datos proporcionados por el Censo de Población de 1930, Alcollarín era un municipio con 945 habitantes, es decir, muy lejano de los 11 que él señalaba y además, según el Catastro, contaría con 206 propietarios, de los cuales 18 se pueden considerar grandes propietarios. Si bien es verdad que éstos controlaban casi el 85% de toda la riqueza, de un pueblo de 80,83 kilómetros cuadrados de superficie.

El 10 de febrero de 1932 hizo un ruego al ministro de la Gobernación en el que trataba una situación, a su juicio irregular, de la Comisión Gestora de la Diputación de Cáceres, que

 “sin previo anuncio, ni concurso entre Compañías aseguradoras, ha hecho el Seguro de los edificios y enseres de Beneficencia en 7 millones de pesetas a una Compañía Inglesa”[36].

La contestación escrita del Ministerio de la Gobernación se produjo el 5 de marzo de 1932, quedando sobre la mesa, a disposición de los señores diputados, los antecedentes enviados al Ministerio de la Gobernación por el Gobernador Civil de Cáceres[37].

En la misma sesión hizo un ruego al Gobierno acerca del gravamen sobre las frutas a su entrada en Inglaterra, y las manufacturas del corcho a su entrada en Francia. También otro ruego sobre la situación del Estado frente a los Municipios que tenían saldos acreedores por los bienes de Propios.

El 12 de febrero de 1932 intervino, en relación con unos Decretos del Ministerio de Economía que afectaban a la agricultura,  para relatar unas noticias recibidas hace pocos días desde Cáceres por parte de los fabricantes de harinas, quienes decían “que no tienen 1 kilo de trigo, ni siquiera después de haberla pagado en agosto a 18 pesetas y cuanto más a 19 pesetas”[38].

El 5 de marzo de 1932 realizó tres ruegos: dos al ministro de Obras Públicas sobre la incorporación de coches de segunda a los trenes expresos y sobre las obras del ferrocarril Talavera-Villanueva; y otro al ministro de Hacienda, sobre el abono a los Ayuntamientos de las cantidades que les adeudaba el Estado por venta de bienes de Propios.

Con respecto al primer ruego, se refería a la falta de institución industrial y mercantil, así como de espíritu de administración en las Compañías ferroviarias, que ponían trabas en los viajes. Por razones de época turística (feria de Sevilla, Semana Santa, Corpus…) pedía que a los trenes expresos se incorporasen vehículos de segunda clase, dado el estado deplorable y antihigiénico de los de tercera.

De nuevo volvía a salir a debate el tema de las obras del ferrocarril Talavera-Villanueva. Señalaba que se llevaba invertido la mitad del presupuesto, unos 80 millones en obras como puentes o  túneles que no tienen otro uso y que con la acción de las lluvias y el abandono se destruirían. Las ventajas de continuar con el proyecto son, entre otras, que ahorraba 80 km y que ponía en transporte un mineral como la fosforita o fosfato de cal, que hay que importar de Argelia y Oceanía, además permitía transportar ganado, granos y madera.

En el tercer ruego, se refería a los pueblos a los cuales el Estado debía cantidades cuya cuantía no lograban conocer y menos hacer efectivas por las ventas de lo que fueron Bienes de Propios. Eran pueblos que no podían empezar las obras para las escuelas y pedían que les llegase ya sea en dinero o en láminas del 80% el importe de su participación en los Bienes de Propios. También consideraba que era necesario que la Dirección de la Deuda dijera si habían sido pagados por los terratenientes que en la actualidad los poseían, ya que los archivos del Registro de la Propiedad estaban llenos de notas marginales en que se indicaba “constituida la hipoteca a favor del Estado en tanto no se hagan efectivos los 20 plazos en que, generalmente se vendieron las fincas ya que muchos han pagado sólo 1 ó 2 plazos”.

El ministro de Hacienda (Carner) le respondió que a nadie le será negada la obtención de datos por procedimientos lícitos. La venta de bienes nacionales se hizo a plazos, muchos han sido pagados por los compradores que no habían cuidado de hacer las escrituras o de obtener los documentos de que estos pagos aparecían inscritos en el Registro de la Propiedad y también era consciente de que había bienes comprados y no pagados, esperando que se le comunicara. Intervino de nuevo, Juan Canales, señalando que no quería que se le acusara de “impremeditación o ligereza”, el abuso no era de tiempos de la República, se reservaba el nombre de agentes y ministros que toleraron irregularidades[39].

El ministro de Hacienda, contestó diciendo, “que pedir a la Dirección de la Deuda una relación de los Bienes de Propios de todos los pueblos de España complicaría las cosas y pide que se concrete qué pueblos”, a lo que replicó Juan Canales, que él hablaba en general porque pensaba que no se debía pedir sólo para su provincia,  demandando que se descubriese a los pueblos lo que sin saberlo era suyo. Añadió, “puede darse el caso de que muchos compradores no tengan las cartas de pago, pero es que da la casualidad de que tampoco están las matrices en Hacienda”. Pidió que se llame uno a uno a los dueños de tierras para que justificasen el título que les acreditaba como dueños,

“así nos daremos cuenta de que se daba la coincidencia de que eran el juez, el alcalde o el representante político del duque o del marqués, que eran siempre Diputados a Cortes y desde luego Senadores”[40].

Por lo que se refiere a la provincia de Cáceres hemos de añadir que en las sesiones de Plenos de muchos ayuntamientos se discutió este asunto, creándose Comisiones que se desplazaron a Madrid a gestionar las posibilidades que tenían de rescatar los bienes a que se consideraban acreedores, recogiéndose así mismo iniciativas de particulares que se ofrecían para acelerar los trámites burocráticos.

El 25 de marzo de 1932 realizó una protesta contra la situación de la clase trabajadora en la provincia de Cáceres. Señaló que es la provincia que menos había disfrutado en el reparto hecho de subvenciones para el paro obrero y de cantidades destinadas a la resolución de conflictos de trabajo. Añadió que, aunque había reuniones con terratenientes,

“allí no acudirán, ni siquiera representados por sus administradores, la colección de Títulos que fueron Grandes de España y que siguen siendo grandes por su capital acumulado, mientras centenares de obreros viven con angustia”[41].

Continuó diciendo que no había habido grandes conflictos, a pesar de que muchos obreros no percibían un solo jornal. Además, los poseedores del capital y de la tierra “no sólo estorbaban y dificultaban el laboreo agrícola sino que hacían gala y ostentación de lo que era su represalia”, señalando que si votaban a la República “sea ésta la que les dé de comer”. Indicó que era un problema de toda España y ya que no se aceptaba el cobijo de obreros, ni los alojamientos, pidió que se vigilase a los que boicoteaban la República, achacándola males y desgracias que tenían su origen “en las orgías del régimen monárquico”.

Trató aquí Juan Canales algunos de los asuntos que estaban íntimamente relacionados con la necesidad de solucionar la problemática del paro obrero: la necesidad de ser subvencionados por el Estado para atajar esta cuestión y las demandas que ante cantidades concedidas plantearon los distintos ayuntamientos, a todas luces insuficientes. Los obstáculos que ponían aquellos sectores que tenían o podían tener, al menos algunos medios para minimizar el problema, pero que posiblemente debido a concomitancias políticas, en especial la pervivencia de la nostalgia por el régimen anterior y, fundamentalmente, por los privilegios perdidos, se dedicaban a boicotear la marcha de la República y por supuesto a impedir que funcionase su legislación social.

El 28 de abril de 1932 hizo tres ruegos: uno al Gobierno en favor de los que en Cáceres llevan meses y meses sin trabajar ya que se trataba de una provincia caracterizada por el mutismo y la resignación y creía que había llegado el momento de tomar otros caminos.

Otro ruego lo presentó al ministro de Obras Públicas y giraba en torno al expediente instruido contra un arquitecto de Instrucción Pública que en Plasencia recibió una obra que había costado 560.000 pesetas y en la cual,

“muros que aparentan un grosor de 1,80 metros están huecos o paredes de 40 cm de espesor están solamente simuladas por dos tabiques de panderete entre los que se ocultan algunos tramos de madera que hacen mantener por poco tiempo la seguridad del edificio. Lo más grave es que hay 1.500 niños que debían estar albergados en el edificio de esas escuelas y no tienen donde cobijarse”[42].

El tercer ruego lo fue para el ministro de Hacienda y estaba en relación con la distribución del recargo del 20% sobre las labores de tabaco. Preguntó si se iba a extinguir el que costaba 0´50,  haciendo una defensa de los fumadores ya que se quedaban sólo los que costaban 0´70. El ministro de Hacienda le respondió que sí se extinguía esa clase, recordándole Juan Canales que,

“en la Dictadura, ante una medida como esa, los fumadores organizaron un disgusto que aconsejó al promotor del intento a desistir. El fumar es un vicio, aunque para muchos es una necesidad. A los productores de tabaco, sin embargo se les paga cada vez menos, con lo que si sube el tabaco sería justo que lo notaran los agricultores”.

El ministro respondió que el tabaco era un artículo de renta, con lo que la diferencia entre artículo y venta es enorme. La mayor parte la ingresaba el Tesoro, el aumento va al Estado y no a la Compañía. No creía conveniente la libertad de la industria y el monopolio del Tabaco ya que podría ser ruinoso para el sector. Consideraba que hay que mejorar la labor y rebajar el precio de costo.

Concluyó Juan Canales, precisando que el no pidió que desapareciese el monopolio y que los precios de los cultivadores no eran remuneradores: “los técnicos de Tabacalera se obstinan en reducir a una cantidad insignificante el tabaco considerado de primera ¿qué pasará con los de 2ª y 3ª?”[43].

El 13 de mayo de 1932 hizo un ruego al ministro de la Gobernación en el cual se refirió a los sucesos ocurridos en Logrosán, durante un mitin de propaganda a los diputados radicales socialistas por la provincia de Cáceres, Antonio de la Villa y Ángel Segovia. Señaló que por la prensa puede parecer un incidente político, pero que él cree que es puramente personal. El alcalde y el teniente de alcalde estaban suspensos en sus cargos por el Gobernador Civil de la provincia, si ahora se involucraban hechos en los cuales, los aludidos, tal vez no intervinieron, prosperarían para enrarecimiento del ambiente las suspensiones arbitrarias que se basaban en noticias llegadas a los oídos del Gobernador de labios de personas que no citaba. Era de lamentar que coincidían dos procedimientos: el gubernativo y el judicial. Terminó diciendo que las armas fueron únicamente piedras y palos y que “Logrosán es meca del feudalismo medieval, fácil escenario de farsas antiguas”.

Hay que comprender estas palabras en el contexto de que los principales implicados, el alcalde y el teniente de alcalde, eran correligionarios de Juan Canales, y también en el hecho de que las relaciones en la conjunción republicano-socialista no iban a ser tan fluidas como al principio de la legislatura.

En esa misma sesión hizo un ruego al ministro de Agricultura, Industria y Comercio, sobre la situación de los corredores intérpretes marítimos. Pidió que se trajese a la Cámara el expediente incoado en virtud de reclamaciones de estos corredores, cuya función había quedado casi anulada por los consignatarios de buques. También preguntó si sabía el ministro algo sobre la descarga de 150.000 toneladas de trigo que se estaban importando y que los consignatarios ganaban de 2 a 8 pesetas por tonelada y si alguna Cámara de Comercio amparaba este abuso[44].

A partir del 1 de junio de 1932 iniciará una serie de intervenciones muy destacadas en torno a la discusión de la ley de Reforma Agraria, de cuya Comisión era miembro, teniendo una activa participación. Dado lo interesante de estos debates, trataremos de reflejarlos, por lo que se refiere a Juan Canales, en gran medida.

Comenzó sus intervenciones con un discurso en la sesión del 1 de junio de 1932, indicando cual era la línea que había decidido seguir la Comisión para acelerar el proceso, en vez de contestar individualmente a cada una de las intervenciones había dado turnos, uno de los cuales era el suyo.

Empezó diciendo que,

“el dictamen de Reforma agraria o no se ha comprendido o no se quiere comprender ya que con el prejuicio de creer socializante de lo que se trata es de reformar la propiedad. Así más que de agrarismo se ha hablado de propiedad, con lo que se va a conservar intereses y propiedades y sobre todo si los que lo dicen son herederos de los que ayer raptaron y hoy conservan.

Se habló muy poco de técnica agraria. Se ha confundido el orden a establecer. Creo que lo primero que se necesita es tierra, llamada a realizar la función social que no realizó durante siglos y que hay que transformar pues viene una savia nueva a fertilizarla, quedando redimida de los que la detentaban, que si supieron que servía para algo, quisieron que para nada sirviese [45].

En la Cámara hay grandes personalidades pero se corre el riesgo viviendo en las nubes no ver el valle. Así se habló de juricidad, de teorías filosóficas, pero no se oyó el grito del campo, ni la voz de los que lo trabajan y haré posible que se oiga.

(…)A lo que hay que acudir es a los títulos que la propiedad tenga ya que no se puede pasar por alto el origen de la propiedad y los medios con los que los actuales propietarios se valen para que siga inerme. Tenemos así derechos reales, concesiones, jurisdicciones sin tierra o tierra sin jurisdicciones. Aquella propiedad se consolidó. En la venta de fincas incluidas en la ley de Desamortización,  no hay título que al detallar el nombre y la extensión de la finca, declare más del 10 por 100 de la extensión que realmente tiene.

Puso a continuación el ejemplo de Malpartida de Plasencia con 34 fincas:

 “Campillones” es una dehesa con 1.227 fanegas amiralladas, tiene en realidad 3.100, oculta 1.873, el líquido imponible es de 6.222 pts y renta 46.000. La dehesa “Urdinales” tiene amiralladas 1.098 fanegas, en realidad son 3.000, oculta 1.902, el líquido imponible es de 11.000 pesetas y renta 55.000. “El Carrascal” aparece con 984 fanegas, tiene 2.600, oculta 1.616, líquido imponible de 5.000 pts y renta de 40.000. “El Mironcillo” con 966 fanegas, tiene realmente 2.200 fanegas, oculta 1.348 y el líquido imponible es de 7.161, ésta  la explota el dueño, pero otra igual renta 62.000 (Balbontín interrumpió diciendo “¿ y a esos propietarios les vais a dar dinero encima?”).

(…) Por lo tanto se ha hurtado al Estado ¿no podrá darse el caso de que incluso teniendo título legítimo la  propiedad y habiendo sido adquirida por precio, proceda expropiarla, aún sin indemnización y que los dueños no hagan más que pagar al Estado y a los Municipios lo que al Estado y a los Municipios se les  debe?”.

A continuación se extendió en detallar la situación de la provincia de Cáceres:

“Hay provincias como la de Cáceres en que con carácter de señoríos se ha adquirido el 80 por 100 de la propiedad. Señoríos con carácter de merced real. Don Pedro Caro, marqués de la Romana es el señor de todos los tiempos de Navalmoral y lo era porque el amor del pueblo lo elevaba a las cumbres y le otorgaba su representación. Este marqués compra dos dehesas, una en Navalvillar de Ibor con 680 fanegas de marco real, según el título y otra (“Trasierra”) que perteneció también a los propios con 200 fanegas de marco real adquirida ésta en 6.000 pesetas y la otra en 60.000. Toman 880 fanegas de marco real. Por arte taumatúrgico resultan midiendo, según el Catastro 4.483 hectáreas (el número de fanegas al que equivalen esas hectáreas es de 8.966 aproximadamente). El Catastro calificó como de primera aquellas tierras, fijándolas con una enorme riqueza catastral. Al Marqués de la Romana no le basta con que sus 460 hectáreas resulten 4.483, como los antiguos señores (que todavían viven) contaban con el juez, con el alcalde, con el Gobierno y contaba, aunque sólo fuera para deslumbrar a las multitudes y a los pobres esclavos de siempre, con la influencia de su rey y con su favor, así se da maña de que en el pueblo de Navalvillar de Ibor sólo quede como propiedad del pueblo, el Ayuntamiento, el corral del Concejo y el cementerio público, pues hasta las eras y los caminos son del  marqués. Ya que no necesitaba más título que un alcalde y un secretario de Ayuntamiento, que en 1929 dicen en el Registro de la Propiedad de Navalmoral (y llevan una certificación) que todo aquello lo ha cedido por unanimidad el Ayuntamiento al señor Marqués. Si se pregunta hoy a los concejales de aquella fecha, dicen que ellos no saben nada, se va al libro de actas y no aparece ninguna en que conste acuerdo tan absurdo. Pero el pueblo ahí está, pero los que no están son los perseguidos que conoce el Sr. Maura, concejales y secretarios de Ayuntamiento que por el delito de ser republicanos y socialistas y sobre todo por denunciar todo esto, son incompatibles con el Señor”.

“(…)En el quinquenio 1914-1919 el trigo llegó a alcanzar valores de hasta 40 pesetas la fanega, sin embargo la última cosecha no se vendió en Extremadura a precio mayor de 18 pesetas, con lo que automáticamente la desvalorización de la tierra se ha producido ya que ese producto es el que debía servir para pagar al terrateniente.

La casa llamada Valencia que recoge rentas que pasan de las 500.000 pesetas anuales y que ha dicho que ella de su propia voluntad hacía concesiones, encargó a una Comisión de arrendatarios suyos que revisaran todos los contratos y llegó a rebajar el 60 y hasta el 70 por 100 de la renta.(…)

(…). Estos contratos se desfiguran, son excusas y reservas en que el arrendatario se le impone la obligación de satisfacer la contribución que debería pagar siempre el terrateniente, contratos en que se impone al arrendatario toda clase de tributos, en ellos se disimula la verdadera renta, que tendrá buen cuidado de hacer cotizable el que posee la tierra, en el caso de que crea llegado el momento de la expropiación y sobre todo si ésta ha de ser con indemnización, para aquellas fincas que hayan sido mejoradas, hasta para los señoríos, sin tener en cuenta que la mayoría no han experimentado mejoría alguna y si lo hicieron fue a costa de los que con su sangre y su esfuerzo produjeron un beneficio que redundó sólo en provecho del terrateniente. Este sistema en que el arrendatario que ofrece un aval y una garantía se hace presa de todo, hay que derrumbarlo.

La revisión de rentas habrá de hacerla en la Reforma Agraria. No hay derecho a ser latifundista. La Reforma Agraria no atiende por igual a todas las regiones, no se ocupa con intensidad de los minifundios. No todas las tierras son asentables, hay que conocer el problema cerealista, el de la superproducción, el de que no en todas las regiones, ni en todos los terrenos, se pueden hacer los cultivos que se vienen haciendo, hay tierras que no merece la pena que se las labre, pero hay muchas en holganza que tienen condiciones de labrantía. No todos los obreros del campo necesitan ser asentados, hay que pedirles que sean empresarios de su propio esfuerzo ya que hay muchos que están apegados a un jornal. La República hará su obra”[46].

Citó en este discurso Juan Canales algunos de los elementos, que a su juicio debía tratar en profundidad la Reforma Agraria: la función social de la tierra, la solución a los problemas del latifundismo y del absentismo cuyas raíces había que buscarlas en el origen de la propiedad, el derecho en muchos casos a la expropiación o los abusos hacia los arrendatarios que deberían solventarse con una revisión de las rentas.

El 12 de julio de 1932 como miembro de la Comisión de Reforma Agraria pidió que se retirase una  enmienda de Fernández Castillejo y otra de Salas,  ya que apuntaba  que se refería a la Base 10, que trataba de las Juntas locales “y cuando a ésta se llegue procederá”[47].

El 13 de julio de 1932 de nuevo intervino para matizar algunas enmiendas. Inició su discurso apreciando que la Comisión quería que la Reforma fuera un hecho y por lo tanto limitaba las intervenciones y su duración. Estaba de acuerdo con Balbontín en la cuestión de la paz social pero no en los medios para conseguirla. Continuó con sus ataques hacia el latifundio pero advirtió sobre las alternativas:

“Hay que evitar que acabando con los latifundistas se llegue a los multifundistas. Cada propietario lo será de una finca con una limitación, o de varias cuya suma también se ha de limitar, bien por renta, bien por extensión”[48].

El 14 de julio de 1932 contestó a interperlaciones sobre fertilidad y situación de las fincas, señalando una vez más que no quería hacer la ley interminable y muy casuística y dificultar con ello su aplicación y puesta en práctica[49]. Al día siguiente se produjo la aceptación de una enmienda de Serrano Batanero sobre votaciones dentro de la Comisión[50].

El 21 de julio de 1932 y en nombre de la Comisión no aceptó una enmienda de Orozco que se refería a la calidad de los cultivos de secano y regadío. Lo rebatió apreciando que cuando había un embalse, éste por razones de nivel y distancia, afectaba a una serie de tierras, pero no todas las tierras habían de tener condiciones para ser regadas. Con ello hacía alusión a que entendía la idea de Orozco de que pudiese haber cultivos de secano que fuesen más productivos que los de regadío. Contestó también a Martín que solicitaba la justificación de la necesidad de la Reforma señalando que va a ser una especie de codificación del campo y trató de equilibrar el capital y el brazo y terminar con el concepto de la  tierra como un instrumento de renta.

Añadió que no tenían que preocuparse aquellos propietarios que tuvieran razones para no cultivar, sino sólo aquéllos sin causas para ser absentistas que pagarían con la pena natural de la expropiación de su tierra con indemnización. La justificación de las causas quedaría a criterio de técnicos de una autoridad administrativa. Pidió la colaboración de todas las minorías, para que el tiempo fuese el menor posible:“no habrá lugar para recursos ya que sino se demoraría mucho” [51].

El 26 de julio de 1932 y siguiendo con la discusión de enmiendas, contestó a Casanueva en el sentido de que la explotación deficiente incumbía determinarla al personal técnico y se refería además a que cuando se hablaba de cultivo directo, explotación o administración directas en contraposición a instrumento de renta, había peligro de no considerar a las tierras forestales y de pastoreo por lo que se propugnaba que todas las tierras cultivables, fueran cultivadas. Pidió que se retirase de la enmienda los términos “explotación o administración”  y se quedase sólo “cultivo directo”[52].

Le van a pedir que fijase lo que había de ser el cultivador directo y se terminó el debate determinando las cantidades de renta catastral por expropiar de tierras próximas a los pueblos (más de 1.000 pesetas).

El 28 de julio de 1932 realizó una breve intervención para indicar que el Registro de la Propiedad estaba abierto a investigaciones y derechos de búsqueda y comprobación[53]. Hay que resaltar el hecho de que estamos en unos momentos en los que se escrutaba el origen de la propiedad o por ejemplo se intentaba recuperar los Bienes de Propios por parte de los ayuntamientos.

El 3 de agosto de 1932 intervino en el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de Bases para la Reforma Agraria. Comienza su discurso proponiendo unas normas para el debate: se discutiría el Nº 7 y luego el Nº 10 para redactarlos en firme, admitiéndose enmiendas.

Intervinieron a continuación varios diputados: Balbontín, Fernández Castillejo y Lamamié de Clairac y se procedió a la votación de los votos particulares.

Juan Canales habló en representación de la Comisión para aceptar o desechar enmiendas. Por ejemplo en una presentada por   Casanueva sobre excepción a las expropiaciones, no se aceptó y Juan Canales señaló que “no se trata de castigar a personas. El dictamen busca la tierra para que responda a su destino. Cumpla la función social y se olvide de ser un instrumento de renta”. Criticó a su vez el absentismo, de los que “sólo se preocupan del día de San Miguel ”.

Continuó diciendo que “no es castigo expropiar sin indemnización, equivale a convertir en dinero la tierra”. Se citó también las figuras de las viudas, los funcionarios públicos y el militar: “no es de la tierra de lo que han de vivir. Si están dispuestos a trabajar, la tierra es suya”[54].

Los diputados que firmaron el ruego son: Durán Alonso, Amós Sabrá, Gabriel Morón, Juan Canales, Edmundo Lorenzo, Juan Sapiña y dos firmas ilegibles. En esta misma sesión se adhirió a un ruego de varios diputados al ministro de la Gobernación en un deseo de interpelarle:

“con motivo de los luctuosos sucesos de Batallas del Monte (Santander) donde el domingo pasado fueron muertos por la Guardia civil dos inocentes mujeres”  [55].

El 4 de agosto de 1932 siguió el mismo debate del día anterior, podemos destacar la respuesta que hizo Juan Canales a Eduardo Ortega y Gasset:

“la Reforma Agraria no es imposición de las izquierdas, sino un término medio entre las dos políticas extremas. No es blanca, ni roja, la Comisión trata de armonizar intereses, un nuevo concepto de la riqueza y de la propiedad”[56].

El 5 de agosto se siguieron discutiendo enmiendas, algunas de las cuales fueron contestadas por Juan Canales, destacamos en esta ocasión una intervención en la que se refirió a que no iban “contra las personas, sino a una nueva estructuración de la tierra”[57].

En la sesión de 30 de agosto de 1932, podemos destacar la contestación dada a Mendizábal en el sentido de que se asentaría a los obreros en sitios donde hubiese cultivos que ellos supiesen hacer y que se vigilarían las podas abusivas o codiciosas[58].

En la sesión de 1 de septiembre de 1932, resaltamos la contestación al voto de Hidalgo sobre refundición de los dominios. Se insistió en que había propiedades que figuraban con una cantidad y tenían otra mucho mayor:

Ni el Estado ni los Ayuntamientos cobran los beneficios. Muchos archivos han sido quemados.

Aquel que diga que tiene derecho sobre una finca, tendrá que demostrarlo con un título de posesión. En la provincia de Cáceres se han comprado 200 hectáreas cuando han llegado a medir miles”[59].

En la sesión de 7 de septiembre de 1932 destacamos una contestación a Álvarez Mendizábal en el sentido de que la tierra    (al igual que la industria, los talleres…) debía pagar tributos:

“Hay muchas fincas amortizadas a los 5 años de haberlas comprado (¡Qué gran negocio!), muchas rentan más de lo que costaron”  [60].

El 14 de septiembre de 1932 intervino en varios asuntos: hizo un ruego al ministro de Agricultura, Industria y Comercio en relación con la situación de la industria corchotaponera a causa de la exportación del corcho en planchas. Se lamentó por la situación de los obreros del corcho, que veían con impotencia como se exportaba el material

“para que manos menos expertas que las suyas elaboren un producto que luego tenemos que adquirir como consumidores”.

Cáceres, Serrejón, Cañaveral, San Vicente de Alcántara, Alburquerque, Mérida, Barcarrota, Jerez de los Caballeros… pueblos donde falta el trabajo y ven que su corcho sale fuera.

Antes el corcho era objeto de operaciones como el cocido, raspado, recortado y embalado, hasta de eso se ha prescindido (el inservible era para tapones, por ejemplo)”.

Se dirigió al ministro de la Gobernación señalando que había acompañado a un pobre ciego, hijo de madre ciega y hermano de un tullido para pedir ayuda y se le contestó que no había consignación en el presupuesto. Pidió ayuda y trabajo de las instituciones benéficas,

“ya que puede pasar como con la Matritense en épocas de la Monarquía, donde la nómina de los empleados suponía buena parte del presupuesto que era para limosnas a los pobres de Madrid”.

Por último al ministro de Obras Públicas volvió a hacerle mención del problema de reconstrucción de un grupo escolar de Plasencia, precisando que se había hecho caso en parte a una demanda que pusieron los diputados: el contratista perdió la fianza de 60.000 pesetas y el arquitecto quedó imposibilitado para dirigir nuevas construcciones de escuelas, aunque él prefería que fuese a la cárcel a la vez que pidió que se hiciesen las obras necesarias[61].

El 18 de septiembre de 1932 salió al paso de unas declaraciones de Gil Robles sobre cuantía de jornales mínimos, para decir que ni en Extremadura ni en Andalucía se disfrutaban jornales mínimos de 12 pesetas y que llegaban incluso a 19. Añadió que los de la siega, debido a su fatiga, han de ser superiores a los del resto del año. Criticó a Gil Robles, de quien dijo que defendía la propiedad en vez de al trabajador[62].

Continuó en la misma línea de réplica a Gil Robles en la sesión del 21 de septiembre de 1932, con el que no estaba de acuerdo en la carestía de los jornales. En su preocupación por la dilatación del debate sobre la Reforma Agraria, señaló que la

“solución es que la Reforma Agraria sea un hecho en 24 horas: Constitución del Instituto Agrario, las Juntas Provinciales y el Banco Rural.

Gil Robles excita a que quede tierra sin labrar, pues esa misma tierra irá a parar, a los brazos de quien quiera trabajarla”[63].

El 26 de septiembre de 1932 hizo un ruego al ministro de la Gobernación sobre la actuación del Gobernador Civil de Cáceres en una huelga general en Plasencia, describiendo de esta forma la situación:

“Cada día acucia más el hambre porque cada día se acentúa la obstrucción de los que, teniendo la tierra, no sólo se niegan a cultivarla, sino que dificultan el que puedan hacerlo los que más dispuestos están a ello.

Las causas de la huelga: de siempre y por ahora se registraba la angustia del trabajo, pero era una vez terminadas las faenas de siembra en el campo. Desde que la República llegó no parece sino que es teoría de los que tienen la tierra que ésta debe permanecer inactiva, confiando en que, gracias a la desesperación que la huelga forzosa produce, pueda justificarse alguna vez que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Ya es hora de que en Plasencia y en toda la provincia de Cáceres, los propietarios rectifiquen radicalmente su actitud, sino quieren que de una vez para siempre se borre hasta la palabra “propietario”, porque a esto daría lugar la conducta seguida por aquellos contra cuyo interés nada hemos dicho ni diremos en tanto la defensa de este interés no rebase, por su parte, los límites de lo justo y de lo legítimo.

El Gobierno sabe (y con motivo de la discusión de la Reforma Agraria se indicó reiteradamente) que la provincia de Cáceres es una de esas provincias en que viven propietarios (he dicho mal, porque los propietarios se encuentran generalmente en Madrid y aún muchos están más allá de la frontera) cuya tierra, en la proporción de un 60 por 100, ha sido robada a los Municipios. Y por ello, la Guardia civil, que se dedica a vigilar y guardar esa tierra podía empezar a rectificar sus estatutos y su propia conducta pidiendo el título de propiedad a esos propietarios que creen que la Guardia civil ha nacido y sólo sirve para ser espléndidamente alojada en sus cortijos y recibir como regalo cerdos cebados, cántaros de aceite y tantas otras cosas, en tanto defiende una propiedad que este Diputado dice, afirma y prueba, que no es de ellos. Lo menos que debiera hacer la Guardia civil, o quien la mande, es cerciorarse de la legitimidad del título que se invoca por parte de quienes quieren que defienda sus fincas. Y cuando esa propiedad se demuestre y el abuso está probado, es cuando las autoridades, atemperando su conducta a los límites naturales (mucho más los que llevan uniforme), pueda intervenir y cuando podrán decir alguna vez con razón que lo que hacen o ejecutan está perfectamente motivado.

A este propósito quiero referirme a la conducta seguida por el capitán de la Guardia civil destinado en Jaraíz, que ha llegado precipitadamente a Plasencia con ocasión de la huelga anunciada hace 10 días y respecto de la que se han realizado peticiones suplicando la mediación del gobernador civil de aquella provincia. Este funcionario es un joven de 26 años. Hago notar la edad para dicha suya, si es una dicha ser joven; pero yo entiendo que es una desgracia que tales jóvenes sean gobernadores civiles y, sobre todo, gobernadores civiles de la República durante un periodo en el que más falta hace el funcionario experto, el hombre certero en sus designios, el hombre, en fin, apercibido de realidades republicanas que el actual gobernador civil de aquella provincia no demuestra haber sentido jamás.

También es necesario, Sr. Ministro de la Gobernación, que ese capitán de la Guardia civil con destino en Jaraíz de la Vera, sepa que él no es quien para decretar, como hizo ayer, con frase valiente o ligera, el estado de guerra en Plasencia. A mi juicio, no se necesita llevar 40 guardias civiles, ni convocar o preparar reservas, ni tomar las calles de la población, en una localidad como Plasencia, donde no se ha interrumpido ni perturbado lo más mínimo el orden público.

Se necesitaba, sí, que ese gobernador de 26 años, trasladado desde Galicia a Extremadura, cuyos problemas son tan distintos, hubiera acudido allí, ante las invitaciones hechas por el elemento obrero, para, sobre el terreno, ver el panorama y contemplar cuál es la verdadera realidad, única forma de informarse y proceder debidamente, en vez de entregarse a un secretario del Gobierno civil, excedente desde hace tiempo, amigo de agentes de negocios,  representantes de Ayuntamientos de la provincia, y  en vez de admitir colaboraciones de algún empleado en situación de pasivo o de excedente y que ignoro por qué sigue actuando en aquellas oficinas.

Este gobernador civil, por lo visto, se ha decidido hoy a acudir a Plasencia a la una de la tarde. (El Sr. Esplá pronuncia palabras que no se perciben). Yo agradezco la noticia que me anticipa el Sr. Subsecretario de Gobernación respecto a que la Guardia civil acaba de retirarse de allí, y que por fin, el gobernador civil, reunirá esta tarde a los terratenientes y obreros de aquella población.

Este caso triste de Plasencia, que no ha sido más triste gracias a la prudencia de los obreros, es el caso de la provincia entera, Sr. Ministro de la Gobernación. Y repito, no sólo para que lo oiga S. S. Sino para que también llegue a oidos del Sr. Ministro de Agricultura, que el caso de la provincia de Cáceres, como el de la de Badajoz y la mayor parte de las provincias andaluzas, es el caso de centenares de municipios que, teniendo o habiendo tenido tierras de que fueron desposeídos, han de soportar la influencia de los que llamándose ahora republicanos y antes monárquicos (sin ser monárquicos antes ni hoy republicanos) no son más que detentadores del suelo que, para mayor injuria, permanece en inactividad, alardeando de ello los que se llaman poseedores y dueños.

Y si se establece la intercomunicación entre los Sres. Ministros de Gobernación y de Agricultura, llegaremos de paso (y esta es mi segunda finalidad) a la segunda parte de mi ruego o a una queja aparte para el segundo de los Ministros. Yo me permito rogar y encarecer la necesidad de que el Instituto de  Reforma Agraria empiece su actuación con la diligencia, con la premura que la propia discusión de la ley de Bases para la Reforma Agraria estaba determinando.

Nada adelantamos con que se haya constituido el Instituto de Reforma Agraria, buscando los personajes o personajillos más o menos capacitados, evidentemente enchufados en sueldos que se anuncian de 25.000 pesetas y con cuyos sueldos tenemos amenazados los 50 millones, que ya dijimos eran poca para la Reforma Agraria en España. Hasta ahora no ha habido más preocupación que ésa por parte del Sr. Ministro de Agricultura; ni siquiera se advierte la preocupación de ajustar la constitución del Instituto de Reforma Agraria a lo que en el proyecto de la ley de Bases se indica. Y no ha habido ocasión ni tiempo para que las Juntas provinciales y comarcales, que son la antecámara del Instituto de Reforma Agraria, perciban, con su creación, que los pueblos reclamen sus bienes municipales robados y que los obreros soliciten trabajo, del que ahora carecen, porque no se les da tierra para trabajar. Así se dará lugar a que los expedientes que lleguen al Instituto para su resolución y que encarnan problemas del campo que creíamos estarían resueltos en este primer año  forestal y agrícola, no serán resueltos en 1932, y tememos que a este paso, no lo estarán tampoco en el año 33. Y como el retraso de un solo mes en la organización de estas Juntas puede hacer perder la oportunidad todo un año forestal o agrícola, espero que el Sr. Ministro de Agricultura, atenderá esta excitación mía, a la que se suman, seguramente todos los Sres. Diputados andaluces y extremeños.

El año forestal ha comenzado. ¿Qué adelanta el Instituto con dar resuelto a un Ayuntamiento, dentro de 8 ó 10 meses, el problema de una finca comunal que fue robada? Ha perdido un año. El año agrícola empieza dentro de tres meses con el barbecho.¡Tres meses escasos! ¿Qué adelantamos con que en las redimidas tierras se resuelva el expediente en el mes de marzo próximo? Hemos perdido un año, que equivale a perder frutos de un año, por lo menos en la extensión a reclamar y ocupar. ¿Que por qué este agobio, esta angustia y esta excitación verdaderamente apremiante de este Diputado? Porque ha fracasado todo lo dispuesto sobre laboreo forzoso, y ha fracasado, ya lo he dicho aquí en otra ocasión, porque el técnico, (esos técnicos en que tanta fe tiene el Sr. Ministro de Agricultura) es el que se ha encargado de decir que las fincas que venían labrándose durante 30 años no son laborables ni capaces de dar rendimiento. Fueron capaces de ir dando renta para los propietarios en tanto que la República no llegó. Cuando la República triunfa y cuando los vientos nuevos han saneado el ambiente, saturándolo y nitrogenándolo, es cuando aquellos que con la monarquía declaraban cultivables aquellas tierras para percibir rentas cuantiosas, acosan a los técnicos y logran que se declare que aquellas tierras no deben cultivarse.

No quiero creer, ni quiero caer en la tentación de sospechar, que los pueblos que más chillan o los pueblos donde más tiros resuenan son aquellos a los que más atención se presta por parte del gobierno. Quiero creer, por el contrario, y así lo he dicho siempre, que hay que tener resignación, dar tiempo y esperar con calma, confiando en la República y en la justicia de una causa antes que en la República misma.

Pero al Gobierno incumbe e importa la demostración de la justicia de estas invitaciones a la paz, a la calma, a la tranquilidad y a la espera; es necesario que el Gobierno sea el primero en evitar que se demuestre que tienen razón aquellos que gritan más o que aquellos que luchan en la calle o en el campo, faca en mano o pistola en mano, deben ser objeto de mayor solicitud por parte de los gobernantes.

Repito que el señor gobernador civil de la provincia de Cáceres tiene la obligación de atender las invitaciones que se le dirijan. El gobernador no lo es únicamente para asentarse en el Gobierno, en el edificio con categoría de palacio o de choza que ofrezca cada provincia. Los gobernadores de la República son precisamente los más obligados a visitar la provincia y a comprobar sobre el terreno las necesidades. Esta es la única forma de poder prescindir de asesoramientos interesados y de asesoramientos de funcionarios que vivieron en amistad y que están en combinación con los que fueron explotadores y caciques de siempre.

Si un gobernador no quiere o no puede visitar los pueblos de una provincia para hacer de mediador, y para, estudiando los problemas, imponer, si es preciso, soluciones, porque en sus atribuciones está; si un gobernador no sirve para eso, debe dimitir. Ese gobernador no puede contestar a los obreros, como los de Jaraíz, diciéndoles que les hará comer “almendrillo”; ese gobernador no puede contestar, como lo ha hecho a este Diputado (cuando le invité a que comprobase, conmigo, realidades) diciendo que él no quiere ir a los pueblos. Y si hace eso, lo menos que puede esperar ese gobernador es que la voz de los que están inspirados por la justicia de una causa y de los hombres que hablan y obran con sinceridad, llegue aquí y la oiga el Ministro, prescindiendo del gobernador y negando por anticipado todo lo que el gobernador diga, por deficiente información.

El caso de Perales del Puerto, donde precisamente se da la circunstancia de que individuos que raptaron fincas tienen la Guardia civil a su servicio; el caso de Cabezuela del Valle, donde una cuestión de deslinde se quiere mantener (no obstante la Reforma Agraria que da la cuestión resuelta), haciendo que un gobernador llame dos y tres veces a un alcalde porque anunció al pueblo la feliz nueva de haberse aprobado la Base 22 de la Reforma Agraria; el caso de Navalvillar de Ibor; el caso de Coria, de Cachorrilla, de Majada; los casos de 226 pueblos de la provincia de Cáceres, en lucha con esos caciques que se resuelven en sus posiciones últimas ante el miedo que con la Reforma Agraria se les desposea de lo que no es suyo, son casos algo más serios que los que pueden preocupar a un gobernador excesivamente joven y que, una de dos: o se resigna a conocerlos por sí y  a estudiarlos, o se dispone a presentar la dimisión, pidiendo que se le destine a provincia donde los problemas estén de acuerdo con sus aficiones, con sus conocimientos y también con el grado y proporción que consienta su poca afición a los viajes y al campo” [64].

En esta extensa intervención, hizo hincapié Juan Canales en criticar la actuación del Gobernador Civil de Cáceres, Carlos Defonte Sánchez, que particularmente en el conflicto motivado por la huelga general convocada en Plasencia había tenido serias diferencias con el alcalde socialista de la localidad, Julio Durán, así como con la Casa del Pueblo. Le acusó de inexperiencia ante problemas sociales a los cuales no se quería acercar y pidió su dimisión. Apoyó su discurso en una serie de cuestiones que venían siendo el eje de su línea política: la reprobación hacia el absentismo y hacia aquellos propietarios que obstaculizaban el cumplimiento de la ley de laboreo forzoso, las dudas sobre el origen de la propiedad, la conducta de la Guardia Civil, el deseo de que la Reforma Agraria sea una realidad temprana o  el rescate de los bienes comunales.

Por otra parte el ministro de la Gobernación contestó a Juan Canales, en esa misma sesión, que no le parecía procedente entrar a discutir sobre la edad del gobernador. Señalaba que había gobernadores jóvenes magníficos y, “precisamente en la edad juvenil es cuando pueden acudir a todas partes con aquella rapidez y diligencia que no es posible emplear cuando se tienen más años”  (interrumpió J. Canales: “eso es lo más lamentable, que siendo jóvenes no acuden”).

El 1 de noviembre de 1932 intervino en distintos asuntos, con ruegos a distintos ministros: al de Obras Públicas y Fomento le recriminó que en el Plan de ferrocarriles considerados de utilidad pública, quedaba excluido el de Talavera-Villanueva de la Serena. Pensaba que el ferrocarril no debía estudiarse sólo como negocio, sino también como servicio.

También le pidió la relación de automóviles oficiales con expresión de las personas o los cargos a quienes estaban asignados ya que pensaba que la austeridad de los tiempos de la República no se correspondía con este uso. Hemos de precisar que  esta serie de interpelaciones son de importancia por tratarse de dos correligionarios, ya que el ministro en estos momentos era el socialista Indalecio Prieto, quien le respondió que el problema ferroviario estaba a examen de la Cámara y a discusión en el Parlamento, y que el ministro nada tenía que ver con la organización de los automóviles oficiales ya que este servicio lo daba el Parque móvil de la Dirección General de Seguridad, por lo que sólo podía responder de los que estaban a su cargo: ministro y subsecretarios, el resto estaban centralizados en un parque para dar servicio los técnicos. Juan Canales terminó diciendo que,

“no hay malicia sino sospecha de que se ha suprimido el coche a funcionarios que necesitaban de él y siguen gozando otros que tal vez no lo precisen. Sobran muchos coches, se siguen adquiriendo coches de gran lujo. Hay que ser austeros y parcos ya que hay muchos que no trabajan y no hay dinero para carreteras, ferrocarriles…”

Al ministro de Justicia le solicitó que se decretase algo que evitase lo que, en plan de represalias ejecutaban a diario los grandes poseedores de tierras, provocando embargos y desahucios que en otro tiempo no se hubieran llevado a cabo: “Se fingen rentas, se anticipan condiciones de pago, se niegan mejoras, se originan conflictos y reclamaciones”. Pidió y se adhirió  Franco, que se regulase el alquiler de contadores por consumo de fluido eléctrico. El ministro de Justicia, Albornoz, contestó  que los desahucios eran por falta de pago cuando la renta no excediera de las 1.500 pesetas y que el Gobierno estudiaba si procedía tomar otras medidas.

Al ministro de Hacienda le advirtió del timo de los paquetes de tabaco llamados de 0´70, que eran los antiguos de 0´60 con menos tabaco que antes y de peor calidad. Habló del vicio pero también del impuesto que suponía pagar 70 por lo que vale 3.

Agradeció al ministro de la Gobernación por destituir al Gobernador Civil de Cáceres pero le pidió que se fijara en la existencia de un capitán de la Guardia Civil en Jaraíz,

“que es el mismo que fue a Plasencia y el mismo que en las procesiones no se conformó con llevar, vestido de uniforme, el palio, sino que gritó “Viva Cristo Rey”. El que se den gritos de Viva Cristo Rey, no es motivo de censura, que respetuoso con todas las creencias, aspira a que se respete la suya, pero también aspira a que se cumpla lo legislado por la República, que ordena que ningún funcionario, como tal, vestido de uniforme u ostentando insignias podrá tomar parte en manifestaciones públicas como lo son las procesiones”.

Pidió además que urgentemente venga a la Cámara el proyecto de ley sobre Incompatibilidades.

El ministro de la Gobernación, Casares Quiroga, le contestó que el Gobernador Civil de Cáceres se apresuró a presentar su dimisión antes de que se le exigiera, comprendiendo la incompatibilidad que se había producido entre él y determinadas Asociaciones de la provincia de Cáceres que le impedía realizar su gestión de gobierno como él quisiera[65].

Vemos como aprovecha el diputado cacereño sus intervenciones públicas para abordar temas de distinta índole, algunos relacionados directamente con la circunscripción a la que representaba (la cuestión del ferrocarril, que afectaba principalmente a Logrosán, el orden público, con los casos del Gobernador dimitido o del comportamiento del capitán de la Guardia Civil de Jaraíz), junto a otras cuestiones de interés general, como el presunto despilfarro de recursos públicos (coches oficiales), los abusos en los desahucios o en el precio del tabaco. Por otra parte ya observamos el distanciamiento hacia sus compañeros de partido, que le llevaron en noviembre de 1933 a presentar una candidatura disidente socialista en la provincia, que no tuvo éxito.

El 9 de noviembre de 1932 de nuevo intervino en más de un asunto. Con relación al ministro de Agricultura, del cual lamentó su ausencia, empezó comentando que creía que el Banco Hipotecario estaba bien representado y defendido en la ley de Bases de la Reforma Agraria. Pidió que explicara el ministro de Agricultura por qué rectificó lo que dijo en el primer decreto, cuando anunció la incompatibilidad del cargo de Diputado a Cortes con cualquier otro en el Comité o en el Instituto ya que pensaba que “ahora más que nunca este organismo debe ir al margen de la política”.  Continuó expresando su disconformidad con la constitución del Instituto Agrario, donde estimaba estaban sobrerepresentados los propietarios, así como dudaba de la legitimidad de la delegación mostrada por la Alianza de Labradores, entidad dominada por los radicales socialistas:

“Porqué se adjudica a la Sociedad Alianza de Labradores, que no vive la vida legal (porque no está acogida a la ley de Asociaciones) las dos únicas representaciones que se conceden a los arrendatarios, aparceros y medieros de la tierra, dejando sin representación a centenares de Sociedades legalmente constituidas “.

Puso el ejemplo de colocar en el segundo puesto a Ballester, quien organizó un homenaje a Primo  (contestó  Ballester: “Eso es falso, es una insidia de S. S. demuéstrelo”). Juan Canales siguió: “Aunque presuma de arrendatario en un Comité de la Alianza de Labradores, en su vida se ocupó de ningún asunto del campo”.  Al  final del discurso envió una lista de Sociedades, legalmente constituidas que no estaban representadas: venían el nombre de 36 Sociedades, el pueblo (eran de distintas partes de España), el número de socios y el firmante en cada una de ellas, terminando con una nota que indica que “no figuran 53 asociaciones de Córdoba y Jaen, adheridas a esta organización y remitidas directamente con un censo conjunto de 22.000 asociados y otras 6 asociaciones cuyas solicitudes han llegado fuera de plazo, también inscritas, con un censo de 1.000, que llegaron tarde a la oficina que estas Sociedades tienen en Madrid”.

(…) Al Instituto de Reforma Agraria, van aumentadas las representaciones de los propietarios. Los técnicos del Instituto de Reforma Agraria van a cenas con un ex-marqués o un ex-duque. La Alianza de Agricultores está presidida por un Comité de individuos netamente radicales socialistas. El Comité Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria no se ha constituido a pesar de haber estado anunciado”.

En otro sentido hizo un ruego al ministro de Agricultura sobre la situación creada en Extremadura con la exportación del corcho en bruto. Señaló que el corcho que se producía en Extremadura y que llegaba a las estaciones de ferrocarril, no podía salir en estado bruto, sin manufacturarse, sin que quedase en la región que lo producía cantidad suficiente para que trabajasen los obreros corcheros de Andalucía y Extremadura.

El ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto, expresó su repulsa por las declaraciones de un Diputado adscrito a la mayoría que seguía y sostenía al Gobierno y que tenía una conducta más propia de la oposición. Se solidarizó con el ministro de Agricultura, que estaba ausente y terminó hablando sobre que “su comportamiento es intolerable y alevoso”. Otro Diputado,  Cabello, señaló que  Canales faltaba a la disciplina que regía el partido, que no se hacía solidario con esas manifestaciones, reservándose el derecho de juzgar esa conducta.

Juan Canales concluyó incidiendo en las diferencias que iba teniendo con sus compañeros:

“Prieto no se entera de las cosas que no le interesan. Este diputado lleva semana y media buscando al Ministro de Agricultura, a quien ha escrito, haciéndole eco de centenares de telegramas”.

Pidió que por caballerosidad, Prieto no se dirigiese a él como queriéndole dar una lección, le acusó también de faltas de disciplina.  A ello siguieron una serie de rumores y protestas de la minoría socialista[66].

El 22 de noviembre de 1932 otra vez se interesó por varios asuntos en una misma sesión. El primero era una cuestión de orden público y hacía referencia a la actuación de la Guardia Civil en unos sucesos ocurridos en Zorita. Se dirigió al ministro de la Gobernación para informarle de los hechos, así según su opinión:

“En Zorita se amalgaman la malicia de los que se creen castigados y perseguidos por los obreros en la propiedad y la vesania de un capitán de un Instituto.

Buscando en las lindes (en Extremadura la mayor parte de los propietarios no pueden justificar la legítima propiedad de sus fincas), algo que tal vez sea alimento para ellos, en vez de ser objeto de mercancía y  tráfico, como es la bellota, acudieron diez o doce vecinos de Zorita que se encontraban en los linderos de la finca, cuyos linderos no son seguramente los que el Instituto de Reforma Agraria, en muchos casos, habrá de reconocer y hará prevalecer. Llega el dueño, les invita a que entren más adentro y aquellos que iban por alimento, tal vez antes que por mercancía, penetran en la finca y caen en la celada. Cuando están dentro, el dueño llama a la Guardia civil de Zorita, compuesta de seis individuos que no se limita a formar su atestado sobre el terreno, en el mismo sitio, y sin avanzar ni retroceder un paso, sino que les invita a entrar en la casa (dice la Guardia civil) a repartirse la bellota y la malicia de los pueblerinos les hace sospechar que de lo que se trataba era de otra cosa distinta del reparto de la bellota ( ya llegará el reparto de la bellota y de las tierras si la obstinada obcecación de los propietarios les mantiene en su conducta).

Y así se inició el retroceso hacia el pueblo y así, un Guardia civil se ceba en una criatura de diez y seis años, contra la que dispara y le hiere.

Van hacia Zorita los vecinos del pueblo, cuando la Guardia civil de Trujillo, en coche particular, acaso propiedad de los dueños de las tierras, acude desde Trujillo a Zorita, capitaneada por el que es capitán de la Guardia civil y allí en la plaza pueblerina se encuentran con la multitud, comentando aquellos sucesos y llorando su lástima de un  herido. Allí, la Guardia civil, no se detiene ni ante el edificio del Ayuntamiento, donde están el secretario y algún otro. Y frente a las ventanas, desde la calle, apuntan y disparan al secretario, teniendo que refugiarse éstos y el alcalde, que nada tienen que ver con lo ocurrido, en unas oficinas, habitaciones interiores donde se encuentra el archivo.

Ya se ha demostrado como la Guardia civil busca incluso en aquellas casas que, por ser del pueblo, desde las cuales no se provocó a nadie, y en las que las autoridades están en función de pacificación. Allí dentro se ve amenazada esa autoridad, que es paternal, tratándose de los pueblos y de los ayuntamientos. Pero el capitán de la Guardia civil, invita, después, al secretario y a aquella gente a que se marche y da para ello cinco minutos. El secretario del Ayuntamiento (que como todos, alguna influencia ha de tener en el pueblo) dice que cinco minutos es muy poco para despejar una plaza donde hay centenares de vecinos. Le replica que son bastantes y , uniendo una acción criminal a sus palabras, dispara al poco tiempo con su pistola, dando la señal de la descarga. Y, heridos por la espalda, caen seis o siete, entre ellos una mujer, entre ellos dos zagalillos y un pobre anciano, que ya rindió el tributo de su vida, porque la Guardia civil lo quiso.

Y cuando ocurre todo esto es cuando se quiere, por parte de los representantes de la propiedad, que se demuestre que se debe respetar y que se la respeta, aunque los pueblos hambrientos tengan que acudir a los montes para llevarse un fruto que, en buena parte, puede ser suyo y que, sin duda, respetarían si tuvieran trabajo.

Pido que esto no termine con un expediente a un Guardia civil, sino que se instruya un sumario como si no se tratase de un Guardia civil (le contestan que no se adelantará nada). Se adelantará porque se pone al lado de los que sean perseguidos y heridos sin razón por la Guardia civil.

Defender la República, es defender la patria y los trabajadores. Tal vez esté tachado en el Ministerio de la Gobernación como sindicalista o comunista cuando protesto de estas injusticias, pero me tiene sin cuidado, como también me tiene sin cuidado que en Perales del Puerto, para cuya custodia hay una dotación de varias parejas de la Guardia civil, se diga de una parte, que este Diputado está vendido a los propietarios de tierras y de otra que no es más que un parlanchín. A diario le llevan una acémila cargada de pellejos de vino y el Estatuto de la Guardia civil prohibe recibir mercedes y dádivas de nadie”.

Los sucesos de Zorita fueron muy comentados en toda la provincia tras los acontecidos unos meses antes en Miajadas. Nuevamente se ponía de relieve cómo las relaciones de algunos miembros de la Guardia Civil con ciertos sectores de la población, atacados especialmente por el paro y acuciados en muchas ocasiones al robo de frutos, se hizo muy difícil y desencadenó un conflicto o como en estos casos, una tragedia.

De cualquier forma no era la única versión de lo acontecido y así se lo hizo saber Casares Quiroga, ministro de la Gobernación, al responderle diciendo que no había estado acertado en su ruego ya que el ministro había dado prueba de la máxima celeridad para que se averiguase lo de Zorita. Los informes que había dado a la Cámara no coincidían, señaló:

“ni con mucho con los que el Ministro tenía de las autoridades de allí. Hubiera sido más discreto haber dejado que el funcionario de Justicia averiguase lo sucedido y luego traerlo a la Cámara para ver si se procedió o no con  absoluta justicia (interrumpe el Sr. Balbontín: “hay el precedente de Arnedo”). Además del juez fue un delegado especial del gobernador de Cáceres y el gobernador general de Extremadura.

No se puede decir todos los días esto del Instituto de la Guardia civil para desmoronarlo, destrozarlo o romperlo y cuando llegan momentos graves pedirle que sirva a la República y que se deje matar por ello. Hay interesados en identificar torpezas personales con el Instituto (interrumpe el Sr. Barriovero: “la diferencia es que el Guardia civil asesina sin responsabilidad y sin tener que rendir cuentas, mientras que un funcionario cualquiera tiene Tribunales a los que responder”).

En Zorita y en esto están de acuerdo todos, incluso el alcalde (tengo declaración firmada), el primer grupo de la Guardia civil, formado por tres miembros, se encontró con un núcleo en la dehesa de 60 ó 70 personas que llevaban sacos de bellota robada y a los que se dirigió para que la devolvieran y los detuvo. Después es cuando interviene el hijo del dueño de la dehesa, pero la Guardia civil no fue por su requerimiento sino porque pasaba por allí. El hijo del dueño les invita a repartir el fruto, en este momento algunos aceptaron y otros no, uno de ellos dijo “vamos a por ellos que son pocos”, entonces el grupo de 60 hombres, con los palos alzados, palos que utilizaban para varear la bellota, se echó sobre la Guardia civil y ésta tuvo que recular haciendo un disparo que hirió en el pie a un muchacho.

Al llegar al pueblo la Guardia civil es acosada, se refugia en su cuartel y llama a Trujillo para que venga refuerzo que viene al mando de un capitán quien cree encontrar una actitud hostil en la gente, que no debía ser muy tranquila cuando llenaba la plaza gritando y pidiendo que se prendiese al dueño de la dehesa porque había sido el delator y el que llamó a la Guardia civil. La Guardia civil se dirige al alcalde y al secretario e indica que hay que desalojar la plaza en cinco minutos, el alcalde y el secretario se dirigen a la muchedumbre y se lo indican. ¿Qué ocurrió entonces? No lo sé, pues los informes del alcalde y del capitán de la Guardia civil no coinciden.

La Guardia civil ha dado pruebas de ecuanimidad ya que aquí no se traen los casos en que aguanta injurias, convence o disuelve sin que ocurra nada, esto pasa a diario y nadie se levanta para elogiarlo” [67].

Concluyó  Juan Canales matizando que no había manifestado nada contra el Instituto sino contra casos particulares: “las informaciones no coinciden pero lo que si coincide es que todos los heridos lo fueron por la espalda. La insistencia es por el derecho a informarnos”.

Cuando se dirigía Juan Canales a hacer un ruego al ministro de Agricultura (Marcelino Domingo), tuvo un fuerte incidente con el diputado Pérez Madrigal. El origen estuvo en el comienzo de la intervención al señalar Juan Canales en relación al ministro de Agricultura: “yo no sé si forma parte del Gobierno”, acusando a continuación a Pérez Madrigal, de ser un secretario personal a sueldo del ministro.

Una muestra de cómo se habían deteriorado sus vínculos con el Gobierno y en especial con algunos ministros (como en este caso con el de Agricultura) fue este discurso:

“Soy viajante de comercio, viajé abonos para la agricultura y maquinaria para la agricultura. Se algo más de agricultura que el Ministro titular, por eso le anuncié una interpelación que él contesta desde las columnas de la Prensa en vez de contestar desde el banco azul.

Inicié una interpelación sobre los nombramientos y forma de iniciarse en la vida el flamante Instituto de Reforma Agraria, no me contestó y me dijeron  que me tocaría otro día (el viernes), ese día se fue de viaje a Tarragona y  todavía no me acepta la interpelación a sabiendas de que es urgente, pero contesta con insidias en la prensa (interrumpe Gordón Ordax: “no se puede tolerar que se dirija a un ministro ausente, injuria tras injuria”). No injurio a nadie y si el Ministro está ausente, tal vez sea porque esté preparando el nuevo Ministerio del que S. S. forme parte.

Está consintiendo el hambre de 60.000 familias corchotaponeras que ven como se marcha el corcho de las regiones que lo producen, camino, no sólo de fábricas catalanas, sino caminos de escritorios catalanes que vienen a ser comerciantes en corcho que entregan la primera materia al extranjero, para que los obreros de allí vivan, en tanto los obreros andaluces y extremeños se mueren de hambre.

Me solidarizo con todos, sea cual fuere su tendencia política. Pido la consideración que tiene cualquiera, hablo no por mi, sino por lo que  represento”.

Al no estar presente el ministro de Agricultura, contestó Casares Quiroga,  ministro de la Gobernación, quien señaló que la ausencia del de Agricultura debería haber sido un freno y que las interpelaciones no habían de ser aceptadas inmediatamente, pues el Gobierno podía admitirlas o no.

El 2 de diciembre de 1932 además de lamentarse de la ausencia de la mayor parte de los  Diputados, realizó una pregunta sobre el presupuesto para el año 1933 en Obras Públicas y se refirió especialmente a un tema ya tratado en otras ocasiones: la inversión en el ferrocarril:

“Si al consignar 67.307.356´29 pesetas para la construcción de nuevos ferrocarriles, personal y varios, ha tenido en cuenta la Comisión, qué ferrocarriles son éstos, cuál es la importancia de las obras que falta realizar y cuál su orden de prelación o acaso este dinero se refiere a débitos de certificaciones de contratistas. Mirando hacia atrás, la política ferroviaria anterior favoreció el interés de las Compañías explotadoras de las grandes arterias”.

Terminó señalando que era un plan para favorecer el monopolio y que se encontraban con un mayor número de kilómetros en peores condiciones. Pidió que no se siguiese esa misma política ya que habían fracasado y no habían cumplido las cláusulas contenidas en las leyes (doble vía, cerrado), estableciendo la competencia el automóvil.

Demandó (ya lo hizo anteriormente en otra sesión), que el ferrocarril ha de atenderse, sea o no negocio, ya que el Estado “no puede medrar a costa, miseria e indigencia de sus súbditos”. Puso como ejemplo el valor de un vagón que iba de Vigo a Mora (Toledo) que pagaba 100 pesetas menos que otro que iba a Madrid, a pesar de que el segundo hacía muchos menos kilómetros.

Reivindicó el ferrocarril Villanueva-Logrosán-Talavera, que era el único de vía ancha que no quiso amparar el dictamen. Concluyó su intervención con las siguientes palabras:

“En vez de tener un Estado opresor, rico y floreciente, un Estado sin deudas, es mejor tener un Estado con sus cajas vacías pero con hombres que trabajan y con sus estómagos llenos.

Las regiones españolas sin comunicaciones son las que me mandan a mi que os diga que, de la misma forma que en la aldea más perdida ha de existir un cartero aunque la carta cueste más, la carretera no puede ser un negocio del Estado.

El Ministro de Obras Públicas cree estar sometido a la tortura de predicar una cosa en la calle y practicar otra en el Gobierno, teniendo que sacrificar sus convicciones personales”[68].

Le contestó el Presidente de la Comisión, Vergara, incidiendo en que Juan Canales no había dicho nada nuevo, que estas preguntas ya las hicieron otros diputados y fueron contestadas por el ministro en un discurso hace dos días (“sin duda el Sr. Canales no oyó o no leyó el discurso”) y en el que se plantearon cuestiones como: ferrocarriles caros y de explotación ruinosa, otros ya muy avanzados y otros que unían comarcas con comunicación difícil por carretera.

Juan Canales replicó que sí oyó el discurso del ministro pero que tenía discrepancias: el Estado era copartícipe de los ferrocarriles, los 67 millones estaban directamente influenciados por las deudas por lo que se preguntaba qué quedaba para que las obras continuaran.

El 13 de diciembre de 1932 hizo un ruego por escrito al ministro de Agricultura en relación a la constitución del Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria. Se refirió al Instituto de Reforma Agraria, reclamando una interpelación, el ministro contestó en la Prensa, según Juan Canales, con inexactitudes y alguna insidia, le envió una carta y no obtuvo respuesta, el día 22 en las Cortes reiteró el ruego y no obtuvo respuesta.

El texto del ruego es el siguiente:

“El 15 de noviembre publicó el Ministro en la Gaceta una orden convocando elecciones para constituir el Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria, se olvida que el Estado tiene un “ registro oficial y público” que es el Consejo Electoral Social, en el que figuran las entidades con derecho a intervenir en los organismos oficiales dependientes del Estado, se le olvida y pide que las entidades interesadas remitan a la Dirección General de Reforma Agraria documentos que debían haber presentado anteriormente en el Censo Electoral Social. Se convoca a dichas elecciones a entidades, agrupaciones y Federaciones de carácter patronal, usuario y trabajo y no se conceden derechos de impugnación y protesta, ni periodo de reclamaciones.

El Presidente de la Alianza de Labradores de España (con sede en la misma casa que el partido radical socialista) D. Pedro Sánchez Márquez, dimite y ocupa su cargo Félix Gordón Ordax, secretario general del PRRS, quien el 29 de noviembre publica en el periódico “Región” de Cáceres, que la Alianza está íntimamente relacionada con el Partido y la compara con lo que es la UGT para el PSOE. La Alianza está formada por arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios y ganaderos. Pide que se creen en muchos pueblos y sean dirigidos por miembros del partido y para que estén representados en el Instituto de Reforma Agraria en un buen número pide que se apresuren.

Así se han constituido entidades que son una ficción en el orden profesional con la finalidad de uncir a los labradores al yugo de un partido político.

Pido que las sociedades constituidas con posterioridad al 15 de noviembre no tengan derecho a intervenir en las elecciones a vocales para el Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria”[69].

Dio una lista de 135 asociaciones de

“verdaderos arrendatarios que no están dispuestos a integrarse en ningún partido político y que están federadas a la Asociación Española de Arrendatarios, Aparceros y Medianeros de la Tierra y que piden que se amplíe a 6 el número de sus representantes para equipararlos al de propietarios y obreros”.

Insistió en que el ministro no contestó a esta súplica, pero no le extrañaba

 “pues ha  llevado al Instituto a arquitectos, ingenieros y abogados y se olvidó de los auténticos maestros de la Tierra, los peritos agrícolas (un millar)”.

Este asunto ya lo había tratado el  9 de noviembre de 1932, cuando insistió en dudar de la legitimidad de la representación de la Alianza de Labradores, a la que consideraba sujeta a la disciplina de un partido político: el PRRS.

El 14 de diciembre de 1932 se sumó a una proposición incidental, suscrita por un grupo de diputados, para protestar por unos sucesos acaecidos en Mula:

“Ante la gravedad de los sucesos ocurridos en Mula (Murcia) es urgente obtener los oportunos esclarecimientos del Gobierno para evitar que tan lamentables hechos, caracterizados por la inmotivada y brutal agresión de la fuerza pública contra el pueblo, pueda repetirse[70].

La proposición estaba firmada por: Salvador Sediles, Juan Canales, Eduardo Ortega y Gasset, Juan Botella Asensi, José Algora, José Antonio Balbontín, Emilio Niembro, Manuel Hilario Ayuso, Luis de Tapia, Ricardo Crespo, Gumersindo Alberca Montoya y una firma ilegible.

Se trataba de una nueva ocasión en la que en un disturbio de orden público  cuestionaba la actuación de la Guardia Civil. En su intervención  Juan Canales indicó que era uno de los pocos en censurar al Instituto de la Guardia Civil, que pedían su castigo ya que algunos de sus miembros, “por benemérito que sea, delinquen y cometen crímenes como el de Mula, Zorita, Arnedo…”. Presentó cómo actuaba cuando se trataba de obreros de la UGT y cómo procedían cuando los perturbadores eran miembros de las clases privilegiadas, como en Castellar de Santiago.

Detalló lo acontecido en Mula:

“La justicia no es una ciencia, es un sentimiento, están en la Cámara diputados presentes en Mula momentos después de los sucesos (López de Goicoechea y Moreno Galvache).

En Mula existía un contrato de trabajo con los trabajadores, en su mayoría de la Unión General. Se admitían 400 peonadas diarias, hubo días que no llegaron a 40. El día 8, el de la Pura, festivo, no se pagaron los jornales, según varios patronos Y en procesión y de casa en casa (dos o tres cerradas) llegaron a casa de una señora, que para desdicha del vecindario de Mula, estaba acompañada de dos cuñados, uno magistrado de la Audiencia de Murcia (Valcárcel y Chico de Guzmán), el otro es el juez municipal en funciones de instrucción. El magistrado dice a los obreros que pasen adentro a liquidar con su hermana, a cuyo cargo corren los jornales y entre tanto uno de los obreros va firmando lo que corresponde por el percibo de estos jornales (tan discutidos que se da lugar a que sea de noche para pagarlos) y se avisa a la Guardia civil. Llega un sargento. La plaza estaba llena, tiene que atravesar una multitud. Permanece unos instantes en la casa donde se estaba realizando la operación de pagar los jornales. Abandona la casa. No hay un grito, va al cuartel y cuando vuelve, regresa con 6 ó 7 números, produciéndose las descargas sin previo aviso. Y allí cae un muerto y 6 ó 7 gravemente heridos (El Presidente le pide que no haga alusiones porque sino tendría que haber una interpelación).

Defiendo la República de los trabajadores y ataco la disciplina de partido. Los Sres. López de Goicoechea y Moreno Galvache quisieron y procuraron un reconocimiento de los guardias civiles para que se constase a ciencia cierta si habían sido o no agredidos. Se les negaron las facilidades para ese reconocimiento.  Fue después por el presidente de la Diputación de Murcia y se advirtió que un guardia civil tenía cortada la manga de la guerrera, junto a la bocamanga y al parecer con navaja. Pero en el antebrazo no tiene herida y si es lícito una hipótesis, un compañero o el mismo pudo simular el corte. A la Guardia civil nadie la agredió. Se pagaron los jornales y se ha nombrado un juez especial (gracias a los Ministros de la Gobernación y de Justicia). Quiere prevenir y pide ayudas contra prejuicios”.

Observamos como, al margen del conflicto de orden público, Juan Canales (dada su situación personal, en estos momentos, dentro del partido socialista), criticaba que se antepusiera la disciplina de partido. Va a hablar de Castelar,  y la Presidencia se lo impidió “por no estar en la proposición”. El dijo que estaba en relación, contestando que “la Guardia civil cuando los alborotadores o criminales son los antiguos caciques entonces no interviene”  y continuaba:

“El Presidente pide que no cite pueblos. Bien pues: en un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme (grandes risas y el Presidente que señala: “no complique S. S. al Quijote”). Estamos en la Mancha, Castellar de Santiago (el Presidente: “ no está en la Mancha, está en el Parlamento” interrumpe el diputado Sr. Carrillo: “ lo lamentable, Sr. Canales es que a costa de estas tragedias se hagan chistes”).

No actúan ni con el caso en que los asesinos penetran en el domicilio de modestos trabajadores que caen asesinados en los brazos de sus mujeres y abrazados estrechamente por tiernos niños. Entonces sólo sale cuando la matanza ha terminado. Con lo que se observan diferentes conductas”.

Rogó al ministro de la Gobernación que facilitara el medio de que los individuos que pertenecieran al Instituto tuvieran regulada su intervención en asuntos sociales, por normas de índole general, que les advirtieran cuándo y cómo podía y debía prestar su actuación. El ministro de la Gobernación aceptó una interpelación sobre el tema.

El 17 de diciembre de 1932 antes de iniciarse el debate sobre los presupuestos de Agricultura para 1933, pidió que se cuente el número de diputados para la votación y tuvo un incidente con la Presidencia a la que acusó de no tener autoridad, siendo reprendido. Sobre los citados presupuestos realizó la siguiente intervención:

“Es una protesta contra la mayoría, obligada a seguir las indicaciones del Presidente, primer esclavo de las circunstancias y sugerencias del Gobierno. (…) Se ofreció que el presupuesto que termina sería el de la liquidación pero que el que le siguiera iba a ser el verdadero presupuesto republicano.

El Ministro ha declarado que los 50 millones son para las atenciones del asentamiento, pero en la Prensa ha dicho otra cosa.

No se cumple desde el banco azul nada de lo que se prometió. Por ejemplo, Marcelino Domingo dice favorecer el tabaco y se han restado 3.000 hectáreas de zona que vivía de eso, o el maíz si se ha quitado el premio con que se pagaba al que decidía sembrarlo, o el algodón si del Moncayo allá se oponen muchas cosas”.

Se iniciaron rumores a los que contestó señalando que “cuando se defiende un Presupuesto sea para cumplirlo o sino dará la impresión de que no lo han leído”. Criticó que en el Presupuesto se tratase poco de agricultura, “es burocrático, de nóminas ”. También hizo críticas a las Escuelas de Agricultura para que pasaran al Ministerio de Instrucción Pública, estimando que había falta de coordinación. Otras criticas las hizo a las cuentas de las cajas de las Compañías del ferrocarril que abusaban del usuario y el ministro autorizó y sancionó la prescripción a los 6 meses (interrumpió   Batanero: “ya se ha marchado la Prensa”).

Aludió al hecho de que el ministro se quejaba de la falta de tiempo para la implantación de la Reforma Agraria y señaló “¿es que no se tienen ya noticias o reclamaciones sobre bienes de los que fueron despojados los Ayuntamientos? “ (interrumpió  Bugeda: “ estoy toda la noche intentando leer un libro” y otro: “¿ cuándo se le acaba la cuerda?”). Discutió con  Galarza por la incompatibilidad (Galarza: “si yo hubiera traído aquí un acta por partido y me hubiera separado de él, me habría ido”). Contestó Juan Canales:“Yo soy socialista”,    (interrumpió Gordon Ordax: “ lleva ya más de media hora”  y otro diputado: “ ¡Vaya lata!”).

Estos comentarios nos ilustran sobre dos cuestiones. La primera, la soledad del diputado, que alejado del partido con el que acudió al Parlamento tenía que defender sus ideas incluso con la oposición o frente a sus antiguos correligionarios. El segundo punto que nos interesa resaltar es que la personalidad de Juan Canales le llevó a ser un  diputado muy activo en los debates de la Cámara, pero al verse marginado no fue tenido en consideración, ironizándose continuamente sobre el interés de sus discursos.

Siguió ajeno a estas censuras, con su intervención, diciendo que “no es falta de tiempo lo que puede retardar la publicación de la ley de arriendos que puede envolver el contrato de aparcería. La tiene prometida hace más de un mes ” por lo que pedía que al final del dictamen sobre el Presupuesto de Guerra, venía una consignación de 10 millones para tractores, a ver si podían pasarse a Agricultura.

Criticó un apartado del Presupuesto: “Primera anualidad para atender a los servicios relativos a la implantación de la Reforma Agraria, 50 millones de pesetas”, no estaba de acuerdo con la palabra “servicios”  ya que podía referirse a todo menos a los asentamientos o expropiaciones.

Al pasar la Comisión arbitral agrícola de Trabajo a Agricultura, señaló que “no debió desvincularse nunca”. Criticó los gastos de representación, dietas, el número de vocales que pertenecían al Instituto de Reforma Agraria, como el Banco Hipotecario del que decía que había logrado su representación en contra de la ley o sobre las Cámaras Agrarias, señalando que estaban disueltas y sus representantes eran propietarios.

Llamó la atención sobre el rescate de los bienes comunales y de los Informes de los Ingenieros en los que hay opiniones de cultivar todas las tierras, de no cultivar ninguna o de las estepas, la Siberia extremeña y las Hurdes, “para las que no hay recuerdo en el presupuesto” [71].

Vemos como aparecen cuestiones que venía defendiendo, como el rescate de los bienes comunales, la duda sobre la representación de los vocales en el Instituto de Reforma Agraria o las dificultades que estaba entrañando sacar a ésta adelante.

El 7 de julio de 1933, tras saludar al nuevo ministro de Industria y Comercio (J. Franchy y Roca), que se había desglosado del ministerio de Agricultura, le recordó que “en Extremadura y en Andalucía se padece hambre”.

Hizo dos ruegos a este ministro, uno sobre el problema de la pela de alcornocales en Extremadura y otro sobre los abusos de la Compañía Arrendataria de Tabacos. Insistió en que produciéndose corcho que había que pelar y manufacturar, se hurtaba este trabajo:

“esta región es el último reducto de los monárquicos, allí sigue el cacique de ayer, donde se cree que con llamarse republicano está todo resuelto. Se quedarán sin pelar muchos alcornocales. Antes iban a Cataluña y de allí iban al extranjero, mientras que  manos españolas permanecen en huelga forzosa”.

Terminó este ruego señalando que no logró del ministro de Agricultura atención para este problema.

Sobre el tabaco apuntó que se suprimió una clase modesta y seguían faltos de peso los envases y continuaban los contratos con Casas extranjeras:

“De 45 millones de kilos que necesita Tabacalera, sólo 5 fueron españoles. Se utilizan tabacos similares a los de nuestro país, se limitan las hectáreas de tabaco a 5.000. Si la Reforma Agraria va a ser un fracaso, habrá que acudir a cultivos complementarios de intensificación grande”.

Incidió el diputado en dos temas agrarios recurrentes a lo largo de muchas de sus intervenciones: las labores del corcho y el tabaco, denunciando situaciones que consideraba a todas luces injustas para los intereses de sus representados, aún a pesar, como hemos visto de ir en contra de la labor del Gobierno, que su partido había sustentado.

En esta misma sesión le hizo un ruego al ministro de la Gobernación, que tenía relación con una investigación al ayuntamiento de Losar de la Vera, denunciando la corrupción administrativa municipal:

“La administración de los ayuntamientos no ha adelantado nada, siguen hombres y procedimientos de ayer. De Losar de la Vera llega una queja transmitida por el gobernador de la provincia al Ministro de la Gobernación, del estado desastroso de su administración. Tienen recursos ínfimos y el desfalco es de 18.000 y pico de pesetas. Es preciso que este ayuntamiento sea investigado y todos los que estén en su caso”[72].

El 1 de agosto de 1933 hizo un ruego al ministro de Agricultura en relación a la ampliación de la convocatoria para proveer plazas de inspectores veterinarios de puertos, para evitar suspicacias y discriminaciones en el escalafón. Aludió a las preferencias por el traspaso de servicios a la Generalidad[73].

El 5 de septiembre de 1933 intervino para tratar dos asuntos: en primer lugar agradeció al ministro de Justicia por el celo en el asunto de Miajadas (relativos a los  sucesos de agosto) y le rogó que haga ver al juez especial, que estableciendo su despacho en Trujillo era casi imposible que muchos de los que tuviesen que deponer ante él, concurrieran desde Miajadas, si habían de sufragarse los gastos.

El ministro de Justicia (Casares Quiroga) le contestó que pondría los medios para que nadie se quedase sin declarar. A lo que replicó Juan Canales que el Juez especial necesitaba ir de Don Benito (donde residía) a Trujillo necesariamente por Miajadas, que estaba a mitad de camino, con lo cual el gasto era más leve si viniera a Miajadas que si se iba a Trujillo.

En otro orden de cosas, aprovechó la presencia del Presidente del Consejo de Ministros para hablarle

“en nombre de millares de despedidos de la Compañía Telefónica, muchos de los cuales vieron resueltos sus pleitos por el Jurado Mixto y por el Ministerio de Trabajo y se encuentran ahora con la Compañía que no acata o burla algunas resoluciones”.

Le contestó el Presidente del Consejo de Ministros (Azaña), diciendo que la resolución de los fallos de los Jurados Mixtos no dependían del Presidente del Consejo, sino del juez que “es el que tiene que poner en vigor los recursos”.

Concluyó Juan Canales diciendo que en el Consejo de Estado “actúa de secretario un señor que era vocal patrono en representación de la Telefónica, Hernández Pintaño”. En el caso de los despidos de la Telefónica, acompañó unas reclamaciones de empleados con el fallo del Ministerio de Trabajo donde se desestimó el despido[74].

Esta fue su última intervención en el Parlamento. Tras quedar fuera del PSOE e intentar formar una candidatura disidente en las elecciones generales de noviembre de 1933 que fracasó, quedó alejado de la política activa.

 

         Julio Durán Pérez: de profesión mosaista fue alcalde socialista de Plasencia desde el 11 de diciembre de 1931 hasta el 7 de enero de 1934. Fue corresponsal de “El Socialista”  en 1932 y redactor del periódico “Avance”, órgano del partido socialista en Plasencia.

Su nombre se vio envuelto en la polémica al ser implicado en la colocación de unas bombas[75], hecho por el que fue procesado y encarcelado primero en la cárcel de Cáceres de donde pasó al Reformatorio de Alicante donde estuvo 18 meses. Una vez que salió en libertad volvió a ejercer su militancia política enfervorecidamente colaborando de forma muy activa con el Frente Popular.

Sus relaciones con algunas autoridades provinciales, como por ejemplo el Gobernador Civil fueron muy tensas, siendo acusado de ser el promotor de huelgas y desórdenes.

Fallecido el 19-8-1936, Julián Chaves[76] nos cuenta como pudieron ser sus últimos momentos, encarcelado desde inicios de la guerra, junto con otros compañeros:

 “(…) los familiares les llevaban alimentos, el 19 de agosto de 1936 les dijeron en la cárcel que allí no estaban. Les habían sacado de madrugada en una camioneta (a 6 personas), detrás iba un automóvil con falangistas, les fusilaron en la finca “Almendral” en el término municipal de Oliva de Plasencia, allí han estado enterrados hasta el 17 de septiembre de 1979 cuando por una iniciativa de familiares y partidos políticos les enterraron en sus pueblos”.

Sin embargo la versión de las nuevas autoridades era otra, así en un Expediente de Responsabilidad política[77] de 1937, se decía que se ignoraba su paradero y mientras el alcalde indicaba que había desaparecido de la población al comenzar el Movimiento, el Jefe de Falange señalaba que había sido detenido.

 

Julián Franco Ramos: miembro en 1931 de la  Casa del Pueblo de Cáceres de la que pertenecía a la Sección “Aurora” (Sociedad de Oficios Varios), pronto ocuparía dentro de ésta algunos cargos de responsabilidad, como Secretario de la Federación Local Obrera, sin embargo destacaría por ocupar el puesto de Secretario de la Federación Provincial de las Juventudes Socialistas el  7 de septiembre de 1933 y más tarde sería Vicesecretario de la Federación Provincial Obrera (el 4 de enero de 1936), siendo además el  Secretario de las Juventudes Marxistas Unificadas.

Publicó algunos artículos en el órgano de prensa socialista cacereño “Unión y Trabajo”  y colaboró en la labor de extensión de esta ideología política participando en varios actos en distintos pueblos de la provincia.

Se le acusó del delito de auxilio a la rebelión por el que fue condenado a la pena de 30 años de prisión y a una multa de 40.000 pesetas[78]. La Comisaría de Cáceres lo describía como un  elemento destacado del socialismo:“(…) está considerado un propagandista peligroso por tener alguna cultura que ha sabido aprovechar par captar adeptos para su partido.  Fue detenido por hacer propaganda comunista e ingresado en la Prisión Provincial el 1 de agosto de 36”.

 

Higinio Felipe Granado Valdivia[79]: nació en Alcántara el 11 de enero de 1894. Sus inquietudes políticas, de temprano nacimiento, quedaron plasmadas en las poquísimas colaboraciones que hizo en el Semanario socialista placentino “Avance”  y, con más asiduidad, en el Semanario de idéntica ideología de Cáceres, “Unión y Trabajo”, del que llegó a ser Director.

Su compromiso político junto a la condición de trabajador de la tierra, le acarrean muchísimos problemas[80]. La mayoría de los patronos le niegan el trabajo y se ve obligado a emigrar a Navarra. Una fábrica de cemento y el duro oficio de picapedrero fueron sus ocupaciones en su largo ostracismo.

Afiliado al partido socialista, consta su alta con fecha del 1 de marzo de 1931. Se presentó con esta filiación a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en Cáceres, pero por muy estrecho margen no salió elegido concejal. Llegó a ser Presidente de la Federación Provincial Obrera el 24 de septiembre de 1932 y diputado socialista en las Cortes de 1933 y en las de 1936, en las que formó parte de la Comisión de Agricultura.

Fue vocal de la representación obrera de la Junta Provincial del Instituto de Reforma Agraria y Vocal del Jurado Mixto de la Propiedad Rústica. A pesar de su abultada responsabilidad política no le imposibilitó trabajar en el bar que regentaba, “La Ferroviaria”.

Tenía la ventaja de los oradores que inspiraban credibilidad, apoyándose en un verbo fluido, natural, caliente y sensible. Llega a mitinear incluso en Jaén. Según cuentan fuentes próximas a él, cuando fue diputado en 1933 y en 1936, su sueldo de 1.000 pesetas mensuales lo repartía siempre para atender las necesidades de peones y carreros habituales de “La Ferroviaria”.

Sobre sus intervenciones parlamentarias, haya que destacar las realizadas durante la legislatura 1933-1935:

El 8 de febrero de 1934 intervino en el debate del proyecto de ley de intensificación de cultivos en Extremadura, únicamente para señalar que la minoría socialista votaba a favor de un voto particular de Díez Pastor, a pesar de que no llegaba a satisfacer sus aspiraciones. En esta misma sesión presentó 25 enmiendas al Dictamen sobre el proyecto de ley regulando los haberes pasivos del Clero y 55 enmiendas al dictamen acerca del proyecto de ley sobre amnistía a Calvo Sotelo y Benjumea[81].

El 3 de mayo de 1934 su intervención giró sobre la discusión de las tarifas ferroviarias. Defendió una enmienda referida a los individuos que hacían su comercio en ferias, cuyo número era muy reducido y todos muy pobres. Estimaba que las empresas ferroviarias no sufrirían perjuicio si eliminaban del aumento del 15% en las tarifas a estos feriantes:

“Estos vendedores ambulantes tienen que realizar verdaderos sacrificios económicos para trasladarse de un sitio a otro, utilizando el ferrocarril, por lo que, si se acuerda la excepción que propongo para las mercancías que llevan, se puede asegurar que, aprovechando la competencia que existe, entre el transporte por ferrocarril y carretera, los individuos a que me refiero optarán por el transporte en automóvil.

Además hay que tener en cuenta que no ejercen su comercio más que en determinadas épocas y sólo utilizan el ferrocarril algunos meses del año, por lo que mi enmienda beneficia a unos individuos que se dedican a un comercio limitado, que obtienen escasa ganancia y que se encuentran en  muy malas condiciones económicas (interrumpió Orega Elosegui:    “desearía saber si la excepción es para los ambulantes o para las mercancías”. Es para los ambulantes y para las mercancías que llevan. Como estos vendedores suelen hacer trayectos muy cortos en ferrocarril, porque van de pueblo en pueblo, no creo que exceptuándoles del aumento de tarifas sufrirían perjuicio en sus intereses las Compañías, dado la poca cuantía que supone el beneficio que puedan obtener con esta clase de viajeros.

Lo único que tengo que añadir a lo dicho es que la Comisión, el Gobierno y las derechas debían aceptar esta enmienda por solidaridad, porque los individuos a quienes afectan son, en su inmensa mayoría, puntilleros, y las derechas, la Comisión y el Gobierno en pleno están dándole la puntilla a la República”.

La Comisión no aceptó la enmienda y Granado Valdivia interrumpió y con ironía señaló: “aquí tenemos que emplear el chiste, porque con chiste o sin chiste las enmiendas quedan todas sistemáticamente desechadas”[82]. Era una muestra de cómo las iniciativas de las minorías chocaban con la fuerza de los votos de las mayorías y como las primeras expresaban continuamente sus protestas, porque entendían que se les marginaba, no por el contenido de sus enmiendas, sino por ser ellos los que las proponían.

El 6 de junio de 1934 leyó una enmienda en el debate sobre jueces y fiscales municipales: A) artículo 4º, sustituía el plazo de 8 días por el de 15. Señaló que como sabían los diputados y también los de la Comisión, había pueblos que no tenían vías de comunicación; que las comunicaciones tardaban mucho en llegar; que, por otro lado, todos los que solicitaban estas plazas tenían que pedir la correspondiente certificación y realizar diferentes gestiones; por tanto, creía que no estaría demás que la Comisión aceptase la enmienda ampliando el plazo, que en el Dictamen se consignaba, que habría de ser de 8 días a 15.

Le contestó  Arrazola indicándole que estaba aceptado en espíritu, pues eran 8 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y no en la Gaceta [83].

El 7 de junio de 1935 pasó a la Comisión de Suplicatorios, formulado por el Tribunal Supremo, solicitando autorización para proceder contra H. F. Granado por un suelto publicado en el periódico “Unión y Trabajo”  de Cáceres[84]. El artículo fue publicado el 7 de julio de 1934 y se titulaba “Martínez Anido, el asesino, viene a España”.

Fueron muy conocidas, e incluso llegaron a hacerse públicas, las polémicas internas con su compañero, el diputado socialista Luis Romero Solano, y que coinciden con las divisiones en el partido entre alas reformistas (en las que se incluía a Granado Valdivia) y revolucionarias (donde se encuadraba Romero Solano).

El 21 de julio de 1936 fue detenido en la Imprenta “Moderna”  de Pablo Valiente, cuando iba en compañía de Romero Solano, que afortunadamente huyó (venían de declarar en la Comisaría de Policía). El 15 de agosto, tras 25 días de reclusión en la prisión de la calle Nidos, lo “pasearon” en el Puente de “Herradura” a su paso por Alconétar. Su cadáver estuvo expuesto varios días en el pretil del puente.

Meses después, enterrado ya en las cercanías donde fue fusilado, fue sometido a Consejo de Guerra por el delito de rebelión militar. En el informe de la Comisaría se señalaba que comenzó su trayectoria lanzando discursos estridentes, pero que con el tiempo se fue moderando y se concluía, diciendo que “está en paradero desconocido” [85].

 

 

 

 

 

Vicente Lisero Iglesias[86] nace el 19 de julio de 1897 en Coria, en la calle del Río, en casa de sus padres, Mateo Lisero González y Encarnación Iglesias Sánchez. Es hijo único, y nace en el seno de una familia de zapateros. Zapatero era su padre y zapatero era su abuelo, Julián Lisero.

No es de extrañar, por tanto, que Vicente aprendiera el oficio, y que en los años veinte y treinta tuviera instalado un pequeño taller de zapatería en la calle Corredera, número 22. En el taller, apenas un zaguán de 20 metros cuadrados, además de hacer reparaciones, se vendían los zapatos que se fabricaban de una manera casi artesanal, con una maquinaria muy escasa y simple, que no era mucho más que las herramientas tradicionales. Por tratarse de un trabajo artesanal, Vicente tenía a dos o tres personas trabajando con él.

Podemos imaginar a Lisero en su taller. Un hombre fuerte, moreno, con bigote, con mono de trabajo y con mandil. El martillo en el puño, el sudor en la frente, y la mirada limpia. La mirada sincera y firme del trabajador forjado por el yunque de la vida y de  su propio esfuerzo. Una mirada con un fondo de ilusión, provocada por la utopía de mejorar la sociedad, para que los más pobres, los que viven de sus manos y de su trabajo, no tengan que ser siempre los que pierden.

El 11 de febrero de 1922, Vicente contrae matrimonio con Andrea Valiente Granado. Tendrán cuatro hijos: José, Paulina, Pilar y Francisca. El domicilio familiar se establece en la calle Corredera, con el taller de zapatería en la planta baja.

 

Con la llegada de la República aparece ya como teniente de alcalde del primer ayuntamiento republicano de la ciudad. Tras las elecciones generales de febrero de 1936 se vuelven a reponer a muchos concejales y alcaldes que habían sido suspendidos fundamentalmente entre 1934 y 1935. De este modo vuelve a entrar Vicente Lisero en el Ayuntamiento de Coria siendo elegido alcalde. De su labor podemos destacar la inquietud por la educación pública con la solicitud de un grupo escolar, la vivienda para las familias obreras, la llegada de la red de abastecimiento de agua o la reforma agraria.

El final de esta historia está escrito con sangre en lo más hondo de la memoria colectiva, y al cronista le corresponde el exorcismo de plasmar el dolor en el papel para que los errores de los hombres nunca más se repitan. Por eso, hay que relatar estos hechos en blanco y negro. Objetivamente.

Tras haber entregado el Ayuntamiento al capitán Corbín el 19 de julio de 1936 para evitar el derramamiento de sangre, Vicente Lisero había seguido trabajando como zapatero sin ser molestado. Pero en los primeros días de agosto, Lisero es encarcelado junto a varias personas, entre ellos, el que había sido su teniente de alcalde, Asterio Mateos Alcoba.

El 27 de agosto, al atardecer, sacan de la Cárcel Real y obligan a subir a una camioneta a Vicente Lisero, junto a otras siete personas: Florentino Martín Valiente, apodado “el Pájaro”, guarda municipal; Teodoro García Simón, apodado “el Portalino”, peluquero; Antonio Alonso, secretario del Ayuntamiento; Antonio Hernández, propietario del salón de baile “Exprés”; y otros tres presos de la Sierra de Gata, entre ellos una maestra.

Al subir en la camioneta, Vicente pide en voz alta, pues lo escucharon algunos testigos, que lo maten en la plaza, delante del pueblo entero. Se refería a la entonces llamada “Plaza de la Constitución”, hoy “Plaza de España”, colindante con el edificio de la Cárcel Real.

Antes de salir de Coria, la camioneta pasa por la calle de la Corredera, por delante de su casa. Allí ve a su mujer, y en marcha le grita: “Adiós, Andrea. Adiós para siempre”.

El “paseo” terminó en Acehúche, donde fueron asesinados a las diez de la noche del 27 de agosto de 1936.

Ocho tiros culpables en mitad del silencio inocente de la dehesa.

Ni siquiera los enterraron. Fueron algunos vecinos del pueblo los que encontraron los cadáveres, reconocieron a Vicente Lisero, y se ocuparon de darles sepultura dentro del cementerio.

Sesenta y cinco años es tiempo suficiente para que se reivindique su memoria histórica, y la verdad libere la conciencia de una sociedad.

        

Pedro Prieto Saavedra: personaje muy polémico en su época, fue concejal, miembro de la Comisión Gestora y alcalde del Ayuntamiento de  Logrosán desde abril de 1931 hasta enero de 1933 y posteriormente el 28 de febrero de 1936. Perteneció a la Agrupación Socialista (de la que era el Presidente) y a “La Convencida” (Sociedad agrícola y de oficios varios, afecta a UGT y de la que también era Presidente). Figura así mismo como  Delegado del Distrito de Logrosán en la Federación Provincial Obrera (19-9-1933).

Se vio involucrado como presunto responsable o inductor en los acontecimientos que tuvieron lugar con motivo de un mitin de los diputados radicales socialistas Antonio de la Villa y Ángel Segovia Burillo y donde fueron agredidos. Fue suspendido en varias ocasiones del cargo de alcalde,  por ejemplo el 30 de julio de 1931 o el 21 de junio de 1936 aunque luego era repuesto (21 de diciembre de 1931 o el  12 de julio de 1936).

 

         Luis Romero Solano: nació el 15 de febrero de 1908 en Alcántara. En su juventud desempeñó el oficio de albañil, siendo directivo del gremio de albañiles[87] y  trabajó en las obras del cine “Norba hasta que militando en las Juventudes Socialistas de Cáceres fue nombrado en 1931 Auxiliar del Jurado Mixto de Cáceres, desempeñando dicho cargo hasta noviembre de 1933, fecha en que fue elegido diputado a Cortes y reelegido en febrero de 1936[88]. Otro de sus cargos de relieve fue el ser Vocal 1º de la Federación Provincial Obrera de Cáceres en enero de 1936.

Era una personalidad joven, moderna y atractiva que presta contraste con los santones clásicos del socialismo cacereño, siendo uno de los mejores oradores de la Casa del Pueblo y colaborador asiduo de su periódico “Unión y Trabajo”.  En 1935 y tras la revolución de octubre publica un libro bajo el título “Sangrías de la revolución”.

Con el paso del tiempo fue adquiriendo protagonismo y se va a encuadrar dentro de la vía revolucionaria de su partido, en constante pugna con los reformistas. Desde su elección como diputado en 1933, fueron muy frecuentes los viajes por los pueblos de la provincia, donde trataba de conectar con sus gentes.

A pesar de estar su grupo en minoría en el bienio 1933-1935 se mostró muy participativo y combativo en las Cortes (a modo de ejemplo, encabezó 82 enmiendas al Presupuesto del Ministerio de Agricultura). Fueron sonoros discursos como el del 6 de febrero de 1934 sobre la angustiosa situación de la provincia de Cáceres y otros como los que realizó con motivo del debate sobre la derogación de la ley de Términos municipales, la intensificación de cultivos, las críticas hacia la actuación del Gobernador Civil con los concejales socialistas y en la detención de obreros campesinos con motivo de la huelga de junio de 1934. Fue uno de los diputados más jóvenes.

Señalemos sus intervenciones en esta legislatura:

El 6 de febrero de 1934 describió en un apasionado discurso la situación por la que, a su juicio, estaba atravesando la provincia de Cáceres:

“Señores Diputados, hace tiempo que vive mi espíritu bajo la impresión de la tragedia por que atraviesa la provincia de Cáceres. Desde el día en que anuncié a la Presidencia un ruego al Sr. Presidente del Consejo de Ministros, no han cesado de llegar a mí telegramas y cartas a través de las cuales podemos ver claramente cuál es la situación por la que pasa la provincia de Cáceres. Yo hubiera deseado que la semana pasada, durante la cual se ha ocupado tan extensamente la Cámara en cuestiones de Extremadura, en una  de esas argumentaciones en pro o en contra de la intensificación de cultivos en aquella provincia, hubiese expuesto algún Sr. Diputado la tragedia porque atraviesa el campo y la causa de que nosotros hayamos requerido varias veces al Sr. Ministro de Agricultura, no sólo los Diputados socialistas, sino los radicales y los agrarios, para que se preocupase intensamente en resolver la cuestión. Para hacer una reseña al Presidente del Consejo de cuál es esa tragedia de la provincia de Cáceres y a la vez un ruego a los Sres. Ministros de Agricultura y Obras Públicas a fin de que vean el posible remedio a tal situación, citaré algunos casos. En algunos pueblos, como en Alcántara, las familias obreras, las familias proletarias se han visto obligadas a entregar a sus hijos a las Autoridades. El día 22 de Enero entregaron cerca de 200 niños en el Cuartel de la Guardia civil. Y yo he de decir una cosa: que no sé cómo las Juntas de Protección a la Infancia no han elevado su protesta al Poder público, sobre todo teniendo en cuenta que, recientemente un niño, ante la presencia del hambre, se ha suicidado. En la actualidad son millares de niños que si no se suicidan con las armas, se están quitando la vida por su situación de miseria en que viven; suicidio éste mucho más cruel, mucho más trágico y mucho más vergonzoso para la sociedad en que esos muchachos desenvuelven su vida. Se da el caso de que siendo los niños quienes más derechos tienen a disfrutar de los goces de la vida, son los que más privados están de ellos y los que se encuentran imposibilitados de desarrollarse físicamente en las condiciones debidas para el día de mañana poder ser ciudadanos útiles a su país.

En Alcántara, como he dicho, las familias proletarias se han visto obligadas a entregar a sus hijos a las autoridades. Pero ocurre algo más, señores diputados, en un pueblo de Cáceres, en Torrecilla de la Tiesa, los trabajadores hambrientos se han visto precisados a comerse un cerdo atacado de triquinosis. Ese cerdo estaba en poder de las autoridades para ser llevado a un horno crematorio, y los trabajadores, en grupo numeroso, lo han arrancado de manos de las autoridades y se lo han comido. Pero todavía ocurre más. En Torrecilla de la Tiesa han estado trabajando más de 100 obreros que no pertenecen a dicho término municipal. No vamos a discutir ahora si es justa o no la derogación de la ley que a estas cuestiones se refiere; pero he de decir que en el expresado término se han presentado determinados obreros pertenecientes a otras municipalidades para trabajar reclamando un salario inferior, se han apoderado de las yuntas y de los arados pertenecientes a otros jornaleros que las estaban utilizando en sus labores, y la Guardia civil y la de Asalto los han maltratado. Es decir, que además de la desesperación que origina a estos trabajadores la tragedia del hambre, sufren los martirios de la fuerza represiva del Estado.

Una vez expuestos estos dos casos, voy a reseñar uno más, prescindiendo de otros muchos que pudiera exponer por no fatigar en exceso la atención de la Cámara. Y me he de referir a lo ocurrido en Malpartida de Cáceres. Este es un pueblo que tiene un censo obrero enorme para el término reducido que posee. Tal censo obrero está compuesto de 500 ó 600 trabajadores que no han percibido jornal desde la época de la siega. Además voy a poner de relieve un caso que revela de manera evidente la conducta de determinados señores. En el pueblo a que me estoy refiriendo se impusieron ciertos alojamientos de obreros a los patronos en vista de la miseria reinante; pero hubo un señor, que en la actualidad tiene asiento en esta Cámara, el Sr. Sandoval, que,  a pesar de haber ofrecido a los trabajadores de Malpartida su apoyo si resultaba proclamado Diputado a Cortes, después de haberle prestado los campesinos su ayuda, no les ha abonado aún los jornales.

Tengo en mi poder un telegrama de Madroñera (Cáceres) que refleja exactamente la tragedia que en ese pueblo están padeciendo los obreros. En este pueblo los hombres y las mujeres en número de 50 y 60 recorren las calles de día y de noche pidiendo limosna.

Y se da el caso, Sres. Diputados, de que por los pueblos de Extremadura se ve todavía escrito en las fachadas de las casas de los caciques todo el programa electoral de las fuerzas que tienen mayoría en esta Cámara; hay muchos letreros que dicen: “Votad a las derechas que son las que os darán pan; votad a las derechas que os darán trabajo”. Y yo digo que ya que, en virtud de las coacciones y de los manejos de las derechas y de la represión gubernamental contra los trabajadores, para desgracia de éstos ha venido esa mayoría, que hizo esos ofrecimientos,  a regir los  destinos del país (rumores e interrumpió  Álvarez Angulo: “afortunadamente todavía no”) hora es ya de que tales ofrecimientos se cumplan y de que cese el hambre en España. Y no es lo que más me preocupa el hambre y aún la vida de los trabajadores, ya que éstos, por un impulso natural de rebeldía, pueden luchar contra los obstáculos que dificulten su vida; pero, en cambio, la infancia, la ancianidad, los débiles, esos núcleos de la sociedad que no disponen de fuerzas para luchar, que carecen de toda defensa, no tienen más remedio que sucumbir. Y por eso la rebeldía natural de los trabajadores se aviva y se justifica que se rebelen contra todo y contra todos al ver cómo no se respeta siquiera el derecho a la vida de sus seres más queridos.

Con esto doy por terminado mi relato y me dirijo a los Ministros de Agricultura y de Obras Públicas para que, conocedores ya de esta tragedia, mediten acerca de ella, porque resulta que toda la semana pasada hemos estado nombrando aquí a Extremadura, pero no se le ha nombrado para poner fin a la tragedia que vive, no se le ha nombrado para llamar a la comprensión a los patronos y a los terratenientes de Extremadura, para decirles que en la actualidad hemos perdido de 40 a 50.000 fanegas de garbanzos que se recogían todos los años en la provincia de Cáceres, que en años venideros no podremos recoger, porque no está efectuada todavía la barbechera, y que los Poderes públicos que dicen poseer la previsión, que dicen no atacar con crueldad a los sectores proletarios de España, digan de una vez que la previsión es el pan y el trabajo para remediar esas    tragedias [89].

Hizo Romero Solano un triste repaso a la situación de hambre y miseria por la que pasaban muchos pueblos extremeños. Citó como ejemplo algunos casos significativos exponiendo un panorama totalmente desolador: madres que entregaban a sus hijos a las autoridades porque no tenían con qué mantenerlos, grupos numerosos que circulaban por las localidades practicando la mendicidad, otros que se veían obligados a comer  un cerdo atacado de triquinosis… en definitiva un grave problema de falta de trabajo que amenazaba con ser crónico y que el diputado no sólo no se abstenía de reseñar sino que también se interrogaba por la responsabilidad de los poderes públicos y sus representantes.

El 8 de febrero de 1934,  el diputado de la CEDA González Sandoval, respondió a las alusiones que le había hecho Romero Solano. Dijo que lo único que recomendó a los muchos obreros que le pedían consejo en Malpartida de Cáceres fue

“que votaran la candidatura antimarxista de Cáceres, compuesta por 4 radicales y 3 de la derecha, porque en la elección del día 19 lo que se votó fue el antimarxismo. Así pues el Sr. Romero está mal informado respecto a mi intervención. Se quería incluir mis fincas de Malpartida y mis fincas del término municipal de Cáceres y comprenderá S. S. que yo no voy a hacer el juego a los socialistas para que hagan política con mi dinero.

Sabe S.S. Sr. Granado que en el Jurado Mixto de la Propiedad rústica, del cual hemos sido los dos vocales, se trató por el Sr. Sánchez Blázquez de votar en bloque, unos a los patronos y otros a los obreros, a lo cual yo me opuse diciendo que votaría a los obreros cuando tuvieran razón; eso lo sabe S.S”.

Terminó su intervención defendiendo a Malpartida que “… lo único que hace es vivir bajo el terror socialista, hasta el punto de que la Guardia civil está  aterrorizada” [90].

El 20 de febrero recibió Romero Solano una contestación por escrito del ministro de Obras Públicas, haciendo referencia a las obras que aliviarían la angustiosa situación de la provincia de Cáceres[91]. En “Unión y Trabajo” se recogieron detalles concretos de esta respuesta del ministro a las gestiones de Romero Solano: con respecto a Alcántara, un libramiento de 25.000 pesetas con carácter urgente para invertirlos en los kilómetros 53 a 60 de la carretera Malpartida de Cáceres a Portugal. En Madroñera un libramiento de 15.000 pesetas para continuar las obras del camino vecinal que enlaza con el de Aldeacentenera a Garciaz.

En Torrecilla de la Tiesa estaba en construcción un camino desde el pueblo a la carretera de Madrid a Portugal, habiéndose rescindido la contrata de la obra que se ejecutaba por el Ayuntamiento, estando pendiente de la liquidación para que la Diputación provincial se hiciera cargo con urgencia de la prosecución de las obras. En Malpartida de Cáceres se indicaba que se tramitaría inmediatamente el proyecto de reparación de la carretera de Cáceres a Portugal, con un presupuesto de 154.486 pesetas[92].

El 28 de marzo de 1934 intervino en la discusión de la ley de Intensificación de cultivos en Extremadura, señalando que el ruego que tenía intención de realizar, si lo hubiera hecho en la fecha que tenía anunciado, habría surtido los efectos que quería:

“En el mes anterior hemos discutido en esta Cámara, con más apasionamiento quizá que ninguna otra cuestión, la ley de Intensificación de cultivos en Extremadura, y esta es la hora en que, después de haber trabajado intensamente las organizaciones obreras, después de laborar tenazmente los ingenieros del Instituto de Reforma Agraria adscritos a la Delegación de la provincia de Cáceres y tras haber ultimado la tramitación de cuarenta o cincuenta expedientes, la ley de Intensificación de cultivos no se ha aplicado, no se han podido obtener los beneficios que con la promulgación de dicha ley se esperaban, quedando, por consiguiente, sin subsanar los vicios que se pretendía corregir.

Yo debo decir que la aplicación de esta ley de Intensificación de cultivos en Extremadura ha tomado un carácter marcadamente político. Así se deduce de las manifestaciones hechas tanto por la Asociación de propietarios de fincas rústicas de la provincia de Cáceres como por las expuestas por el Sr. Gil Robles en una carta que transcribió un diario de aquella provincia. Además ese carácter político se observa en que el ritmo acelerado que se imprimió a la aplicación de esta ley se ha paralizado, por lo que no se ha obtenido ningún efecto provechoso. En estos momentos se encuentran pendientes de aplicación de la ley de Intensificación de cultivos cinco mil yunteros. Hay núcleos de esta clase de trabajadores que han agotado todas sus posibilidades económicas en visitar al gobernador civil y a los ingenieros de la Reforma Agraria y en acudir a todos los medios posibles para que se les entregase la tierra en la forma determinada en la expresada ley.

El ruego que voy a dirigir al Sr. Ministro de Agricultura consiste en lo siguiente: que estando ultimados los expedientes a que anteriormente he aludido, realizadas cuantas gestiones ha sido preciso hacer, y faltando solamente el fallo del Instituto de Reforma Agraria, se sometan a su aprobación, si no todos, cuatro o cinco expedientes, a fin de que el aludido organismo diga si adolecen de algún defecto, con objeto de que las organizaciones obreras lo subsanen mediante la rectificación necesaria. Lo que no debe ocurrir es que tales expedientes continúen estancados en la Delegación provincial de Reforma Agraria después de haber movilizado a un gran número de ingenieros y de haber intervenido activamente las Alcaldías y las organizaciones obreras. El hecho cierto es que hasta el momento el problema que intentó resolverse con la promulgación de la ley de Intensificación de cultivos no se ha resuelto.

Aparte de esto, hay otros antecedentes que revelan claramente que unos hombres son los que se sientan en el banco azul y otros son los que gobiernan. En el banco azul se sientan unos Ministros, y por la influencia que sobre ellos ejercen determinados sectores de la Cámara, tanto la ley de Reforma Agraria como la de Intensificación de cultivos, no se aplican. Y yo digo: se ha promulgado la ley de Intensificación de cultivos, discutido con todo el apasionamiento posible y aprobada por la mayoría de los votos de esta Cámara; ¿por qué, pues, esta ley, tan justa, que estaba llamada a resolver un problema vivo, no se aplica? Pues no se aplica, Sres. Diputados, porque el sector más numeroso de los propietarios de la provincia de Cáceres empezó, inmediatamente de ser promulgada la ley, a lanzar diatribas contra el Sr. Gil Robles y contra la minoría de Acción Popular, y estas censuras del sector derechista de la provincia de Cáceres indujeron al Sr. Gil Robles a dirigir al Presidente del Consejo de Ministros una carta, en la cual le dice que la Guardia civil actúa en la provincia de Cáceres con gran lenidad; que puede decirse que los asaltantes de fincas gozan de completa impunidad, y que ni el partido radical, ni el del Sr. Gil Robles, en virtud de los compromisos adquiridos con la opinión pública en la campaña electoral, podían consentir que aquella provincia quedase entregada a la anarquía, sin que se pusiera remedio eficaz a tanto desmán. Por último, amenaza el Sr. Gil Robles con traer el asunto a la Cámara, si se hiciera preciso. El sentido de esta carta se percibe perfectamente y lo prueba que la aplicación de la ley cesó (“interrumpió Moreno Torres: “¿esa carta es auténtica?”). Se ha publicado en el diario “Extremadura” de la provincia de Cáceres  (interrumpió  Zaforteza: “la carta se refiere al estado de anarquía, no a la intensificación de cultivos”). Perdonen los Sres. Diputados. Lo ocurrido es que, tanto por esta carta como por el escrito de la Federación de propietarios, que habrá llegado a manos del Sr. Gil Robles, y por otros medios, la ley de Intensificación de cultivos, que tanto discutimos aquí, no se ha podido aplicar todavía (interrumpió un diputado: “de eso no tiene la culpa el Sr. Gil Robles”). No sé si tendrá él la culpa o no; pero lo cierto es que por la influencia que su grupo ejerce sobre el Gobierno se ha logrado  que la ley no se aplique, a pesar de haberse llevado a cabo casi todas las operaciones preliminares. Tal vez no se discutiera aquí con sinceridad la ley o no se dieron cuenta los Diputados que la aprobaron del problema que con ella se intentaba resolver.

Pero a más de esto, nosotros hemos de decir que en la provincia de Cáceres, hay planteadas una serie de cuestiones que es necesario que el Ministro de Agricultura aclare. Citaré algunas.

Un señor ingeniero informa que una finca es susceptible de cultivo, y, por lo tanto, que se debe prorrogar el contrato en la forma que estuviese determinado. Pasa el expediente, con el informe favorable del ingeniero, al ingeniero jefe de la Delegación de Cáceres y éste autoriza que se proceda al reparto de labores, por mediación del gobernador y de la Alcaldía de Coria. Pues bien; hasta ahora nada se ha hecho, y posteriormente el mismo jefe de la Delegación provincial de Reforma Agraria se opone a que se labore la finca. Figuraos el efecto que esto producirá a los campesinos. En aquellos campesinos afectados por este asunto, al conocerse la buena marcha del expediente, y el informe favorable de los técnicos, se produjo el natural entusiasmo, la natural alegría al ver que se iba a resolver el problema con la distribución de las labores en esta finca. Pero no es esto. Si primeramente por informe del ingeniero Sr. Rivadeneira, era susceptible de cultivo esta finca, después, no sabemos por qué, la Delegación provincial dice que no es susceptible de cultivo; más lo cierto es que esta finca se ha arrendado a otros señores y en este arriendo va implícita la ejecución de labores que a los demás yunteros se les habían negado.

Hay también otra cuestión que conviene que aclare el Sr. Ministro de Agricultura, y es la siguiente. Al promulgarse la ley de Intensificación de cultivos, cuya aplicación estaba al cargo del Sr. Peña Novo, algunos yunteros eran en realidad arrendatarios; pero con el barullo que se armó al aplicarse la ley, no sabemos por qué ni cómo, se redactaron algunas actas en que se decía que aquella finca se cedía a los efectos de la intensificación de cultivos. Y mi pregunta es la siguiente: en el año 1933-1934 se prorroga el contrato merced a las gestiones del ingeniero y por decisión del Sr. Peña Novo apoyado en la ley de Intensificación de cultivos. Ahora bien: ¿deben considerarse con derecho al mismo trato los que  por la aplicación de la ley de intensificación de cultivos fueron asentados en las fincas, que aquellos que eran arrendatarios al aplicarse la ley de intensificación de cultivos y a quienes no se les asentó, sino que no se hizo más que confirmarles en el contrato que tenían hecho? En el primer caso, suponiendo que sean asentados a los efectos de la ley de Intensificación de cultivos, la renta se fijará por los procedimientos ordinarios, y en el caso contrario, de no establecerse más que la prórroga del contrato que la renta se fijase con arreglo al contrato anterior a la aplicación de la ley de Intensificación de cultivos. Y si lo que se hizo, en realidad, fue la prórroga del contrato,          ¿puede y debe entenderse éste en vigor a los efectos de la aplicación de la ley de 27 de junio de 1932, o sea la prórroga necesaria, que subsistan los mismos arrendatarios, en virtud de la ley por la cual no pueden ser desahuciados más que por falta de pago de las rentas?

Y para terminar, una última consideración al Sr. Ministro de Agricultura. Es el Sr. Ministro de Agricultura persona a quien nosotros reconocemos la buena fe, que ha intentado resolver un problema vivo que se le planteaba, que lo discutió y consiguió que la Cámara aprobase la ley de Intensificación de cultivos. Si aquí se discutió con tanta pasión y la Cámara gastó un tiempo considerable hasta llegara a la aprobación de esa ley;  si se nos empujó a esa discusión, cuando la minoría socialista tenía el propósito de presentar un estudio más detallado, que no habría resultado la cuestión tan parcialmente, no hay razón para que no haya surtido efecto aquella Ley, para que no se haya aplicado. Para que lo sepa el Sr. Ministro de Agricultura y lo sepan los Sres. Diputados les diré que hay 5 ó 6.000 yunteros pendientes de la aplicación de la ley de Intensificación de cultivos. Si no quiere la Cámara, si no quieren las minorías gubernamentales, o el Gobierno que se aplique, que digan que no, que no exista tal ley de Intensificación de cultivos, que cesen en sus trabajos las organizaciones, que paralicen su actividad los ingenieros que están informando y que,  por lo tanto, esos yunteros y campesinos se limiten a concertar unos arriendos como puedan y quieran concedérselos; pero no es justo tener pendiente a una provincia de la aplicación de una Ley, que después de aprobada se encienda el júbilo de los campesinos, y que después de este júbilo se vayan apagando por la ineficacia o por los manejos políticos de ciertas minorías. Nada más” [93].

Se había centrado en este discurso en denunciar, citando algún ejemplo, cómo después del tiempo y trabajo que costó la aprobación de la ley de Intensificación de cultivos, ésta no se aplicaba. Quería que expresaran claramente sus posturas aquellos grupos políticos a los que identificaba como obstruccionistas al cumplimiento de dicha ley e incluso iba más allá sacando a la luz pública cartas comprometedoras de Gil Robles en el sentido de mostrar su disgusto con las pretensiones de los campesinos. También profundizó en otros aspectos, como era la crítica a la anarquía en el campo.

El 18 de abril de 1934 y con motivo de una discusión sobre las tarifas ferroviarias, manifestó su malestar porque todo lo que presentaba la minoría socialista era desaprobado.

Habló en esta Sesión de la crisis de la industria de la edificación, a lo que se unió el aumento del precio de las subsistencias y los obreros respondieron con petición de aumento de salario. Señaló que las empresas constructoras contestaban que no podían hacerlo porque tenían hechos sus contratos a unos precios que no podían modificarse y que encima ahora venía la elevación de  las tarifas ferroviarias.

Representaba a una zona de España donde se exportaban anualmente unos cuantos miles de toneladas de cal, en la que se creará un verdadero conflicto. Indicó que es Cáceres una de las poblaciones que tenía peores medios de transporte, lo que dificultaba el que pudiese competir en los mercados de la cal con fábricas de otros sitios y se privaba de realizar esa competencia, precisamente porque tenía malos medios de transporte, tanto en carreteras como en ferrocarril, pues, por otra parte, todos los técnicos reconocían que la cal elaborada en Cáceres era inmejorable. Se planteaba en aquella capital uno de los problemas que más la atañían, puesto que la fabricación de cal daba ocupación a 500 ó 600 obreros.

Comentó que se empezaría a pedir al Estado la ejecución de nuevas obras, por la crisis en la construcción y por la subida de las tarifas ferroviarias, además el Estado era una de las mayores empresas constructoras. Preguntaba, si no le convenía al Estado, debido a que era el que tenía que emplear los materiales de construcción, que no se elevasen los precios.

Habló de que enfrascado la Cámara en estas discusiones el pueblo se sentía aislado, abandonado del Parlamento, excepto algunos magnates de la industria.

Presentó una enmienda que  fue rechazada por 119 votos a   32[94].

El 8 de mayo de 1934 presentó un ruego por escrito al ministro de la Gobernación, protestando por la actuación del Gobernador Civil contra los concejales socialistas:

“El gobernador civil de Cáceres dedica preferentemente su atención a suspender Ayuntamientos socialistas. Así lo ha hecho con los de Moraleja, Alcuéscar, Riolobos, Ibahernando y otros muchos que no recuerdo en estos momentos.

Son, por consiguiente, ilegales e injustas tales suspensiones.

Pero lo más grave del caso que someto a la consideración del Sr. Ministro es que los plazos de cincuenta días que establece el artículo 190 de la citada ley van venciendo y el señor gobernador lejos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo, amenaza con mandar al Juzgado estos casos “si los concejales se presentan a tomar posesión”.

Desde luego, dichas suspensiones no obedecen a que las referidas Corporaciones hayan incurrido en la extralimitación grave con carácter político a que el artículo 189 de la vigente Ley Municipal se refiere.

Esta coacción evidente no ha surtido efecto alguno. Los concejales se van presentando a medida que transcurre el plazo legal a tomar posesión.

Y es lo cierto que no lo consiguen.

Pero hay otro aspecto en la desdichada actuación del señor gobernador de Cáceres: se tramitan expedientes administrativos -porque las inspecciones realizadas son administrativas- y se pasan al Juzgado antes de que sobre ellos recaiga resolución definitiva. ¿Es que la resolución definitiva es la del gobernador? ¿La vía gubernativa se agota en el Gobierno civil?

Porque, Sr. Ministro, hay varios expedientes en los que ya ha entendido el Consejo de Estado, resolviéndolos favorablemente para los concejales suspensos y en contra de la decisión gubernativa.

En consecuencia, ruego al Sr. Ministro de la Gobernación obligue al señor gobernador civil de Cáceres a cumplir lo dispuesto en la ley Municipal, ordenando la reposición de los concejales suspensos en todos aquellos casos en que, dentro de los cincuenta días que establece como plazo máximo el artículo 190 de la citada ley, no se haya mandado proceder a la formación de causa”[95].

Se criticó en este ruego un asunto que entraba de lleno en el cambio de coyuntura política surgido tras las elecciones de noviembre de 1933 y que trasladó su influencia a las administraciones locales, pasándose por un periodo de suspensiones de ayuntamientos. Se argumentaba para ello irregularidades en la gestión administrativa, aunque la denuncia, por otra parte, era que nos encontrábamos ante casos de persecución política.

El 11 de mayo de 1934 intervino en el debate sobre la derogación de la ley de Términos Municipales, presentando una enmienda a la que siguió una encendida defensa, para que subsistiera dicha ley:

“Contra esta ley, como contra todas aquellas que benefician a la clase trabajadora, los burgueses, los capitalistas, inventáis una leyenda, como la inventáis para todas aquellas cosas que vayan contra vuestros privilegios. Las reflexiones que hacéis a los pueblos acerca de los perjuicios que sufren con la vigencia de esta ley son contrarias a la realidad y se basan en argumentos encaminados a proteger vuestros intereses. A aquellos pueblos que tienen un término municipal pequeño les decís que la causa de su hambre, de su desgracia, y de que no tengan trabajo, es la ley de Términos municipales. Vosotros sabéis bien que la mayoría de los pueblos de España no dan ocupación a la totalidad de sus obreros; vosotros sabéis que no es la ley de Términos Municipales la causa de que subsistan esas tragedias en los pueblos. Una de las causas es la desproporción que existe entre la extensión de los términos municipales y la población que tienen los pueblos. Establecida esta desproporción hay pueblos que de no agregarles una parte de término municipal con arreglo a la población que tienen, han de experimentar una diferencia grande en sus medios de trabajo, puesto que en la mayoría de estos pueblos no se da un régimen de minifundio, cuyos explotadores estarían adheridos a los pueblos comarcanos, sino que en la generalidad de los pueblos en que esta ley se aplica en Extremadura se da un régimen de latifundio, y con volcar una o dos dehesas a un término municipal o a otro ya se establece una desigualdad, una desproporción irritante, que es la causa de esa crisis. Por lo tanto, la Comisión de Trabajo ya tiene un argumento, si es que quiere usar de él, para demostrar que la ley de Términos municipales no es la injusta; la injusta es la distribución de la propiedad, que al cargar una dehesa de unas cuantas miles de hectáreas a un pueblo o a otro deja a estos pueblos en la mayor desolación.

Otro argumento contra la ley de Términos municipales, es que ésta sirve de frontera para la realización del trabajo; que en años anteriores los obreros de Extremadura iban a Castilla y traían tantos o cuantos jornales, y que con esos jornales correspondían al pago de sus deudas, y la causa de que ahora no reciban esos jornales es fenómeno que no se debe a la imposición o implantación de la ley de Términos municipales, sino que se debe a otras causas, es un argumento que aprovecháis vosotros, como suele decirse, arrimando el ascua a vuestra sardina, para sacar consecuencias que no son ciertas. La causa de que los obreros de Extremadura no vengan ahora a segar a Castilla, vosotros lo sabéis tan bien como yo, es que en Castilla, como en Extremadura, se están aplicando las máquinas en las operaciones agrícolas, y al emplear estas máquinas, todos aquellos obreros que andaban trashumantes, de unas provincias a otras, al venir un período determinado en las operaciones agrícolas ya no hace falta que de una provincia deambulen a otra, puesto que la máquina los suprime o los sustituye. Esta es una de las causas, y no lo achaquéis a la ley de Términos municipales, de que los obreros no vayan a trabajar a otros pueblos.

Pero además de ésta, hay otras razones para que subsista la vigencia de la ley de Términos municipales, y una de ellas es que, en años anteriores habrá habido en la economía nacional todos los transtornos que vosotros queráis, pero ha habido en esa economía nacional una aportación de los obreros, que tenían una capacidad adquisitiva por los salarios regulados en unas bases de trabajo superiores a los que hoy tienen, y esos mismos salarios empezaban por incrementar la economía. Hoy tienen en Extremadura, como en la mayoría de los pueblos de España, salarios que ya no los regulan bases de trabajo ningunas, porque desde que el Sr. Samper hizo aquellas célebres declaraciones, quedó anulada de hecho casi toda la legislación social, ya no se cumple casi ninguna de esas bases de trabajo, y se dan casos, que los Sres. Diputados pueden comprobar- y yo estoy dispuesto a acompañar a quien quiera a hacer esta información en los pueblos de Extremadura- donde existe unas bases que establecen un salario de 4 pesetas para determinadas operaciones agrícolas, pero esas operaciones se realizan hoy con salarios de dos pesetas para los hombres y 1 peseta para las mujeres (interrumpió un diputado: “eso no es verdad”  y el ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión: “¿Me hace S. S. el favor de concretar dónde ocurre eso, para impedirlo inmediatamente?”) Yo personalmente me comprometo a acompañar a quien quiera, para demostrar y comprobar que se pagan salarios de 2 pesetas y de 1 peseta (nuevas denegaciones y varios diputados: “¿dónde, dónde?”). Los Sres. Diputados que quieran pueden acompañarme esta misma noche y lo comprobaremos en la mayoría de los pueblos de Extremadura. (Un diputado: “en ningún pueblo de Extremadura”). En Torreorgaz, en Torremocha, en Ceclavín, en todos. Si les habéis estado dando dos reales para que no se murieran de hambre, ¿cómo no vais ahora a regatearles dos pesetas por un trabajo en el que dejan, día y noche todo su sudor?

Vosotros podéis aducir aquí todos los argumentos que queráis, toda la leyenda que queráis contra la ley de Términos Municipales; pero contra toda esta leyenda, nosotros alzamos la triste realidad, y es que no sois sinceros con vosotros mismos al explotar esa ley y al decir a los trabajadores que ella es la causa de su miseria. No. Decidles a los trabajadores que lo que hace falta es una reorganización de los términos municipales, que hace falta adjudicar a los pueblos que tengan términos pequeños, tierras suficientes para que sus trabajadores tengan una proporción en el  trabajo igual a la de los demás pueblos.

Esta es, si la Comisión quisiera aceptarla, una solución, no la derogación de la ley, porque la derogación de la ley ya sabemos a lo que va: a que haya trabajadores, como los hay en la actualidad – y esto si que es un caso que se pueda demostrar- que se van a 40 y a 50 kilómetros a pedir limosna, que se van a trabajar por la comida. Esto sí, que también lo pueden comprobar los señores Diputados.

Es esto lo que evitaba la ley de Términos municipales; es esta una tragedia la que evitaba esa ley (un diputado: “la que se ha producido”). Si en años anteriores se vivía con un salario de 4 pesetas y se ejecutaban todas las operaciones necesarias en la agricultura; si había que dar los  jornales y había que realizar las operaciones y emplear los brazos, ¿ porqué esa preferencia de que vengan los obreros de un pueblo a otro, cuando al pueblo donde se va hay la misma tragedia que en el pueblo donde vienen los trabajadores? Es con una finalidad política, simplemente con la finalidad de desmoralizar las organizaciones obreras, para que éstas no tengan fe en sus destinos y procuren salvar sus intereses, como los salváis vosotros.

Decía ayer un diputado agrario que él estaba dispuesto a traer a Madrid a todos los obreros que pedían la derogación de la ley de Términos municipales, y yo digo que, contra esa pretensión, ofrezco que vengan a Madrid todos los obreros que no pueden trabajar y, además, los que cobran salarios inferiores a los que establecen sus bases. Y es que habiendo un Gobierno y una Cámara que dan la impresión diaria al país de que se cumple la ley, el Gobierno y la Cámara no hacen la mayor coacción sobre aquellos elementos obligados a que las leyes se cumplan para que éstas rindan los beneficios a que tienen derecho los trabajadores.

Desde que entró este Gobierno hay en la provincia de Cáceres y en su Delegación provincial de Trabajo, infinidad de denuncias esperando todas ellas un refrendo del Ministro para que se ejecuten las inspecciones; hay otras tantas denuncias por reclamaciones de salarios, por despidos injustos, que hace ya más de un año que están pendientes en el Jurado Mixto. Y, ¿ es con esta actitud, con esta pasividad como cree el Gobierno y la Cámara que los obreros van a estar supeditados al cumplimiento de una ley, cuyos beneficios -si el día de mañana se fallan favorablemente sus reclamaciones- no han de compensarles, puesto que tardan tres y cuatro años en percibir las indemnizaciones correspondientes?

Con esta ley vais a usar el mismo argumento que con las anteriores. Habréis conseguido una finalidad política: la derogación de la ley de Términos municipales. Es un capítulo más que adicionáis a la historia de claudicaciones del partido radical, diciendo: “Ya hemos conseguido la derogación de la ley de Términos municipales, los haberes del clero, la amnistía de los monárquicos, la reforma de la Reforma Agraria, todo lo que queremos; ya está aquí todo nuestro programa”. Ya podemos arrancar esos carteles que pusimos en las calles de España diciendo que íbamos a transformar el país; ahora vamos por el país y no lo encontramos en ningún sitio, porque vosotros todos, en colaboración, lo habéis arruinado.

No es la derogación de la ley de Términos municipales en sí lo que os interesa. Bien sabéis todos que la ley de Términos municipales, desde que entró el Gobierno Martínez Barrio, está virtualmente derogada y no se cumple en ningún sitio. Es una fórmula política nada más lo que tratáis de cubrir con la derogación de esta ley, puesto que ya en ninguna parte del país se cumple. Pero, por otra parte, antes que la derogación de esa ley si fuerais un poco más previsores y un poco más cautos en vuestra gestión política, debíais traer aquí una ley que regulase el trabajo y un salario mínimo en toda España.

Entonces sí que nosotros no tendríamos por qué oponernos a la ley de Términos municipales. Si vosotros aseguraseis un salario mínimo en toda España para que todos los trabajadores de este o del otro pueblo, de ésta o de la otra ideología, ganaran todos lo mismo, ya no sería tan grande nuestra oposición; pero no sólo no implantáis ese salario mínimo, sino que establecéis una preferencia política, y al establecer tal preferencia política con respecto a aquellos obreros que se someten a vuestros mandatos y que ejercen vuestras órdenes -porque vosotros no tenéis valor para dar la cara ante los trabajadores-los protegéis dándoles determinados salarios, concediéndoles mejores condiciones, halagándoles incluso un poco más para que susciten la envidia entre los demás obreros y se vayan adhiriendo a vuestra causa (un diputado: “en qué quedamos, ¿son chicos o grandes los jornales que se dan?”). No se les dan ni chicos ni grandes; se les halaga por muchos procedimientos para que esos mismos obreros, bien aprendida la lección que vosotros les dais, se incrusten entre los demás trabajadores y empiecen a hacer propaganda de vuestras bondades. Y yo os digo que una vez que habéis conseguido el triunfo político y estáis sesteando en la Cámara, destruyendo toda la obra legisladora de la República, no os atreveríais a presentaros por los pueblos a manifestar cuanto decíais en vuestras campañas electorales por todas las provincias españolas con referencia a la reorganización de la economía nacional y al resurgimiento del país. Todo lo que habéis dicho aquí con motivo de la discusión de la ley de Amnistía, de la de Haberes del Clero y lo que estáis exponiendo con relación a la de Términos municipales, debíais habérselo manifestado en las campañas de propaganda electoral a todos los trabajadores españoles. Entonces debisteis haber dicho que queríais una amnistía para los monárquicos. Yo sé de mucha gente sencilla, a la que en vuestro programa electoral ofrecisteis esa amnistía, que os dio sus sufragios; yo sé que ha habido muchas mujeres de trabajadores que incautamente os votaron, creyendo que sus maridos iban a ser puestos en libertad, pero que ahora, cuando la triste realidad les ha demostrado que la amnistía no ha sido para los proletarios, no ha sido para los trabajadores, volverán sus armas contra vosotros.

Y no voy a terminar. Yo he de decir a la Comisión, que, en realidad, no se trata de derogar la ley de Términos municipales -puesto que virtualmente no se cumple en ningún sitio de España-, sino de perseguir una finalidad política. Yo solamente he de recordar que en la primera sesión que celebró esta Cámara, el Sr. Presidente dirigió una exhortación a la juventud para que trabajásemos con ahinco en las tareas parlamentarias. Aquí hay algunos jóvenes que venían con entusiasmo a trabajar; pero se han desilusionado porque han visto que aquí no se viene a trabajar por el engrandecimiento del país, sino a realizar una obra demoledora y a organizar una contrarrevolución, encaminada a matar por hambre a todos los trabajadores”.

Tras este discurso tan combativo de Romero Solano, se votó la enmienda que fue desechada por 127 votos contra 38[96]. Con esta intervención había pretendido el diputado reseñar que no sólo se debatía la derogación de una ley concreta, en este caso la de Términos municipales, sino que se iba mucho más allá, a contrarrestar toda la labor del primer bienio y cita como ejemplos la reforma de la Reforma Agraria, la ley de Haberes del Clero, la ley de Amnistía…

En cuanto a la ley que se debatía, indicaba que el problema estaba principalmente situado en la desproporción entre los diferentes términos y cómo simplemente situando alguna dehesa en uno u otro lado se producía un enorme desequilibrio. Añadía otro inconveniente que era la aplicación de las máquinas en las faenas de la siega, lo que impedía a muchos obreros extremeños el poder salir a trabajar. Lo complementaba con la denuncia del incumplimiento de la legislación social, en especial en lo referente a los salarios, observando como son más bajos que en años anteriores y como incluso no regían o no se seguían las bases de trabajo, abogando por la implantación de un salario mínimo.

El 22 de mayo de 1934 intervino de nuevo en el debate sobre la derogación de la ley de Términos Municipales, con un discurso en el que trató de explicar las razones para la presentación de enmiendas, que no se circunscribían únicamente al tema objeto de discusión sino que debían relacionarse con la coyuntura agrícola:

“(…) En la defensa de estas enmiendas que presenta la minoría socialista no nos guía otro propósito que el de ir escudriñando a través de ellas e ir exponiendo a la consideración de la Cámara, los problemas más graves que tienen planteados los agricultores españoles, como son el de la regulación de los salarios, el del respeto a las leyes de trabajo y que haya personas competentes encargadas de aplicarlas.

Hace unas cuantas semanas que los patronos agricultores de Extremadura han empezado a segar la cebada,  operación agrícola que se ha iniciado con jornales de 2, 2,50 y 3 pesetas. Para demostrar al Sr. Ministro de Trabajo cómo esto es cierto, aquí tengo los nombres de los patronos que han pagado estos jornales y también los de los obreros que los han percibido. Bien es verdad que a medida que avanza el calor y la cebada va poniéndose en sazón para la siega, los patronos ante el temor de que aquélla se caiga, van elevando paulatinamente los salarios, y hay pueblos en los que se pagan jornales de 4,50 y 5 pesetas, llegándose en algunos sitios hasta el límite que marcan las bases de trabajo.

Esto, Sr. Ministro de Trabajo, no se debe más que a un defecto de organización, y de inspección en el cumplimiento de las leyes de trabajo; es un defecto de vigilancia por parte del Poder público para que se cumpla lo ordenado, puesto que hemos de reconocer que los obreros campesinos, a la vista de la experiencia que están sufriendo con la aventura que significa exigir a los patronos el cumplimiento de determinadas leyes sociales, se encuentran en la siguiente situación: en cuanto piden que se les paguen los salarios que marcan las bases, que se cumpla la jornada de ocho horas o formulan cualquiera otra reclamación por despido injusto, se les niega sistemáticamente el trabajo. Esta suerte de represalia que se ejerce por parte de los patronos, pudiera muy bien subsanarse si el Poder público, del mismo modo que destacan guardias de Asalto y otras fuerzas coercitivas del Estado para que no se atropelle la propiedad, para que sean respetados determinados derechos ( interrumpió el ministro de Trabajo: “en los Jurados Mixtos hay representaciones obreras en calidad de vocales, que tienen el derecho a desempeñar funciones inspectoras, y hasta la fecha este Ministro no ha recibido ni una sola denuncia de esos vocales obreros inspectores”). He de contestar al Sr. Ministro de Trabajo que esas Comisiones inspectoras podrán ejercer su cometido en aquellas localidades donde resida el Jurado Mixto; pero esas Comisiones inspectoras de vocales patronos y de vocales obreros, no tienen consignación suficiente para trasladarse a otros pueblos, para destacarse al campo a realizar esas inspecciones por virtud de las cuales se eviten los atropellos que se cometen con los obreros agrícolas, tanto por lo que se refiere al cumplimiento de las bases de trabajo, como al pago de salarios. Esta es una cuestión que someto a la consideración del Sr. Ministro de Trabajo;  si S. S. no quiere destacar a los inspectores y a los delegados de Trabajo con ese fin, debe dotarse de medios a esas Comisiones inspectoras de los Jurados Mixtos, compuestas del vocal patrono y del vocal obrero, para que sean ellas las que desempeñen ese cometido de ver si se cumple o nó la legislación en esta materia.

Hay que reconocer lo que significa para los obreros campesinos exigir el cumplimiento de estos deberes a los patronos: aquel campesino que reclama aquello que le corresponde, es despedido y, al tener que enfrentarse con el patrono en el Jurado mixto, en  defensa de su derecho, cae sobre él el anatema de la persecución de los patronos y ya no se le vuelve nunca a emplear. Por lo tanto, se debe prevenir, y a través de esas Comisiones inspectoras o de los inspectores de Trabajo – lo mismo que otros agentes del Poder público velan por el cumplimiento de determinadas leyes- hay que exigir el cumplimiento de estas bases a que me refiero para evitar la violencia y la coacción que supone el hecho de que los obreros, al formular reclamaciones, hayan de enfrentarse con los patronos.

Pero hay más todavía. Tengo aquí un antecedente -y quiero ofrecérselo al Sr. Ministro- que pone de manifiesto la conducta seguida por los patronos con los obreros. Aunque la legislación y bases de trabajo agrícola determinan las condiciones en que pueden hacerse los contratos para ejecutar labores en el campo – es decir, con un jornal mínimo de 6,40 pesetas en la localidad- aquellas no se cumplen, como se demuestra en este contrato que someto a la consideración del Sr. Ministro y de la Cámara, en  el cual se hace constar lo siguiente: “Los primeros se comprometen a pagar el jornal de cinco pesetas, pelando en la localidad, y seis, pelando fuera; y los segundos se comprometen a aceptar dichas bases, sin derecho a reclamación alguna”. Se trata, señores Diputados, de un contrato firmado en Arroyo del Puerco el 11 de mayo de 1932.  La simple denuncia de este hecho debería ser bastante para que el Ministerio, por medio de la correspondiente Delegación de Trabajo, utilizase los recursos adecuados para imponer el castigo que proceda y evitar que un patrono haga firmar un contrato como este de que he hecho mención a la Cámara.

Y no es solamente esto. Existen otras razones que podemos aducir al Sr. Ministro de Trabajo y a la Cámara entera para que vayan reflexionando poco a poco sobre estos problemas del campo. En determinados pueblos, sobre todo en Extremadura, las labores de pela y siega de la cebada, debido a la protección que prestan los agentes de la autoridad, se realizan exclusivamente con aquellos obreros inscritos en listas particulares hechas por los patronos. Naturalmente esto tiene que producir violencias entre los trabajadores que se ven eliminados de dichas listas o de las Bolsas de Trabajo, y por lo tanto, para terminar con esta situación, para acabar con las injusticias que significa, no sólo que no se contrate a quienes por sus muchos años de trabajo se hallan en estado de inferioridad física, sino también el hecho de imponer condiciones leoninas a aquéllos jóvenes que forzosamente han de hacer su aprendizaje en las faenas agrícolas, es necesario que todo ello sea regulado por el Ministerio, puesto que en las bases se establece que en los grupos de obreros aptos para las labores agrícolas han de ir un anciano y un aprendiz. Es decir, que al no cumplirse lo dispuesto por las bases de trabajo, todos esos obreros no encuentran protección alguna en la autoridad. Por tanto, a mi juicio, la derogación de la ley de Términos llegará a producir cierta confusión, porque desapareciendo ya el precepto a que podía acogerse el obrero para reclamar su derecho preferente a trabajar en la localidad donde reside, no encuentra otro donde apoyar una reclamación o queja para que sea atendida por el Poder público, y ya que no pueden formular quejas, yo ruego al Sr. Ministro de Trabajo que, sobre todo en la provincia de Cáceres, donde están ya iniciadas las operaciones de siega, lo mismo que se movilizó la fuerza pública durante la sementera para impedir que los campesinos hicieran la barbechera en el periodo que le correspondía, se movilicen también las Comisiones inspectoras, los inspectores y el Delegado de Trabajo, para que toda la legislación se cumpla. No hace falta nueva legislación para proteger en la actualidad las condiciones de trabajo de los obreros; no hace falta que se adicione ningún capítulo más al proyecto de ley sobre derogación de la de Términos municipales; la legislación vigente basta para proteger a los trabajadores.

Pero hemos de reconocer que los trabajadores, en presencia de un organismo como el Jurado mixto del Trabajo rural, en el cual duermen meses y meses las peticiones que formulan sobre diferencias de salario y sobre las injusticias que se les hacen objeto, han de considerarse decepcionados y es natural que el hambre les haga someterse a las condiciones de trabajo que se les imponen, que significan simplemente una esclavitud. Con el cumplimiento de las leyes se conseguiría la finalidad de aquietar y apaciguar esos espíritus que tan propensos están a la rebelión, según manifestaciones del Gobierno, sin necesidad de que los obreros hayan de enfrentarse violentamente con los patronos ni tengan que formular ninguna reclamación ante el Poder público, viendo que hay un Cuerpo de Inspectores, que hay un Delegado de Trabajo, que hay un Ministerio de Trabajo, dispuestos a hacer cumplir la legislación social de la República. Así, se evitarían dos cosas: en primer lugar, un malestar físico y espiritual de los trabajadores, que muchas veces van a parar a la cárcel por virtud de sus protestas, y en segundo lugar, la normalización del cumplimiento de lo legislado para evitar la caída vertical de los salarios que es lo que ha ocurrido durante la pasada recolección de la aceituna.

De esa manera, viendo nosotros que no hacía falta que los trabajadores se manifestasen violentamente, puesto  que el Poder público protegía sus derechos imponiendo el cumplimiento de la legislación social, como impone el cumplimiento del Código civil o del Código penal, diríamos a los obreros: acatad lo estatuido, acatad las bases de trabajo elaboradas por vuestra representación y la de los patronos y si el día de mañana creéis que vuestras condiciones de trabajo no se ajustan a la realidad, nosotros seremos portavoces de vuestros sentimientos, los llevaremos a los organismos oficiales, los discutiremos y obtendremos todas las ventajas que podamos en vuestro beneficio. Con este criterio de justicia, con esta acción por parte del Ministerio de Trabajo sobre los patronos, para imponer el cumplimiento de la legislación, yo aseguro al Sr. Ministro de Trabajo y a la Cámara toda que los campesinos se sentirían satisfechos porque parte de la legislación la han elaborado ellos”[97].

En esta intervención el diputado cacereño defendió una enmienda de Martínez Gil, que puesta a votación fue desechada, por 89 votos a 34. En su discurso se centró fundamentalmente en resaltar el incumplimiento de las bases de trabajo y por consiguiente en la dificultad para poner en práctica la legislación social de la República, proponiendo como solución que funcionaran las Comisiones Inspectoras y que los poderes públicos, con el Delegado de Trabajo a la cabeza, velaran para que no se produjera ninguna alteración de estas normas.

El 13 de junio de 1934 hizo un ruego por escrito al ministro de la Gobernación, sobre la entrega a la policía por la Guardia Civil de Valverde del Fresno de un súbdito portugués:

“La Policía y Guardia civil de Valverde del Fresno (Cáceres) ha tramitado un expediente sumario de extradición, entregando a la policía portuguesa al súbdito portugués Francisco Piris, ferroviario. El agente de Policía que por lo visto desconoce el artículo 30 de la Constitución, se llama Manuel Pozo Obregón.

Ruego al Sr. Ministro se instruya el oportuno expediente y se depuren las responsabilidades en que los agentes de su autoridad hayan podido incurrir”[98].

Hay que recordar que la denuncia de negligencia que presentaba el diputado cacereño, hacía referencia al presunto incumplimiento del artículo 30 de la Constitución española de 1931 que decía lo siguiente:

“Art.30. El Estado no podrá suscribir ningún convenio o tratado                 internacional que tenga por objeto la extradición de delincuentes político-sociales”[99].

El 19 de junio de 1934 presentó 82 enmiendas al presupuesto de Agricultura para 1934[100].

El 25 de junio de 1934 realizó un ruego por escrito al ministro de la Gobernación quejándose de la detención de obreros en la provincia de Cáceres con motivo de la huelga campesina:

“Haciéndome eco de los lamentos que constantemente llegan a mí de numerosas familias proletarias de la provincia de Cáceres, las cuales encuentran deshechos sus hogares y sus hijos en la mayor miseria, con  motivo de tener en las cárceles a sus seres queridos, no puedo menos de hacer unas cuantas reflexiones al Sr. Ministro de la Gobernación, reseñándole unos cuantos hechos para contrastar conductas y deducir de ellas las debidas consecuencias, con el fin de reparar la tremenda injusticia que supone el castigo que se intenta imponer a estos humildes campesinos, todos ellos detenidos y la mayoría procesados con motivo de la huelga campesina, para hacer resaltar la conducta torpe y equivocada, tanto del gobernador civil como de sus agentes, los cuales parecen sentir gran satisfacción con hacer sufrir a los humildes, a pesar de que éstos han guardado la mayor serenidad y respeto para las autoridades durante su movimiento huelguístico, no cometiendo el menor atentado contra las personas, ni contra las cosas. Son voces y lamentos de familias proletarias que sentirían con menos intensidad su dolor si los atropellos que se cometen con sus hermanos estuviesen justificados en que éstos observasen una conducta deshonesta con el régimen republicano, cuya sola implantación les hizo concebir una era de paz y justicia, en la cual no podría prosperar la conducta del caciquismo pueblerino, por cuyas indicaciones y denuncias someten hoy las autoridades a los más terribles martirios a las masas trabajadoras.

La reseña de todos los atropellos sería interminable, mas no he de hurtar a la consideración del Ministro los siguientes hechos:

En el pueblo de Portezuelo (Cáceres) existen 43 familias cuyos hijos se encuentran en la mayor miseria por tener a sus padres en la cárcel con motivo de la huelga campesina y debido a denuncias hechas por los caciques. Estas familias se han dirigido al Ayuntamiento a pedir socorro para sus hijos y se les ha dicho que no había fondos para remediar su situación. ¡Cuál no será el dolor de estas madres proletarias al no tener pan para sus hijos! Nunca creímos que por el solo hecho de que sus padres estén en la cárcel (sin motivos) fuera suficiente para que el Estado, encargado de tomar garantías para todos los ciudadanos que lo componen, fuese suficiente para que estas familias no tuviesen la protección debida.

Se ha hablado muchas veces del suceso de Casas Viejas, y éste es un pueblo que si todavía no ha recibido una represión brutal como la del pueblo gaditano, ya la sufre moral y físicamente, ya que el martirio que supone la ausencia de 43 hombres, lo más sano y honrado del pueblo, el cual consta de 200 vecinos, supera o iguala a la situación de Casas Viejas.

Otros hechos que merecen ser conocidos por la opinión pública para que si por las autoridades no se imponen las debidas sanciones a los responsables quede constancia de ello, para que en su día la Historia juzgue las conductas y falle en justicia, son los acaecidos en los pueblos de Huerta de Animas, Madroñera y Garciaz, donde los agentes del poder público han observado conductas reprochables, martirizando de palabras y de hechos a los campesinos cuando éstos observaban una actitud pacífica. En Huerta de Animas se detuvieron el día 7 a 4 campesinos, los cuales venían de regreso de sus faenas cuando fueron sorprendidos por la Guardia civil, la que los maltrató y les hizo recorrer dos kilómetros a toda marcha, apretándolos con los cabellos, uno de cuyos campesinos tiene 70 años de edad, y al no poder resistir la marcha que se le imponía, se le injuriaba diciéndole que era un vago y un canalla.  El día 10, la Guardia de Asalto se dedicó a buscar a los  obreros de casa en casa, obligándolos a ir al cuartel hasta juntar unos 50; entre ellos se encontraban los hijos del Sr. Bermudo, el cual había sido detenido, procediendo a castigar brutalmente a sus hijos, hasta tal extremo que un Guardia de Asalto hubo de protestar ante la repugnancia que le producían los hechos, cuyas palabras menos significativas para injuriarlos eran decirles hijos de mala madre y otras cosas parecidas. He de hacer constar que este castigo, como otros que he de relatar después, fue ejecutado después de solucionada la huelga, y que sólo la negligencia de un gobernador como el Señor Ferrero, que conociendo la excitación de que se hallaba presa la fuerza pública, se le ocurrió marcharse a Montemayor sin antes comunicar a sus agentes la solución de la huelga.

En el pueblo de Madroñera (Cáceres) fueron detenidos el  día 9, seis campesinos, aparte de 45 más que habían detenido días anteriores, siendo objeto los detenidos últimamente de un castigo brutal por parte del delegado gubernativo, hasta el extremo de tener que asistir a uno de ellos el médico forense, obedeciendo estos castigos al propósito de arrancar unas declaraciones forzadas para acusar a los dirigentes de la Casa del Pueblo, los cuales eran señalados con preferencia por los caciques al delegado, que convivía constantemente con ellos en su Círculo y casas particulares. Este mismo delegado es el que en el pueblo de Garciaz amenazó con pistola a 4 hombres que pacíficamente se encontraban en la Casa del Pueblo, ordenando la vuelta al trabajo, puesto que ya estaba solucionada la huelga ( esto ocurría el 10 de junio), conduciéndolos con la mano en alto y encañonados con su pistola y los maúseres de la Guardia civil al Ayuntamiento, en uno de cuyos salones los hizo pasar de dos en dos, abofeteando al Presidente y al secretario de la Sociedad, al primero de los cuales le hirieron en una oreja y al segundo fue tal la cantidad de sangre que le hizo echar por boca y narices que ésta empapó un pañuelo, el cual le fue arrebatado por el delegado del gobernador, por temor, sin duda, a que éste pudiera presentarlo en el Juzgado; el mismo delegado, con la fuerza que pegaba a estos campesinos, se hirió en su mano derecha. Tal era el grado de serenidad en que se encontraba el pueblo, que no respondió a las constantes provocaciones que le hizo este delegado, el cual desde el balcón del Ayuntamiento desafiaba a los campesinos llamándoles cobardes y otras cosas propias de un hombre lleno de pasión y de odios.

No menos lamentable es lo acontecido en el pueblo de Cañaveral, donde la Guardia civil viendo que eran impotentes para hacer trabajar a los campesinos que se hallaban en huelga, con sus amenazas aisladas o uno por uno, salieron a la calle, y a fin de provocar la excitación de los obreros y dar un escarmiento que les sirviera para toda la vida, como están siempre diciendo, los desafiaban diciéndoles sois unos cobardes que no os atrevéis a gritar ahora, insultando con preferencia a las madres de éstos, a una de las cuales le dieron un fuerte golpe con la culata de un mauser que ha estado cinco días con fiebre, ya que hacía poco tiempo que había dado a luz, para ver si herían su dignidad y los hacían saltar, y a pesar de que los obreros se mantuvieron impasibles, porque sabían que  la intención de los guardias civiles  era la de matar unos pocos, especialmente los guardias llamados Perianes y Flores, que fueron los que más se distinguieron en las provocaciones, han levantado un atestado que entregaron al Juzgado, diciendo que los obreros les insultaron y que se yo que más, teniendo por este motivo a 14 hombres y 4 mujeres detenidos y procesados.

Hechos semejantes a los relatados han acontecido en los pueblos de Malpartida de Plasencia, Malpartida de Cáceres, Salorino, Santiago del Campo, Talaván, Garrovillas, Casar de Cáceres, Torrequemada, Casas de Miravete, Holguera, Torrejoncillo, Coria, Valverde del Fresno, Sierra de Fuentes y otros pueblos, en los que debido a la orientación y educación sindical recibida del partido socialista y la UGT supieron aislarse de la ola de pasión en que se hallaban los agentes del Poder Público, y debido a lo cual la tragedia no ha adquirido los caracteres dramáticos que deseaban imprimirle los agentes del Poder Público.

Estos campesinos y yo, como representante suyo en el Parlamento de la República española, formulan su enérgica protesta por esta conducta, rogando al Ministro de  la Gobernación llame a la reflexión a sus agentes y depure las responsabilidades que de estas denuncias se dedujeran, con lo cual evitará el que los pueblos hoy liberados de la ola de pasión malsana de que están provistos los caciques pueblerinos y determinadas autoridades, se sientan contagiados por este fenómeno y traigan días de luto y de dolor a los pueblos honrados y trabajadores de la provincia de Cáceres” [101].

Si bien hay que tomar el relato de estos hechos con la prudencia que significa la subjetividad de un personaje comprometido con ellos, hemos de señalar que completa la relación de lo ocurrido en junio de 1934, con respecto a las alteraciones del orden público que ocasionó la huelga campesina en la provincia de Cáceres. Sirven además, de nuevo, para mostrarnos la animadversión profunda que sentían los socialistas por el Gobernador Civil, el radical Ferrero Pardo, y describía en esta exposición la brutal represión que, a su juicio, sufrieron numerosos campesinos de varios pueblos de la provincia, denunciando la conjunción entre caciques, delegados gubernativos y fuerzas de la Guardia Civil y de Asalto.

El 3 de julio de 1934 presentó una enmienda al dictamen sobre adquisición de un buque-tanque[102].

A principios de junio de 1935 pasó una petición a la Comisión de Suplicatorios, formulado por el Tribunal Supremo para proceder contra Luis Romero en causa que se seguía en Cáceres por coacción y otro al mismo por desacato a la autoridad en charla sobre política general celebrada en Cáceres[103].

El 14 de junio de 1935 se leyó el dictamen de la Comisión de Suplicatorios denegando autorización para proceder contra Luis Romero por las frases y conceptos vertidos en la charla sobre política general celebrada en Cáceres el 24 de julio de 1934[104].

El 18 de junio se leyó el dictamen de la Comisión de Suplicatorios donde se denegaba la autorización solicitada en la causa por coacción, estimándose que, después de un examen detenido, las circunstancias del caso no lo aconsejaban[105].

En la legislatura que comenzó en 1936 formó parte de varias Comisiones: Comunicaciones y Transportes, Obras Públicas, Paro Obrero y Trabajo y Asistencia Social y aunque tuvieron escasa duración, si tuvo tiempo para intervenir en algunas ocasiones, hablando, entre otras cuestiones, sobre construcción de escuelas y caminos en las Hurdes, obras en monumentos nacionales o créditos a los agricultores.

Estas fueron sus declaraciones:

El 8 de mayo de 1936 intervino para hablar sobre la construcción de escuelas y caminos en las Hurdes. Comentó que los ciudadanos vivían en condiciones miserables y recordó el viaje de Alfonso XIII.

“(…) Se habían presupuestado 8 millones para repoblación forestal y sólo llegaron 3 y está abandonado, parece un páramo.

En 1927 hubo una consignación para construir 22 escuelas, pero sólo se construyeron 14 y encima en zonas donde ya había llegado algo de cultura, dejando sin nada al Valle de la Esperanza y al Valle de la Ovejuela, dos alquerías desde las cuales hay que subir para ir a Pinofranqueado por un camino que atraviesa el monte y por el cual no pueden pasar ni las caballerías ni los carros. Los chicos que quieren aprender, tienen que andar 8 ó 10 kilómetros hasta la escuela más próxima”.

También pidió la construcción de caminos de Castilla que ponía en comunicación la zona de Ciudad Rodrigo y se le anunció que iban a ir para allá las Misiones Pedagógicas[106].

La provincia de Cáceres y, dentro de ella, la comarca de las Hurdes era una de las zonas más deprimidas de España y donde de una forma más patente se hacían realidad las demandas de progreso que había traído la República: construcción de escuelas, caminos… y que en este caso estaban lejísimos de la media nacional.

El 26 de mayo de 1936 presentó una enmienda al dictamen de la Comisión de Instrucción Pública sobre el proyecto de ejecución de un plan de obras, excavaciones y adquisiciones de terrenos con destino a monumentos del Tesoro Artístico Nacional. Se refería a la continuación de las obras de reparación del convento de San Benito de Alcántara (al que más adelante haría referencia en una intervención parlamentaria). Firmaban esta enmienda los 7 diputados del Frente Popular por la provincia de Cáceres[107].

El 27 de mayo de 1936 se refirió a la situación de los Secretarios y auxiliares de los Jurados Mixtos. Se adhirió al ruego de Pestaña, a fin de que el ministro aclarase la situación de los funcionarios de los Jurados Mixtos[108].

El 2 de junio de 1936 intervino para comentar un plan de obras para los monumentos nacionales. Comienza su discurso señalando el aprecio que a los obreros les merecían las obras de arte.

Habló de la estima que se les tenía en la URSS y precisó que si alguna vez hubo una acción en contra, fue porque desde estos monumentos, aquellos que dicen utilizarlos para propagar y defender sus ideales religiosos, no tuvieron inconveniente en montar en las torres o almenas las ametralladoras con que abatían las vidas de los hombres que pedían justicia.

Presentó una enmienda pidiendo una subvención de 50.000 pesetas para el convento de San Benito de Alcántara con la sola pretensión de salvarlo de la ruina. Añadió que de él habían desaparecido maravillosas joyas de arte que allí estaban depositadas, pretextando su abandono:

 “han sido levantadas las losas de tumbas y sarcófagos donde estaban enterrados caballeros de la Orden de Alcántara, de los cuales, por indicios o referencias, se sabía que fueron inhumados con las insignias de la Orden o con otras de tipo religioso o guerrero de algún valor material”.

Pidió que una vez hecho el descombrajo que se había realizado en su bóveda, se acudiera a techarle con el fin de evitar su  ruina completa.

Le contestó  Aguilar Campo diciendo que si algo tenía de admirable el arte español, era su sabor popular. Dijo que su enmienda lamentablemente no podía ser atendida pero que haría lo posible para que el Ministerio lo pudiera atender con cargo a la consignación del Presupuesto ordinario[109].

El 19 de junio de 1936 intervino en el debate sobre concesión de créditos a pequeños agricultores. Comentó que los ruegos al ministro de Agricultura habían sido atendidos por la proposición de ley de la minoría socialista en que se solicitaba que bajaran los arrendamientos de 1934-35 y que se concediera una moratoria para el pago de créditos y también rebaja de renta para los demás arrendatarios, dada la mala cosecha que se avecinaba.

Pidió además la puesta en práctica de la política del Frente Popular en cuanto al problema de la tierra ya que en Extremadura había miles de hectáreas en barbecho y los campesinos veían que el Gobierno tenía pasividad en acudir en su ayuda ya que se acercaba la época de compra de abonos, semillas y arreglo de sus aperos y el Gobierno todavía no había iniciado las operaciones necesarias para que se les otorgase el crédito necesario.

Comentó que los campesinos acudirían en ayuda del Frente Popular y que éste ya había hecho miles de asentamientos y había entregado tierras en condiciones que ha de regular una futura ley de Arrendamientos. Temía que algunos propietarios o arrendatarios, valiéndose de su potencia económica, adquirieran esas tierras en detrimento de los campesinos pobres[110].

Se trató aquí el tema de los asentamientos de campesinos      (cuestión muy delicada en estos momentos en la provincia de Cáceres), intentando vincularlos con una futura posible acción legal, que sería normalizar su situación acogiéndose a una ley de arrendamientos y a lo que se debería sumar una bajada de las rentas y una facilidad para la concesión de ayudas y créditos.

El 23 de junio de 1936 se adhirió a una petición del diputado  Martínez Carvajal, sobre las carreteras de Cáceres y reprochó a Víctor Berjano que no hubiera hecho extensiva su exhortación a aquellos sus representados de la Sierra de Gata. Habló así mismo del fomento del regadío en Cáceres y de la situación de la provincia.

Le contestó el ministro de Obras Públicas (A. Velao):

“Los presupuestos del Ministerio estaban repartidos, así para solucionar los problemas de los pueblos hay que acudir a planes extraordinarios, prefiriendo planes parciales a uno general ya que resuelven de manera inmediata los problemas.

Con los pequeños regadíos solamente no se trata de resolver el problema del paro sino en armonía con la ejecución de obras útiles.

Las Diputaciones provinciales no pueden atender a la falta de trabajo por realización de caminos vecinales, por eso para salvarlos hay que pasarlos al Estado, por lo que no pueden darles dinero para arreglarlos ya que no hay consignación en los Ministerios”.

En esta Sesión presentó una enmienda al artículo 3º del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley ratificando y ampliando el decreto de Amnistía de 21 de febrero del corriente año[111].

El 3 de julio de 1936 retiró una enmienda al proyecto de ampliación de la amnistía[112].

El 8 de julio de 1936 presentó enmiendas a los artículos 2º y 4º del dictamen de la Comisión de Agricultura sobre el proyecto de ley de Rescate y readquisición de bienes comunales[113].

El 10 de julio de 1936 se lamentó por una tragedia en el Cantábrico y señaló que no quería (como la CEDA) que se otorgara la culpa únicamente al servicio metereológico. Pidió que por la Junta del Paro, o por quien sea, se acudiera en auxilio de las víctimas[114].

Tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, tuvo que huir, herido, de la policía que le seguía, de su domicilio de la barriada de Peña Aguda en Cáceres, una casucha en cuya parte trasera tenía una habitación con un ventanuco que le permitía pasar a la casa vecina, cuando estalló la guerra civil, por temor a perder su vida y por la suerte de las personas que le tenían escondido (hacían tres registros cada día). Su madre le cosió el carnet de diputado en una hombrera de la chaqueta y se despidió de ella, saltando por los tejados pudo huir al campo y emprender la huida hacia Madrid. En varias ocasiones pensó entregarse en la creencia de que a su padre le matarían. Por su tío Adolfo sabe que no sería así y fue entonces cuando decidió escaparse de Cáceres.

Durante la guerra civil participó en la defensa de Mérida de la cual ha dejado impresionantes testimonios. Vidarte dijo de él que ordenó que se respetase la vida de los presos fascistas para no imitar el bárbaro ejemplo de los fusilamientos que hacían los sublevados. Tras la caída de Badajoz marchó a Madrid. Posteriormente participó en la defensa de Talavera de la Reina y viajó en calidad de diputado por distintas zonas en poder gubernamental[115].

En la zona republicana fue comisario de la defensa antiaérea de Barcelona (la DCA), que en el desastre dio protección al cuartel general del 15º Cuerpo del  Ejército en una retirada precipitada y desordenada al querer la gente ganar la frontera.

Se exilió en Limoges (Francia), donde permaneció 10 meses y le cogió la guerra europea, ofreciéndose para la protección civil. Al ver que no podía ser de gran utilidad, embarcó en el vapor “Flandes” camino de la Republica Dominicana, se afincó cerca de Ciudad Trujillo, donde vivió dos años en unas colonias que se instalaron con dinero de la emigración llevado por Negrín con la emigración socialista, compartió una barraca con Mariano Viñuales, escritor y con Fidel Miró, editor y librero y comenzó a cultivar la literatura y el periodismo.

Tras diversos avatares pasa a México donde se ganó la vida con colaboraciones en los periódicos, ventas ambulantes y finalmente poniendo una sastrería. Al margen de su faceta de político, podemos resaltar la redacción y publicación de algunos libros como “Vísperas de la Guerra en España”,Viaje a las Molucas y diversidad de cuentos y artículos. Viajó a su tierra natal poco antes de fallecer en México en enero de 1982[116].

En los Expedientes de Responsabilidad Política que se le       hicieron[117]el informe de Comisaría lo describía como

“militante del ala extrema izquierda del partido, creador de las Juventudes socialistas, creó y organizó milicias, huyó el día del Movimiento, suponiendo se halle en zona roja, se significó muchísimo”.

Ángel Rubio y Muñoz Bocanegra: nació  en Córdoba en 1901 y murió en Panamá. Catedrático de Geografía e Historia del Instituto General y Técnico de Cáceres, investigador de la colonización americana y diputado socialista a Cortes Constituyentes por la provincia de Cáceres en 1931.

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. Desde muy joven fue profesor ayudante en el Instituto de Sevilla y en otros colegios privados de aquella capital. Obtuvo por oposición la cátedra de Geografía e Historia del Instituto de Teruel en junio de 1927, pero fue trasladado inmediatamente al de Cáceres en julio de 1927 en el que permaneció hasta que fue sustituido por el también cordobés Miguel Angel Orti Belmonte en 1931 al tener que marchar a Madrid como diputado. La represión ulterior a la guerra civil le obligaría a exiliarse en Panamá.

Destacó por la publicación de interesantes trabajos de Historia, algunos de los cuales fueron muy premiados. En 1929 fue elegido académico correspondiente de la Real Academia de la Historia por la provincia de Cáceres; igualmente sería miembro de la Academia Hispanoamericana de Cádiz  y secretario del Ateneo Cacereño, donde pronunció numerosas conferencias sobre los mismos temas de su investigación. También en este mismo año publicaría en Sevilla un nuevo libro: “Extremadura en América (Rutas de los conquistadores extremeños. La toponimia extremeña en las Indias)” (lo que le hizo acreedor a ser nombrado delegado oficial de Extremadura en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1930). Con el fin de ilustrar el pabellón extremeño en aquella muestra, realizó en gran formato cuatro mapas murales con los siguientes temas: Extremadura en América; Extremadura en el Anahuac; Extremadura en Filipinas; Los extremeños en las Indias. Siglo XVI. Estos trabajos y su presentación merecieron la Medalla de Oro de la exposición para el pabellón regional.

Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra perteneció a la Agrupación Socialista cacereña. Las tareas políticas le alejarían de la actuación académica en el Instituto de Cáceres y la Guerra Civil acabaría obligándole a marchar a América (Panamá) donde continuó su labor como historiador[118].

Como diputado formó parte de las Comisiones de Gobierno interior, Guerra y Suplicatorios y sus intervenciones estuvieron destinadas principalmente a un tema que le afectaba profesionalmente: la enseñanza (conservación de escuelas,  necesidad de crear un Instituto de Segunda Enseñanza en Plasencia…), si bien podemos destacar la gran preocupación que sintió por la mejora material de la provincia, que se tradujo en numerosos ruegos a los distintos ministros (Obras Públicas, Agricultura, Instrucción Pública…).

Con respecto a sus intervenciones parlamentarias, comenzaremos haciendo mención a un ruego de varios diputados cacereños (A. Canales, A. Segovia. P. Valiente. A. Villa. A. Rubio y J. Canales), al ministro de la Gobernación pidiéndole documentos para conocer el examen de la actuación del que fue Real Patronato de Hurdes. En concreto pedían:

– Planes de trabajo en los distintos servicios desde su constitución.

– Memorias presentadas en cada uno de los años desde su funcionamiento.

– Cuentas rendidas en cada uno de los presupuestos. Situación actual de las obras y servicios a cargo del actual Patronato[119].

En la sesión de 8 de enero de 1932 se ocupó de los siguientes aspectos: la instalación de un Instituto de Segunda Enseñanza en Plasencia, el establecimiento de un centro de explotaciones pecuarias en Trujillo, la explotación del río Alagón y el incumplimiento de la ley de laboreo forzoso en la provincia de Cáceres[120]. Comenzó lamentando que no estuviera presente el ministro de Gobernación. Se había estado tratando el tema del paro en Andalucía y Extremadura y el diputado socialista cacereño, Juan Canales, había apuntado las causas, que a su juicio, tenían estos días agitadísima a la provincia de Cáceres, con grave riesgo para el orden  público. Añadió Ángel Rubio, que a pesar de las gestiones que realizan algunas Comisiones de Policía rural, la ley de laboreo forzoso en la provincia de Cáceres no se cumple.

Quedaban muchas tierras por labrar ahora que era la época, por lo que se agravaba el paro. Hizo referencia a los sucesos que se producían, que traían como consecuencia una imagen del estado de los obreros deplorable, señalando que “padecen una incultura que les ha llevado a veces a determinadas atrocidades”, exponiendo algunos detalles sobre los obreros cacereños:

“Día 22 de diciembre, 9 de la noche, pasando por la carretera de Trujillo a Madroñera, vio como algunos obreros con una temperatura bastante fría trabajaban picando piedra. Da conocimiento al Ministro de la Gobernación y al Gobernador civil. No ha recibido respuesta. La razón es que se está pagando el machaqueo de un metro cuadrado de piedra para la reparación de esas carreteras a 1´50 pesetas, años atrás se ha pagado a 2 pesetas, para que estos modestos obreros puedan llevar un jornal de 3 a 3´50 pesetas a su casa han de estar trabajando hasta las 9 de la noche un 22 de diciembre.

En la recogida de aceituna en la Sierra de Gata, los jornales pagados han sido de 2´50 pesetas para los hombres y 1´25 pesetas para las mujeres. Los obreros pedían 3 pesetas para los hombres y 1´75 para las mujeres. Ha pedido esto al Gobernador civil, sin resultado”.

Señaló el diputado que eran modestas peticiones de los obreros cacereños organizados y cómo a pesar de ello no se ha alterado el orden público. En esos momentos entró el ministro de la Gobernación y le hizo un ruego, consistente en que ordenase al Gobernador Civil de Cáceres que la ley de laboreo forzoso se llevase a cabo con todo rigor. Dio nombres de algunos pueblos (enviados por carta al ministro) como Serrejón o Membrío, donde los hombres llevaban parados 4 y 5 meses y en estado de desesperación. Rogó por último que no se diga “que el obrero de la provincia de Cáceres es una  fiera ”.

Vemos como el tema del paro, conectado con el orden público había contribuido a dar una imagen de los obreros cacereños, que los diputados por esta provincia trataban de desmitificar, aludiendo Ángel Rubio a los estados de injusticia social e incumplimiento de la legislación. Además se realiza por otra parte una crítica a la actuación del Gobernador Civil e incluso a la desatención del  propio ministro.

Hizo también otros ruegos a distintos ministros: al ministro de Obras Públicas:

“La provincia de Cáceres tiene una fuente de riqueza en el río Alagón que convendría ponerla en explotación. La vega de Coria, con un sistema inteligente de irrigación, podría ser en su día un vergel. El anterior Ministro de Fomento, Sr. Albornoz, concedió 25.000 pesetas para que se emprendiera el estudio de un pantano en la ribera de Gata. En breve recibirá una petición del Ayuntamiento de Plasencia, donde se solicita una cantidad para iniciar el estudio de un pantano en Jerte. Vendría a fertilizar la ribera del Jerte y a aumentar el caudal del río Alagón. Con estos pantanos,  Gata y Jerte y otros menores (incluidos en el proyecto de Gasset de 27-4-1902) adquiriría un valor extraordinario”.

Ruego al ministro de Agricultura:

“La provincia de Cáceres por sus especiales circunstancias geográficas y climatológicas, debe su principal importancia a la ganadería. La raza merina tuvo en la Alta Extremadura una prosperidad en tiempos remotos, la cerda igualmente, aunque salvo algunos casos ha sufrido una desvalorización y depreciación en los mercados. Hablé con los veterinarios y las causas son: la domesticidad, el no haberse cruzado y removido con razas de otras regiones. Solicita la implantación de un centro de explotación pecuaria en Trujillo ya que considera que es el centro matemático de la zona ganadera de la provincia de Cáceres”.

Ruego al ministro de Instrucción Pública (que no estaba presente):

“Solicita la instalación de un Instituto de Segunda Enseñanza en Plasencia (desde tiempos del Sr. Domingo). Es un centro geográfico de extraordinaria importancia. Toda la vega, todo el valle, toda la sierra de Hervás, de Granadilla y Gata, tienen allí su capitalidad. Domingo dio el consejo para municipalizar un colegio de segunda enseñanza, pero el Estado todavía no lo ha recogido, ni como dispone el decreto de 25 de septiembre ha nombrado director y Secretario. La provincia de Cáceres es la 2ª de España en extensión, con una población cercana al medio millón, sólo tiene un Instituto de Segunda Enseñanza, otros tienen más”.

 Se traducía con estos ruegos una demanda de sus representados y en una buena parte dejaban entrever la situación de discriminación que sufría la provincia de Cáceres a pesar de hacer constar sus potencialidades. En esta línea se adscribe a un ruego por escrito, formulado por los diputados: J. Canales, F. Fernández, A. Rubio, F. Blázquez y Domingo Alonso, dirigido al ministro de Obras Públicas, para que hiciese extensible la continuación de las obras del ferrocarril de Zamora a Orense a las del de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena ya que daría trabajo a más de 6.000 obreros en paro forzoso[121]. Hay que insistir en que la demanda de la construcción de esta línea fue objeto de una intensa campaña por parte de los pueblos afectados y con desigual acogida en sus convocatorias.

De nuevo en junio de 1932 se volvió  a preocupar por el estado de conservación de las escuelas y lo hizo mediante  un ruego al ministro de Instrucción Pública, en referencia a las escuelas graduadas construidas en Plasencia hace tres años, inauguradas en el curso escolar de 1930 y que habían sido abandonadas, dado su estado ruinoso: muros agrietados, escaleras hundiéndose… El Ayuntamiento exigía responsabilidades y añade a modo de crítica irónica “la maledicencia placentina cree encontrar obstáculos en algún funcionario del Ministerio[122].

En la sesión del 9 de septiembre de 1932, justo un mes después de la intentona monárquica de Sanjurjo, hizo un voto en pro de la expropiación de las fincas rústicas de la Grandeza[123].

El 2 de noviembre de 1932, tuvo de nuevo una intervención a favor de la enseñanza (hay que señalar que era profesor de Instituto). En esta ocasión hizo referencias a la creación de escuelas en Gata y al nombramiento de director y secretario del colegio creado en Plasencia. Por último este día también hizo alusión al cumplimiento del Estatuto de funcionarios en el Golfo de Guinea[124].

Comencemos con varios ruegos al ministro de Instrucción Pública: sobre las escuelas de Gata, señaló que fueron construidas hace dos años y que no podían ser utilizadas. Añadió que era uno de los pueblos “donde el sentir reaccionario es mayor en aquella parte norteña y serrana de la provincia de Cáceres”.

Con respecto al colegio subvencionado que se creó en Plasencia en 1931, se hizo con la alusión de que se convertiría en Instituto, lo cual señalaba, iba quedando desvanecido. El colegio ha funcionado en el curso 1931-1932 sin el auxilio del Estado, costeado por el Ayuntamiento. Rogó al ministro que se dignase en nombrar director y secretario ya que hoy (se refería al 2 de noviembre), estaba abierta la matrícula y el colegio no funcionaba.

Sobre el régimen de oposición a cátedra de Instituto, hizo una sugerencia:

“7 jueces en el Tribunal, puntuación pública y razonada independencia, no se vea el opositor al final con la sorpresa, sino que lo sepa a cada momento y se evite el compadrazgo ”.

Sobre la enseñanza de la Historia, pidió una asignatura, en el último año del Bachillerato que fuera un estudio serio y razonado del siglo XIX.

Por último en esta sesión hizo un ruego al Presidente del Consejo de Ministros, para que las autoridades de los territorios españoles del Golfo de Guinea llevasen con normalidad la concesión de permisos para venir a España, ya que estimaba que se daban al Gobernador facultades excesivas. Expuso el caso de un joven de Cáceres, el doctor en Medicina y en Ciencias Naturales,  Bote García, que fue en 1928 a Fernando Poo, encargándose de los servicios sanitarios, pero que llevaba el “sambenito” de ser republicano y encima no callárselo, con lo que estaba sufriendo vejaciones y persecuciones.

Se le destinó a una estación de segunda, después al Hospital de San Carlos, comenzó a publicar en el periódico “El Defensor de Guinea” artículos en los que se enfrentaba con la realidad, poniendo de manifiesto las irregularidades sanitarias y discutiendo las disposiciones de la superioridad, por lo que sufrió como castigo varios días de haber. Reclamó pero siguieron las denuncias. Cuando le correspondía disfrutar de 6 meses de licencia en España, se le respondió que lo haría cuando regresasen  los 4 médicos que ahora la disfrutaban.

Se le denegó la licencia y se le trasladó a otra estación de categoría inferior. Era una medida represora bajo el pretexto de necesidades de servicio ya que además había varios médicos sin destino. Como vemos se trata de casos particulares, que habían conseguido captar la atención del diputado ya que reflejaban comportamientos nada acordes con la defensa del nuevo régimen.

En mayo de 1933 se adhirió a un ruego de los diputados cacereños: A. Canales, J. Canales, A. Rubio. P. Valiente, A. Segovia, A. De la Villa y J. F. González Uña, al ministro de Obras Públicas sobre la desviación del ferrocarril Madrid-Cáceres-Portugal, atendiendo a las necesidades del servicio público de Cáceres, Casar de Cáceres, Santiago del Campo, Hinojal, Talaván y Monroy. Señalaban en el ruego que el coste total sería de 4 ó 5 millones de pesetas de los que se puede deducir 1 millón si se aprovechaba el material del antiguo. Estos gastos serían amortizados en pocos años por el beneficio de la Compañía explotadora del ferrocarril y el de los pueblos de Cáceres. Se traerían más productos que ahora vienen por carretera y los obreros tendrían trabajo, solucionando la actual y grave crisis[125].

 

Segundo Sánchez Cantero: fue elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara en las elecciones del 31 de mayo de 1931 y alcalde el 23 de enero de 1932. Pertenecía al Sindicato “El Redentor”  (afecto a la UGT) del que era el Presidente. Fue el Delegado del Distrito de Valencia de Alcántara en la Federación Provincial Obrera en septiembre de 1933).

 

Julián Sánchez Llanos: escribiente, militante de la UGT, Sociedad “Aurora”  de Oficios varios (alta el 29 de septiembre de 1933) y del PSOE (alta el 14 de octubre de 1933).

Fue Vocal y Secretario de la Federación Provincial Obrera y Alcalde de Cañaveral. Publicó varios artículos en el semanario socialista cacereño “Unión y Trabajo”.

Fue condenado por el delito de adhesión a la rebelión a 30 años de reclusión mayor[126]. En su Expediente la Comisaría de Cáceres apuntaba algunos detalles sobre su trayectoria política:

“(…) con motivo de la huelga de octubre del 34 fue detenido por ser el Secretario de la Federación Provincial Obrera y estimarse que de ella habían partido las órdenes para la mencionada huelga. Trabajó en pro de los partidos del FP. Se reunía con los obreros afiliados a la Casa del Pueblo que le obedecían y respetaban como uno de los dirigentes de la misma, así como también en el café “Jamen” con los más destacados elementos de dicho frente. En las elecciones de febrero del 36 fue proclamado candidato a diputado a Cortes al solo objeto de actuar como apoderado de los que realmente lo eran para así tener más facilidades de propaganda”.

 

Pablo Valiente Paredes: (1886-1964) de familia humilde, trabajó  en  una imprenta desde los 14 años. Su adscripción política era socialista, figurando como alta en el partido, el 25 de febrero de 1925 y como miembro de la Sección de Encuadernadores de la Casa del Pueblo, el 14 de julio de 1923. En 1919 se inició su actividad política de cierta significación, siendo derrotado por escasa diferencia de votos para el puesto de diputado por el distrito de Cáceres, que obtuvo finalmente el candidato conservador Juan Vitorica[127].

A pesar de todo esta tremenda combatitividad supuso un éxito para él y para los ideales obreros que se aprestaban ya a la lucha en la escena  política. En  1920 fue elegido  concejal  del ayuntamiento cacereño. En 1931 formó parte del primer ayuntamiento de mayoría socialista con que contó la ciudad.

En octubre de 1931 y tras la renuncia de Alejandro Lerroux a su acta de diputado por la provincia de Cáceres, se celebraron unas elecciones para cubrir este puesto vacante, en las que Pablo Valiente venció, seguido por el republicano Juan Aguilera.

Desde su puesto de diputado en las Cortes, consiguió importantes logros para la provincia, junto con sus compañeros (dinero para obras públicas, aliviar la crisis de trabajo…). Condenado a muerte, logró salvar la vida, dedicándose tras recuperar la libertad a su negocio de encuadernación, tipografía y papelería.

Detenido tras el alzamiento del 18 de julio de 1936 se le realizó un Expediente de Responsabilidad Política[128], donde en primer lugar declaraba el propio Pablo Valiente, señalando en su defensa su actuación y proceder moderado, que según indicaba, lo podía acreditar el pueblo de Cáceres. Se confesaba católico, comprobó que las persecuciones y los procedimientos que se empleaban en la actuación política, no eran los de lograr la mejora del obrero dentro de la verdadera Justicia social, por lo que se apartó.  Consta en su declaración que “vio con simpatía el Movimiento” y que “nunca ha sido marxista, ni partidario de las doctrinas de Moscú, no ha sido candidato a compromisario y si lo ha sido lo ignora. No ha intervenido, casi no se da ni cuenta, en abril del 36 estaba enfermo con vómitos de sangre”. Contribuyó con suscripciones al Movimiento (objetos de la imprenta para la Tómbola, plato único…) Presentaba como  testigos a varios personajes relevantes de derechas: padre Serafín (franciscano), Ramón Jiménez, Florencio Quirós, Manuel Plasencia, Gabino Muriel… (concejales de derechas). Ofreció un edificio en la Avenida de la Montaña, 10, también presentaba a Luis Grande, Marcos Mariño, Fernando Vega y Andrés Sánchez Torres.

La Comisaría emitió el siguiente informe, que si en principio es crítico, concluye saliendo en defensa de Pablo Valiente, argumentando dos buenas razones: su crítica hacia los compañeros radicales del partido y su catolicismo, que le llevó incluso a fuertes discusiones con éstos:

“En unión de Francisco Moreno Maestre, es propietario de la imprenta La Moderna, instalada en la Plaza del Duque, que ha servido de aprovisionamiento a la Casa del Pueblo para toda clase de documentos, creyéndose que en ella se han impreso algunas hojas de las que clandestinamente circularon por esta capital. Infructuosos los registros. Zona templada del socialismo, en algunos casos no estuvo conforme con los más avanzados del partido, después de cesar como diputado se apartó casi por completo de la política activa, dedicándose a su actividad de su negocio y teniendo algunos disgustos con sus compañeros, uno de los cuales fue con motivo del fallecimiento de su esposa pues se opuso a que el entierro fuera laico, asistiendo a los funerales con el mayor fervor, hecho que se comentó mucho, llegando a decirse que había roto relaciones con el partido al que pertenecía. Con el triunfo del FP vuelve a ser concejal. Con el Movimiento fue suspendido”.

La alcaldía informó al Comandante Juez Instructor Militar Nº1 que era izquierdista y que desarrolló antes del Movimiento grandes actividades en apoyo del FP.

La mayoría de los testigos señalaron que su conducta moral y privada era buena, como ejemplos tenemos a:

Fernando Grande: “persona honrada, nunca le oyó hablar de forma exaltada, buen padre de familia, figuró como intelectual en la Casa del Pueblo, donde era muy considerado. Moderado”.

Padre Serafín Ruiz: “no le ha tratado bajo su conducta moral, más de una vez le manifestó la repugnancia que le causaba el partido y sus procedimientos. No ve mal el Movimiento”.

Luis Grande: “trabajador y sin vicios. Moderado”.

Gabino Muriel: “miembro destacado de las organizaciones marxistas”.

Eleuterio Sánchez: “como compañero en el Ayuntamiento siempre tuvo buen trato, escasas intervenciones, comedido”.

Andrés Sánchez Torres: “moderado”.

José Meléndez: “buen padre, sus hijos están formados dentro de la religión católica y han recibido todos la primera comunión. Abatido por la muerte de su esposa, dejó de salir de casa consagrándose por entero a la educación de sus hijos”.

Florencio Quirós, Marcos Mariño, Fernando Larios: “bueno”.

Manuel Plasencia: “cargos directivos en el PSOE”.

Fernando Vega: “tendencia izquierdista, contribuyendo con su voto a cuantas iniciativas en la Corporación municipal fueron planteadas por el partido al que pertenecía. Con la palabra raramente les apoyaba, porque rara vez hablaba en las sesiones”.

 

Amado Viera Amores: abogado, fue el alcalde del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara desde el 16 de febrero de 1936 hasta el 18 de julio del mismo año. Era el presidente del Sindicato “El Redentor” (afecto a la UGT) y  perteneció a las Juventudes socialistas (ocupó el cargo de Vicesecretario desde el 7 de abril de 1936 al 15 de mayo de 1936).  En las elecciones generales de noviembre de 1933 formó parte de una candidatura  socialista disidente denominada Izquierda Independiente, que encabezada por el diputado socialista, Juan Canales, obtuvo escaso respaldo popular en la provincia.

 

[1] Ayala Vicente, Fernando: Partidos y élites político-sociales en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931-1936. Universidad de Extremadura. Cáceres. 2002

[2] Resulta imprescindible para el conocimiento del estado de la cuestión en España la  consulta de la obra colectiva, impulsada como editor por Pedro Carasa Soto: Élites.Prosopografía Contemporánea. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Valladolid. Valladolid. 1994, a muchos de cuyos trabajos nos referiremos. Podemos resaltar los trabajos regionales de: Acosta Ramírez, F.: “Los estudios de las élites en Andalucía: estado de la cuestión” pp. 259-268. Jane, Marició y  Rubi, María Gemma: “Las élites en la cataluña contemporánea (1834-1936) : un breve estudio de la cuestión historiográfica (recientes aportaciones)” pp.270-276. Merinero, María Jesús y Sánchez Marroyo, Fernando: “Los estudios de las élites en Extremadura” pp.285-287. López Rodriguez, Pedro: “Las élites contemporáneas en la Rioja y Aragón: a la búsqueda de un sujeto histórico” pp.289-297. Karasusan Izcue: José Félix: “Las élites contemporáneas en Navarra: un marco historiográfico” pp.299-302. Gutiérrez Loret, Rosana y Zorita Aldequer, Rafael: “Las élites en el país valenciano contemporáneo: una investigación en curso” pp.303-308. Ortiz de Orruño, J. M. : “Las élites en la historiografía vasca: una cuestión todavía pendiente” pp.309-314.

[3] Morales Moya, Antonio: “Consideraciones sobre las élites. Bibliografía extranjera” en Élites… op. cit. pp. 74.

[4] Piqueras, José A.: “De la biografía tradicional a la historia individual, grupal y masiva” en Élites… op. cit. pp.54.

[5] Moll, Isabel: “Una cuestión de perspectiva: la tensión entre micro historia general y la historia de las élites” en Élites… op. cit. pp. 67.

[6] Ayala Vicente, Fernando: Orígenes de la UGT en Extremadura. Asamblea de Extremadura. Mérida. 2004, pp. 69-87.

[7] Índices del Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1936. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid.

[8] Chaves Palacios, Julián: La represión…op. cit., pp.303.

[9] Según, Aurelio Martín Nájera, su lugar de nacimiento fue Aranjuez (Madrid) y su profesión, empleado municipal. Martin, Nájera, Aurelio: El grupo parlamentario socialista en la Segunda República: estructura y funcionamiento. Fundación Pablo Iglesias. Madrid. 2000, p.1311, Vol. II.

[10] Lozano Bartolozzi, María del Mar: Gran Enciclopedia Extremeña. Edex. Mérida. 1992, pp.131, Vol. II.

[11] Fundación Pablo Iglesias: según Vidarte fue asesinado por miembros de FE en Huerta de Animas. También puede consultarse la obra de Julián Chaves: La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil (1936-1939). Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. 1995, donde se informa detalladamente de las circunstancias que rodearon su muerte. Al parecer, la sublevación militar le sorprendió en Valencia. De regreso a su tierra, fue detenido en el autobús de la línea Plasencia-Trujillo en Torrejón el Rubio. En los Expedientes de Responsabilidad Política que le hicieron (AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política S/N-1937, cajas 2 y 6) se añadía que “ha hecho siempre campaña violenta en el lugar de su residencia, donde contaba con bastantes adeptos”, así como que era un socialista conocidísimo en la provincia, especialmente en Trujillo y sobre todo en su anejo, Huerta de Animas.

[12] Este perfil biográfico ha sido realizado gracias a la aportación de documentación de: ©Fernando Jiménez Berrocal. Historiador y sobrino de Vicente Berrocal García

 

[13] Un análisis más detallado del perfil político y sindical, a la vez que de su trayectoria fundamentalmente municipal, se puede consultar en: Ayala Vicente, Fernando: Partidos y élites político-sociales en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931-1936). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Cáceres. 2002, pp.42-51. Del mismo modo todos sus discursos y cargos como parlamentario en Cortes están recogidos y estudiados en: Ayala Vicente, Fernando: “El parlamentarismo cacereño durante la Segunda República” en Parlamento y Sociedad. Anuario de Ciencia jurídica y sociología de la Asamblea de Extremadura. Año 2003. V Legislatura. Nº1. Mérida. 2003, pp. 113-140.

[14] Martín Nájera, Aurelio, op.cit. p. 1322.

[15] Fernández Solana, Joaquina: Gran Enciclopedia Extremeña. Edex.  Mérida.1992, pp.289, Vol. II.

[16] Veiga López, Manuel: Fusilamientos en Navidad. Antonio Canales, tiempo de República. Editora Regional de Extremadura. Mérida. 1993. También puede consultarse una amplia documentación sobre el complot en la Fundación Pablo Iglesias de Madrid: AASM-522-4.

[17] AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Expedientes de Responsabilidades Políticas S/N-1937. Caja 2.

[18] A.H.N. Dirección General de Seguridad. Archivo Central. Expediente 302. Legajo 5043, expediente 13.

[19] Martín Nájera, Aurelio: op.cit., pp.301-303.

[20] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 25-3-1932.  Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº143, pp.4.881.

[21] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 4-10-1932.Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº235, pp.8.749-8.750.

[22] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1-11-1932.  Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº250, pp.9.216.

[23] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº327, pp.12.420.

[24] Martín Nájera, Aurelio: op. cit. p.207.

[25] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 23 de agosto de 1933.Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº393.

[26]  “Extremadura”: 21-8-1933 y “Decimos”: 24-8-1933.

[27] AHN. Dirección General de la Policía. “Masonería”. Expediente Comisaría de Investigación y Vigilancia de Cáceres. Archivo Histórico Nº 18603. Legajo 71. Expediente 57. Fondos Cáceres. Nº 18604: Informe al Juez Instructor (24-1-1937).

[28] Martín Nájera, Aurelio: op. cit. pp.1322-1323. El autor nos informa que fue concejal en 1908, así como que ingresó en el PSOE a principios de siglo.

[29]Ibid. ,pp.171-172 y El Socialista: 4-02-1933.

[30] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 12-8-1931. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 19, pp.3.365 a 3.367.

[31] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 84, pp.2.791.

[32] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 10-12-1931. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 89, pp.2.918.

[33] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº92, pp.2.977.

[34] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº96, pp.3.081. A todo esto se sumaba la situación de los subarrendatarios.

[35] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 106, pp.3.437 a 3.441.

[36] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 10-2-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº114, pp.3.706. Rogaba que evitase este acto y exigía responsabilidades.

[37] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5-3-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 130, pp. 4.288.

[38] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 12-2-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº115, pp.3.754.

[39] En ese momento interrumpió el diputado,  Guerra del Río, pidiendo el nombre del ministro, al que se respondió “García Alba”.

[40] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5-3-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº130, pp.4.298 a 4.301.

[41] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 25-3-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº143, pp.5.253.

[42] En el mismo sentido se había producido un ruego realizado por el diputado Angel Segovia.

[43] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 28-4-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 156, pp.5.253 a 5.255.

[44] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 13-5-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº165, pp.5.571.

[45] Interrumpió el diputado Barriobero: “ no está en el mapa” y  Balbontín: “ donde no está es en el proyecto”. Barriobero de nuevo: “hay que hacer la tierra, hay que desecar el mar para obtener la tierra”.

[46] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1-6-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº175,pp.5.943.

[47] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 12-7-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº198, pp.6.947 a 6.952.

[48] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 13-7-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº199, pp.6.976 a 6.986. Mientras  Balbontín propugnaba un proceso rápido y revolucionario, la Comisión optaba por uno de evolución.

[49] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 14-7-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº200, pp.7.070.

[50] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 15-7-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº201, pp.7.107 a 7.109.

[51] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de  21-7-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº204, pp.7.264 a 7.270. En la sesión del día siguiente (Nº205, pp.7.295), intervino para decir que la Comisión no aceptaba una enmienda.

[52] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de  26-7-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº206, pp.7.329 a7.339.

[53] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 14-7-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº208, pp.7.452.

[54] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 3-8-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 211, pp.7.584 a 7.612.

[55] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de3-8-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº211, pp.7.576 a 7.577.

[56] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 4-8-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº212, pp. 7.692 a 7.696.

[57] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5-8-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº213, pp. 7.724 a 7.748. En la sesión de  9 de agosto de 1932 (Nº214, pp.7.763 a 7.769), contestó dentro del mismo debate a enmiendas de varios diputados. En la de 17 de agosto de 1932 (Nº219, pp.8.006), lo hizo al voto de Tomás Marcos Escribano. Lo mismo sucedió en la sesión de 26 de agosto de 1932 (Nº225, pp.8.229 a 8.244).

[58] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de30-8-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº226, pp.8.279 a 8.289.  En la sesión de 31 de agosto de 1932 ( Nº 227, pp. 8.364), no aceptó un voto y una enmienda.

[59] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de1-9-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº228, pp.8.411 a 8.421.  Añadió que había muchos personajes interesados (alcalde, juez, boticario) y puso un ejemplo concreto, el de Navalvillar de Ibor (donde hizo unas declaraciones por las que el Marqués de la Romana le llevó a los Tribunales). En la sesión de 2 de septiembre de 1932 (Nº229, pp.8.474 a 8.482) y en la de 6  de septiembre de 1932 (Nº230, pp.8.534 a 8.548) se siguieron debatiendo enmiendas.

[60] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 7-9-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº231, pp.8.612 a 8.631. En la sesón de 8 de septiembre de 1932 (Nº232, pp.8.661 a 8.664) se siguieron debatiendo enmiendas.

[61] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de14-10-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº241, pp.8.891.

[62] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 18-10-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº242, pp.8.832.

[63] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 21-10-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº245, pp.9.053 a  9.054.

[64] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 26-10-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº247, pp.9.123.

[65] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de1-11-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº250, pp.9.204 a 9.206.

[66] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 9-11-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº255, pp.9.377 a 9.378.

[67] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 22-11-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº262, pp.9.627 a 9.633.

[68] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2-12-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº269, pp.9.921 a 9.925.

[69] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de13-12-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº274, pp.10.107  a 10.110.

[70] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de14-12-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº275, pp.10.207 a 10.212.

[71] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de17-12-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº278, pp.10.335 a 10.366.

[72] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 7-7-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº367, pp.13.926 a13.928.

[73] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1-8-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº380 , pp. 14.521.

[74] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5-9-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 400, pp.15.261 a 15.263.

[75] Sánchez Marroyo, Fernando: “La delincuencia “sociopolítica” en Cáceres durante la Segunda República” en Norba, 1º. Revista de Historia. Cáceres. 1989-1990, pp.256. El 15 de octubre de 1934 se celebró la vista de la causa por conspiración para la rebelión contra Julio Durán Pérez. Se le acusaba de que a últimos de mayo y primeros de junio de 1934 se encargó de “dirigir un movimiento revolucionario al objeto de implantar la “Dictadura del proletariado”, derribando al Gobierno legalmente constituido y despojando a los ministros de la República de sus facultades constitucionales”. Según la acusación, se puso en contacto con elementos directivos de las Casas del Pueblo de la zona, exponiéndoles su plan para que cooperasen con él con armas y bombas.  A pesar de todo, el movimiento no llegó a estallar.

[76] Chaves Palacios, Julián: op. cit.

[77] AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política S/N-1937, caja 5.

[78] AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 39-1944, caja  9.

[79] Para conocer con profundidad la vida de este diputado socialista es fundamental consultar la obra de Cabezas Granado, Felipe. Felipe Granado. Un socialista cacereño en las Cortes de la II República. Cáceres. Institución Cultural El Brocense. Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 2005.

 

[80] Martín Nájera, Aurelio: op.cit. p.1365. Fue fundador de la Sociedad de Trabajadores (1919) y de la Agrupación Socialista de Alcántara.

[81] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 8-2-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº36, pp.994 y 998, apéndice 3º y 4º.

[82] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de  3-5-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº76, pp.2.587 a 2.593.

[83] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 6-6-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº94, pp.3.446 a 3.452.

[84] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de7-6-1935. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº200, pp. 8059. El 2 de julio de 1935 el Dictamen de la Comisión de Suplicatorios denegó la autorización (Nº 215, pp. 8.797, apéndice 13º) y el 9 de julio de 1935 se aprobó el dictamen denegatorio (Nº 219, pp.8.932 a 8.933).

[85]  Sumario 45/36, sobre falsificación de actas electorales en las elecciones de febrero de 1936. AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política S/N-1937, cajas 2 y 6.

[86] Este perfil biográfico está extraído de las base de los Premios “Vicente Lisero” convocados por la Agrupación Socialista de Coria el 2 de marzo de 2002.

[87] Martín Nájera, Aurelio: op. cit. p. 1413. Ingresó en la UGT en 1929 y en el PSOE en 1930.

[88] Fue uno de los diputados a los que afectó la ley de incompatibilidades, teniendo, por tanto, que solicitar excedencia como funcionario de los Jurados Mixtos de Cáceres.

[89] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 6-2-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº34, pp.917.

[90] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 8-2-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 36, pp.981.

[91] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 20-2-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº38.

[92] Unión y Trabajo: 24-2-1934.

[93] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 28-3-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 60, pp.1.957 a 1.959. El 8 de mayo de 1934 le contestaría por escrito el ministro de Agricultura (Nº 78, pp.2.642).

[94] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 18-4-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 70, pp.2.355 a 2.361.

[95] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 8-5-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 78, pp.2.686. Le contestaría por escrito el ministro de la Gobernación el 21 de junio de 1934 ( Nº 103, pp.3.875).

[96] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 11-5-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 81, pp.2.801 a 2.805.

[97] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de  22-5-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 85, pp.2.980 a 3.003.

[98] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 13-6-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 98, pp.3654 a 3.655.

[99]  González Muñoz, Miguel Ángel: Constituciones, Cortes y Elecciones españolas. Historia y anécdota (1810-1936). Madrid. Júcar 1978, pp.229.

[100] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 19-6-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 101, pp. 3.784, Apéndice 9º.

[101] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 25-6-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 105, pp.4.011 a 4.012.

[102] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 3-7-1934. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 111, pp.4.361, apéndice 6º.

[103] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 197, pp.7.945.

[104] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 14-6-1935. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 204, pp.8.271, apéndice 1º. En la siguiente sesión se aprobó (Nº 205, pp.8.327 a 8.329).

[105] Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 18- 6-1935. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 205, pp.8.357, apéndice 16. Fue aprobado el 20 de junio de 1935 (Nº 207, pp. 8.408).

[106] Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 8-5-1936. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº  27, pp.680.

[107] Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 26-5-1936. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº  33, pp.890, apéndice 8º.

[108] Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 27-5-1935. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº  34, pp.936.

[109] Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 2-6-1936. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº  37, pp.1.037

[110] Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 19-6-1936. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº48, pp.1.522.

[111] Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 23-6-1936. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº49, pp.1.550 y 1.556, apéndice 10.

[112] Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de  3-7-1936. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº  56, pp.1.880 a 1.886.

[113] Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de  8-7-1936. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº  58, pp.1.975, apéndice 6º.

[114] Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 10-7-1936. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº60, pp.2.070.

[115] Chaves Palacios, Julián: Gran Enciclopedia Extremeña. Edex. Mérida. 1992, pp.55, Vol. IX.

[116] Datos biográficos extraídos principalmente de la Fundación Pablo Iglesias de Madrid.

[117] AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política S/N-1937, cajas 2 y 6.

[118] Cardalliaguet Quirant, Marcelino: Gran Enciclopedia Extremeña. Edex. Mérida. 1992, pp.67, Vol. IX. Aurelio Martín Nájera, op. cit. añade que fue profesor también en la Universidad de Barcelona y que en Panamá trabajó en el Instituto Nacional y en el Liceo Femenino (desde 1937 hasta 1945) y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Panamá (desde 1939 hasta su muerte, el 30 de noviembre de 1962).

 

[119] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2-12-1931. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 84, pp.2.791.

[120] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933.  Sesión de 8-1-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº96, pp.3.084-3.086.

[121] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 130.

[122] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº132, pp.4.354.

[123] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933.  Sesión de 9-9-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 233, pp.8.708.

[124] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933.  Sesión de 2-11-1932. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº251, pp.9.223.

[125] Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº343, pp13.058 y 13.059.

[126] AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política S/N-1938, caja  20.

[127] Aurelio Martín Nájera: op.cit. p.1433 añade que fue Presidente de la Casa del Pueblo de Cáceres.

[128] AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política S/N-1937, caja 2. Fue multado con 5.000 pesetas.

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