Beatriz Cercas: «Desmantelar el relato»

¿Cómo puede ser que la presidenta de la Junta de Extremadura diga luchar contra la violencia de género y la discriminación de las mujeres mientras el vicepresidente sostiene que todas las violencias son iguales? ¿Puede haber más misoginia que negar la violencia específica que sufrimos las mujeres? Pues estos son los mimbres con los que se articulan las políticas de igualdad en este Gobierno de María Guardiola.

No es una contradicción menor, no es una diferencia en los criterios de gestión; es algo de una gravedad tremenda. Porque no se puede combatir lo que se niega, no se puede proteger a las mujeres desde un Gobierno que desmantela las herramientas para hacerlo.

La consecuencia de todo esto es devastadora, un Ejecutivo que dice defender derechos por una parte y los debilita por otra, anula –en la práctica– sus propias políticas. La terrible paradoja es esa: cuando el Gobierno se contradice a sí mismo, la igualdad deja de ser una política pública y se convierte en un relato sin eficacia real. La igualdad no puede ser un compartimento estanco.

Y ante este escenario, ¿cuál es la responsabilidad de la Secretaría de Igualdad? Porque no puede limitarse a la mera visibilidad institucional. Le corresponde, por ley y por ética, velar para que toda la acción del Gobierno autonómico respete el marco normativo de igualdad, no discriminación y protección frente a la violencia machista. Eso significa exigir coherencia. Coherencia en las políticas sociales, en las ayudas, en la contratación pública, en las subvenciones y en la orientación de los recursos destinados a las mujeres y sus familias, pero también en políticas tan importantes para nosotras como son las de medio ambiente, las infraestructuras rurales. Si la Junta financia o promueve medidas que excluyen a las mujeres migrantes, precarizadas o en situación de vulnerabilidad, la Secretaría de Igualdad no puede permanecer como una mera figura decorativa.

Por lo tanto, no basta con tener una Secretaría de Igualdad con rango de consejería si, en paralelo, la Consejería de Servicios Sociales y Familia, con el vicepresidente de la Junta al frente –y esto no es baladí–, recorta derechos y aplica la ‘prioridad nacional’. Esto choca frontalmente con el principio de igualdad y con la obligación de proteger a todas las mujeres, sin distinción de origen, situación administrativa o nacionalidad. ¿No es una incoherencia?

El conflicto es grande, insisto, no es cualquier cosa. La sociedad extremeña quiere saber si el sistema público, si nuestra Junta, apoya realmente la igualdad entre mujeres y hombres; si garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todas o si, por el contrario, lo va a fragmentar en compartimentos contradictorios: uno que habla de derechos y otro que los condiciona.

Esa incoherencia no es inocua. Debilita la confianza institucional, confunde a las víctimas, obstaculiza el acceso a los recursos y transmite la idea de que la igualdad depende del área administrativa donde caiga cada decisión.

Ya estamos viendo con total claridad qué es lo que hace el vicepresidente de la Junta en su propia consejería: recortar derechos sin miramientos a las mujeres más vulnerables, aquellas que precisamente necesitan una red pública más fuerte y desideologizada para salir adelante. Frente a esta flagrante realidad, la pregunta es obligada: ¿qué va a hacer la Presidencia de la Junta? ¿Cuál va a ser la respuesta política real de María Guardiola? ¿Acaso el plan consiste en permitir el desmantelamiento de estos avances sector por sector para luego buscar la foto institucional de turno con la que blanquear la situación? Las políticas de igualdad no se defienden con imágenes de agenda ni con discursos solemnes en fechas señaladas si, al mismo tiempo, se tolera que el socio de Gobierno dinamite las estructuras de protección desde las áreas con mayor presupuesto social. El blanqueamiento mediante la propaganda es una afrenta a la ciudadanía que ya no se puede ocultar con gestos de cara a la galería.

Por eso, la Presidencia de la Junta tiene una responsabilidad política ineludible: garantizar que la igualdad no sea vapuleada por quienes, interesadamente, han propiciado esta alianza, desmentida por el propio Gobierno del que forma parte. Un Gobierno que vulnera en departamentos tan esenciales como los servicios sociales o el sector primario lo que promete defender en otra, no está gobernando con perspectiva de género; está, simplemente, camuflando su ideología contraria a la igualdad y el progreso de las mujeres.

Y es especialmente grave que, desde esa Consejería de Servicios Sociales y Familia, se impulse la financiación o potenciación de entidades contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Acaso no recuerdan ya la salida del ministro Gallardón por las protestas de las mujeres? El problema aquí no es que existan entidades con una determinada ideología; el problema es que el dinero público se utilice para reforzar modelos de tutela moral sobre mujeres que lo que necesitan es información, acompañamiento y derechos, no presión ni adoctrinamiento.

En definitiva, la acción de la Presidencia y la Vicepresidencia se contradicen hasta el punto de anular sus propios mensajes políticos. El resultado es la sensación de un Gobierno que actúa con una mano para avanzar y con la otra para retroceder. Ese «con una mano doy y con otra quito» no solo genera desconfianza, sino que vacía de contenido los compromisos institucionales y dificulta que las mujeres perciban las instituciones como espacios de protección efectiva.